Llegó la hora de tomar acción. No más politiquería con el techo de la deuda EEUU

Tomado de La Voz de América

El presidente Obama pidió a los republicanos que "cumplan su responsabilidad" y paguen las deudas del país a tiempo.

Obama a republicanos: “No cierren el gobierno”

El presidente Barack Obama insistió sin titubear que el sistema de salud conocido como Obamacare entrará en vigencia incluso si el Partido Republicano decide cerrar el gobierno.

El presidente Barack Obama pidió al Congreso estadounidense, y en particular, al Partido Republicano no cerrar el gobierno y aprobar sin demora el nuevo presupuesto de la nación.

“El Congreso tiene dos responsabilidades, una es mantener al gobierno operando, no cerrar el gobierno, y la otra es una acción simple: aprobar el aumento del techo de la deuda, para que el Tesoro pueda pagar los recibos”, dijo Obama.

El mandatario fue claro al indicar que los republicanos no están realmente interesados en discutir el presupuesto o el aumento al techo de la deuda del país, sino más bien, en evitar la implementación de una pieza legislativa con la que no están de acuerdo.

“Esta discusión no es por el déficit del país. Esta discusión, como ustedes lo han  podido comprobar si han seguido esta conversación, se debe a la pieza legislativa de nuestro nuevo programa de salud”, argumentó el presidente.

No obstante, Obama fue tajante al asegurar que incluso si el Congreso decide no aprobar el presupuesto y el gobierno se cierra, la aplicación e implementación del nuevo sistema de salud, conocido como Obamacare, continuaría tal y como está programado.

“Imaginemos si tuviéramos un presidente republicano, y los demócratas estuvieran diciendo que no van a aprobar el presupuesto si no se aprueban medidas más estrictas para los portadores de armas (…) u otros asuntos de interés político que forman parte de la agenda demócrata. ¿Creerían los republicanos realmente que esa actitud es correcta?”, cuestionó el mandatario estadounidense.

El Senado ya aprobó una medida para mantener al gobierno estadounidense operando, pero la cámara de representantes, controlada por los republicanos, se niega a hacerlo a menos que se posponga la implementación del Obamacare.

Los legisladores tienen hasta este próximo lunes a la media noche para evitar un cierre de gobierno, de lo contrario miles de empleados federales, soldados, escuelas y otras instituciones que dependen del gobierno, tendrán que suspender sus actividades. 

Un poco de historia sobre la aprobación por el congreso del techo de la deuda EEUU

Tomado de CNN Money

Dwight Eisenhower presidente de los Estados Unidos de América 1953-1961 

Gasto en EU, condicionado por la deuda

Los republicanos buscan recortes en el Obamacare a cambio de aumentar el techo de endeudamiento; esta forma de presión nació en 1953, cuando el riesgo de que EU cayera en ‘default’ era mucho menor.

Por Por Joseph J. Thorndike

Charlottesville— ¿Pueden justificarse las amenazas de bloquear el aumento del techo estatutario de la deuda como una herramienta para forzar a los políticos a tomar decisiones difíciles pero necesarias? ¿Puede justificarse ese quid pro quo?

Los republicanos parecen pensar que sí. Los líderes republicanos dicen que primero quieren recortes al gasto a cambio de elevar el límite de deuda fijado en 16.699 billones de dólares, un aumento que el gobierno de Obama afirma tiene que hacerse antes de mediados del próximo mes. Y algunos republicanos también están pidiendo a cambio la cabeza del llamado Obamacare, la reforma sanitaria.

La idea de utilizar el techo de la deuda como palanca para ejercer presión no es nueva. De hecho, provocó la primera crisis sobre el límite de la deuda en EU.

En el verano de 1953, el presidente Dwight Eisenhower, un republicano, pidió un modesto aumento en el techo de la deuda, de 275,000 mdd a 290,000 mdd. Los legisladores que favorecían un presupuesto austero rechazaron la petición y condujeron al país al borde del default (o lo hicieron entrar en razón fiscal, según el punto de vista que tengamos sobre el tema).

A poco de asumir el cargo, Eisenhower comenzó a insistir en la necesidad de la autorización para contraer préstamos adicionales. Los conservadores no estaban convencidos. The Wall Street Journal incluso sugirió que una crisis del techo de la deuda podría ser útil: "El gobierno no tendría la capacidad de llevar a cabo todos sus planes de gasto", predijeron los editores. "Por lo que algunas cosas se tendrían que recortar un poco más".

