Mostrando entradas con la etiqueta Intolerancia. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Intolerancia. Mostrar todas las entradas

martes, 24 de julio de 2012

Capturan a decenas de asistentes a funeral de disidente cubano por gritar “Libertad”


Tomado de La Voz de América
El disidente y líder del Movimiento Cristiano Liberación, Oswaldo Payá, fue sepultado este martes en el cementerio de La Habana.

Los restos mortales del disidente cubano Oswaldo Payá fueron sepultados en el Cementerio de Colón de La Habana. Entre los detenidos está el opositor Guillermo Fariñas, Premio Sajarov.
  
El opositor cubano Guillermo Fariñas y medio centenar de disidentes fueron detenidos este martes durante los funerales de Oswaldo Payá en La Habana, quien murió el domingo cuando el vehículo en el que viajaba sufrió un accidente.

La detención se produjo a unos cien metros de la iglesia del Divino Salvador del Mundo, donde se realizó la misa fúnebre antes del sepelio en el cementerio de La Habana, cuando un grupo de personas comenzó a gritar consignas en contra del gobierno.

La policía, que vigilaba el cortejo que se dirigiría al cementerio Colón, subió a los detenidos a dos autobuses que el templo había preparado para que los asistentes al funeral pudieran trasladarse hasta el campo santo.

Esta mañana, el cardenal Jaime Ortega ofició una misa fúnebre en el templo e hizo público un mensaje de condolencias enviado por el papa Benedicto XVI a la familia de Payá.

En el oficio religioso, al que asistieron cientos de personas, el cardenal elogió al disidente.” Oswaldo tenía una clara vocación política y esto, como buen cristiano, no lo alejó de la fe ni de su práctica religiosa”, dijo.

Según opositores, agentes de seguridad y policías empezaron a practicar arrestos cuando algunas de las personas que acudieron a dar el último adiós a Payá comenzaron a dar gritos de "libertad", "democracia" y "viva el Movimiento Cristiano Liberación".

Grupos de disidentes han exigido que se aclaren las circunstancias en las que murieron los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero el domingo. La versión oficial del gobierno dice que el conductor del automóvil en el que viajaban perdió el control y se impactó contra un árbol.

Sin embargo,  familiares de Payá piensan que la muerte fue provocada por otro vehículo que habría embestido varias veces el automóvil en el que viajaba el líder del Movimiento Cristiano Liberación.

En tanto, el chofer del vehículo en el que viajaban los disidentes ha sido interrogado por la policía cubana y permanece detenido. Se trata de Angel Carromero, vicesecretario general del grupo Nuevas Generaciones del Partido Popular español.

Fariñas es psicólogo y periodista, tiene 50 años y ha realizado varias huelgas de hambre contra el régimen de los hermanos Castro. Cuando fue detenido, llevaba puesta una camiseta con el rostro de Oswaldo Payá.

En 2010 recibió el Premio Sajarov del Parlamento Europeo, que se entrega a la libertad de conciencia. Oswaldo Payá había recibido el mismo galardón en 2002.

domingo, 19 de febrero de 2012

Intolerancia política: Chávez continúa furibundos ataques a opositor calificándolo de Burgués, apátrida y cerdo

Agencias Noticiosas

Burgués, apátrida y cerdo, son algunos de los epítetos del presidente venezolano para calificar a Henrique Capriles.

Burgués, apátrida y cerdo: el mandatario venezolano, Hugo Chávez, no ha ahorrado epítetos para descalificar a su rival en los comicios presidenciales, Henrique Capriles Radonski, una estrategia que, según analistas, busca provocar la confrontación y minar la opción opositora.

Esta semana, Chávez acusó a Capriles Radonski, a quien no ha mencionado por su nombre, de encarnar a la burguesía, el imperialismo y el capitalismo, y de buscar imitarle sin éxito con un discurso de inclusión social que tacha de "hipócrita".

En un encendido discurso en cadena de radio y televisión, el presidente venezolano llamó además el jueves "majunche (poca cosa) y "cochino" (cerdo) al candidato rival, que triunfó el domingo pasado en las primarias organizadas por la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática en las que participaron mas de tres millones de personas, superando todas las expectativas.

Acuñar calificativos a sus rivales es una costumbre para Chávez, de 57 años de edad, desde que ganó sus primeros comicios en 1998.

