Gobierno colombiano y narcoguerrilla de las FARC avanzan en el diálogo de paz

Tomado de RFI

El negociador de las FARC Pablo Catatumbo estrecha la mano con el negociador del gobierno Frank Pearl, el 26 de mayo de 2013 en La Habana

El Gobierno y las FARC anuncian un acuerdo sobre el problema agrario

Los representantes de las autoridades y de la guerrilla indicaron el domingo que alcanzaron en La Habana "acuerdos sobre acceso y uso de la tierra, tierras improductivas, formalización de la propiedad, frontera agrícola y protección de zonas de reservas". Se trata del primer compromiso materializado en el marco de las negociaciones de paz tras 50 años de conflicto.

Luego de seis meses de negociaciones, el gobierno colombiano y las FARC anunciaron este domingo que alcanzaron un acuerdo sobre el problema agrario, que dio origen a medio siglo de conflicto armado en el país sudamericano.

"Hemos llegado a un acuerdo sobre el primer punto de la agenda" de cinco puntos, dijo en presencia de ambas delegaciones el diplomático cubano Carlos Fernández de Cossío, cuyo país es garante de las conversaciones de paz junto a Noruega, al leer un comunicado conjunto de las partes.

"El acuerdo (sobre desarrollo agrario) busca que se reviertan los efectos del conflicto y que se restituyan (recompensen) las víctimas del despojo y del desplazamiento forzado", agregó Fernández de Cossío.

Ambas partes lograron "acuerdos sobre acceso y uso de la tierra, tierras improductivas, formalización de la propiedad, frontera agrícola y protección de zonas de reservas", según el comunicado conjunto leído en su primera parte por Fernández de Cossío y la segunda por el delegado de Noruega, Dag Nylander.

Aunque no trascendieron detalles del acuerdo, según el diario El Espectador el texto hace hincapié en el acceso y la distribución de tierras, la lucha contra la pobreza, el estímulo a la producción agropecuaria y la reactivación de la economía del campo. “Está centrado en la gente, en el pequeño productor”, apunta el comunicado.

Los negociadores recalcaron que “es el inicio de transformaciones radicales de la realidad rural y agraria de Colombia, con equidad y democracia".

"Celebramos, de veras, este paso fundamental en La Habana, hacia un pleno acuerdo para poner fin a medio siglo de conflicto", escribió el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en un mensaje divulgado en su cuenta oficial en la red social Twitter.

"Continuaremos con el proceso con prudencia y responsabilidad", agregó.

No obstante este optimismo, el negociador jefe de las FARC, Iván Márquez, aclaró que quedaron pendientes algunas "salvedades puntuales" sobre el tema agrario, que serán retomadas más adelante en las conversaciones.

"Hemos avanzado en la construcción de un acuerdo, con salvedades puntuales, que necesariamente tendrán que ser retomadas antes de la concreción final de un acuerdo", añadió el número dos de las FARC.

Márquez subrayó: “Los acuerdos que hemos ido construyendo, están condicionados a que lleguemos a un acuerdo sobre la totalidad de la Agenda", pues las pláticas se rigen por el principio de que "nada está acordado hasta que todo esté acordado".

Las conversaciones de paz deben reanudarse el próximo 11 de junio con el segundo punto previsto en la agenda: participación política' de las FARC en Colombia. 

"Tregua fortalece a las maras un año después" afirma El País

Tomado de El País

Carlos Tiberio Valladares, miembro de la mara Salvatrucha

Un año de frágil tregua entre las maras de El Salvador

Expertos y observadores reclaman que el diálogo de paz salga de la cárcel, donde se fraguó y se negocia, y sea asumido por los políticos y la sociedad civil

Un año después de la tregua, los asesinatos han descendido drásticamente -pasando de 14 homicidios diarios a cinco-, pero las extorsiones en los barrios dominados por las bandas continúan

Lo prolongado de este proceso ha demostrado la influencia que los cabecillas de las maras siguen manteniendo desde sus celdas, pero ha suscitado muchas dudas en torno a los verdaderos motivos que se ocultan tras la voluntad de los jefes de las bandas de mantener el cese de los asesinatos y las concesiones del Gobierno