Pero Eisenhower no creía que los recortes de gastos bastarían para mantener la deuda federal a raya por mucho tiempo. "A pesar de nuestros intensos esfuerzos conjuntos para reducir los gastos, es inevitable que la deuda pública pase por un incremento adicional".

La Cámara de Representantes tragó saliva y aceptó la solicitud de Eisenhower. Sin embargo, el Senado se opuso.

Harry F. Byrd, el senador demócrata de Virginia, encabezó el combate al aumento. Declaró que elevar el límite sería "una invitación al derroche". Mantener el techo estatutario vigente, además, favorecería a la necesitada economía. "Es posible que la administración se vea obligada a operar con un presupuesto muy prudente y conservador a fin de evitar un aumento en el límite de la deuda", predijo.

Pero la petición de Eisenhower recibió un apoyo considerable fuera del Capitolio, y sobre todo en las páginas editoriales de los periódicos. "A nadie le gusta contemplar una mayor carga de deuda", observó el Washington Post en un típico editorial periodístico. "Pero la deuda es la consecuencia y no la causa del gasto público".

En última instancia, sin embargo, los senadores no modificaron su postura, y la medida sucumbió. El diario Los Angeles Times lo calificó de "impresionante" derrota para el presidente.

Tras la votación, Byrd tuvo la cautela de explicar su razonamiento. "Mi principal objetivo era enfatizar la crisis fiscal que ahora nos enfrenta con un déficit en la mayor parte de los últimos 15 años y más déficit por venir a menos que reduzcamos los gastos", dijo. El debate sobre el límite de deuda, en otras palabras, fue una manera de obligar a actuar a los políticos reacios. Fue una palanca, una herramienta para ejercer presión (leverage).

Y fue bastante eficaz. Casi de inmediato, Eisenhower instruyó a su gabinete a reducir el gasto. "Es absolutamente esencial que comiencen de forma inmediata a tomar todas las medidas posibles para reducir progresivamente los gastos de sus ministerios durante el año fiscal 1954," les dijo.

El secretario del Tesoro, George Humphrey, trató de hacer lo mejor que pudo en esa situación, sugiriendo que el Gobierno podría arreglárselas financieramente mal que bien. Y Humphrey efectivamente se las arregló para evitar el desastre, disminuyendo más el gasto y adoptando otras medidas, como vender algunos de los lingotes de oro del país para pagar 500 mdd en deuda pendiente.

Cuando llegó el invierno, Humphrey emprendió una nueva campaña para elevar el techo de deuda. Pero los conservadores en materia fiscal se sintieron reivindicados y justificados por el éxito del Tesoro al lidiar con el límite existente de la deuda.

"La lección es clara", se regocijó un editorialista. "La manera de conseguir que bajen los gastos del gobierno es reducir los impuestos y negarle a la administración la facultad para aumentar la deuda. En una fecha cercana el Congreso bien podría considerar reducir el límite de la deuda".

Con todo, Humphrey continuó su campaña, y tomó la precaución de consultar con antelación a los senadores escépticos. Y en julio -un año después de la petición de Eisenhower- persuadió a los legisladores de aprobar un aumento temporal del techo por 6,000 mdd. Eso puso fin al debate sobre el límite de la deuda en ese entonces.

En retrospectiva, la crisis de 1953 parece reforzar los argumentos de los republicanos modernos que pretenden utilizar el techo como moneda de cambio. La negativa de Byrd de facilitarle las cosas al presidente Eisenhower sí logró una reducción adicional de costos.

Pero hace 60 años, "arreglárselas" o "ingeniárselas" era una estrategia fiscal factible, pues los déficits presupuestarios eran lo suficientemente pequeños como para ser manejables. En consecuencia, pocos participantes en el debate de 1953 creían que el incumplimiento o default era una posibilidad real. Byrd desde luego no lo creía, él era un conservador fiscal de la vieja escuela y se habría horrorizado ante la perspectiva del default nacional. Cierto, Byrd apostó que el Tesoro podría mantenerse bajo el techo de la deuda sin rebasarlo, pero se trataba de una apuesta bastante segura.

La situación actual es muy distinta.

El historiador Joseph J. Thorndike es un editor colaborador de Tax Analysts y columnista de la revista Tax Notes, donde primero apareció una versión de este artículo. Su libro Their Fair Share: Taxing the Rich in the Age of FDR (Urban Institute Press) fue publicado a principios de este año.

