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miércoles, 27 de noviembre de 2013

Casi todos los Centroamericanos en tránsito hacia EEUU son víctimas de delincuencia en México, 75% no logran pasar

Tomados de El Diario NY
Javier Urbano, director del Programa de Atención a la Migración de la Universidad Iberoamericana muestra el Mapa Interactivo de la Movilidad Migratoria diseñado por la institución.
Urgen a centroamericanos no ir a México

Solo el 25% logra llegar a los Estados Unidos vía México, no sin antes ser víctimas de discriminación, y en muchos casos, robos, secuestros, extorsión, torturas y asesinato

Por:  Gardenia Mendoza Aguilar


MÉXICO.-  “Si no es absolutamente necesario, no te vayas de casa”. Así de claro advierte el doctor Javier Urbano, director del Programa de Asuntos Migratorio (Promi) de la Universidad Iberoamericana, a los inmigrantes indocumentados que piensan llegar a Estados Unidos vía México.

“Tenemos que decir con toda crudeza: los riesgos son muy altos, vas a sufrir”.

A Urbano se le hace un nudo en la garganta. Durante casi dos décadas de estudiar el fenómeno, nunca había visto un escenario tan  antiinmigrante. Hay discriminación, miles de desaparecidos en el camino, empujados por el tren, mutilados, torturas… ¡Sólo el 25% logra llegar a EEUU!

Hasta ahora nadie lo ha dicho, pero este hombre, que encabeza cinco grupos de estudiantes voluntarios de la universidad privada más comprometida en la protección de inmigrantes, cree que es el momento, por responsabilidad moral, de decir a las personas sin papeles:  “no vengas a México, tu vida vale más que cualquier viaje”.

Urbano suelta la petición mientras abre en su computadora el primer Mapa Interactivo de la Movilidad Migratoria que se entregará pronto a los 62 albergues del país para que lo muestren a los viajeros que cruzan las casi 5,000 millas de sur a norte y alertar sobre los riesgos.

Si de todos modos deciden partir de sus países porque no tienen con qué darle de comer a sus hijos, entonces podrán saber a los riesgos que se enfrentan.

El documento con formato electrónico se abre e la pantalla. Ahí se puede ver un mapa de la república salpicado de puntos rojos que indican las regiones más sórdidas.

Son ciudades como Tecate y Tijuana, donde son extorsionados. En los Choapas, Agua Dulce, Medias Aguas, Jesús Carranza y Loma Bonita (Veracruz), son asesinados. En Salto del Agua, Pichualco, Estación Juárez, Playas de Catazaja (Chiapas), robados y violados. En Reynosa, Río Bravo, Ciudad Victoria y Nuevo Laredo, secuestrados.

La lista se repite en tipo de delitos en todo el país.



“A mi compañera la mataron porque no tenía quien la ayudara (a pagar el rescate) y no pudo darles ningún teléfono”, describe un testimonio.

Entre las secciones del mapa se incluye una lista con las direcciones y teléfonos de los albergues de caridad y de las comisiones estatales de los derechos humanos.

También hay consejos prácticos sobre cómo abordar el tren, cuándo y cómo hacer llamadas telefónicas, sobre la importancia de cuidar los zapatos, de no viajar descalzos, sin compañía y hasta de cuidar el lugar donde se sienta.


“Queremos que racionalicen e inhiban su movilidad”, insiste Urbano. “Con que logremos que un 1% no emigre nos sentiremos contentos”.

domingo, 10 de noviembre de 2013

Gobierno de Costa Rica rectifica en liberación de reos para evitar hacinamiento carcelario

Tomado de El País
La liberación de reos causa una crisis judicial en Costa Rica
El Gobierno revierte la puesta en libertad de presos, decisión que habían tomado para solucionar la saturación carcelaria
 

