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viernes, 31 de mayo de 2013

Gobernador el cargo más desprestigiado en el escenario político mexicano

Tomado de El País  
El gobernador Graco Ramírez, en su despacho en Cuernavaca.

“Los gobernadores mexicanos se han convertido en pequeños señores feudales”

Graco Ramírez, gobernador del Estado mexicano de Morelos, define su trabajo como un “deporte de alto riesgo” en la complicadísima cancha de la realidad mexicana

Por Luis Prados

Probablemente no haya cargo más desprestigiado en el escenario político mexicano en los últimos tiempos que el de gobernador. Los escándalos protagonizados por ex mandatarios de los 32 Estados de la República se suceden con rutina: corrupción, despilfarro y presuntos vínculos con el narcotráfico se repiten en una lista que parece interminable, ayer Tamaulipas o Coahuila, hoy Tabasco, mañana…

Graco Ramírez, de 63 años, veterano militante de izquierda y gobernador del Estado de Morelos desde el pasado octubre tras ganar las elecciones como candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), define su trabajo como un “deporte de alto riesgo” en la complicadísima cancha de la realidad mexicana. “Tras la desaparición del régimen presidencialista del PRI después de siete décadas”, explica, “se produjo una especie de feudalización del país. En los últimos 12 años los gobernadores se convirtieron en pequeños reyezuelos, señores feudales, que sin el control presidencial de antaño, sobre todo los priistas, hacían y deshacían a su antojo. Es una parte de la transición que hay que concluir ahora. Tenemos que plantearnos un nuevo arreglo con la federación y alcanzar un compromiso entre los gobernadores en el manejo financiero”.

La deuda los Estados asciende en el primer trimestre de este año a 436.242 millones de pesos (26.000 millones de euros), según la Secretaría de Hacienda. En el caso de Morelos, afirma el gobernador, la cantidad no es muy preocupante, unos 3.000 millones de pesos, el problema está en los municipios, donde llegó a dispararse. Graco Ramírez ha tomado medidas para acabar con la impunidad de los alcaldes y denunciado un desvío de recursos públicos por su antecesor de más de 900 millones. Considera que, más que al nuevo Gobierno, corresponde a la justicia dejar claro que “no hay intocables”. “El desprestigio de la clase política nos compete a todos, no es una cuestión de siglas, y tampoco es algo privativo de México”, afirma.

Morelos es un pequeño Estado del centro del país, sede del Ejército de Emiliano Zapata durante la Revolución Mexicana, y su capital, Cuernavaca, es por su cercanía al DF lugar habitual de vacaciones de miles de chilangos. También de los narcos. Hace años vivía allí Armando Carrillo, el Señor de los Cielos, muerto en 1997, y posteriormente se instaló el cartel de los Beltrán Leyva, hoy desmantelado. Allí fue asesinado en 2011 un hijo del poeta Javier Sicilia, que inició entonces una campaña nacional por la dignidad de las víctimas.

Si mala es la herencia económica, no mucho mejor fue la recibida en términos de seguridad. Graco Ramírez habla sin pelos en la lengua sobre sus antecesores del Partido Acción Nacional (PAN): “Al primero, su falta de experiencia política y proclividad a la frivolidad le llevó a vincularse con grupos delictivos; el segundo, hizo caso omiso a la seguridad”.

El gobernador asegura haber desmantelado dos carteles, los Rojos y los Guerreros Unidos, remanentes del de Beltrán Leyva, y detenido a ”cerca de 480 delincuentes responsables de 150 homicidios y de 60 secuestros”, pero, sobre todo, destaca su trabajo en prevención, recuperación del tejido social y coordinación de las fuerzas de seguridad bajo un mundo único. Morelos ha sido dividido en seis regiones, la policía depurada –el 60% no pasó la prueba de confianza- y subido el sueldo de los agentes hasta 15.000 pesos al mes (casi 900 euros).

¿No ha tenido que pactar con el narco? “Hubo ofertas de contactos, insinuaciones por diversos conductos como que acudiera a fiestas a las que asisten empresarios y artistas, pero mi trayectoria como ciudadano y como gobernador ha sido clara: jamás he transigido”.

El gobernador está empeñado en que sea un éxito el llamado Escudo Centro –un proyecto de coordinación entre las fuerzas de seguridad y judiciales de los Estados de México, Morelos, Guerrero, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y el DF-y en reformar las estructuras de su propia entidad. Sobre el primero, afirma que se está avanzando y ya piensa en ampliar su agenda a otros temas como el medioambiente. Sobre el segundo, acaba de estrenar una nueva fiscalía, despolitizada y con verdadera capacidad forense, que por primera vez contará con una unidad de investigación para los crímenes de género.