Otra vez nivel de deuda amenaza pagos en Octubre de EEUU

Tomado de El País

Secretario del Tesoro estadounidense Jack Lew

El Tesoro de EE UU advierte que en octubre se quedará sin efectivo

Por Sandro Pozzi

La Casa Blanca insiste que no quiere negociar más sobre la cuestión y pide a los legisladores en el Congreso de EE UU que actúen

Las memorias de hace dos veranos vuelven a Wall Street, después de que el Departamento del Tesoro anticipara unas semanas la fecha en la que se rebasará el techo de endeudamiento federal, ahora previsto para mediados de octubre. La Casa Blanca insiste que no quiere negociar más sobre la cuestión y pide a los legisladores en el Congreso de EE UU que actúen ya.

Las seis semanas de margen tras el receso veraniego se esperan de intensa negociación en Washington. La proyección hasta ahora era que ese nivel máximo que el Gobierno tiene para pedir prestado se superaría más bien a comienzos de noviembre, por lo que el tiempo apremia. “Lo que más necesita ahora nuestra economía es certidumbre”, insiste Jack Lew, secretario del Tesoro.

“No necesitamos otra crisis”, remacha Lew. Los republicanos dicen que tampoco quieren llegar a ese extremo, pero presionan para conseguir un recorte del lado del gasto público para poder aceptar un pacto. Ese mismo choque político fue el que provocó en agosto de 2011 que la agencia de calificación Standard & Poors retirara a la deuda estadounidense la nota de máxima solvencia.

La incertidumbre sobre el debate fiscal se suma, además, a la tensión geopolítica en Siria, el cambio de mando en la Reserva Federal y la pronta rebaja en EE UU de la intensidad de los estímulos monetarios. Si se llega a ese límite sin acuerdo, la Administración de Barack Obama no tendrá dinero para pagar las actividades de funcionamiento normal del Gobierno.

Ese techo está fijado en los 16,7 billones de dólares. Técnicamente ya se tocó en mayo, pero en ese momento entraron en vigor una serie de medidas excepcionales para poder pagar las facturas a tiempo. El Tesoro alza ahora la voz de alarma diciendo que para mediados de octubre el balance en caja será solo de 50.000 millones, cantidad insuficiente para responder a sus obligaciones.

El próximo 1 de octubre entra además en vigor en EE UU el nuevo ejercicio fiscal, sin que tampoco se haya logrado un acuerdo sobre el presupuesto para 2014. Para ese caso, se necesitará también una decisión a tiempo del Congreso a lo largo del mes de septiembre que autorice el gasto público, aunque sea por cortos periodos de varios meses renovables.

Por si no fuera suficiente, en marzo entró un vigor una serie de recortes automáticos en el presupuesto cuyos efectos se están haciendo notar ahora en la economía. Lew, principal negociador de Obama en la batalla fiscal, quiere que se cambie por una política de reducción del déficit más equilibrada. Es algo que también recomienda el Fondo Monetario Internacional.

La estrategia de los conservadores es utilizar el debate general del presupuesto para retrasar la entrada en vigor por falta de fondos del Obamacare, como se conoce el paquete de reformas de la salud. Pero este enfrentamiento también puede afectar a la estrategia de la Fed. Ben Bernanke, su presidente, urge también a los legisladores que hagan de su parte para ayudar a la economía.

Tanto el Tesoro, como la Fed y el FMI consideran que sin el lastre fiscal, la economía de EE UU podría crecer por encima del 2% a final de año y reducir el paro (desempleo) de una forma más sostenida. En el segundo trimestre la expansión fue del 1,7%, de acuerdo con el nuevo modelo de cálculo del PIB. Eso significa que está a medio camino del crecimiento medio. 

Discusión sobre abismo fiscal continúa. ¿Qué viene después del acuerdo alcanzado?

Tomado de La Voz de América

El nuevo Congreso tiene ante sí los mismos retos que vienen arrastrándose sin solución definitiva desde hace meses.

EE.UU.: los desafíos más allá del abismo

Por Roberto Casin 

EE.UU. alcanzó después del acuerdo sobre el abismo fiscal  el tope de $16,4 billones fijado como “techo” de su deuda

Demócratas y republicanos evitaron que el país cayera por ahora a un “precipicio fiscal”, pero los obstáculos financieros que aún quedan por sortear son muchos y difíciles.

Los estadounidenses respiraron aliviados horas después de la llegada del año nuevo cuando el Senado y la Cámara de Representantes lograron concretar un acuerdo que durante meses no habían podido conseguir, para evitar una subida de impuestos llamada a afectar principalmente a la clase media.