Las cárceles de Costa Rica reciben 17 nuevos presos al día


Por Alvaro Murillo

Fue un error. Eso parecen estar aceptando las autoridades penitenciarias costarricenses al revertir la decisión de liberar reos antes de que cumplan su condena para poder apresar a otros delincuentes o indiciados en las saturadas cárceles costarricenses. Los policías ahora buscan a decenas de esos delincuentes que son, en su mayoría, asaltantes y que ahora circulan en las calles de un país donde el deterioro de la seguridad es una preocupación diaria, a pesar de una leve disminución en las tasas en los últimos dos años.
El Ministerio de Justicia, a cargo de los 14 centros donde se aglomeran 14.000 reos en espacios para menos de 9.800, ya logró volver a llevar tras las rejas a 40 de los 370 excarcelados en octubre, cuando se aplicó una resolución judicial que ordenaba traslados o regímenes especiales para combatir el hacinamiento. Más de 300 entonces, circulan libres como lo hizo Darío, un joven de 23 años que salió de la prisión con este beneficio y tres días después participó en el asesinato de un comerciante en la provincia de Puntarenas (costa pacífica), según la policía judicial.
La polémica resolución, dictada por un juez de la sección de Ejecución de la Pena de San José, quedó ahora suspendida mientras se revisan los criterios mediante los cuales se eligió a los beneficiarios de esa excarcelación. Esto lo anunció tras fuertes críticas la ministra de Justicia, Ana Isabel Garita, con el apoyo expreso de la presidenta Laura Chinchilla, cuyo gobierno ha tenido como prioridad combatir la delincuencia en este país, menos violento que sus vecinos centroamericanos pero más que hace 15 años. La tasa de homicidios es menor a 10 por cada 100.000 habitantes, según cifras oficiales, pero los delitos contra la propiedad siguen preocupando a una población que cada vez invierte más dinero a protegerse con rejas, cámaras, alarmas o vigilancia privada.
 “Ahora los policías tienen que perseguir a esos delincuentes camuflados entre toda la gente o en los precarios donde viven protegidos por su entorno. Lo que es cierto es que tendremos algunos asaltantes más en la calle, mejor preparados para delinquir que antes por todo lo que ya aprendieron en la cárcel. Fue un error tremendo”, dijo este viernes un jefe de policial que prefirió no dar su nombre para no atizar el conflicto con otras autoridades. El debate está abierto entre jueces, policías, investigadores, además de ciudadanos que se debaten entre políticas de mano dura o el régimen garantista que ve la delincuencia como una expresión de la desigualdad económica creciente en una sociedad que se jactaba de su homogeneidad.
La solución a la saturación en las cárceles no está clara. El gobierno de Costa Rica sufre la presión de un déficit fiscal que en 2014 podría acercarse al 6% del Producto Interno Bruto y tampoco ha sido capaz de aprovechar un préstamo de $50 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ratificado a principios del 2012. Este crédito se negoció a mitad de 2011, pocos días después de un motín en la sección de máxima seguridad de La Reforma (a 15 kilómetros de la capital), cuando murieron dos reclusos y un custodio.
Costa Rica está en una encrucijada, pues por un lado intenta reprimir delitos y se felicita por un sistema de tribunales que permite juicios expeditos, pero por otro lado las cárceles están atiborradas y siguen recibiendo internos a un ritmo de 17 cada día. El hacinamiento provoca problemas de seguridad, pero también la violación de derechos básicos de los internos, como argumentó el juez Roy Murillo, autor de la resolución que ahora quedó suspendida.
De momento, la ministra de Justicia espera el avance de proyectos que permiten reformular el régimen legal de encarcelamiento cautelar y las penas de prisión en delitos menores, después de que fracasó al pedir a la Corte de Justicia evitar condenas de cárcel para no agravar el hacinamiento. Partidos opositores, sindicatos, Defensoría de los Habitantes y expertos piden al Gobierno declarar emergencia nacional la situación de las cárceles, pues se prevé que la población reclusa seguirá aumentando.


domingo, 30 de junio de 2013

Tenancingo, México pueblo dónde los niños desean convertirse en “Padrotes” (proxenetas)

Tomado de El País
  El pueblo de los niños proxenetas

En Tenancingo, un pequeño municipio mexicano, cuatro de cada cinco adolescentes quiere dedicarse a la trata de personas, el negocio local

 