Por Eva Saiz

El 14 de marzo de 2012 el diario El Faro publicó una investigación en la que detallaba el inicio de diálogos entre el Gobierno de El Salvador y los líderes de las maras más violentas del país, la mara 13, conocida como MS-13 o mara Salvatrucha, y la mara del Barrio 18. Las expectativas de que de esas conversaciones se pudiera labrar una tregua duradera eran escasas. Un año después, los asesinatos han descendido drásticamente -pasando de 14 homicidios diarios a cinco-, pero las extorsiones en los barrios dominados por las bandas continúan. Esta circunstancia, unida a la opacidad de un proceso, dirigido por los líderes de las maras desde las cárceles en las que están presos, y que se ha hurtado a la sociedad civil y política, hace a los expertos y observadores ser bastante escépticos ante el éxito final de la tregua.

“Ahora mismo la tregua pertenece a las maras y es necesario que el liderazgo de este proceso se traslade a la calle, que esté encabezado por los políticos y que se involucre el sector privado y la sociedad civil”, explicó Héctor Silva Ávalos, periodista y antiguo jefe adjunto de Misión en la Embajada de El Salvador en Washington, durante un encuentro para tratar de las consecuencias del año de tregua entre las maras en el país centroamericano organizado este viernes por la Oficina de Washington para América Latina (WOLA). Silva denuncia la fragilidad de una tregua que está liderada desde las cárceles por “asesinos” que imponen sus condiciones para garantizar, a cambio, la ausencia de homicidios, pero que no ha logrado reducir el miedo en las calles, ya que las desapariciones y la extorsión a las familias continúan vigentes.

Con 66 homicidios por cada 100.000 habitantes, según datos de Naciones Unidas, El Salvador es el país más violento del mundo, por detrás de Honduras. Las maras son responsables del 90% de esos asesinatos. La historia de la violencia en El Salvador está vinculada al auge del crimen organizado y del poder de las maras. La política de mano dura impuesta en 2004 no hizo sino aumentar la brutalidad indiscriminada del conflicto y el número de reclusos en unas cárceles con condiciones infrahumanas que, paradójicamente, se convirtieron en focos para la captación de nuevos mareros.

Hace un año, un pacto entre los líderes de la MS-13 y la mara del Barrio 18 encarcelados, promovido por el obispo castrense Fabio Colindres, y Raul Mijango, exguerrillero del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y antiguo asesor del Ministro de Seguridad salvadoreño, suscitó la atención internacional. Lo prolongado de este proceso -”en general las treguas suelen durar dos meses y les suceden períodos de una mayor intensidad de violencia”, explicó Edward Maguire, profesor del Departamento de Justicia y Sociedad de la American University- ha demostrado la influencia que los cabecillas de las maras siguen manteniendo desde sus celdas, pero ha suscitado muchas dudas en torno a los verdaderos motivos que se ocultan tras la voluntad de los jefes de las bandas de mantener el cese de los asesinatos y las concesiones del Gobierno.

El presidente salvadoreño, Mauricio Funes, insiste en que su Administración no está participando en las negociaciones con criminales, pero el artículo de El Faro asegura que, a cambio de la tregua, los líderes de las maras han exigido mejoras en sus condiciones en prisión y un relajamiento de la política de mano dura. Los principales cabecillas de la MS-13 y del Barrio 18 se han beneficiado de regímenes penitenciarios menos severos. Este tipo de claudicación, más enfocada en aliviar la dureza de la situación carcelaria de los miembros de las maras que en aprovechar la oportunidad de la tregua para poner en marcha políticas educativas y de reinserción que cambien el trasunto social que subyace tras la violencia callejera, es lo hace recelar a la sociedad salvadoreña, al sector empresarial del país e incluso a los donantes extranjeros, de la viabilidad y la eficacia del proceso de diálogo.

 “El problema de El Salvador no es tanto que los miembros de las bandas no quieran integrarse en la sociedad, sino que esa sociedad quiera hacerles un hueco”, explicó Alys Willman, del Banco Mundial. Willman alerta de la ausencia de control por parte del Gobierno salvadoreño a la hora de coordinar los fondos que los donantes internacionales e inversores nacionales destinan a proyectos de integración y de la falta de coordinación entre los distintos ministerios para priorizar y gestionar los programas de Prevención y Seguridad que han implementado. “Sólo el 3% de todo el presupuesto de Seguridad se destina a la prevención, mientras que el 45% va dirigido a la Policía”, señala.

