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sábado, 5 de julio de 2014

Superpoderes de Multinacionales y Mega-Corporaciones en la mira de la ONU

tomado de esglobal

Activistas protestan contra la compañía petrolera estadounidense Chevron en el centro de Quito, Ecuador, junio de 2014.

LA IMPUNIDAD DEL PODER CORPORATIVO, BAJO LA LUPA DE LA ONU

Por nazaret castro

¿Saldrá adelante un tratado auspiciado por Naciones Unidas que garantice el respeto a los derechos humanos por parte de las multinacionales?
Amenazas de muerte, persecución judicial de sindicalistas, vínculos con grupos paramilitares, implicación en el asesinato de 10 trabajadores, saqueo de recursos naturales y uso irracional del agua. Son las duras acusaciones que el sindicato Sinaltrainal, de la mano de Javier Correa, profirió en Ginebra contra la multinacional Coca-Cola. No era la primera vez: en 2008, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) ya dictaminó en contra del comportamiento de la transnacional estadounidense en Colombia. Seis años después, la firma líder en refrescos no asumió ningún tipo de responsabilidad. Tampoco lo hicieron otras corporaciones cuyos impactos fueron estudiados en el TPP celebrado el 23 de junio en Ginebra: Chevron, Shell, Glencore o la española Hidralia.
El juicio popular era una de las iniciativas preparadas por la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad (en inglés, Global Campaign to Dismantle Corporate Power & Stop Impunity), creada en junio de 2012 con el apoyo de más de 600 movimientos sociales y redes de 95 países. Los movimientos sociales habían preparado una semana de movilizaciones para acompañar la propuesta que llevaron Ecuador y Suráfrica ante el Consejo General de Naciones Unidas: estaba en juego la elaboración de un tratado internacional que supervise el respeto de los derechos humanos por parte de las compañías multinacionales. Con 20 votos a favor, 14 en contra y 13 abstenciones, la resolución salió adelante y los Estados se comprometieron a crear un grupo intergubernamental en lo que queda de año.
No será fácil: el tratado se encontrará con la presión de Estados Unidos y Europa, que rechazaron la iniciativa, y con la fuerza del lobby transnacional. Pero es “un primer paso para cambiar la distribución de fuerzas” entre las multinacionales y los pueblos afectados por sus inversiones, recuerda el Transnational Institute (TNI), y para “desmantelar la idea de que los gobiernos deben defender a las empresas”, subraya en el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL). Frente a estos argumentos, la representante de Reino Unido afirmó que semejante tratado podría “restar valor” a los inversionistas para ir a los países del Sur. El ministro de Exteriores español, José García-Margallo, resumió así su postura: “Las corporaciones tienen derecho a imponer determinadas condiciones para instalarse”. La pregunta es si éstas pueden vulnerar los derechos humanos de los pueblos donde operan.
La campaña Stop Impunity se articula sobre la idea de que las transnacionales disfrutan de una suerte de arquitectura legal de la impunidad: el caso de Texaco-Chevron ilustra esa realidad. En el TPP de Ginebra, el líder comunitario indígena Pablo Fajardo responsabilizó a la firma estadounidense de la “contaminación sistemática de la Amazonia ecuatoriana, que ha devastado el ecosistema, ha causado cientos de muertes por cáncer y ha afectado gravemente a muchos pueblos indígenas”. La justicia ecuatoriana encontró a la empresa culpable de haber arrojado, desde 1964, más de 60.000 millones de litros de residuos tóxicos y alrededor de 650.000 barriles de crudo en plena selva amazónica. Los pueblos indígenas Tetetes y Sansahuari se extinguieron, y otras comunidades corren el mismo peligro tras ser forzados a desplazarse. La contaminación acabó con las formas de vida tradicionales, basadas en la agricultura y la ganadería. Después de veinte años de contienda legal, la justicia ecuatoriana falló que la petrolera debía pagar 9.500 millones de dólares (unos 7.000 millones de euros); sin embargo, la multinacional petrolera se negó y el Estado no tuvo cómo expropiarle, pues la empresa ya se había marchado del país. Un juez argentino sentenció que el país austral debía expropiar a la petrolera para satisfacer la deuda con Ecuador, pero la Corte Suprema argentina falló en contra de esa decisión, en las mismas fechas en que Chevron llegaba a un acuerdo con YPF para la explotación de las mayores reservas de gas del país, las de Vaca Muerta.
La Lex Mercatoria
Como afirmó el jurado del TPP en Ginebra, esas prácticas “no son casos aislados, sino parte de un patrón sistemático global creado y facilitado por un régimen político, económico y jurídico que protege a las transnacionales”: es el llamado Derecho Comercial Global, que las voces más críticas han bautizado como Lex Mercatoria. La ley de la mercancía globalizada. El economista Jeffrey Sachs lo resumió así: “[Tenemos] una cultura de impunidad basada en la expectativa bien comprobada de que los crímenes corporativos son rentables”.