Por Juan Diego Quesada


Noé Quetzal Méndez tiene 38 años, la cara redonda y un lunar cerca del ojo izquierdo. En la fotografía anexa a su ficha policial parece un cantante venido a menos. La cirugía estética con la que intentó burlar al FBI le ha acartonado el rostro. Quienes lo conocen bien dicen que no se parece en nada a aquel adolescente regordete que desde muy pronto, casi siendo un niño, comenzó a prostituir mujeres en Tenancingo, un pueblo de campesinos situado a 100 kilómetros del Distrito Federal. Expandió su negocio por Estados Unidos y cruzó en la frontera a más de cien menores de edad. Cada cierto tiempo volvía a su tierra como el hijo pródigo.
En la entrada de su municipio, de 11.700 habitantes, se suceden mansiones ostentosas y horteras junto a casitas humildes acabadas con retales. Los adolescentes del pueblo saben que las primeras construcciones pertenecen a los proxenetas, los mismos que llenan cada año de dólares el manto del arcángel San Miguel cuando sale en procesión. Las segundas son propiedades de campesinos, unos don nadie a ojos de los jóvenes. El oficio de tratante de personas en este lugar es hereditario. Familiar. Pasa de padres a hijos, de generación en generación.
 “Quiero ser sicario padrote (proxeneta)”, dijo delante de sus compañeros de clase un chico de 13 años el mes pasado. Se le adivinaba un bigotillo fino sobre la comisura de los labios.
No es el único que lo piensa. Cuatro de cada cinco estudiantes del pueblo dijeron querer dedicarse a la trata de mujeres en una encuesta reciente. El tipo sin expresión por su paso por el quirófano es para ellos un espejo en el que mirarse. Los hombres de este municipio del Estado de Tlaxcala, en el centro de México, suelen casarse por primera vez a los 14 o 15 años y a lo largo de su vida van acumulando noviazgos y matrimonios con mujeres a las que poco a poco introducen en la prostitución. El núcleo familiar –padres, madres, abuelos, tíos- se encargan de la empresa y cuidan de los niños que van naciendo, padrotes en potencia.
La primera impresión al llegar al colegio del Tenancingo es que se trata de un internado suizo. El director de la escuela Jaime Torres Bodet, un hombre de pelo cano, organiza la visita con gesto severo. Su institución es muy respetada, como si fuera una isla de moralidad en medio de la depravación general. Los pasillos del centro están impecables, las plantas parecen podadas por un hábil jardinero. Los alumnos saludan a coro a los visitantes y pasan ordenadamente a una clase. A continuación se sientan alrededor de tres mesas. Son parte de esos estudiantes que querían dedicarse a la trata. Rondan los 13 años.
Entre ellos hay varios cuyos familiares están en el negocio. La asociación Cauce Ciudadano, que trabaja para prevenir la violencia de los jóvenes mexicanos, lleva unas semanas impartiendo talleres para tratar de inculcarles valores. Se encontraron con niños que veían el asunto con naturalidad, que consideraban que la mujer podía ser moneda de cambio. Es lo que han visto toda la vida. Al acabar el curso la mayoría parece haber cambiado de parecer. Escribieron en unos carteles: “Mi sueño es que se acabe la trata de personas, que haya más respeto y cines”, “Que no haya padrotes ni policías corruptos”, “Problemáticas: la trata de blancas, vandalismo, graffity, falta de agua, los vagos, borrachos drogadictos…”. Erika Llanos, directora operativa de la asociación, resalta la importancia de trabajar en el desarrollo humano de los niños. “Tienen que aprender a vivir, a respetarse a ellos mismo y a los demás”, señala.
En una hora y 20 minutos de charla hablarán de violencia, discriminación, de la falta de la autoestima con la que crecen. En ningún momento dirán la palabra padrote pero el asunto sobrevuela todas las conversaciones. Es tabú hablarlo con alguien de fuera. Una de las chicas del grupo ve a su madre solo de vez en cuando. Trabaja como prostituta en Tijuana. Ella está al cuidado de unos tíos. Ha protagonizado algunos problemas de conducta. “No estoy loca”, advierte por si a alguien se le ocurre colgarle algún estereotipo. Su sueño, junto con el de otra compañera, es abrir un restaurante elegante en el pueblo donde poder ir a celebrar en las grandes ocasiones. “Los hombres serán meseros y las mujeres cocineras pero todos limpiarán lo mismo porque son iguales. Unos no valen más que otros”, muestra lo aprendido. Los niños han pasado de decir que quieren dedicarse a la prostitución a anhelar convertirse en médicos, abogados o arquitectos.
Otra adolescente reclama mayor respeto a otras confesiones religiones que se practican en Tenancingo. ¿Cómo cuáles? “La Santa Muerte... tiene muchos seguidores”.
Oriundos de este lugar controlan La Merced, el mayor centro de prostitución de la Ciudad de México. Entre las calles y hoteles de la zona se cuentan miles de prostitutas. “El 90% de los detenidos por trata son originarios del Estado de Tlaxcala. La mayoría provienen de familias enteras que se dedican a esto”, resalta Juana Camila Bautista, fiscal de delitos sexuales del DF. En el último año han conseguido sacar de la prostitución a 200 mujeres, entre ellas 92 menores. La mayoría también de esta zona del país. Uno de los trabajos más arduos de la fiscalía consiste en convencer a las chicas de que están siendo explotadas sexualmente. “Muchas siguen enamoradas y no es fácil hacerles ver que no eso no está bien, que eso no es querer a nadie”, ahonda la fiscal en su despacho. Los últimos proxenetas encarcelados han recibido sentencias de 60 años sin posibilidad de reducción de pena. Considera un logro que en la última reforma de la ley se considere un agravante el parentesco en el delito de explotación.