Pero Graco Ramírez, además de gobernador, es uno de los barones de la siempre dividida izquierda mexicana. Se considera de la “izquierda responsable”, en las antípodas de la de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). “Me distancié cuando tras perder las elecciones de 2006 se declaró presidente legítimo. Su negativa a participar en el sistema hizo que el PRI se convirtiera entonces en el partido de la estabilidad. El tiempo me dio la razón y cuando vi los resultados de 2012 me di cuenta de que la izquierda no podía ser su rehén. El problema era el candidato, no nuestro programa”.

La diferente interpretación de los resultados en las presidenciales de 2012 motivó en otoño la ruptura entre el PRD y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de López Obrador, y un cabo suelto, Marcelo Ebrard, ex jefe del Gobierno del DF, quien mantiene una ambigüedad calculada hacia el Pacto por México, la agenda de reformas consensuada entre el PRI, el PAN y el PRD. “López Obrador está construyendo su iglesia política, lo que dice es palabra de Dios, y el que no está de acuerdo con él, está contra él. A Ebrard, le faltó coraje político para ser el candidato presidencial, pero no se le puede descartar para las elecciones de 2018”.

Defiende con firmeza el Pacto por México porque “su agenda no es la del PRI, sino la de la izquierda”, como demuestran, en su opinión, la reforma de las telecomunicaciones para introducir competencia en el sector, la educativa -“los cómplices de Elba Esther Gordillo [la poderosa líder del sindicato de maestros encarcelada por corrupción] eran el PRI y el PAN, no nosotros”- o las que están llegar, la energética y la fiscal. “Pemex tiene que dejar de ser una agencia de recaudación y la reforma fiscal no es solo el IVA, hay que gravar a los grandes capitales y acabar con los privilegios”. Y añade: “El Pacto no lo está capitalizando el presidente Peña Nieto. La mayoría progresista de este país, y así lo atestiguan las encuestas, está de acuerdo con que estemos en él. La izquierda tiene muchos tabúes. Debe abrir el debate de su modernización. Las próximas elecciones se decidirán entre el PRI y el PRD” 

viernes, 22 de febrero de 2013

Siempre no! Ministro guatemalteco se retracta de anuncio de muerte de “El chapo Guzman”

Agencias Noticiosas
Guatemala se retracta sobre anuncio de posible muerte de 'El Chapo Guzmán'

Mauricio López había declarado que durante un enfrentamiento entre narcotraficantes se registró la muerte de uno muy parecido al capo del narcotráfico

El ministro guatemalteco del Interior, Mauricio López, se retractó este viernes de su versión sobre la muerte en un enfrentamiento con la Policía de dos narcotraficantes, de los cuales uno, según dijo, se parecía al cabecilla del cartel mexicano de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán.

En una entrevista con la radio Emisoras Unidas, López aclaró que hasta las 2:00 pm de este viernes, hora local, ni siquiera se ha podido confirmar si hubo o no enfrentamiento armado y dijo que las fuerzas de seguridad realizan un patrullaje vía aérea para dilucidar esa información.

"Hubo un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad de Guatemala con narcotraficantes en San Francisco (Petén). Dos murieron. Uno de ellos es muy parecido físicamente a 'El Chapo'", había declarado el ministro el jueves por la noche.

Sin embargo, López aclaró que hubo una confusión por el cruce de informaciones que les llegaron de pobladores de la comunidad de San Valentín en San Francisco, en el departamento norteño de Petén, que alertaron sobre el paso de una caravana de vehículos, de un enfrentamiento armado y de posibles muertes.

"No tenemos reporte de un enfrentamiento entre la policía y el Ejército (con narcotraficantes)", pero una avioneta y helicópteros sobrevuelan la región para verificar ese hecho, dijo.

"Yo pido disculpas si hubo malentendido en ese sentido", anotó.

El ministro informó de que el rumor sobre la posible muerte de Joaquín "El Chapo" Guzmán en ese supuesto enfrentamiento llegó a oídos hasta del presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Pero, enfatizó que el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, él y el ministro de Defensa, Ulises Anzueto, estuvieron hasta las dos de la mañana de este viernes esperando resultados de las primeras investigaciones militares y policiales sobre el supuesto enfrentamiento y no se pudo verificar nada.

López anunció que a eso esta tarde esperan tener los resultados del patrullaje aéreo.

Joaquín Guzmán Loera, más conocido como "El Chapo", es el máximo jefe del cártel de Sinaloa, considerado la principal banda criminal de México y el mayor distribuidor de drogas en Estados Unidos.