La disminución del índice de homicidios ha supuesto un respiro para la sociedad salvadoreña, pero en absoluto ha eliminado el miedo en las calles. “Sigue la extorsión y saben que el mismo poder de la palabra que ha dado lugar a la tregua puede ponerle fin”, señala Silva. Pese al escepticismo, existe un cierto consenso a la hora de concluir que este proceso de diálogo es una oportunidad para poder poner los cimientos a una paz social duradero, pero para ello es necesario que la tregua salga de las rejas en las que nació y que sea asumida por los jóvenes líderes que están en los barrios “y que son un referente en sus comunidades”, así como por la sociedad civil y los políticos.

“El problema es que ahora mismo no existe un plan alternativo al actual ni un liderazgo político capaz de polarizar la tregua”, se lamenta Silva. Este año hay elecciones en El Salvador y el diálogo entre y con las maras será uno de los temas de la campaña. El resultado electoral puede quebrar este frágil armisticio. “Si gana la derecha y vuelve la política de la mano dura, es probable que la tregua no se mantenga”, vaticina Silva.

Uribe y Pastrana por fin coinciden en algo: estar contra el proceso de paz de Santos

Tomado de Revista Semana  

Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y Andrés Pastrana.

Aunque nadie lo esperaba, Uribe y Pastrana están del mismo lado: en guerra contra el proceso de paz.

En materia presidencial hay una regla inalterable: a ningún presidente le gusta ni su antecesor ni su sucesor. Por esto la historia de Colombia se ha caracterizado por titánicas peleas entre sus exmandatarios. Sin embargo, pocos enfrentamientos han sido tan agrios como el que había tenido lugar entre los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana.

El fracaso del Caguán y el éxito de la seguridad democrática marcaron un nivel de animadversión aparentemente irreconciliable entre estos dos personajes. Por eso no deja de sorprender que en estos momentos Uribe y Pastrana estén alineados por una causa común: su enemistad con el presidente Santos.

Lo que llama la atención es que el actual presidente fue ministro estrella de ambos. Como ministro de Hacienda en el gobierno de Andrés Pastrana jugó un papel clave para evitar el colapso de la economía colombiana en la peor crisis que había enfrentado el país desde la gran depresión de los años treinta. 

Y en el gobierno de Álvaro Uribe fue el copiloto de la estrategia de seguridad que condujo a los golpes más contundentes contra la guerrilla en los últimos 50 años. Por eso despierta cierta incredulidad que los dos antiguos jefes de Santos, odiándose entre ellos, parecen por ahora odiar aún más a su antiguo compañero de lucha. 

El meollo de toda esta bronca es el actual proceso de paz. Uribe se siente traicionado por quien esperaba fuera su sucesor en la guerra contra las Farc. Pastrana alega que Santos no tiene un mandato de los colombianos para hacer la paz, como el que él recibió en las elecciones de 1998. A esto se suman otras consideraciones. 

Para el presidente de la seguridad democrática los diálogos con la guerrilla son una capitulación al terrorismo, que no solo ha aumentado la inseguridad en el país sino que va a desembocar en la impunidad para sus cabecillas. Para Pastrana la negociación de La Habana se está realizando a espaldas del país y sin un consenso nacional, lo cual lo lleva a pensar que Santos va a entregar demasiado en su afán de reelegirse.

Las dos posiciones tienen algo de validez, algo de incoherencia y un poco de oportunismo. Para la opinión pública tiene más autoridad moral Uribe que Pastrana para oponerse a un proceso de paz. El exmandatario es asociado con los éxitos de la guerra y su imagen de hombre de mano dura está en la mente de todos los colombianos. Sin embargo, aunque no es de conocimiento nacional, al final de su segundo cuatrenio su gobierno estaba discretamente explorando la posibilidad de dialogar con la guerrilla. 

Su hombre de confianza para esa misión fue el entonces alto comisionado para la Paz, Frank Pearl. El mismo a quien Santos le habría encargado la misma misión cuando llegó a la Presidencia. Por lo tanto no es muy fácil de entender por qué es aceptable que Pearl tenga acercamientos con las Farc a nombre de un gobierno y no de otro. 