"Repite lo que en el pasado le dio resultados, llevar a la oposición a su terreno; quiere volver la campaña en un torneo entre dos machos criollos, no analizar su obra de gobierno", señaló el columnista Fausto Masó este sábado en el diario El Nacional, crítico con el gobierno.

Según este analista, "el gobierno ha orquestado una campaña para desestabilizar a Capriles", quien hasta el momento no ha respondido a los señalamientos y mantiene que él fue electo por los opositores "para resolver los problemas de Venezuela" y no para "pelear".

El candidato opositor "no ha eludido la confrontación, pero no la ha dado en los términos en los que desearía el encuadre chavista: lugares comunes, clichés ideológicos, irrespeto, vulgaridad, insulto y violencia", señaló el experto en comunicación política, Pablo Antillano.

Capriles, de 39 años y gobernador del segundo Estado más rico y poblado, Miranda (norte), obtuvo 1,9 millones de votos en las primarias para designar al candidato opositor que se enfrentará a Chavez en las elecciones del 7 de octubre.

Para el analista Luis Vicente León, director de la encuestadora Datanálisis, el uso de sobrenombres le permite a Chávez, "atacar al adversario sin posicionar su nombre, calificarlo despectivamente y aprovechar el humor".

Los especialistas coinciden en que el tono encendido responde a una táctica política para desmeritar el triunfo de Capriles y romper el mensaje del candidato, que promueve la "unidad" de todos los venezolanos para superar la elevada pugnacidad política en el país.

"Acá hay dos opciones: Allá ellos, la burguesía y su proyecto contrarevolucionario y apátrida, (...) y acá estamos nosotros, nuestro proyecto es la patria", dijo Chávez, quien asegura que si la oposición llega al poder sería una "garantía de guerra y de violencia".

A juicio de León, Chávez explota el miedo y el caos y le envía a los electores el mensaje de que votar en su contra equivaldría a perder dos cosas: los programas sociales gubernamentales y la paz del país.

"La parte más peligrosa para Chávez del discurso Capriles es la de unidad nacional, integración y respeto", así que el mandatario "va a disparar todo lo que pueda para provocar" la confrontación, afirmó este experto.

Tras su triunfo en las primarias, los disparos contra el gobernador tampoco han cesado desde los medios estatales.

Un programa de la televisora estatal VTV se hizo eco de una acusación -extraida de una presunta acta policial- contra el candidato por practicar "sexo oral" en un auto con un hombre.

Además, un artículo en el sitio web de la Radio Nacional de Venezuela calificó a Capriles Radonski, un descendiente de judíos polacos que escaparon de los nazis, de estar vinculado a la "burguesía sionista y pertenecer a una "secta paramilitar y fascista".

En respuesta, el centro judio Simon Wiesenthal, pidió a Chávez "intervenir personalmente contra esos ataques antisemitas", y aseguró que no hacerlo "representaría un estímulo al racismo", según un comunicado.

Para el sociólogo Ignacio Ávalos, Chávez, que se denomina "radicalmente de izquierda", busca también evitar perder su liderazgo en la lucha social que permitió su ascenso al poder hace 13 años, ante la crisis de los viejos partidos.

Chávez "no ha cesado en recordarle a Capriles que el discuro social es chavista", dijo Ávalos a la AFP.

Según la encuestadora Consultores 21, el apoyo a Chávez se incrementa en la clase de mayor pobreza, pero pierde terreno en todos los demás sectores, mientras que Capriles crece en todas las categorías.

Correa contra El Universo: Todo el poder de un autócrata al servicio de una venganza personal

Tomado de El Universo

Informe especial: Caso EL UNIVERSO

Poder Judicial ecuatoriano se somete ante el Ejecutivo

Al igual que en las audiencias de primera y segunda instancia, en la de casación –celebrada el miércoles pasado hasta la madrugada del jueves– se evidenció el poder del Ejecutivo en el manejo de la logística de la Corte Nacional de Justicia.

La del 15 de febrero fue, sobre todo, una jornada de contrastes. El uso dispar del espacio fue la táctica recurrente en las audiencias de este juicio: marcar territorio a favor del demandante.
Quiénes podían entrar a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y quiénes no, quiénes podían usar el ascensor para llegar hasta el octavo piso, el de la sala de audiencias, y quiénes debían subir por las escaleras, quiénes podían usar las sillas destinadas para el público y quiénes no, qué periodistas podían acceder a ese espacio y quiénes debían esperar en un salón contiguo, qué barras podían mantenerse en la puerta principal del edificio y cuáles ¬cordón policial de por medio¬ debían protestar a una cuadra de allí.