"El Chapo" fue detenido en Guatemala en 1993 y entregado a México, pero tras varias condenas por narcotráfico, el 19 de enero de 2001 se fugó de la prisión de alta seguridad de Puente Grande, en el estado occidental de Jalisco, y desde entonces está prófugo.

sábado, 24 de noviembre de 2012

Violencia y Seguridad pública. Brasil y México dos casos a estudiar


Tomado de Foreign Policy

Lecciones de Río a México
En medio de una brutal e impopular campaña militar contra organizaciones criminales, México podría aprender del programa de policía pacificadora de la ciudad carioca.
Por Jorge Kawas
El país se encuentra en medio de una brutal e impopular campaña militar contra organizaciones criminales que ha costado más de 60 mil muertos, otros muchos desaparecidos y una creciente sensación de inseguridad en los ciudadanos mexicanos. Sin embargo, dos de las grandes consecuencias son la pérdida de control territorial por parte del Estado y el creciente número de abusos de las fuerzas de seguridad. La actual Administración mexicana, ante estos problemas, ha mostrado escasos resultados.
Mientras tanto en Brasil, el Gobierno de Río de Janeiro ha implementado un innovador modelo de seguridad pública denominado Unidad de Policía de Pacificación (UPP), que busca promover vínculos más estrechos entre la población y la policía. El programa pacificador tiene el objetivo de recuperar el control de las favelas, al igual que la confianza de los residentes después de años de negligencia estatales y abusos de la policía. En esencia es un intento de traer de vuelta a estas barriadas el Estado de Derecho.
En general el UPP ha tenido un alto nivel de aprobación de la población carioca. Un sondeo de la encuestadora brasileña IBPS revela la extensión del apoyo ciudadano a estas Unidades. En comunidades donde éstas fueron desplegadas, su sostén alcanza el 92%, mientras que en aquellas favelas sin UPP el apoyo es del 77%. Algunos proyectos en curso incluyen la construcción de infraestructura para alojar a las UPP, especialmente para convencer a los residentes que han llegado para quedarse.
Las UPP no están libres de problemas. Ignacio Cano, un especialista en seguridad pública y derechos humanos en Brasil, menciona que les ha faltado atender las inquietudes específicas de las favelas. Asevera que fueron traídas desde fuera para tratar la necesidad general de pacificación, pero no ha habido un intento sistemático para incorporar las demandas de la comunidad. Según Rodrigo Pimentel, asesor en seguridad y ex miembro de la policía militar BOPE (Batallón de Operaciones Policiales Especiales), el programa pacificador también carece de un marco legal que comprometa a los próximos gobiernos a mantener las UPP.
Ante la presencia de un poder criminal, el Estado busca intervenir para reemplazar a esta autoridad ilegítima. En el caso de Río, se desplegaron unidades del BOPE para despejar las favelas de delincuentes. En comparación con otras ciudades con mayores tasas de homicidio, la tasa de mortalidad por acción policial es desproporcionada. Aunque controvertidas debido a su brutal reputación, la popularidad del BOPE se ha elevado después de su despliegue junto a las UPP. Según el informe de IBPS, el apoyo al BOPE es el doble en comunidades con UPP (60% contra 28%). Además, ofrecen mayor confianza y seguridad a los residentes de las favelas que han sufrido directamente la violencia tanto de los criminales como de la policía.
De forma similar, México ha sido testigo de un desvanecimiento del poder del Estado en partes del país. Un cable diplomático de Wikileaks de diciembre 2010 expresa preocupación sobre este asunto, alegando que la Administración mexicana admitió haber sido rebasado por el poderío de las organizaciones criminales en varias zonas del país. El ex portavoz en materia de seguridad del Gobierno federal, Alejandro Poiré, rechazó de forma tajante este dato en su momento, aunque luego la Secretaría de Gobernación admitió que el crimen organizado ejercía un control de facto sobre muchas zonas.
Como en las barriadas de Río, la ausencia del Estado dejó un vacío de poder que llegaría a ser ocupado por la ilegalidad. Joaquín Villalobos, un antiguo líder guerrillero de El Salvador convertido en consultor en seguridad, menciona la importancia de que el Estado recupere de forma permanente las zonas controladas por las bandas criminales en el contexto de seguridad mexicana. Subraya el caso de las UPP en la ciudad carioca como ejemplo de una creciente presencia estatal en un territorio perdido con el propósito de reducir la criminalidad. Asimismo señala la experiencia de Colombia, donde las autoridades comprendieron que "a menos que el Estado ocupara el territorio permanentemente, el problema de los grupos armados y la ilegalidad no se resolvería".
La experiencia de Río también ilustra las virtudes de una estrategia que no justifica los abusos. Como explica Villalobos, "los derechos humanos en la actualidad, por encima de requerimientos éticos, se han vuelto parte fundamental de la eficacia operacional tanto para policías como para militares". Hace referencia a Colombia al decir que los abusos disminuyeron después de convencer a los mandos militares de que se obtienen mejores resultados si no convierten a los civiles en sus enemigos. Las UPP de Río han producido un efecto semejante, en comparación con la época en que el BOPE actuaba solo y con fuerza excesiva.
Como en Río, México ha experimentado un ascendente registro de abusos por parte de las fuerzas del Estado. Un informe reciente de Human Rights Watch documenta como las fuerzas castrenses mexicanas han cometido de manera creciente abusos a derechos humanos durante la actual Administración. Aunque el presidente mexicano, Felipe Calderón, ha admitido recientemente los abusos militares, insiste en que éstos son la excepción. Aún así, la mayoría de los ciudadanos todavía apoyan el uso militar para combatir la delincuencia. Esto, sin embargo, puede cambiar si los abusos continúan.
Está el caso de Cherán, un pueblo en el estado de Michoacán donde los habitantes se mostraron reacios a ser extorsionados por grupos criminales. Aunque, México no ha visto un auge significativo en paramilitarismo y otras actividades de vigilantismo en reacción a la mayor inseguridad, un deterioro en el contexto de seguridad a la par de un Estado débil podría dejar a los ciudadanos vulnerables sin otra opción.