Las dilaciones que retrasaron la adopción del acuerdo pusieron de relieve una vez más lo difícil que viene resultando en los últimos tiempos a demócratas y republicanos encarar los grandes retos del país y dar una solución bipartidista al déficit fiscal de EE.UU. y a los problemas de fondo de su economía.

Cierto que por primer vez en veinte años las familias ricas con ingresos superiores a los $450 mil dólares anuales pagarán impuestos más altos, aunque no como el presidente Barack Obama pedía que fuese: a las que ganan más de $250 mil, una promesa de su campaña electoral. Pero tampoco sus adversarios republicanos lograron todo lo que querían.

Aunque el acuerdo convirtió en permanentes exenciones fiscales para la clase media heredadas del gobierno del presidente George W. Bush y prorrogó el subsidio por desempleo que beneficia a dos millones de estadounidenses, la subida de gravámenes a alrededor del 0,6 por ciento de la población aportará al fisco ingresos muy inferiores comparados con lo que la Oficina de Presupuesto del Congreso estima que crecerá el déficit la próxima década.

En virtud del acuerdo sobre el ”abismo fiscal” los legisladores decidieron además aplazar la decisión acerca de cómo distribuirán más de $110 mil millones de dólares en recortes de gastos públicos como la asistencia a jubilados e incluso varias partidas del presupuesto del Departamento de Defensa.

De modo que a dos meses vista, demócratas y republicanos tendrán de nuevo ante sí los mismos desafíos que desde hace rato vienen arrastrándose sin solución definitiva  y se encontrarán ante la disyuntiva de adoptar una drástica rebaja de las prestaciones sociales o volver a elevar el límite de endeudamiento del país.

La trampa en la que se hallan atrapados ambos partidos no ha variado. Los demócratas no quisieran reducir ni un dólar a gastos gubernamentales como los relacionados con los beneficios por desempleo y las subvenciones al Medicare (seguro de salud pública para los mayores de 65 años). Y los republicanos no quieren afectar, entre otros, el presupuesto del Pentágono.

Las negociaciones para llegar a un consenso de cómo cortar, cuánto, dónde sí y dónde no, podrían convertirse en la repetición de un proceso que en el pasado ya fue agónico y decepcionante. En la situación actual todos reconocen que la única salida es un pacto presupuestario que resuelva a largo plazo la reducción del déficit y la deuda, lo que exigiría concesiones políticas de ambos partidos que hasta ahora no han estado dispuestos a hacer.

Para elevar las incertidumbres, EE.UU. acaba de alcanzar el tope de $16,4 billones de dólares fijado como “techo” de su deuda, y aunque tendrá dos meses más para seguir pagando a tiempo sus obligaciones, no existe todavía la certeza de que los republicanos vayan a aceptar elevar ese límite sin obtener a cambio fuertes rebajas en el gasto público.

Los peligros económicos que enfrenta EE.UU. siguen siendo tan peliagudos que la agencia Standard & Poor's decidió mantener la rebaja que hizo en agosto pasado de su calificación crediticia a AA+ con tendencia negativa porque no considera que el acuerdo sobre el “abismo” vaya a mejorar la situación fiscal del país, y al igual que el año pasado la salud política y legislativa estadounidense “se ha vuelto menos predecible y estable”. 

Fondos buitres ponen a Argentina a las puertas de un nuevo default

Tomado de RFI

El fantasma de un nuevo “default” sobrevuela Buenos Aires

El gobierno argentino apelará este lunes 26 de noviembre la decisión de un juez de Nueva York que lo obliga a pagar al contado una deuda de 1.330 millones de dólares a fondos especulativos. El falló dejó abierta la posibilidad de una nueva cesación de pagos a mediados de diciembre. Con consecuencias que afectarían a todo el sistema financiero internacional. El análisis de la noticia.

Por Juan Buchet, en Buenos Aires

El riesgo de la cesación de pagos acecha nuevamente a la Argentina, once años después de la crisis del 2001. En aquel entonces, el país no podía pagarle a sus acreedores sin ayuda externa, al igual que Grecia hoy. Como el Fondo Monetario Internacional (a diferencia de lo que viene haciendo desde hace tres años con Atenas) había decidido poner fin a su asistencia financiera, el gobierno argentino tuvo que reconocerse insolvente sobre una deuda de 100.000 millones de dólares en los últimos días de diciembre 2001.