En ese poder hacer o no se reflejó la supremacía de la Función Ejecutiva sobre la Judicial, el miércoles pasado, durante la audiencia de casación del juicio por injurias que Rafael Correa planteó contra EL UNIVERSO. Tal como ya ocurrió en las de primera y segunda instancia.

Los uniformados y la escolta presidencial ejecutaban las disposiciones del Ejecutivo en la Corte de Justicia. Estaban para abrirles la puerta a los funcionarios del régimen y para cerrarlas a quienes no eran parte del círculo oficialista; especialmente si eran periodistas, con excepción de los de medios gubernamentales, que hasta oficina habían montado. Ser de PAIS o del Gobierno abría las puertas.

Dos asesores del presidente fueron clave en la logística y en la toma de decisiones: los hermanos Francisco y Mario Latorre. El primero desde la sala de audiencias y el segundo, desde la calle, frente al ingreso.

Durante las más de quince horas que duró la audiencia, desde las 09:00 hasta pasada la medianoche, las 80 butacas instaladas en el auditorio estuvieron copadas por funcionarios públicos y allegados del demandante.

Del lado de los acusados ¬los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez, directivos de este Diario¬ apenas estuvieron once personas: los integrantes del equipo de abogados, que se ubicaron en el área destinada para la defensa.

Uno de ellos, Mauricio Guim, cuenta que había pedido con antelación que se les permita usar el 50% del auditorio para que no ocurra lo mismo que en las audiencias anteriores, cuando partidarios del Gobierno coparon la sala de audiencias porque se los dejó ingresar a las 06:00, pese a que las oficinas se abren al público a las 08:00.

El pedido fue negado por una de las funcionarias judiciales, que adujo dos cosas: que no podían hacerles “ese favor” y que eran “órdenes de arriba” dejar espacio para gente del régimen. Llegó el día de la audiencia. La defensa llegó a las 08:00 (cuando se abren las puertas de la Corte y una hora antes de la audiencia) y la Sala ya estaba llena de funcionarios públicos.

Guardaespaldas de altos funcionarios se habían convertido en “guardapuestos”. Por ahí desfilaron ministros como Doris Soliz (Desarrollo Social), María Fernanda Espinoza (Patrimonio), Érica Silva (Cultura), Patricio Rivera (Finanzas), Ximena Ponce (Inclusión), Betty Tola (Política), Esteban Albornoz (Electricidad), Richard Espinosa (Relaciones Laborales), José Serrano (Interior) y Ricardo Patiño (Cancillería), secretarios como Fernando Alvarado (Comunicación), Vinicio Alvarado (Administración) y Edwin Jarrín (Transparencia), funcionarios como Roberto Cuero (gobernador), Camilo Samán (CFN), Ramiro González (IESS)... También asambleístas: Pedro de la Cruz, María Augusta Calle, Virgilio Hernández, Rossana Alvarado y Paco Velasco.

En medio de la confraternidad de funcionarios públicos, también había subgerentes, directores de área, asesores, asistentes, guardaespaldas... Si solo se cuenta la veintena de personajes citados en este artículo, acompañados por dos o tres personas, se llenan las butacas.

Pero había más gente en la Sala. Unos simpatizantes del Gobierno, que pertenecían a compañías de transporte como Ecuataxi. También estaban otras figuras del deporte y de la llamada partidocracia, como Jacinto Espinosa, exjugador de fútbol, y Sandra Correa, exministra de Educación del gobierno de Abdalá Bucaram. A ellos se sumaron unos veinte agentes de seguridad, vestidos de civil.

Pocos periodistas lograron pasar a la sala, entre ellos, el director de la Asociación de Editores de Periódicos (Aedep), Diego Cornejo, dos periodistas de prensa escrita y el comunicador Carlos Andrés Vera, quien fue agredido en los bajos de la Corte, y luego ingresó cuando Francisco Latorre lo autorizó.

Los ascensores eran usados casi exclusivamente por funcionarios y allegados al régimen. El resto, en su mayoría periodistas, debía subir por las escaleras. Ya en el octavo piso, como escaleras y ascensores terminaban en el mismo sitio, la Policía se encargó de volver a partir las aguas.