Tampoco es muy comprensible la indignación de Uribe ante la alta dosis de impunidad que tendría un eventual acuerdo en La Habana. En su gobierno se requirieron dosis comparables para desmovilizar a los paramilitares. Aunque habían cometido múltiples y evidentes delitos de lesa humanidad, se les ofreció para su entrega una fórmula jurídica bastante benévola. Incluía penas de cárcel de máximo ocho años, un compromiso con la verdad que no cumplieron y una reparación a las víctimas que hasta ahora ha sido insignificante y que probablemente nunca llegará. 

Hoy la mayoría de esos jefes están presos en Estados Unidos, pero no como consecuencia de la negociación original sino por seguir en el negocio del narcotráfico desde la cárcel. En todo caso el hecho es que Uribe, para desmovilizar un ejército de miles de hombres armados, tuvo que darles un tratamiento pragmático a través de un mecanismo de justicia transicional, y eso es exactamente lo que le está criticando ahora a Juan Manuel Santos.

La oposición del expresidente Pastrana es menos presentable y más incoherente. Teniendo en cuenta que le apostó a terminar el conflicto armado a través de un acuerdo de paz con Tirofijo, no tiene mucha credibilidad que ahora se haya convertido en el enemigo de un gobierno que está haciendo un esfuerzo similar en la búsqueda de las mismas metas. 

Y si se compara proceso contra proceso, él tiene todas las de perder. El del Caguán tuvo despeje, no tenía agenda y fracasó. El de Santos, aunque enfrenta un gran escepticismo, es más estructurado, se ha llevado a cabo sin mayores concesiones y ha contado con una agenda delimitada. Si las negociaciones llegan a romperse, las Farc no habrán acabado más fortalecidas de lo que estaban al inicio, cosa que sí sucedió con el proceso anterior. 

Otro elemento que no convence mucho de la andanada del expresidente Pastrana es el cuento de que él sí tenía un mandato de los colombianos para hacer la paz, pero Santos no. Ese es un argumento acomodaticio que tiene más validez en boca de Uribe, quien esperaba que su sucesor fuera guerrerista como él. La mayoría de la opinión pública compartía esta expectativa, pero parte de las responsabilidades de un líder político es calibrar situaciones y diseñar nuevos rumbos, por impopulares que sean. 

Santos llegó a la conclusión de que los triunfos militares de Uribe habían creado las condiciones para una negociación que pusiera fin al conflicto. Esto lo hizo en contra de la opinión pública que en ese momento respaldaba la continuidad de la política de seguridad democrática. Pero siempre se ha sabido que el final del conflicto iba a ser en la mesa de negociación y no en el campo de batalla, por lo tanto en el fondo lo único que hizo fue adelantar algo que iba a suceder eventualmente. 

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que detrás de estas críticas al proceso de paz lo que hay a estas alturas es un grado enorme de animadversión personal entre todos los protagonistas. Uribe odia intensamente a Santos y está bien correspondido. Y Pastrana y Santos, quienes tenían un distanciamiento por cuenta de algunas diferencias, a partir de esta semana se odian tanto como Santos y Uribe. 

Este último había puesto un punto muy alto en materia de agresividad e incontinencia verbal expresidencial. Desde que llamó al primer mandatario “canalla” a comienzos de año parecía difícil de superar. Sin embargo, lo que dijo la semana pasada sobre su antiguo colaborador, aunque menos crudo en las palabras, pudo haber sido más ofensivo. Ante las cámaras de televisión señaló que: “Santos no fue ministro de Defensa sino de aprovechamiento político”. 

Y en respuesta a una entrevista que Enrique Santos le dio a La Silla Vacía, arremetió contra la familia del jefe de Estado en los siguientes términos: “Les gusta el poder, la Presidencia, la prensa, la Fedecafé, el dinero, son indiferentes con el pueblo y permisivos con terroristas”, y luego agregó: “Socialbacanería: burguesía amiga del poder y del dinero, perezosa y contemplativa, feliz con lenguaje castrista”. Y como si esto fuera poco el expresidente Pastrana no cayó tan bajo pero casi. Por haber defendido el proceso de paz de Santos de las acusaciones de Pastrana, este último llamó al actual ministro del Interior, Fernando Carrillo, “camarero de Pablo Escobar” haciendo referencia a su responsabilidad en el escándalo de la cárcel La Catedral. Y del otro escudero del gobierno, el exgerente de la Federación de Cafeteros y exministro Gabriel Silva, dijo palabras más, palabras menos que se creía Juan Valdez pero se parecía más a la mula Conchita. 