Esta vez, la Argentina quiere y puede pagar. No ha dejado de hacerlo desde que reestructuró su deuda vencida – es decir que llegó a un acuerdo con la mayoría de los acreedores, quienes aceptaron canjear sus bonos contra otros de menor valor – en 2005 y 2010. De hecho, es uno de los países más solventes del mundo: su deuda representa apenas más que el tercio de su PBI.

Sin embargo, este 15 de diciembre la Argentina podría encontrarse en cesación de pagos por una decisión de la justicia estadounidense.

¿Cómo entender esta situación? Por el accionar de poderosos inversores que aún poseen bonos de la antigua deuda argentina porque no aceptaron canjearlos en su momento, y reclaman que se les pague lo que ellos consideran que se les debe por vía judicial. En su mayoría son fondos especulativos, a veces llamados fondos “buitre”, que compran títulos de países al borde de la quiebra a inversionistas de buena fe que los quieren vender por temor a perderlo todo. Es decir, los adquieren muy por debajo de su valor nominal. Luego, rechazan la reestructuración e inician acciones judiciales.

En el caso argentino, lo hicieron con éxito ante un tribunal neoyorquino, obteniendo a fines de octubre una decisión favorable del juez Thomas Griesa, ratificada este 22 de noviembre. ¿Qué dice el fallo de Gresia? Que el 15 de diciembre Argentina debe pagarle a los demandantes -los fondos, Aurelius y NML (el mismo que obtuvo de la justicia ghanesa el bloqueo de la fragata Libertad), más 13 pequeños acreedores) - lo que reclaman (1.450 millones de dólares) y le prohíbe, de no hacerlo, pagarle a ningún otro alguno de los bonos emitidos en el momento del canje, que vence ese mismo 15 de diciembre. Con lo cual, el país se encontraría técnicamente en cesación de pagos.

Uno se preguntará qué tiene que ver la justicia estadounidense con la deuda argentina. Es que los títulos de deuda soberana, destinados a inversores del mundo entero, se emiten bajo legislación de los grandes centros financieros internacionales, a modo de garantía, en caso de litigio, para los bonistas.

Vale aclarar que 93% del valor de la deuda argentina que había quedado en cesación de pagos en el 2001 fue reestructurada y la inmensa mayoría de los tenedores de bonos aceptó el canje. Según las reglas de la finanza internacional, la operación fue un éxito y, en tal caso, se considera que los acreedores que no entraron en la reestructuración pierden sus derechos, a menos que puedan hacer valer sus argumentos ante una instancia judicial complaciente, como ha ocurrido ahora, en Nueva York.

Pero la decisión del juez Griesa no se limita a los supuestos derechos de los demandantes. Al impedir el pago a otros acreedores, no solo ejerce una presión sobre la Argentina, sino que cuestiona las mismas bases de las reestructuraciones de deuda, es decir el único modo que se ha encontrado en le mundo para superar una quiebra soberana gracias a un acuerdo entre el país emisor de los títulos y sus acreedores. Es por eso que las grandes instituciones financieras estadounidenses apoyan el recurso de apelación que presentará el gobierno argentino este lunes 26 de noviembre.

Si el tribunal de apelaciones disociara, en un nuevo fallo, la situación de los demandantes y de los acreedores que aceptaron el canje, se volvería al statu quo anterior. La disputa con los fondos “buitres” seguiría por la vía judicial, pero la Argentina continuaría honrando la deuda reestructurada. De lo contrario, se la declarará oficialmente en cesación de pagos.

Ese “default” tendría consecuencias nefastas aunque limitadas para el Estado argentino, en la medida que éste no recurre desde hace años a los mercados internacionales, con lo cual la obligada subida de los tipos de interés que se le aplicarían si quisiera emitir nueva deuda no la afectaría.

Pero sí se verían en problemas las provincias y las empresas que se financian en el exterior, y también los acreedores que entraron en la reestructuración, ya que el valor de sus títulos se desplomaría. Y sería un terremoto para el sistema financiero mundial que podría dificultar más aún la salida de la crisis de la deuda europea. 

Acuerdo sobre deuda soberana afectaría recuperación económica

Tomado de The Wall Street Journal

Por Sara Murray y Conor Dougherty

El acuerdo bipartidista para elevar el límite de endeudamiento y reducir el déficit fiscal de Estados Unidos podría tener un efecto ligeramente negativo en el crecimiento de los próximos 12 meses, en un momento en que la recuperación sigue siendo frágil.