Por las barras del Gobierno, que incluso golpearon a periodistas y amenazaron a quienes protestaban contra el juicio, los abogados de este Diario debieron ingresar a la Corte por una especie de sótano, por una calle transversal. A la salida los mismos policías les dijeron que no salgan por la puerta principal, como lo hicieron los del Gobierno. ¿La razón? Que no los linchen. Esperaron en el vestíbulo y salieron, con custodia, por una puerta lateral solo cuando llegó una van a recoger al grupo.

El demandante, en cambio, ingresó y salió por la puerta grande. La Policía había bloqueado desde temprano la calle Unión Nacional de Periodistas, por donde se entra a la Corte. A sus seguidores se les permitió ubicarse ¬con la venia y custodia de los uniformados¬ al pie del edificio, frente a ese ingreso.

A Correa también se le acondicionó ¬en el noveno piso¬ un salón para retirarse a descansar y comer (un encebollado, como él mismo dijo en Twitter) mientras se desarrollaba la audiencia. Cuando quería subir, la seguridad desalojaba el camino. Incluso se le armó un espacio para ofrecer ruedas de prensa.

Para la otra parte, la de los acusados, las condiciones fueron distintas. Los abogados no disponían de un espacio acondicionado para hablar con la prensa y menos para descansar o comer. En las calles, a quienes se manifestaban en contra de Correa y el juicio, no se les permitió ponerse frente a la Corte. Debieron protestar en otra calle, donde no se toparan con los funcionarios y allegados del régimen.

Cuando la defensa intervenía, los partidarios de Correa se “desinflaban”, en palabras de Joffre Campaña, uno de los abogados de este Diario. Cuando lo hacía la parte acusadora, sonaban los aplausos en el auditorio. Incluso uno de los abogados del Diario cuenta que, mientras exponía la defensa, el juez Paúl Íñiguez Ríos se dormía. Como prueba muestra una foto del magistrado con los ojos cerrados y con la cabeza hacia abajo. Un “falso estornudo” lo hizo reaccionar.

Como cierre de la maratónica jornada, cuando los jueces ya habían ratificado la sentencia contra EL UNIVERSO y sus directivos, los abogados de este Diario aguardaban el carro que los llevaría al hotel. En esa espera, relatan dos de ellos, Correa bajó y, al ver a Campaña, cuentan que ¬palabras más, palabras menos¬ le dijo a sus guardaespaldas que uno de ellos le pegara “un puñete a este majadero”. Ellos se miraron unos segundos, pero ninguno cumplió la orden y siguieron al presidente.


Textuales: Lo dijo Rafael Correa


14/ene/2012
“Consejo de la Judicatura, a sancionar a esos abogados... que con mañoserías dilatan los procesos”.

10/feb/2012
“Esa es la realidad (tribunal debe revisar 19 hojas). Así que realmente la audiencia puede ser mañana”.

15/feb/2012
“¡Todos a la Corte Nacional a hacer vigilia (a través de Twitter) para que el caso concluya hoy, como dice la ley!”.

26/ene/2012
“Inauguremos el estado de derecho, en lugar del estado de opinión que nos quieren imponer (los medios)”.

11/feb/2012
“Que allá (EE.UU.) los delitos de opinión no tienen cárcel a mí qué me importa. Aquí creo que es necesario”.

16/feb/2012
“Gracias a los señores jueces que han sabido administrar justicia en nombre de la República”.

sábado, 18 de febrero de 2012

Revelan espionaje político del gobierno argentino a opositores

Tomado de RFI

Proyecto X: ¿espionaje político en la Argentina?

Por Juan Buchet

Investigaciones presuntamente ilegales de la Gendarmería y la existencia de una base de datos con información sobre la afiliación partidaria y los hábitos de militantes gremiales desatan una polémica. Organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales y de izquierda, pero también gran parte del arco opositor acusan al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de querer ‘criminalizar la protesta social’.

Infiltración de movilizaciones, tareas de inteligencia y recopilación de información ilegales: éstas son las graves acusaciones que enfrenta el gobierno argentino con el escándalo hoy conocido como “Proyecto X”, en referencia a una base de datos constituida por la Gendarmería Nacional. La denuncia surgió de sospechas de líderes de organizaciones sociales que habían detectado la presencia en manifestaciones vinculadas a conflictos gremiales de civiles que se presentaban como periodistas pero eran desconocidos de los hombres de prensa y tenían contactos con los gendarmes enviados al lugar en cumplimiento de sus funciones. Fue presentada ante los tribunales por dirigentes sindicales y organismos de derechos humanos y motivó que el juez federal Norberto Oyarbide solicitara información a la Gendarmería.

