Tomado de The Wall Street Journal
El
presidente ecuatoriano, Rafael Correa (en el centro), está en medio de un
enfrentamiento diplomático con EE.UU. tras otorgarle documentos de viaje a
Edward Snowden.
Defensores
latinoamericanos de Snowden no predican con el ejemplo
Por Nicholas
Casey, John Lyons y José de Cordoba
QUITO— Edward Snowden, el fugitivo contratista de
inteligencia estadounidense, ha encontrado apoyo en las últimas semanas entre
los líderes de izquierda de América del Sur, quienes lo catalogan como un
defensor de la libertad de expresión.
Sus actitudes, sin embargo,
cambian mucho a la hora de tratar a los grupos opositores en sus respectivos
países, dicen los periodistas, miembros de la oposición y otros detractores del
gobierno.
Venezuela, que le ha
ofrecido asilo a Snowden, ataca con regularidad a los críticos del gobierno en
los medios de comunicación e incluso llegó al extremo de difundir grabaciones
secretas de ellos en la televisión pública.
Ecuador, que inicialmente
otorgó documentos de viaje a Snowden, ha atacado a los periodistas. El propio
presidente, Rafael Correa, ha entablado demandas multimillonarias contra la
prensa. Bolivia, otro país que respalda a Snowden, tiene un problema con otro
soplón: Roger Pinto, un senador que filtró documentos que acusaban al gobierno
de tener vínculos con el narcotráfico y que ahora se refugia en la embajada de
Brasil, que le concedió asilo.
"Es una ironía que
estos gobiernos traten de aparecer como si fueran paraísos de la libre
expresión mientras que los periodistas locales están siendo silenciados y
demandados por difamación, sus medios se están cerrando o están siendo
restringidos por nuevas leyes de comunicaciones", señaló Carlos Lauria,
del Comité para la Protección de los Periodistas, un grupo que monitorea los
derechos de la prensa en el mundo.
A la vez que elogiaban la
causa de Snowden en público, los líderes sudamericanos arremetieron contra los
medios en sus propios países. El Congreso de Ecuador, por ejemplo, aprobó una
ley que prohíbe que los reporteros investiguen temas que puedan perjudicar la
reputación de alguna persona.
Juan Carlos Calderón, un
editor ecuatoriano, señala que las campañas del gobierno han hecho que este sea
"el peor momento para ser un periodista de investigación aquí". Su
revista, Vanguardia, cerró y despidió a su personal la semana pasada, lo que
atribuyó a las restrictivas nuevas leyes de prensa. El gobierno adujo que cerró
por su pobre desempeño económico.
En Venezuela, los críticos
que han expresado su oposición al gobierno dicen que han sufrido las
consecuencias. Hasta hace poco, La Hojilla, un popular programa de la
televisión estatal, grababa en secreto conversaciones de los opositores al
gobierno y a menudo utilizaba extractos editados de esas conversaciones para
amenazarlos y avergonzarlos.
"Sentí que estaba
desnudo en público", afirma Ignacio Arcaya, que fue ministro del Interior
y embajador en Washington del gobierno del ex presidente Hugo Chávez luego de
que una llamada telefónica que había hecho a un abogado de derechos humanos
fuera transmitida en La Hojilla en abril.
En un giro irónico, La
Hojilla fue víctima de su propia medicina. El programa dejó de transmitirse a
fines de mayo, después de que surgiera una grabación en la que su conductor,
Mario Silva, criticaba a Maduro y otros funcionarios.
La ofensiva del gobierno ha
seguido adelante, pese a la desaparición de La Hojilla. El gobierno difundió a
fines de junio una grabación de una conversación entre la senadora y ex
candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, y un amigo, un
destacado académico. El gobierno la acusó de hablar de planes para un golpe de
estado.
"No tengo la más
mínima idea de cómo nos pudieron haber grabado; fue un cuarto cerrado en una
casa privada", dijo Machado, quien agregó que la grabación fue muy editada
y tergiversó sus comentarios. "Creo que es parte de un patrón, sin dudas,
en que el gobierno pretende crear terror político en todos los niveles".
Funcionarios del gobierno venezolano
no devolvieron las llamadas en busca de comentario. En las últimas semanas,
Maduro y otros funcionarios del gobierno han indicado que esta clase de
grabaciones son parte de una iniciativa para combatir la corrupción. Machado
insistió en que no ha cometido ninguna irregularidad.
A su vez, la ofensiva del
gobierno ecuatoriano se ha centrado en la prensa. El año pasado, Calderón, el
editor, y Christian Zurita recibieron la orden de pagar US$2 millones al
presidente Correa luego de que escribieran un libro en el que detallaban los
lucrativos contratos de construcción obtenidos por su hermano, Fabricio. El
mandatario acudió personalmente a testificar en el juicio, donde dijo que su
nombre había sido difamado. Posteriormente, Correa perdonó a los autores del
libro, pero prometió que no olvidará el incidente.
Correa no respondió a una
solicitud de entrevista, pero Romel Jurado, un vocero del Ministerio de
Comunicación, dijo que los controles de prensa eran vitales para prevenir
subversión política por parte de los medios alineados con los opositores al
presidente.
—Ezequiel Minaya y Martín
Arostegui contribuyeron a este artículo.