Esa “arquitectura legal” brinda protección a las inversiones de las multinacionales, tales como los tratados de libre comercio (TLC) y los tratados bilaterales de inversión (TBI). Éstos son vinculantes y las empresas los hacen valer a través de instancias que velan por su cumplimiento, como el Sistema de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en el que un gobierno puede procesar a otro por poner trabas al régimen de liberalización comercial, o el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, donde las empresas pueden demandar a los Estados por incumplimientos de contrato. Apenas un ejemplo: el CIADI se apoya para su arbitraje en los TBI y TLC, pero no en las legislaciones de los países ni mucho menos en el derecho internacional en materia de derechos humanos. Movimientos sociales de todo el globo denuncian que los pueblos no cuentan con instrumentos jurídicos para defender sus intereses, y cuando esas herramientas existen, son sistemáticamente ignoradas: es el caso del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que sobre el papel garantiza el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas sobre los proyectos que afectan directamente sus formas de vida.
Prácticas sistemáticas
Esa estructura de la impunidad ha posibilitado la generalización de violaciones de derechos humanos en ámbitos diversos: la persecución y represión de los disidentes con ayuda de grupos militares y paramilitares, el apoyo a regímenes dictatoriales afines, las dificultades del acceso popular a bienes básicos como el agua o la electricidad, los desplazamientos de comunidades rurales e indígenas y la destrucción de ecosistemas y formas de vida. Desde la creación del TPP en 1979, estos juicios populares han intentado visibilizar el comportamiento de las corporaciones transnacionales en los países del Sur. La convocatoria del TPP celebrada en Madrid en 2010 estudió casos como los de Telefónica en Chile y Perú, Pescanova en Nicaragua y Unión Fenosa en Colombia y Guatemala. Canal de Isabel II, Repsol, Endesa, Benetton, Santander y BBVA también estuvieron en el punto de mira.
Los testimonios recogidos por el TPP, así como numerosas investigaciones académica, apuntan a que este tipo de casos “no son excepciones, sino que es así como proceden las multinacionales sistemáticamente”, según Pedro Ramiro, coordinador de la OMAL. Ramiro argumenta que, en un contexto de competencia internacional, los directivos de las transnacionales se ven compelidos a buscar el máximo beneficio para no ser absorbidos por otras multinacionales. Y el lucro no se maximiza atendiendo a criterios ambientales, sociales o culturales.
Hacia un nuevo tratado
Esta asimetría de poder podría modificarse si sale adelante el tratado internacional que la ONU se ha comprometido a elaborar. La idea central es reconocer que las multinacionales que incumplan las normas internacionales sobre derechos humanos deberán responder civil y penalmente. Las organizaciones de la Campaña Stop Impunity recuerdan que también debe abarcar la responsabilidad respecto a proveedores y subcontratistas. Se trata de una cuestión esencial, puesto que la tercerización ha sido un mecanismo para evitar la rendición de cuentas. Así lo evidenció el TPP celebrado en Ginebra, al analizar el caso de la minera suizo-británica Glencore PLC. Las acciones denunciadas ocurrieron a través de diferentes subsidiarias en cinco países: Congo, Zambia, Perú, Colombia y Filipinas.
Los movimientos sociales y los Estados que apoyan el nuevo tratado deberán enfrentarse a la oposición de Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y los países de la Unión Europea, que votaron en contra de la resolución. Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción, asegura que la votación “evidencia qué países defienden al gran capital, la banca y las grandes multinacionales” frente al interés general. Kucharz añade que esos gobiernos “hicieron lo posible para bloquear el camino a instrumentos de obligado cumplimiento”.Obligatoriedad es la palabra clave, puesto que “hasta ahora, la ONU contaba con normativas no vinculantes para las prácticas de las transnacionales en terceros países”, apunta Erika González, de la OMAL. Se trataba de códigos voluntaristas, reflejados en acuerdos como el Global Compact, en la línea de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Al ser no vinculantes, “en la práctica estos códigos se traducían en impunidad y falta de instrumentos para llevar a esas empresas ante los tribunales”, explican Kucharz y González.
El tratado que proponen las organizaciones sociales incluye un posicionamiento claro contra la privatización de los bienes comunes y las patentes de recursos básicos y de uso común, como las semillas y las plantas medicinales, y ofrece alternativas a la lógica del gran capital, como la promoción de la agroecología y la gestión comunitaria de los bienes públicos. Está por ver si el tratado que elabore la ONU satisfará sus demandas. Mientras tanto, en todas las esquinas del planeta siguen proliferando las resistencias locales contra los efectos perversos de inversores transnacionales que sólo responden ante la ley comercial global, pero no ante la legislación de ningún Estado. 