En el mundo de los expresidentes los desaires son considerados ofensas imperdonables. De pronto si Santos no hubiera nombrado ministros a Germán Vargas o a Juan Camilo Restrepo o si no se hubiera reconciliado con Chávez y Correa, a Uribe no le indignaría tanto este proceso de paz. Y de pronto si Santos no hubiera tratado de hacer públicas las actas de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores o no hubiera nombrado a Mónica de Greiff en la Cámara de Comercio, Pastrana no hubiera estallado. El expresidente la acusa de haber recibido la plata del Cartel de Cali, en las elecciones de 1994 que él perdió contra Samper. Esa afirmación es inexacta pues es de conocimiento general que a ella la sacaron de la campaña para reemplazarla por Santiago Medina, quien confesó haber negociado con el Cartel de Cali y acabó en la cárcel por eso. 

Aunque Uribe y Pastrana no funcionaban en forma concertada, la escalada de cada uno de esos frentes llevó a que los dos le declararan la guerra a Santos en donde es más vulnerable: el proceso de paz. La meta de ellos, ya sea por convicción o por envidia, es que Santos fracase. Todavía no es seguro que logren su objetivo, pero lo que es indudable es que han hecho mucho daño. 

La mayoría de los colombianos no tiene mucha fe en el proceso de paz. Esto se debe en buena parte al ascendiente que tiene el expresidente Uribe sobre la opinión pública y a la feroz campaña que ha emprendido contra esas negociaciones. Ahora se suma a la causa el expresidente Pastrana, cuyas declaraciones hacen un ruido que contribuye a aumentar el ambiente de pesimismo que rodea la mesa de La Habana. En materia de oposición expresidencial las sumas no son aritméticas sino exponenciales. En otras palabras, la gavilla de dos expresidentes unidos es un asunto explosivo. 

De los distintos ataques de Uribe y Pastrana al proceso de paz hay dos elementos que han calado en la opinión pública. Uribe ha martillado una y otra vez el concepto de que se está consagrando la impunidad porque ninguno de los jefes guerrilleros va a pagar un solo día de cárcel. Y Pastrana por su parte alerta sobre los peligros de negociar la paz en medio de una campaña reeleccionista, pues eso deja a las Farc con el sartén por el mango en cuestión de exigencias y concesiones. Esos dos argumentos tienen cierta validez y han desacreditado mucho el proceso. 

El primero, el de la impunidad, es una realidad y un prerrequisito para todos los procesos de paz exitosos que terminan en una mesa de negociación. Aunque seguramente no habrá lo que se considera técnicamente una amnistía o un indulto, sí se aplicarán fórmulas como la suspensión de penas, por decir un ejemplo, que en la práctica mantendrían a los jefes guerrilleros por fuera de las cárceles. Aunque las altas dosis de impunidad indignan a la sociedad, es un sapo que toca tragarse en los procesos de reconciliación en los cuales cada una de las partes tiene su justificación para haber sido protagonista del conflicto. Más complicado que las gavelas jurídicas que van a ser aplicadas va a ser el tema de la participación política. 

A los colombianos no les va a gustar ver a Timochenko o a Iván Márquez en el Congreso. Y ese es precisamente otro de los elementos que inevitablemente contienen todos los acuerdos de paz. Nelson Mandela, quien pasó 27 años en la cárcel, salió de su celda a la Presidencia de la República. 

Eso no es previsible que suceda en Colombia pero lo que sí podría suceder es algo parecido a lo que se dio con el M-19. A pesar de los horrores como el de la toma del Palacio de Justicia, exguerrilleros desmovilizados como Antonio Navarro, Gustavo Petro y muchos otros han dejado las armas y forman parte de la sociedad civil y del mundo político sin grandes resistencias. 

Navarro fue un gran gobernador de Nariño y Petro brilló en el Senado. La debacle de Petro en Bogotá lo ha vuelto enormemente impopular, pero no por exguerrillero sino por su gestión. Más importante para que se acabe el conflicto armado no es tanto impedir que los guerrilleros desmovilizados hagan política, sino garantizar que no los maten. El exterminio de la Unión Patriótica, con líderes como Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo asesinados, constituye con razón una de las principales preocupaciones no solo para las Farc sino para el gobierno. Afortunadamente los tiempos del paramilitarismo ideológico y armado de forma organizada han quedado atrás. 