El pacto, sin embargo, también podría apuntalar la confianza entre los inversionistas, empresas y consumidores al eliminar la incertidumbre sobre si Washington actuará a tiempo para impedir una cesación de pagos y avanzar hacia la reducción del déficit fiscal. "El efecto será casi mínimo hasta fines de 2012", opina James O'Sullivan, economista de MF Global. "Los efectos indirectos, en todo caso, deberían ser positivos".

La legislación elevaría el límite de endeudamiento del gobierno a US$14,29 billones (millones de millones) en tres etapas y reduciría el gasto federal en hasta US$2,4 billones durante una década.

La primera ronda de recortes de gastos entraría en efecto en el año fiscal 2012, que comienza el primero de octubre. El gasto discrecional, que está sujeto a la aprobación parlamentaria cada año, se reduciría en US$25.000 millones, o 2,1% en comparación con el monto proyectado en marzo por la Oficina de Presupuesto del Congreso, un organismo independiente.

Tales recortes reducirían el crecimiento estadounidense entre 0,1 y 0,2 punto porcentual, según analistas. Aunque la cifra puede parecer insignificante, la economía se expande a un ritmo tan lento que algunos analistas temen que la recuperación se estanque. El Producto Interno Bruto (PIB) de EE.UU. creció apenas 0,4% anual en el primer trimestre y 1,3% en el segundo. El desempleo, entretanto, se mantiene en 9,2%.

El sector manufacturero, a su vez, apenas se expandió en julio, una señal de que un motor que impulsó la recuperación está perdiendo fuerza.

El índice manufacturero que elabora el Instituto de Gestión de Suministros (ISM) a partir de una encuesta entre los gerentes de compras que calcula la actividad en fábricas y otras plantas industriales, se ubicó en 50,9% en julio, por debajo del 55,3% de junio. Cualquier valor por encima de 50 indica una expansión, por lo que el nivel de julio—el más bajo desde julio de 2009— muestra que el sector llega al segundo semestre a paso de tortuga. "Claramente, no es un buen comienzo", dijo Brad Holcomb, responsable del informe de ISM.

La noticia se suma a una serie de datos que muestran que después de un largo ciclo durante en el cual repusieron sus inventarios, las fábricas en EE.UU. y otros países están recortando su producción ante una menor demanda.

Otra medición mostró que la confianza del consumidor cayó bruscamente en julio en relación con el mes anterior y los expertos dijeron que es probable que algunos de los declives se expliquen por las disputas en Washington.

El informe manufacturero contiene más noticias preocupantes. Todos los componentes del índice, desde la producción hasta las entregas de proveedores y el empleo, cayeron durante el mes. Motivo de particular preocupación fue el índice de nuevos pedidos, un cálculo sobre el futuro nivel de actividad, que descendió a 49,2, su primera contracción desde junio de 2009. "No deberíamos estar en un punto de la recuperación en el cual se produce un repliegue en los indicadores de actividad futura", opinó David Greenlaw, economista de Morgan Stanley. Agregó que el informe pone en duda los pronósticos de numerosos economistas que apuntan a una aceleración del crecimiento en la segunda mitad del año.

Algunos economistas sostienen, no obstante, que la alta deuda federal de EE.UU. es un lastre sobre la economía y que reducir el déficit impulsaría el crecimiento al liberar capital para uso privado.

El acuerdo impone recortes por US$47.000 millones en los gastos discrecionales en el ejercicio fiscal 2013, lo que representa una reducción de 3,9% con respecto a las proyecciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

El plan también incluye un compromiso inicial durante 10 años para reducir el gasto en US$917.000 millones al fijar un límite para los gastos discrecionales, lo que no aplicaría a los gastos en las guerras de Afganistán e Irak y permite ajustes para gastos de emergencia. El plan incluye una reducción de US$350.000 millones en otros gastos de defensa.

La ley también crea un comité bipartidista en el Congreso que buscará recortes adicionales por US$1,5 billones (millones de millones), evitando afectar a los beneficiarios de los programas de Seguro Social y los planes de salud estatales Medicaid y Medicare.

"Es un buen primer paso hacia una significativa consolidación fiscal", dijo este lunes Kevin Hassett, economista en el American Enterprise Institute, de tendencia conservadora, cuando la Cámara de Representantes se preparaba para votar sobre el acuerdo. "Asumiendo que sea aprobado, entonces debería haber un suspiro de alivio", opinó.