En su respuesta, el jefe de la fuerza, comandante general Héctor Bernabé Schenone, afirmó que los gendarmes realizan de forma “habitual” investigaciones sobre “lugares, personas, vehículos, actividades y zonas”, a pedido de la Justicia o, sin orden judicial, “en conocimiento o presencia de la presunta comisión de un delito de acción pública”, en cuyo caso, según el código procesal, deben darle aviso de inmediato al juez o fiscal competente. Añade Schenone que dichas investigaciones alimentas tres bases de datos, entre ellas una llamada Proyecto X y hasta ahora desconocida.

Las protestas que habrían sido infiltradas por la gendarmería datan de 2009 y 2010, el informe de Schenone al juez, de fines de diciembre de 2011, pero la polémica surgió a mediados de febrero de este año, cuando dirigentes sociales revelaron que Proyecto X incluía informaciones relativas a la afiliación política y a los hábitos de manifestantes. Los medios de comunicación aportaron más datos sobre el tema, al tiempo que la oposición amplió las denuncias de los gremialistas y defensores de los derechos humanos.

Respecto del Proyecto X, se cuestiona la conformidad de esta base de datos con la ley 25.550, según la cual está prohibido que organismos públicos obtengan información de personas por su “adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales o sindicales”. Por otra parte, se sospecha que la gendarmería realiza investigaciones de inteligencia sin orden judicial que regulariza con posterioridad ante la Justicia.

El gobierno pareció sorprendido por estas acusaciones. En una primera y tardía reacción, vía la red social Twitter, la ministra de Seguridad Nilda Garré afirmó haber ordenado una auditoría del Proyecto X, calificado de simple “software”, no sin agregar que sería “inflexible” si se demostrara que hubo “espionaje político”. Por otra parte, reivindicó la acción llevada a cabo bajo las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner en materia de derechos humanos para barrer toda sospecha de persecución a militantes.

Cuando se habla de espionaje político y de persecución gremial en la Argentina, ello suscita gran emoción por el terrible antecedente de la dictadura militar. Obviamente, nadie piensa que el Proyecto X tenga algo que ver con el sistema de espionaje interno que existió en los años setenta. Puede que, como ocurre en muchos países cuando no se ejerce un suficiente control sobre las fuerzas de seguridad, se trate de una iniciativa autónoma de la Gendarmería. Pero la falta de control de la autoridad política sobre las instituciones policiales es, precisamente, un problema recurrente en la Argentina.

Por otra parte, lo que lleva hoy a algunos a acusar al gobierno de querer “criminalizar la protesta social” son hechos recientes que parecen traducir una inédita voluntad de controlar las manifestaciones en la vía pública después de años de pasividad ante los cortes de calles y carreteras. En los últimos tiempos hubo desalojos de ocupaciones en varias provincias, manifestantes ambientalistas fueron reprimidos en Catamarca y, hace unos días, en la capital, por orden de la ministra Garré, un “piquete” de exsoldados movilizados durante la guerra de las Malvinas pero que no participaron del conflicto, fue levantado mediante una enérgica intervención policial. Ello, a pocas semanas de que fuera votada la llamada “ley antiterrorista” (en realidad, una modificación de una ley anterior) que autorizaría, según las organizaciones sociales, de derechos humanos y parte de la oposición, por la vaguedad con que define el concepto de “terrorismo”, dicha “criminalización” de las protestas.

jueves, 16 de febrero de 2012

Prensa mundial y ecuatorianos reaccionan ante fallo en contra del Diario El Universo

Tomado de El Universo

Ecuatorianos se manifiestan en contra de la intolerancia de Rafael Correa a la libertad de prensa

Los principales medios del mundo han seguido el proceso judicial que instauró el presidente de la República, Rafael Correa, en calidad de ciudadano contra Diario EL UNIVERSO.

El País, BBC, El Mundo, El Nuevo Herald, y The Washington Post son algunos de los más influyentes medios escritos a nivel mundial, que siguen el ritmo del trámite judicial que entre ayer y esta madrugada tuvo una nueva jornada, con la ratificación por parte de la Corte Nacional de Justicial (CNJ) de la sentencia que dictó el juez Juan Paredes en 2011, contra los directivos de este rotativo, Carlos, César y Nicólas Pérez, así como a C.A. EL UNIVERSO.