martes, 15 de abril de 2014

Mientras remesas crecen, GOES da un pésimo servicio a diáspora. ONU exige mejorar atención consular

Tomado de La Prensa Gráfica 

ONU critica a El Salvador por atención consular


Comité pide más información sobre atención consular en el sur de México y Estados Unidos. También cuestiona Ley de Migración vigente.


Un comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó ayer a El Salvador que adopte medidas necesarias para responder de forma eficaz a la atención de trabajadores migratorios salvadoreños y sus familias, así como asignar los recursos humanos y financieros para capacitar a funcionarios consulares.

El pasado 11 de abril, el Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares aprobó en Ginebra, Suiza, las observaciones finales sobre el segundo informe periódico de El Salvador.

Ese comité es el encargado de dar seguimiento al cumplimiento de la “Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares”, ratificada por el país.

“El comité nota los avances para mejorar y ampliar los servicios consulares del Estado, a través de la adopción de protocolos consulares de atención y protección de los derechos de los trabajadores salvadoreños en tránsito y en el país de destino”, dice el documento, divulgado ayer.

“Sin embargo, –añade– le preocupa al comité la falta de información sobre los recursos humanos y financieros de que disponen los consulados del Estado parte en el Sur de México y en Estados Unidos para brindar asistencia y protección adecuada a los trabajadores migratorios”.

Se contactó al Ministerio de Relaciones Exteriores para conocer su posición sobre las observacicones y recomendaciones del comité, pero se informó que la respuesta debía esperar hasta después de vacaciones, ya que los funcionarios debían leer el informe.

El Salvador posee 16 consulados en Estados Unidos y en años recientes se abrieron oficinas para atender a compatriotas en tránsito en Acayucan, Veracruz; Arriaga, Chiapas; y Tenosique, Tabasco, en México.

Además, el comité toma nota de las campañas informativas puestas en marcha para hacer conciencia a los compatriotas que los peligros de la migración indocumentada, así como la habilitación de una línea telefónica gratuita para recibir denuncias sobre cualquier violación a sus derechos durante su tránsito por México.

Empero, recomienda “que el Estado parte adopte medidas para detectar, prevenir y eliminar los movimientos irregulares de trabajadores migratorios, así como investigar, perseguir y sancionar a las personas, grupos o entidades que organicen o dirijan estos movimientos”.