jueves, 15 de noviembre de 2012

El fin de la prohibición de la marihuana está a la vista

Tomado de Infolatam
Marihuana: el principio del fin de la prohibición

Por LUIS ESTEBAN G. MANRIQUE


El Instituto Mexicano para la Competitividad estima que debido a los referendos de Colorado y Washington, los carteles mexicanos perderán casi 3.000 millones de dólares al año, un golpe mucho más duro para sus finanzas que todos los que han recibido del ejército y la policía mexicanos hasta ahora.

El principio del fin del régimen prohibicionista de la marihuana –y con él probablemente también la larga e infructuosa “guerra contra las drogas”- podría haber ocurrido en dos de los Estados menos poblados de EEUU: Colorado y Washington.


(Especial para Infolatam).- El fin de la llamada “ley seca”, que prohibió vender bebidas alcohólicas en EEUU entre 1920 y 1933, fue un proceso gradual y acumulativo. Mientras que el crack de 1929 movió al gobierno federal a buscar nuevas fuentes de ingresos vía impuestos, diversos gobiernos estatales comenzaron a derogar la ley Volstead, su nombre oficial, para reactivar la industria del alcohol, que hasta 1919 había sido la quinta más importante del país.

Al final, la enmienda 21 a la Constitución -que derogó la enmienda 18, que había instaurado la ley seca-, fue ratificada por el Senado el 5 de diciembre de 1933. Durante los años veinte, los norteamericanos se dieron cuenta poco a poco el remedio había sido peor que la enfermedad. El consumo de alcohol subsistió de forma clandestina y bajo el control de mafias violentas que corrompieron a la policía y a las autoridades judiciales. En 1932, tres cuartos de la población quería el fin de la veda.

El principio del fin del régimen prohibicionista de la marihuana –y con él probablemente también la larga e infructuosa “guerra contra las drogas”- podría haber ocurrido en dos de los Estados menos poblados de EEUU: Colorado y Washington.

Debido a una inédita alianza de sectores libertarios de derechas e izquierdas, el pasado 6 de noviembre sus votantes aprobaron –por el 55 y 45%, respectivamente- legalizar el consumo “recreativo”, la posesión y comercialización del cannabis, la primera vez que ello sucede en cualquier lugar del mundo. Las propuestas aprobadas van mucho más allá del uso “medicinal” de la hierba o incluso de la tolerancia a la holandesa, que es solo una forma de despenalización.

Nadie sabe a ciencia cierta qué va a pasar ahora, dado que el gobierno federal sigue considerando la marihuana como una droga tan peligrosa o adictiva como la heroína. Pero el hecho de que el fiscal general, Eric Holder, no se pronunciara en contra de los referendos, como hizo en 2010 contra la llamada proposición 19 votada en California con objetivos similares, muestra el desconcierto reinante en Washington.

Holder tampoco respondió a la demanda de nueve ex directores de la DEA, la agencia federal antidrogas, para que se opusiera a los proyectos de legalización. Dado que Barack Obama ha reconocido que durante su adolescencia en Hawai fumaba marihuana, no es descartable que su posición personal al respecto esté “evolucionando”, como lo hizo en relación al matrimonio homosexual, que terminó apoyando después de años de dudas.

¿Interpondrá ahora una demanda el departamento de Justicia para hacer prevalecer la ley federal declarando inválidos los resultados de la votación? Si se plantea un conflicto entre Washington y los gobiernos de Colorado y Washington, es posible que el caso llegue al Tribunal Supremo.

La primera ficha en caer

Pero una vez que cae la primera ficha del dominó, la reacción en cadena es imparable. Mientras que nueve Estados y la capital federal han legalizado ya el matrimonio gay, 26 o bien han autorizado el cannabis para usos medicinales o aprobado leyes para reducir o eliminar las penas de presión por posesión de pequeñas cantidades. En Alaska, por ejemplo, es legal tener hasta cuatro onzas (113 gramos) de cannabis y cultivar 24 plantas en domicilios particulares. Según una encuesta de Gallup del año pasado, el 50% de los norteamericanos favorece la legalización, un 4% más que en 2010.