The Washington Post anteriormente ya había mostrado su postura mediante un editorial referente a este juicio, que obliga al pago de 40 millones de dólares y a tres años de cárcel para los directivos, así como para el exdirector de Opinión, Emilio Palacio.


"Los jueces dan la razón a Correa en su batalla contra la prensa" titula El País de España; mientras que El Nuevo Herald de Estados Unidos indica "Ecuador: Corte confirma pena de cárcel y multa a directivos de diario El Universo".

Otros medios que también dan a conocer el caso en sus naciones son
The New York Times, El Universal, ABC entre otros.

Ecuatorianos se pronuncian en las redes sociales

Intenso movimiento se registra desde ayer en las redes sociales en Ecuador con el caso El Universo.

Después que la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ratificara la sentencia de $40 millones y tres años de cárcel contra los directivos de Diario El Universo, Carlos y César Pérez Barriga y Nicolás Pérez Lapentti a favor del presidente Rafael Correa, usuarios opinaron sobre la resolución.

La mayoría de los mensajes son muestras de apoyo y solidaridad para los directivos y empleados del rotativo; también hay comentarios a favor del mandatario Rafael Correa.

Por Twitter, @ShuberUrgiles escribió: No queda nada más que decir en el juicio contra @eluniversocom que repetir las palabras del Ab. Xavier Zavala 'esto es un hazmerreír internacional'.

@juanpablobecerr tuiteó que Guayaquil amaneció llorando por la injusticia contra El Universo, pero recuerda #Mashirafael (cuenta como se identifica al presidente ecuatoriano en Twitter) que el poder no es eterno.

#caosenlajusticia al haberse ratificado la sentencia del caso #ElUniverso. Empezamos el 2012 con golpes a la democracia y libertad, expuso @mariarosatejada

Eso es metida de mano a la justicia ! opinó en Twiter @ferrivper al referirse a la noticia de las declaraciones de Correa que ha brillado la verdad, en referencia a lo resuelto por la CNJ.

Después de tanto tiempo viviendo fuera de mi país no puedo creer lo que está pasando con #ElUniverso. #injusticia, escribió @ritaMpitaR

"Solo en este país se le pone mordaza a la prensa y se le pretende cobrar 40 millones, por una tal dignidad que no existe", puso @juanfranshark

Las menciones de apoyo también llegaron desde el exterior. Para la periodista colombiana Estefanía Colmenares es "increíble y doloroso lo que está pasando con El Universo en Ecuador", según tuiteó en su cuenta @estcol.

Pero hubo comentarios favorables a Correa. En el muro de Facebook de este diario, Raúl Chauca indicó que "creo que se hizo justicia, ahora a respetar,,una buena leccion para la prensa, y a ser más profesionales".

Carlos Romero escribió: Aunque en desacuerdo a la desproporcionada cantidad de dinero que se demandó, simplemente se ha ratificado la VERDAD, y esto está por encima de cualquier "PODER"... En todo caso, ya no existe tal poder de desinformar a la gente...

El tema de la sentencia también originó etiquetas como #con40millones, #ElUniverso y #mashi, que hacían referencia a críticas y apoyo a lo dictaminado por la Corte.

viernes, 22 de julio de 2011

Se acabó la libertad de expresión en Ecuador, afirman periodistas

Agencias Noticiosas

Foto de archivo de Rafael Correa. presidente de Ecuador cuestionado internacionalmente por su intolerancia a la crítica de los medios informativos de su país.

Un fallo impone al diario ecuatoriano 'El Universo' el pago de 40 millones de dólares y la cárcel a cuatro directivos

POR MAITE RICO

Tres años de cárcel y una indemnización de 40 millones de dólares (28 millones de euros). Con esta sentencia, un juez de Ecuadorha zanjado la demanda interpuesta por el presidente del país, Rafael Correa, contra los dueños y el exjefe de Opinión del diario El Universo, por una columna que consideró ofensiva. De confirmarse en instancias posteriores, el fallo supondría la quiebra del periódico, el de mayor tirada del país. Las organizaciones internacionales de prensa, que llevan denunciando desde hace tiempo el acoso gubernamental contra los medios independientes, han expresado su estupor por la sentencia. Correa, que reclamaba 80 millones de dólares, se ha ufanado de haber "marcado un hito histórico".