Por otra parte, la instancia se refirió a los trabajadores salvadoreños que regresan a su país y pidió a las autoridades que les apoyen de manera efectiva para reinsertarse en la sociedad.

Legislación interna

El comité, formado por expertos independientes bajo la presidencia del embajador de Ecuador ante la ONU en Ginebra, Francisco Carrión Mena, instó asimismo al Estado parte a derogar el artículo 26 de la Ley de Migración.

En él se dispone la salida del territorio de los trabajadores extranjeros cuyo contrato laboral haya concluido.

Aunque El Salvador informó al comité que esa disposición en la práctica no se aplica, este consideró que pone en situación de vulnerabilidad a los trabajadores migratorios regulares.

Además, critica el retraso en enviar a la Asamblea Legislativa el anteproyecto de Ley de Migración y Extranjería para discusión y aprobación. El comité considera que el país tiene un marco regulatorio en materia migratoria que no está armonizado con las normas internacionales, ya que data de 1958.

El comité analizó los informes periódicos presentados por El Salvador y otros tres países durante la sesión que celebró en Ginebra entre el 31 de marzo y el pasado día 11, y publicó ayer sus informes finales sobre cada uno.

En ellos, además de sus conclusiones, formula recomendaciones que tienen en cuenta también las informaciones recibidas de fuentes distintas a las oficiales, incluidas las de organizaciones de la sociedad civil.

1990
adaptó Asamblea General de ONU la convención.

Instrumento internacional
La Convención sobre Protección de Trabajadores Migrantes y de sus Familias fue adoptada en 1990 por la Asamblea General de la ONU.

En vigor
La Convención entró en vigor en junio de 2013, al alcanzarse el mínimo de 20 Estados que la ratificaron.

El Salvador
El país se adhirió la Convención el 13 de septiembre de 2002 y la ratificó el 14 de marzo del año siguiente.

Espíritu
Dicho tratado internacional busca garantizar condiciones dignas para trabajadores migrantes en países de origen, tránsito y destino, de acuerdo con lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Aspectos positivos
En las observaciones del segundo informe periódico de El Salvador, divulgadas ayer, se destaca la aprobación de una ley para que los salvadoreños en el exterior pudieran votar por primera vez en las elecciones presidenciales de febrero y marzo de este año.

Nicaragüenses
Además, celebra la implementación del Programa de Nicaragüenses y sus familias en El Salvador, con el cual se regularizaron 400 personas.

Peticiones
El Comité respectivo pide a El Salvador que en su tercer informe, el 1.º de mayo de 2019, proporcione información más detallada adoptada para cumplir con las recomendaciones brindadas ayer.

Difusión
Además, pide a El Salvador que difunda las recomendaciones a los organismos públicos, poder judicial y a las organizaciones no gubernamentales y sociedad civil. Además, es necesario que las observaciones se hagan llegar a las universidades y público en general. 

jueves, 6 de febrero de 2014

ONU acusa a El Vaticano y le exige entregar curas pederastas

Tomado de El País 

La ONU exige al Papa que entregue a los pederastas y blinde a los niños

En un duro informe, acusa al Vaticano de poner a los menores en “alto riesgo de abuso sexual”


Roma se defiende: “Es un ataque al ejercicio de la libertad religiosa”