 El amor es uno de las artimañas que utilizan los explotadores para mantenerlas indefinidamente en el negocio. Los proxenetas llegan a tener más de media docena de esposas, concubinas o novias, como se las quiera llamar, trabajando en el mundo de la prostitución. Con sus coches de gran cilindrada, ropa y joyas caras impresionan a niñas que provienen de un entorno marginal. Los hombres se han ganado la fama de seductores. “Usan el verbo, te enamoran”, sostiene una vecina que repudia la fama que se ha ganado su pueblo.
Marcela, una joven guapa del sur de México, creyó encontrar en ese muchacho que la pretendía el amor que nunca tuvo en su casa, abandonada por el padre y malquerida por la madre. El chico parecía un exitoso comerciante de ropa que viajaba por todo el país colocando mercancía. Se conocieron en un parque y estuvieron viéndose a escondidas hasta que él fue a pedirle la mano a los padres de ella. La pareja se mudó a Tenancingo y se hospedó en casa de la familia del muchacho. La primera propuesta extraña que recibió Marcela fue la de trabajar como “chica de compañía” en un table, unos locales nocturnos donde las mujeres bailan en un escenario y donde se ejerce la prostitución, aunque de eso no se hable abiertamente. En ese momento era menor de edad. “Me dijo que necesitábamos dinero para pagar nuestra boda”, recuerda. Se negó y la tensión con su familia política fue en aumento.
La pareja se mudó al DF y ahí directamente fue enviada a trabajar como prostituta en un hotel de La Merced. Su cuñada fue quien la inició en el negocio. La encerró en una habitación de un hotel de mala muerte, El Universia, y le enseñó a poner un preservativo, a masturbar a un hombre, a maquillarse y vestirse para atraer clientes. Mientras trabajaba, su novio y el hermano iban al cine y comían en restaurantes del centro. Al finalizar la jornada pasaban por la recaudación. El encierro de Marcela solo duró seis días. Al séptimo, la policía entró en el edificio y detuvo a todos los proxenetas que andaban por allí. Era febrero de este año. Fue el primer golpe del alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Mancera, contra la trata de personas. Llevaba pocos meses en el cargo.
 El negocio de los tratantes de Tlaxcala trasciende las fronteras de México. Las chicas son enviadas a ciudades de Estados Unidos. En Nueva York, Chicago, Atlanta o Los Ángeles se han documentado casos de explotación a mujeres mexicanas. Hay clubes completos donde la mayoría de las prostitutas tienen algún tipo de vínculo con Tenancingo. El negocio más próspero para los padrotes, de todos modos, se encuentra en el sur de ese país, en la misma frontera mexicana. Los tratantes las cruzan a través de la frontera y las dejan en manos de los delibreros (traducción fonética de delivers, repartidores), unos tipos que reparten publicidad y concretan citas sexuales con los inmigrantes centroamericanos y mexicanos que trabajan en el campo. “Hacen todo ese viaje para sufrir el abuso de los propios latinoamericanos”, lamenta Rosi Orozco, presidenta de la organización Comisión Unidos vs Trata y exdiputada por el PAN especializada en la lucha contra la explotación de mujeres. Orozco ha comandado algunas campañas contra los anuncios clasificados de prostitución en prensa o los comerciales de televisión que le han valido algunas enemistades.
 El joven párroco de Tenancingo llamado José Alfredo ha aprendido a esquivar el tema. La experta Orozco calcula, según sus indagaciones, que un 30% de los vecinos se dedica a la trata. Un lunes, una secretaria agenda las misas de muertos de los vecinos que se acercan por esta bonita iglesia llena de imágenes clásicas. Dice el padre que no quiere “hablar de eso”, que la Iglesia es una institución vertebral de la ciudadanía que tiene que estar para todos los problemas. Reconoce que el patrón pasea por las calles bañado en billetes pero asegura que no es su institución la que se queda con el dinero, sino que va a parar a los mayorales que custodian las tallas durante el año. Su trabajo es el de mantener la fe de los habitantes del pueblo y guiarles, en la medida de lo posible, por el buen camino. Eso incluye apartarlos de la Santa Muerte, adorada por policías y sicarios a la vez. “Algunas mañanas me encuentro en la parroquia objetos de culto hacia ella e inmediatamente las saco. Este es un lugar sagrado”, dice.
A ella seguramente se tuvo que encomendar más de una vez el hombre sin rostro cuando el FBI pisaba sus talones. El que era un modelo a seguir para los jóvenes de Tenancingo llegó a tener una docena de esposas, como si de un sátrapa persa se tratara. Entre ellas una de 13 años. Las chicas han contado que las vestía a todas de sirvientas y las invitaba a besarle los pies. Lo detuvieron en Puebla acusado de trata y homicidio y cuando estaba rodeado por la policía ofreció cinco millones de pesos a un comisario para que lo dejara escapar. Tras recibir una negativa, pidió que se le aplicara la ley fuga: simular su huida y que fuese ultimado por la espalda. Un sistema muy utilizado durante el porfiriato y la revolución mexicana. Quetzal prefería eso a pasar prácticamente lo que le queda de vida en prisión. Acabó siendo detenido. No tenía escapatoria.
El chico que delante de sus compañeros dijo querer imitarle, en cambio, parece tener dónde elegir. En el taller rompió a llorar cuando cada uno de los menores exponía sus problemas. No quiso apenas hablar y cuando lo intentó no le salían las palabras. El día anterior había escrito en un papel: “¡Ayúdanos!”.