Y si a Uribe le obsesiona la impunidad a Pastrana le pasa lo mismo con los riesgos de negociar en medio de una reelección. Sorprende que quien esgrima esa tesis sea él, que pudo ganar las elecciones de 1998 gracias a que su representante, Víctor G. Ricardo, se hizo fotografiar con Tirofijo, lo cual fue interpretado como una señal de voluntad de paz de las Farc en plena campaña electoral. Como en esa oportunidad la guerrilla definió la elección, la inquietud del expresidente es legítima en el sentido de que eso pueda volver a ocurrir. Lo que él quiere decir en el fondo es que si el proceso de paz fracasa durante este año Santos no saldría reelegido y que para asegurar la firma de un acuerdo puede entregar más de lo que es aceptable. 

La presunción de que el presidente de la República podría anteponer sus ambiciones electorales al interés nacional tiene algo de temeraria para quienes lo conocen, pero conceptualmente sí deja un interrogante. Santos, consciente de que no es conveniente que las elecciones coincidan con las negociaciones de paz, fijó la fecha de noviembre como límite. Esta, sin embargo, es problemática para la guerrilla pues sería demasiado tarde para permitirles participar en las elecciones de 2014. Algunas fórmulas creativas tendrán que ser diseñadas para superar este impasse.

En todo caso, a pesar de la caída del gobierno en las encuestas y del escepticismo que existe alrededor del proceso de paz, este va por buen camino. Seguramente no será perfecto ni será la panacea que desaparecerá los grandes problemas del país. El resultado final no le gustará ni a Uribe ni a Pastrana pero tampoco al establecimiento y a la guerrilla. Así de frustrantes son los acuerdos que ponen fin a los conflictos cuando son negociados y no el producto de una victoria militar. A pesar de que la inseguridad y el narcotráfico no van a desaparecer, a Colombia sin duda alguna le iría mucho mejor sin una guerra civil. Al final de cuentas el Plan Colombia y la seguridad democrática también buscaban esto. La firma de la paz en el fondo representa el triunfo de esas dos estrategias. Los dos expresidentes por lo tanto no tienen por qué estar tan indignados. 

Ex guerrillero salvadoreño asesora a gobierno colombiano en diálogo con las FARC

Agencias Noticiosas

Pdte. Colombia dice que Joaquín Villalobos asesora en proceso de paz

Juan Manuel Santos confirmó que el exguerrillero fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), lo asesora en el diálogo con las  FARC. Gobierno y FARC han sostenido dos reuniones, en Oslo y La Habana, buscando llegar a la firma de la paz. 

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha revelado  que el ex guerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos está asesorando al Gobierno en el diálogo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"Joaquín Villalobos está de asesor nuestro, me está ayudando en la constitución de la paz con las FARC", ha anunciado, durante un acto en el que alcaldes y gobernadores colombianos han firmado la Declaración Chapultepec, sobre la libertad de prensa.

Santos ha considerado que es una "paradoja", ya que Villalobos fue el fundador y máximo dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), uno de los cinco grupos armados que en 1980 crearon el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

El FMLN se enfrentó a las fuerzas militares salvadoreñas entre 1980 y 1992, dejando un saldo de 75.000 muertos y desaparecidos. El conflicto terminó con un acuerdo de paz que permitió la desmovilización de la guerrilla y su incorporación a vida política.

Debido a su destacado papel en la transición política, Villalobos ya ha asesorado a otros países en sus procesos de paz, entre ellos Reino Unido, Bosnia y Herzegovina, Sri Lanka y Filipinas.

Desde el pasado 8 de octubre en Oslo y el 19 de noviembre en La Habana, el Gobierno y las FARC abordan una agenda temática de cinco puntos -acordada por las partes- para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado. 

Mensaje de los participantes en del diálogo de paz colombiano celebrado en Oslo

Tomado de BBC Mundo

Qué dijeron el gobierno y las FARC en el inicio de las negociaciones

El gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) iniciaron formalmente la llamada segunda fase de una negociación de paz, para poner fin a un conflicto que se extiende por casi medio siglo.

Con la mediación de Noruega y Cuba, y el acompañamiento de Venezuela y Chile, las partes lanzaron esta segunda etapa con una declaración formal en la ciudad de Oslo.