Por Pablo Ordaz

a no son las víctimas, ni los periódicos, ni siquiera el propósito de enmienda —tímido y tardío—que Benedicto XVI ensayó en la agonía de su papado. Ahora es nada más y nada menos que la Organización de Naciones Unidas (ONU) la que, a través de un durísimo informe de la Comisión sobre los Derechos del Niño, acusa al Vaticano de haber dejado solos a los niños en manos de los sacerdotes pederastas. La ONU acusa a la Santa Sede de no haber reconocido jamás “la magnitud de los crímenes sexuales” cometidos por parte de sus religiosos y de “no haber tomado las medidas necesarias para proteger a los menores”. El resultado, según la comisión, es espeluznante: los abusos “se siguen cometiendo de forma sistemática mientras la inmensa mayoría de los culpables disfruta de total impunidad”. La Comisión sobre los Derechos del Niño exige al Vaticano que “destituya de sus cargos y entregue a la policía a todos aquellos que sean culpables de abusos sexuales a menores”, para lo cual pide que haga público el contenido de sus archivos.
Hay párrafos del informe, dado a conocer ayer en Ginebra, que señalan directamente a la jerarquía católica como responsable de las “decenas de miles de casos” que se han producido y se siguen produciendo. Según asegura la ONU ahora, y ya antes habían denunciado hasta la saciedad —y ante la sordera de la Iglesia— las víctimas de pederastia, el Vaticano ha utilizado desde hace décadas la táctica de transferir “de una parroquia a otra, o a otros países, a abusadores de niños bien conocidos, en un intento por encubrir sus crímenes”. Una práctica “documentada por varias comisiones nacionales de investigación” que, además de revestir a los culpables de total impunidad, provoca un efecto aún más devastador: “La movilidad de los responsables”, explican los expertos del Comité sobre los Derechos del Niño, “ha permitido a muchos sacerdotes mantenerse en contacto con menores y continuar abusando de ellos. Hay todavía muchos países donde los niños siguen padeciendo alto riesgo de abuso sexual. Se ha reportado —insiste el informe— que decenas de responsables de abusos sexuales siguen en contacto con niños”.

Una admisión a regañadientes

Benedicto XVI.Su papado se vio marcado por los casos de pederastia. Uno de los más destacados fue el de 2009 sobre décadas de abusos y malos tratos en orfanatos, reformatorios y escuelas de propiedad o dirigidas por miembros de la Iglesia católica en Irlanda. El actual Papa emérito decretó la tolerancia cero con los abusos tras ser acusado de encubrir a pederastas durante sus años como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

 Guía interna. En 2010, el Vaticano publicó su guía interna contra los abusos. En ella exhorta a los obispos a denunciar a los pederastas a la justicia ordinaria.

Simposio. El Vaticano reunió en 1012 a superiores de órdenes religiosas, obispos y víctimas de abusos.

Francisco. Al poco de iniciar su pontificado, el Papa cambia el reglamento jurídico del Estado Ciudad del Vaticano y endurece las penas para los abusos de menores. En diciembre se creó una comisión específica.

ONU. El 16 de enero pasado, el portavoz del Vaticano en la ONU compareció ante un grupo de expertos, pero eludió el asunto.