martes, 18 de junio de 2013

Gobierno salvadoreño basó política de seguridad del Estado en voluntad de Mareros con la tregua

Tomado de El País

Tregua de maras, la ‘revolución lumpen’

 

El pacto con los grupos criminales no debe ser la estrategia de seguridad pública


Por Joaquin Villalobos
La confrontación entre los sicarios de Pablo Escobar y el Estado colombiano fue calificada por algunos como una “insurrección plebeya” o como la lucha de una clase social de carácter criminal que buscaba ser reconocida. Los recursos y la base social que poseían los carteles no dejan duda de que aquello fue mucho más que un problema de ley y orden. El Estado colombiano se vio obligado a crecer y transformar profundamente sus instituciones para poder derrotar la amenaza criminal. Las maras en Guatemala, Honduras y El Salvador son igualmente un potente engendro social que podría calificarse como una rebelión lumpen que puede obligar a la transformación positiva de esos Estados o destruirlos.
La tregua de las maras en El Salvador es el experimento más avanzado de administración del delito en el continente. El drástico descenso de los homicidios en un 52% dio crédito intelectual a la tregua. Este resultado convirtió la rehabilitación de delincuentes en el componente fundamental de la política de seguridad del Gobierno y dejó la protección de los ciudadanos en segundo plano. El control de la violencia ya no dependió de las capacidades del Estado, sino de la voluntad de los pandilleros.
Las maras son grupos de características tribales que surgieron de la fusión de la cultura estadounidense de pandillas con la cultura salvadoreña de violencia. El fenómeno creció a consecuencia de migraciones masivas que han destrozado el tejido social, acabando con familia, escuela y comunidad, pilares del control social y de la formación en los valores que permiten la convivencia.
Funcionarios del actual Gobierno de izquierda asumieron la idea de que las maras eran “víctimas de la injusticia social” y ese camino llevó a la “tregua”. Carlos Marx usó la palabra “putrefacción” para referirse al lumpen como el nivel más bajo de la escala social y lo señaló como no confiable. A diferencia de los trabajadores, que poseen valores como la solidaridad y la laboriosidad, el lumpen es esencialmente egoísta y vividor. Al asumir la tregua entre grupos criminales como política de seguridad, se le dio reconocimiento social y político a los lumpen que mantienen aterrorizada a la clase trabajadora en los barrios pobres. Con la tregua, estos sectores de izquierda se compadecieron de los lumpen y olvidaron a los proletarios, dándole carácter “revolucionario” a las maras.
Esto derivó en que asesinos en serie, violadores y descuartizadores aparecieran en entrevistas televisadas y en reportajes de periódicos, ofrecieran conferencias de prensa, emitieran comunicados, recibieran delegaciones internacionales, tuvieran columnistas y voceros de apoyo y polemizaran con quienes se les oponían. Queriendo o sin querer, los defensores de la tregua han estado reproduciendo con criminales el acuerdo de paz que en el pasado hizo El Salvador con insurgentes. Cuando se reconoce socialmente al marero, se premia el delito y se desprecia la honestidad. La promoción de la tregua está trastocando valores fundamentales y borrando la línea que separa el bien del mal. Ahora, en los barrios pobres los ciudadanos ejemplares no son los buenos estudiantes, ni los emprendedores exitosos, ni los abnegados líderes comunales, ni los trabajadores laboriosos: son los mareros criminales.