No es extraño. En los últimos 40 años, EEUU ha gastado casi un billón de dólares en la “guerra contra las drogas” sin que haya podido reducir la oferta ni los precios de las sustancias ilegales. Hoy el país tiene tres veces más reclusos per capita que en 1980 y casi 10 veces más en proporción a otros países desarrollados. En 2010 fueron detenidas 1,6 millones de personas por posesión de drogas, en la mayoría de los casos marihuana.

Las reverberaciones sísmicas de las consultas ya se han hecho sentir al sur del río Grande. En la capital mexicana, los gobiernos de México, Costa Rica, Honduras y Belice firmaron el 12 de noviembre una declaración que calificaba de “cambio paradigmático” la legalización de la producción, venta y consumo de marihuana en “algunas regiones de nuestro continente”.

En los próximos meses, el gobierno uruguayo pondrá en manos del Estado la producción y distribución de cannabis. En Argentina y Brasil ya han comenzado a surgir demandas populares parecidas. A partir de ahora, para Washington será más difícil presionar a Enrique Peña Nieto para que continúe las políticas de mano dura de Felipe Calderón o criticar a otros gobiernos latinoamericanos que se muevan en esa misma dirección.

En materia de seguridad, la situación ha llegado a un límite en América Latina. México ha perdido 55.000 vidas desde 2006 por la guerra contra el narcotráfico, además de incidentes de tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y la degradación de su imagen internacional por la profusa difusión de imágenes de gente siendo decapitada, colgando de puentes o ejecutada en las calles.

En abril de 2011, el ex presidente Vicente Fox dio una conferencia en la Universidad de Boulder (Colorado), en la que dijo que los consumidores de drogas en EEUU gastan todos los años miles de millones de dólares que cuando llegan a México se emplean para comprar armas y corromper policías: “Así cuando ustedes se pregunten sobre lo que está pasando en México, tengan en cuenta que eso depende de lo que ocurre en este país”.

El gobierno mexicano suele quitar hierro al asunto insistiendo que la inmensa mayoría de los víctimas son criminales asesinados por otros criminales. ¿Pero cómo lo puede saber? Solo el 5% de los asesinatos en México llega a resolverse. Peña Nieto ha prometido que reducirá la tasa de homicidios anuales, actualmente de 22 por 100.000 habitantes, tres veces más que en 2006, a la mitad cuando termine su mandato en 2018.

Guatemala es otro de los frentes más convulsos de la guerra. El presidente Otto Pérez Molina aumentará el gasto en defensa en un 25% para abrir nuevas bases militares a lo largo de la fronteras con México, donde bandas como las de Los Zetas han logrado consolidar un cierto dominio territorial, y sustituir a la policía por las fuerzas especiales de los Kaibiles. El año pasado, la matanza de 27 campesinos fue atribuida a un grupo de Los Zetas comandado por un ex miembro de los Kaibiles.

Según Marvin Ponce, vicepresidente del Congreso hondureño, el 40% de las fuerzas policiales de ese país está implicada en el narcotráfico. Desde 2010 se han registrado en Honduras 10.000 denuncias contra las fuerzas de seguridad por violaciones de los derechos humanos.

Luis Videgaray, jefe del gabinete de transición de Peña Nieto, ha advertido que México ya no podrá contener un tráfico ilegal cuando el propio EEUU ha liberalizado sus leyes. “¿Para que enviamos a nuestra policía a quemar plantaciones en las montañas de Guerrero, Sinaloa y Durango si cuando ese producto llega a Colorado se convierte en legal”, se pregunta el ex canciller mexicano Jorge Castañeda.

El año pasado la policía descubrió en Baja California una plantación de 120 hectáreas capaz de producir 120 toneladas de cannabis por cosecha. El Instituto Mexicano para la Competitividad estima que debido a los referendos de Colorado y Washington, los carteles mexicanos perderán casi 3.000 millones de dólares al año, un golpe mucho más duro para sus finanzas que todos los que han recibido del ejército y la policía mexicanos hasta ahora.

Según la DEA, la marihuana es la droga más incautada en los Estados del suroeste. El año pasado se capturaron 1.962.285 kilos, frente a 23.797 de cocaína y 1.308 kilos de heroína. Una cantidad similar fue capturada por la policía mexicana al otro lado del frontera. Entre el 40-70% de la marihuana que fuman los estadounidenses proviene de México.

Un movimiento de raíces populares


En la capital mexicana, los gobiernos de México, Costa Rica, Honduras y Belice firmaron el 12 de noviembre una declaración que calificaba de “cambio paradigmático” la legalización de la producción, venta y consumo de marihuana
El movimiento contra la prohibición está surgiendo desde abajo. A pesar de la oposición del gobernador y el fiscal general de Colorado y el alcalde de Denver, 1,3 millones de personas votaron a favor de la enmienda 64, que al final recibió 50.000 votos más que el propio Obama, que ganó en el Estado por un margen del 5%. Los partidarios de la propuesta recaudaron ocho veces más fondos que sus oponentes. Su campaña recibió un espaldarazo decisivo cuando se sumó a ella Tom Tancredo, un ex congresista republicano y miembro del movimiento ‘tea party’.