"La libertad de expresión se acabó en Ecuador", afirma vía telefónica Emilio Palacio, antiguo responsable de Opinión del rotativo y autor de la columna que desencadenó la crisis, titulada No a las mentiras. En ella aseguraba que durante el levantamiento policial de septiembre de 2010, en el que Correa tuvo que ser rescatado por fuerzas leales, el mandatario ordenó disparar "a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente". Tanto él como los dueños del diario, los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez, solicitarán la nulidad de una sentencia que consideran "un atropello".

El problema, señala Palacio, no es que el presidente se querelle por una información que se considera falsa, sino un "proceso judicial irregular" y un fallo que no se ajusta a los tratados internacionales suscritos por Ecuador, como la Convención Americana, ni a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha despenalizado los delitos de prensa y "ha abolido la prisión por el delito de injurias a la autoridad". Según El Universo, el juez Juan Paredes, de Guayaquil, "tomó posesión temporal del cargo, llevó a cabo la audiencia, estudió el expediente de 5.000 hojas, redactó una sentencia de 156 folios y la notificó a las partes en solo 33 horas". Después, se retiró del cargo, que fue ocupado por el juez titular. "Paredes dictó la sentencia rodeado de soldados armados con fusiles. Eso lo dice todo", explica Palacio, que ha dejado su cargo recientemente en un último intento por salvar al diario.

Varias voces han señalado lo que consideran inconsistencias de la sentencia. "Confunde acciones civiles y penales, asigna responsabilidades a un medio por las opiniones firmadas por un articulista y fija montos desproporcionados respecto a la honra de una autoridad pública", destacaba ayer la ONG Fundamedios. En el mismo sentido se ha pronunciado la organización Reporteros Sin Fronteras (RFS), para quien la condena forma parte "de un acoso judicial que pone en evidencia una estrategia de las autoridades ecuatorianas para acallar a los medios de comunicación en el país, actualmente muy criticados por el presidente Correa". RSF destaca además que el fallo se produce "en pleno debate sobre la futura ley de comunicación".

De "zarpazo a la libertad de información"ha calificado Gonzalo Marroquín, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la condena a El Universo. "El Gobierno ecuatoriano continúa con su sistemática campaña para acabar con la prensa independiente", ha añadido. La guerra de Correa con los medios críticos viene de lejos. "Apaguemos el televisor y tengamos la mente limpia. No es necesario leer periódicos", ha llegado a declarar. De hecho, fue él quien rescató una vieja ley de 1975, de la época de la dictadura, que ha servido para procesar a varios medios "por atentado contra la seguridad nacional".

El presidente, que ha viajado a Cuba para visitar a su homólogo venezolano, Hugo Chávez, en tratamiento por cáncer, se ha felicitado por una sentencia que "derrumbó el mito de la prensa omnipotente con patente de corso". El Universo había ofrecido a Correa publicar una rectificación para poner fin al contencioso, algo que rechazó el presidente.

martes, 11 de enero de 2011

Arizona: “La meca del racismo y prejuicio”

Por Luis E. Montes
Para Grupo Editorial
Impre.com


Alguacil del Condado de Pima, Arizona, Clarence Dupnik al momento de hacer las declaraciones que han obligado a muchos a reflexionar la retórica incendiaria usada en sus mensajes.

Las reacciones a la masacre ocurrida el pasado sábado 8 de enero en Tucson, Arizona, en la que la congresista demócrata Gabrielle Giffords y 6 víctimas fatales fueron atacadas por un “radical”, no se han hecho esperar.

Una de las más comentadas a nivel nacional se produjo cuando el alguacil del condado de Pima, Arizona, dio las primeras declaraciones a la prensa nacional. Durante su intervención, Clarence Dupnik fue enfático al recalcar que las acciones del victimario, Jared Lee Loughner, son resultado de la irresponsabilidad de los políticos y otros generadores de opinión que basados en la primera enmienda de la Constitución han incitado al odio de razas.

“La intolerancia que se da en este país está alcanzando niveles indignantes y desafortunadamente Arizona, yo creo, se ha convertido en la capital. Nosotros nos hemos convertido en la meca del prejuicio y la intolerancia,” sentenció el alguacil Dupnik.

Lea el artículo completo dando click Aquí