El descenso de homicidios es la principal defensa de la tregua; sin embargo, los muertos también se reducen cuando alguien va ganando un conflicto. Los homicidios de las maras responden a dos razones: a la guerra entre pandillas para controlar territorios y a la necesidad que tienen las maras de mantener atemorizados a quienes viven en esos territorios. Luchan por territorios para aumentar la capacidad de extorsionar y matan gente en esos territorios para asegurarse el pago de las extorsiones. Por tanto, el homicidio está subordinado a la extorsión, y este último es el delito principal. La esencia de la extorsión es el miedo al criminal y la desconfianza hacia la capacidad del Estado de proteger.
La tregua de maras logró bajar los homicidios porque las pandillas se dividieron los territorios bajo intermediación de terceros con anuencia del Estado, con ello ya no necesitaron matarse. En segundo orden, porque cuando el Gobierno les reconoce públicamente y sin ambages su poder, los ciudadanos quedan sometidos a ese poder criminal. Es decir, la tregua ha institucionalizado el miedo en los ciudadanos, profundizado la desconfianza en el Estado y legitimado la extorsión como un impuesto criminal. Las pandillas han preservado organización, comando y control; reclutamiento, control territorial, capacidad de financiarse, y se están transformando en crimen organizado. Toda tregua, cuando no está resolviendo un conflicto lo está acrecentando, porque permite acumular fuerzas. En este caso, dado que el Estado inició la tregua sin un plan para fortalecerse, serían las pandillas las están acumulando fuerzas.
La baja de homicidios ha favorecido la imagen externa del Gobierno, pero la tregua es altamente impopular en el país, porque el problema principal de los ciudadanos no es que los pandilleros se maten entre ellos, sino el terror que sufren por los asaltos, las violaciones sistemáticas de sus hijas, el reclutamiento de niños, las desapariciones y las extorsiones a que las maras los someten. Las encuestas señalan claramente que los salvadoreños consideran que la situación de seguridad ha empeorado, a pesar de la enorme disminución de los homicidios. ¿Cómo algo supuestamente tan positivo puede ser tan impopular? En realidad, aunque los homicidios han bajado, el poder criminal ha crecido y esto lo entienden perfectamente quienes viven en barrios pobres y usan el transporte público.
El argumento principal para justificar la tregua es que existen 70.000 pandilleros y 500.000 personas en su entorno cercano. Un funcionario dijo que bien podían ser un “partido político”. Esos datos supondrían que son siete veces lo que fue la guerrilla del FMLN, y que el 8% de los salvadoreños apoya a quienes los matan, asaltan y extorsionan. Esos números serían muy graves para un país como México o Colombia, y si fueran ciertos para El Salvador el problema sería irresoluble. La situación es muy delicada, pero hay más miedo que criminales; ni estos son 70.000, ni tienen 500.000 simpatizantes. Se trata de una minoría con gran poder de intimidación debido a la enorme debilidad del Estado. La solución entonces es fortalecer al Estado para que la seguridad de los ciudadanos no dependa de la voluntad de los mareros. La tregua pudo haber sido un instrumento táctico, discreto y secundario de la rehabilitación, pero nunca debió ser la estrategia de seguridad pública.
Los mareros se han multiplicado porque las élites económicas son insensibles al desastre social que deja su modelo de exportación de personas y recepción de remesas. La gente pobre y trabajadora no tiene por qué pagar las consecuencias de esa injusticia y aguantar a las maras: protegerlos es una obligación. El principal obstáculo para solucionar la cuestión es el mito de Estado débil, pequeño y barato que dejaron los ajustes estructurales. Este problema no lo resolverá ni la mano invisible del mercado, ni la caridad internacional, ni la reconversión milagrosa de los pandilleros. Si no se fortalecen las capacidades policiales y sociales del Estado, podría triunfar la revolución de las maras y El Salvador acabar convertido en un Estado lumpen.
Joaquín Villalobos fue guerrillero salvadoreño y es consultor para la resolución de conflictos internacionales. 