En el Estado de Washington, los partidarios de la iniciativa 502 lograron el apoyo de prominentes políticos, fiscales y policías. Peter Holmes, el fiscal de Seattle, se sumó a la campaña de legalización cuando descubrió que el 59% de los detenidos por posesión de marihuana eran afroamericanos, que solo representan el 7% de la población. 

Después de que la Fiscalía dejó de perseguir esos delitos, la tasa de delincuencia cayó drásticamente. Al final, la legalización terminó siendo un asunto menos polarizante que el matrimonio gay.

El nuevo ordenamiento legal entrará en vigor en ambos Estados antes de fin de año, después de que sus gobernadores ratifiquen el mandato de las urnas. El próximo paso, mucho más difícil, será convertir el actual mercado clandestino en un mercado regulado. La DEA, sin embargo, podría intervenir para capturar alijos, cerrar negocios y detener a sus dueños.

“Pero no va a poder dar marcha atrás al reloj” editorializa el Seattle Times. Entre otras cosas, porque no puede hace cumplir la ley federal sin la cooperación de la policía local.

Lo cierto es que hasta que el cultivo del cannabis no se industrialice, algo que no sucederá mientras en el resto del país sea ilegal, su cultivo seguirá siendo artesanal y, por tanto, de escasa rentabilidad para los productores y las arcas públicas. Si se aplicaran métodos agroindustriales modernos al cultivo de cannabis, un onza (28 gramos) podría costar no más de tres dólares, frente a los 300 que se pagan hoy en cualquier ciudad de EEUU. Lo probable es que Washington –y el resto del país- esperen a ver cómo se desarrolla el experimento.

miércoles, 10 de octubre de 2012

Marina de Guerra Mexicana da de baja al líder fundador de los Zetas


Tomado de RT
Heriberto Lazcano Lazcano, 'El Lazca', líder fundador del cartel de Los Zetas, una de las organizaciones más violentas del país, dado de baja por la Marina de Guerra mexicana

México: Confirman la muerte del líder de Los Zetas y el robo de su cadáver La operación en la que murió ‘El Lazca’ es considerada por el Gobierno como la más exitosa de los últimos seis años.

Autoridades de México confirmaron la muerte de Heriberto Lazcano Lazcano, 'El Lazca', líder del cartel de Los Zetas, una de las organizaciones más violentas del país, y dijeron que un comando armado robó su cadáver de la funeraria donde se encontraba. La Secretaría de Marina de México (Semar) divulgó fotos que dice corresponden a Lazcano y señaló que la identificación se logró por huellas digitales de la mano derecha, que fueron cotejadas con los archivos.

La Semar corroboró que entregó el cuerpo a las autoridades regionales de Coahuila, donde Lazcano, un ex soldado de élite entrenado en cuerpos militares especiales de Estados Unidos, murió el domingo en la operación más exitosa contra el narcotráfico en los últimos seis años. El procurador de Coahuila, Homero Ramos, confirmó la versión que circula desde temprano en algunos medios mexicanos sobre la desaparición del cuerpo de ‘El Lazca’.

"Se corroboró que se trata de Lazcano Lazcano, quien nació en 1975 y medía 1,60 metros de altura", explicó la Secretaría de Marina. 'El Lazca' es uno de los fundadores y principal líder de Los Zetas, antiguo brazo armado del Cártel del Golfo, por el que la Procuraduría General de la República ofrecía una recompensa de 30 millones de pesos (2,3 millones de euros) por cualquier información que llevase a su captura. 

lunes, 10 de septiembre de 2012

Un poco más de la historia de la recién asesinada “Reina de la coca”

Tomado de El País

Griselda Blanco la "Madrina de la droga"

La madre de Michael Corleone

 Griselda Blanco era una leyenda del narcotráfico colombiano

Desapareció del mundo hace ocho años tras cumplir una pena de cárcel en EE UU

Uno de sus enemigos la mató esta semana en una carnicería de Medellín


Por José Guarnizo Alvarez

El 10 de febrero pasado, El Mono, un exsicario que hoy camina libre tras pagar una condena de 12 años en Nueva York, escuchó que desde el despacho de la Oficina de Instrumentos Públicos de Medellín (Registro de la Propiedad), una empleada pregonó a voz en cuello: “Griselda Blanco, pase a la ventanilla, por favor”.

De la silla se desencorvó una anciana tarda, bajita, de pantalón sastre, pelo clareado por las canas y unas gafas oscuras y redondas, detrás de las cuales se velaba una buena parte de las facciones macizas de la cara.