Noruega

La jefa de la sección de paz y reconciliación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Tone Allers, dio la bienvenida a la apertura del proceso de paz, que calificó de "sólo el principio".

Allers reconoció la necesidad de "tomar más pasos" y animó a las partes "a continuar de buena fe" y a mantener su "compromiso con la paz".

La representa del gobierno noruego enfatizó que las víctimas del conflicto llevan el peso de sus consecuencias y dijo que están en el centro del proceso. En este sentido, manifestó que "las voces de las mujeres deben oírse".

Cuba

Por Cuba, Carlos Fernández de Cosío, afirmó que la disposición tanto del gobierno de Colombia como de las FARC de iniciar un diálogo "merece el respeto y apoyo de todo el mundo", e indicó que La Habana tiene "un compromiso histórico con el empeño de alcanzar la paz".

Fernández garantizó que, en su papel de garante, se "regirá por el espíritu de solidaridad, respeto y discreción".

Colombia

"Seguramente no nos vamos a convencer el uno al otro en nuestra diversas ideas políticas (...) no venimos a catequizar a nadie (...) No se trata de que las FARC depongan sus idea, sino que sigan luchando por ellas en democracia. Así sean contrapuestas a las nuestras"

Humberto de la Calle

Por el gobierno de Colombia, el jefe negociador Humberto de la Calle comenzó por reconocer el profesionalismo de los países garantes y acompañantes, así como el hecho de que "las FARC han reconocido rigurosamente sus compromisos".

"El gobierno también lo ha hecho, pese a diversas complejidades logísticas superadas de manera eficiente con ayuda del los países garantes. Esperamos que ello continúe como elemento esencial para la buena marcha de las conversaciones", indicó.

A continuación, De la Calle enunció las características particulares de este proceso. En primer lugar, dijo, cuenta con una estructura en tres fases: la primera, la firma de un acuerdo general que establece las condiciones necesarias para la terminación del conflicto; la segunda, que comienza este jueves, y la tercera que se iniciará con la firma de un acuerdo final.

Luego mencionó la confidencialidad, referida concretamente al desarrollo de las negociaciones en la mesa. "No pretendemos que las FARC no expresen sus ideas, pero si se filtran contenidos de la mesa se afecta en forma grave el proceso", advirtió.

El negociador indicó que hay apoyo para el proceso pero que la situación es "volátil", por lo cual "cada cosa debe suceder en su momento".

Eso no significa, añadió, "que trabajaremos de espaldas al país". Afirmó que se han contemplado "mecanismos para garantizar que los ciudadanos puedan contribuir con propuestas" y que se considerarán "mecanismos de refrendación final".

Por último, aseguró que el diálogo se distingue por ser "serio, realista y eficaz". Dijo que esperaba que se desarrollara en un ambiente de trabajo y no como una excusa para dar continuidad al conflicto o utilizarlo como una herramienta de propaganda.

"Seguramente no nos vamos a convencer el uno al otro en nuestra diversas ideas políticas (...) no venimos a catequizar a nadie", sostuvo, sino que la idea era establecer una agenda que le permitiera a las FARC exponer sus ideas sin las armas.

"No se trata de que las FARC depongan sus idea, sino que sigan luchando por ellas en democracia. Así sean contrapuestas a las nuestras", declaró.

De la Calle insistió en la necesidad de llegar a cinco puntos que se puedan cumplir, en materia de desarrollo rural, las garantías para la oposición y la participación política, el fin del conflicto, el narcotráfico y las víctimas. Agregó que eso no se traducía en escribir leyes, sino en "trabajar en la realidad".

Por último, manifestó que las condiciones de este diálogo de paz, tanto nacional como internacionalmente, eran auspiciosas. Pero dejó en claro que la terminación de la fase dos, o terminación de conflicto armado, no es la paz. "Es la antesala de la paz. Para lograrla, hay que ir a fondo en la transformación de la sociedad", dijo.

"(Éste) es un momento de esperanza. No es una esperanza ingenua. Sabemos que hay dificultades enormes. Tenemos una dosis de optimismo, pero es un optimismo moderado (...) Venimos a hacer nuestro mejor esfuerzo", concluyó.

En la rueda de prensa posterior al inicio de las negociaciones, el jefe del equipo negociador colombiano resaltó que la presencia de Simón Trinidad "no está en discusión" y agregó que "es un hecho que no corresponde al gobierno colombiano".