"Franquiciatarios" de 7 Eleven operaban red de delincuencia

Tomado de La Voz de América
7-Eleven contrataba indocumentados
Funcionarios de migración de Estados Unidos arrestaron a nueve personas y las acusaron de robo de identidad y de usarlas para contratar inmigrantes indocumentados para trabajar en las tiendas 7-Eleven.

La oficina de la fiscalía en el este de Nueva York dice que los sospechosos también robaron parte de los salarios de los trabajadores ilegales.

La operación involucró a 14 tiendas en el este estado de Virginia, y en Long Island, en Nueva York. En la acusación presentada el lunes, las autoridades dijeron que los propietarios de las tiendas y sus familiares conspiraron para contratar ilegalmente a más de 50 trabajadores.

Agentes policiales federales incautaron tiendas y cinco casas valoradas en más de un millón 300.000 dólares.

El Departamento de Justicia dice que los arrestos son parte de una continua investigación sobre la contratación de inmigrantes indocumentados en las franquicias 7-Eleven.

Noticia en Inglés

martes, 11 de junio de 2013

EEUU inicia confiscación de bienes a líderes de Maras salvadoreñas

Tomado de La Voz de América
Dos de los seis pandilleros nombrados por el gobierno estadounidense permanecen en prisión en El Salvador
EE.UU. confisca bienes a pandilleros

Un grupo de líderes de la violenta Mara Salvatrucha MS-13, ingresaron a la lista negra de criminales internacionales del gobierno de Estados Unidos.

La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte declaró este lunes que su país ya empezó a confiscar los bienes y a intervenir cuentas bancarias de seis pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13), que fueron designados hace algunos días criminales internacionales por EE.UU.

Con esta nueva clasificación, el gobierno estadounidense puede intensificar su campaña contra las finanzas de este grupo criminal que opera en Estados Unidos, especialmente en los estados fronterizos, México y Centroamérica.

El Departamento del Tesoro anunció que intervendrá las cuentas bancarias de estos seis supuestos dirigentes de la MS-13, y otorga nuevas herramientas legales para la búsqueda y captura de los mismos.

Aponte también señaló que no se descarta la posibilidad de poder confiscar los bienes de estos pandilleros en El Salvador y hasta pedir su extradición de contar con las pruebas necesarias y si así lo amerita la ley.

En octubre de este año, el Tesoro estadounidense declaró a la Mara Salvatrucha, una organización criminal transnacional, por lo que también podrán interferir e investigar los negocios ilegítimos de la banda que se cree también está relacionada con el tráfico de drogas y las estafas, especialmente en pequeños negocios en El Salvador.

Los seis supuestos líderes criminales, todos salvadoreños, son: Moris Alexander Bercian Manchón, de 28 años; José Misael Cisneros Rodríguez, de 37; Marvin Geovanny Monterrosa-Larios, de 39; Moisés Humberto Rivera-Luna, de 44; Saúl Antonio Turcios Ángel, de 35, y Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, de 34, todos ellos salvadoreños.

A Rivera-Luna y Monterrosa-Larios se les han imputado cargos penales en Estados Unidos y están encarcelados en El Salvador.

La Mara Salvatrucha nació hace más de dos décadas en las calles de Los  Ángeles. Se fundó como una respuesta organizada a la discriminación que recibían decenas de inmigrantes que habían llegado a EE.UU. huyendo de la guerra civil que se vivía en El Salvador.