El Mono no podía creer lo que estaba viendo. “No pueden existir dos Griseldas Blanco. Griselda Blanco solo hay una y esa es La Reina de la Coca”, pensó, mientras decidía si saludaba o seguía de largo.

El Mono había conocido a Griselda en 1976, cuando él tenía 17 años. Tal vez la última vez que vio a La Tía o La Madrina, como le decían a esta mujer desde entonces, fue hace más de treinta años en una fiesta que ella misma ofreció con el propósito de asesinar a cuatro de los invitados especiales.

 “Subiendo por el corregimiento de San Cristóbal (a 11 kilómetros al norte de Medellín) ella tenía una casa finca hermosa. A veces dormía aquí, otras veces allá. La rumba ese día fue impresionante, con orquesta y todo”, recuerda El Mono. Hacia la mitad de la fiesta y en pleno salón principal, Griselda pidió que mataran a cuatro muchachos sospechosos de traición. “Les dispararon, recogieron los cuerpos, los montaron en una camioneta y se los llevaron para un botadero de basura”, prosigue. Lo que pareció extraído de una escena de El Padrino, fue lo que diría Griselda a continuación: “Aquí no ha pasado nada, ¡y que siga la fiesta!”. Fue así como los conserjes limpiaron la sangre, los músicos alistaron de nuevo los instrumentos, las copas se llenaron otra vez y los hombres volvieron a sacar a las damas a bailar. La rumba se prendió.
 
Es en este aparte de la historia que le pregunto a El Mono: “¿Quién tuvo más sangre fría? ¿Pablo Escobar o Griselda Blanco?”. Es de noche, estamos sentados en las bancas de un parque del barrio Laureles de Medellín y El Mono, quien en el pasado le hizo varios encargos a La Tía, piensa antes de contestar: “A la franca… ella. No sé si por ser mujer. El problema era este: Griselda primero mataba y luego investigaba”. Por orden suya iban y asesinaban. Y si la duda persistía, dejaba salir una frase y un resoplido: “Ah, bueno, ese ya se nos murió”.

Griselda Blanco nació el 15 de febrero de 1943, en Cartagena de Indias. Siendo adolescente llegó a Medellín, al barrio La Santísima Trinidad, hoy conocido como barrio Antioquia. Allá conoció a su primer marido, a quien apodaban Darío Pestañas. El periodista Alonso Salazar, en su libro La parábola de Pablo (Planeta), relata que “Pestañas llevó al altar a Griselda Blanco —caribeña, tronco de hembra, hija de prostituta—, que quedaría pronto viuda y se haría mítica en la guerra, porque en Trinidad, en el barrio de la Santísima Trinidad, la vendetta tuvo su primer escenario”.

“Aquí no ha pasado nada. ¡Que siga la fiesta!”, dijo La Reina de la Coca tras ordenar la muerte de cuatro traidores
 
Y lo tiene todavía. El barrio Antioquia, hoy por hoy, es uno de los mayores centros de microtráfico de estupefacientes de la ciudad. Su histórica cercanía con el aeropuerto Olaya Herrera no es gratuita.
Francisco Cifuentes Villa, uno de los primeros pilotos que tuvo a disposición Pablo Escobar, fue durante años dueño de los hangares 32, 77, 6 y 8C. La prueba de la relación de Cifuentes con la mafia solo se vino a confirmar el 2 de noviembre de 2010, cuando la Corte del Distrito Sur de la Florida de Estados Unidos le formuló a varios integrantes de la familia Cifuentes Villa cargos por narcotráfico.
 
Fue en ese suburbio que Griselda comenzó con el negocio de la coca, cuando Escobar era apenas un aprendiz de contrabandista. En el barrio Antioquia cuentan que había un zapatero muy famoso llamado Toño, al que La Madrina alguna vez le habría dicho: “Toño, necesito que cojás estos zapatos, me le coloqués estos tacones y me le metás este polvo. Y necesito que los zapatos del marido mío también me los llenés”.
 
Como fuere, en zapatos o no, Griselda comenzó a llevar cocaína a Miami hasta volverse rica de la noche a la mañana. Así, un puñado de pobres como ella se pasaron de barrio, compraron toyotas, BMW, y llevaron a sus hijos a compartir pupitres con la oligarquía, en un momento en el que el narcotráfico no tenía la condena social de hoy.
 
Las historias de las excentricidades de Griselda han florecido en libros y documentales. Ethan Brown asegura, en un perfil, que La Reina de la Coca llegó a comprar diamantes que alguna vez le pertenecieron a Eva Perón.
 
Carlos, un periodista veterano, que prefiere no ser citado, conoció en 1981, en los albores de primero de Bachillerato, la casa de Griselda en el barrio Laureles de Medellín. “Estudiaba con los sobrinos de ella: Mauricio y Edison Mahomed. Una vez nos llevaron a conocer la casa de su tía. Lo más impresionante fue ver cómo abrió la puerta principal con un control remoto. Eso, en aquel año, era una cosa de locos”.
 