"Los temas que han aflorado el día de hoy no pertenecen a esa agenda ni serán discutidos por el gobierno colombiano", señaló el representante del gobierno de Juan Manuel Santos.

"El modelo económico o la inversión extranjera no son elementos presentes en esta agenda de negociación (...) Lo que queremos son unas reglas de juego para la expresión democrática de las diferentes ideas políticas".

FARC

"Venimos a Oslo, desde el Macondo de la injusticia, con un sueño colectivo de paz, con un ramo de olivo en nuestras manos"

Iván Márquez

Por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, Iván Márquez manifestó que su organización había ido a "Oslo, desde el Macondo de la injusticia, con un sueño colectivo de paz, con un ramo de olivo en nuestras manos".

Márquez insistió en que "el pueblo tendrá que ser el protagonista principal", y que cualquier acuerdo "no depende de un acuerdo entre voceros", sino que la solución tiene que ser trazada por el "soberano".

El representante del grupo guerrillero puntualizó que no debía "concebirse como un proceso contrarreloj". "La pretendida paz express, que algunos promocionan, por su (volatilidad) solo conduciría a los precipicios de la frustración".

El portavoz aseguró que su organización no está formada por "los guerreristas que han querido pintar algunos medios de comunicación", sino que habían venido a la mesa con propuestas "para alcanzar una paz definitiva", una que "implique una profunda desmilitarización del Estado y reformas radicales que funden la democracia, justicia y libertad verdaderas".

A continuación, Márquez hizo una evaluación de la situación del campo colombiano, acoplada con una crítica a las políticas oficiales y a los proyectos de ley que maneja en esta materia. Reiteró que el asunto de la titularidad y tenencia de la tierra constituían el aspecto central que animaba la lucha armada, y el tema fundamental a ser resuelto para acabar con el conflicto.

También criticó lo que llamó la complicidad del gobierno con las transnacionales y enunció una serie de ejemplos de "abuso" y de "resistencia" por diferentes agrupaciones de trabajadores o comunidades colombianas frente al poder de estas organizaciones.

En cuanto al abandono de las armas, aseguró que en las FARC "sinceramente queremos la paz", pero que eso no significa "el silencio de los fusiles", sino "que abarca la transformación de la estructura del Estado". Reiteró que su organización no está derrotada, defendió como la lucha armada como un derecho universal, y aseguró que la "guerra es insostenible" para el Estado por su costo.

"No somos causa, sino respuesta a la violencia del Estado, que es quien debe someterse a un marco jurídico para que responda por sus crímenes de lesa humanidad", dijo.

En otro orden de ideas, Márquez dijo que el líder guerrillero Simón Trinidad, quien se encuentra encarcelado en Estados Unidos, ha manifestado su disposición a participar en los diálogos, y añadió que Washington "haría un gran aporte a la reconciliación de la familia colombiana facilitando la participación de Simón de cuerpo presente".

Por último, le pidió a la gran prensa que no siga "actuando como juez inicuo del proceso" e hizo un llamado a no permitir "que los manipuladores de opinión desvíen el rumbo de esta causa necesaria que es la reconciliación de los colombianos en condiciones de justicia e igualdad".

En la rueda de prensa posterior al inicio de las negociaciones, el delegado de las FARC dijo que "no puede haber un acuerdo de paz en Colombia sin que esté representada la sociedad colombiana. No sólo los sectores desfavorecidos y pobres. También de los sectores pudientes".

"Es importante que los militares contribuyan a buscar la senda en este conflicto. De alguna manera tenemos que salir de la confrontación fratricida. Tenemos que escucharnos", señaló Márquez.

EL COMUNICADO CONJUNTO

1. Reunidos en Oslo, Noruega, voceros del gobierno de Colombia y de las FARC-EP acordamos la instalación pública de la mesa de conversaciones encargada de desarrollar el acuerdo general para terminar con el conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. De esta manera se inicia formalmente la fase 2 del proceso.

2. Desarrollo agrario integral es el primer tema acordado en la agenda. Se abordará a partir del 15 de noviembre en La Habana.

3. Las partes designarán representantes para reunirse en La Habana desde el 5 de noviembre para continuar con los preparativos.

4. Agradecemos la hospitalidad de los países y la participación de los garantes y acompañantes.