Pero lo que llevó a Griselda a encarnar un mito horrendo, fue la relación con sus esposos. ¿Cuántos maridos mató? “Matado, matado… solo dos. Otro apareció muerto, pero nunca se lo lograron comprobar”, interviene El Mono.

El 3 de septiembre, sin quitarse el casco, un joven sacó un revólver y le metió dos tiros en la cabeza
 
Carlos Trujillo, falsificador de documentos y padre de tres hijos de Griselda, murió en 1970. Luego vendrá Alberto Bravo, muerto tras un enfrentamiento a disparos entre ambos. 

Por esos años La Reina de la Coca no paró de traficar. Su centro de operaciones ya no solo era Tallahassee, Kendall y Fortlauderdale, en Florida. También Nueva York. Su nombre, o más bien su rastro, ya era una obsesión para la DEA. Y es el 30 de abril de 1975 que por primera vez una corte de justicia le formula cargos a esta rareza de la historia del narcotráfico.

A partir de ese momento se conoce que La Tía llevaba consigo algo más que la esquizofrenia. También, que bautizó a su cuarto hijo Michael Corleone, en honor de El Padrino; que luego asesinó a Jesús Castro, su amante; que el 17 de febrero de 1985 el agente especial de la DEA, Robert Pombo, la captura por fin en Irving, California; que estando presa intentó mandar secuestrar a John F. Kennedy Jr.; que fue condenada a 15 años de prisión y a pagar una multa de 25.000 dólares; que en 2004 salió de la cárcel y la deportaron a Colombia; que no se volvió a saber de ella; que los periodistas la buscaron sin suerte; que aquel día que El Mono se la encontró en la Oficina de Instrumentos Públicos al fin se decidió a saludarla y que ella casi no lo reconoce; que le dio el teléfono, pero nunca la llamó porque no quería volver a saber nada de Griselda ni de estar de nuevo a su lado, porque después de tantas guerras sabía que tarde o temprano la iban a matar.

El fin de Griselda Blanco, de 69 años, llegó el pasado 3 de septiembre. Ella había ido al otro extremo de la ciudad a comprar carne. Nadie la conocía, nadie sabía que en aquella viejita desabrigada, de unos gestos amables que no le conocieron sus víctimas, estaba buena parte de la historia de terror que pervivió por casi dos décadas en Medellín, Miami y Nueva York.

Ahí estaba La Reina de la Coca, ensimismada, viviendo su otoño anónimo, sentada en una banqueta que los trabajadores de una carnicería del barrio Belén, al suroccidente de Medellín, le ponían a disposición cada vez que iba. Todavía se preguntan los investigadores de la Policía qué iría a hacer Griselda con los 300.000 pesos (unos 130 euros) de carne que pidió que le facturaran.
Eran las tres de la tarde cuando entró un joven que, sin quitarse el casco de motocicleta, comenzó a mirar para todos los lados buscando a Griselda con la mirada. Entonces se dio vuelta, la observó de arriba abajo, sacó un revólver y le descargó dos tiros en la cabeza.

Poco duraría Griselda viva. A la media tarde falleció en un hospital cercano, ni tan millonaria ni tan pobretona como en su juventud.

“¿Pobre? Oigan a este man, más pobre somos usted y yo. Ella andaba montada en su mazdita (un Mazda 6, negro) y cobrando la plata de los arriendos de las propiedades que todavía tenía. Estaba vendiendo un edificio de 1.500 millones de pesos”, dice un agente de la Policía, dejando salir toda su sorna concentrada.

Dos días después, su cuerpo, encriptado en un ataúd de arabescos dorados, entró al cementerio Jardines de Montesacro, la misma tierra en la que se hundieron los huesos de Pablo Escobar. Dos buses cargados de muchachos del barrio Antioquia, ese suburbio en el que Griselda se hizo puta, jíbara, traficante, asesina de maridos y de enemigos, pero también benefactora de niños en Navidad y hasta tía adoptiva, llegaron para despedirla.
 
Griselda encarnó una de esas fábulas vergonzosas que ennegrecen el pasado de Colombia. Basta ver a los deudos, pasándose de mano en mano una garrafa de aguardiente y lanzando gemidos de dolor: “Tía, no se vaya”, testificaron dos periodistas que asistieron al sepelio y a los que les prohibieron tomar foto alguna.
 
Los restos de Griselda quedaron a 120 pasos de la tumba de Pablo Escobar, ese que conoció de joven en una gallera de barrio Antioquia, ese al que le dio la clave perversa para hacerse rico.
 
José Guarnizo es periodista colombiano. Ha sido editor de Investigaciones en el diario El Colombiano y ganó el Premio de Periodismo Rey de España en 2011.