La presidenta del Comité, la noruega Kirsten Sandberg, realizó unas declaraciones a la altura de la dureza del informe: “El Vaticano infringe la convención sobre los Derechos del Niño, porque no hizo todo lo que tendría que haber hecho para proteger a los menores. Y no estamos hablando de simples recomendaciones de buenas prácticas, sino de que el Vaticano viola la Convención —a pesar de haberla ratificado en 1990—porque no protege a los niños a pesar de que existe la posibilidad de hacerlo. Frente al escándalo de la pederastia, las autoridades eclesiásticas impusieron un código de silencio y prefirieron preservar la reputación de la Iglesia y proteger a los responsables por encima del interés supremo de los niños”.
El informe se produce dos semanas después de que el representante de la Santa Sede ante la ONU, el arzobispo Silvano Tomasi, acudiese a Ginebra para declarar ante la comisión, pero ni aportó datos ni mostró una preocupación acorde con la gravedad del problema y con las directrices que, al parecer, ha cursado el papa Francisco. Tomasi dijo entonces que sí, que se trata de “un hecho especialmente grave”, pero que abusadores también hay “entre los miembros de las profesiones más respetadas del mundo”. Ayer, al conocer el contenido del durísimo informe, monseñor Tomasi declaró: “La primera reacción es de sorpresa porque parece que ya estuviera preparado antes del encuentro de hace dos semanas entre el comité y la delegación de la Santa Sede. En el informe falta una perspectiva correcta y actualizada de la actuación de la Iglesia, que ha realizado una serie de cambios en relación a la protección de los niños difícil de encontrar al mismo nivel en otras instituciones o Estados (…). Se habla de 40 millones de casos de abusos sexuales a niños en el mundo. Por desgracia, algunos de ellos afectan a personas de la Iglesia. ¡Pero la Iglesia ha respondido y reaccionado! ¡Y lo seguirá haciendo!”. Por su parte, el portavoz del Vaticano, padre Federico Lombardi, aseguró durante su visita a Madrid que “en los próximos días o semanas”, el Vaticano explicará el funcionamiento de una nueva comisión creada al efecto por mandato del papa Francisco.
Una nota de la oficina de prensa del Vaticano, sin embargo, informó de que el Vaticano “lamenta ver en algunos puntos del informe un intento de interferir en las enseñanzas de la Iglesia católica sobre la dignidad de las personas y el ejercicio de la libertad religiosa”, si bien aseguró que “toma nota” y reiteró el “compromiso de defender y proteger los Derechos del Niño, en línea con los principios promovidos por la Convención”.
A este respecto, uno de los expertos de la ONU, Benyam Mezmur, puso de manifiesto las contradicciones del Vaticano: “Por un lado dicen que no pueden ser responsables por cada delito que cometen los católicos en el mundo, pero al mismo tiempo se niegan a cooperar con las autoridades de cada país. No se puede actuar por ambas vías. O se tiene influencia sobre el clero o no. Y la evidencia demuestra que sí hay influencia”.

Francisco tiene la palabra

Durante el vuelo de regreso de Río de Janeiro, cuando le preguntaron por monseñor Nunzio Scarano, el alto cargo del Vaticano acusado de blanquear grandes cantidades de dinero sucio a través del IOR –el Instituto para las Obras de Religión (IOR)--, el papa Francisco dijo: “No lo han detenido por ser la beata Imelda”. Jorge Mario Bergoglio mostraba así su desprecio público por quien, aprovechándose de los privilegios del Vaticano, se enriquecía y enriquecía a sus poderosos amigos –empresarios, políticos, tal vez mafiosos— bajo el manto protector de la Iglesia. Aquellas palabras, seguidas de una disposición jamás antes vista a colaborar con la justicia italiana –de hecho, Scarano sigue en la cárcel--, fueron saludadas por quienes están convencidos de que Bergoglio irá más allá de las frases de impacto.

Ahora tiene la oportunidad de demostrarlo. El pozo negro de la Iglesia católica no es el banco del Vaticano con su historia de crímenes y sus cuentas aún ocultas, ni las peleas de poder entre cardenales que amargaron el pontificado a Joseph Ratzinger. El pecado mortal del Vaticano, ese que, según la ONU, se sigue cometiendo cada día, sin señales de arrepentimiento verdadero ni de propósito de enmienda, es el de los abusos a menores. Por tanto, la pederastia en el seno de la Iglesia, ese delito infame que ha arruinado la vida a millones de personas desde hace décadas, está llamada a ser la piedra de toque del pontificado de Francisco. Lo que ha denunciado ahora la Convención sobre los Derechos del Niño no es, desgraciadamente, ninguna novedad. Marie Collins, una mujer irlandesa que padeció de niña los abusos de un sacerdote, se lo contó en febrero de 2012 a los representantes de 110 conferencias episcopales llamados a Roma por Benedicto XVI para ver si se enteraban de una vez –o sea, para que dejaran de hacerse los locos de una vez— de esa tragedia tremenda, de ese crimen vergonzoso. Pero sí tiene que ser una novedad la manera en que la Iglesia afronte esa vergüenza mundial.

Si Ratzinger utilizó sus escasas fuerzas para intentar cambiar de rumbo la actitud de la Iglesia después de que Juan Pablo II amparase y protegiese a uno de los más grandes pederastas de la Iglesia, el padre Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, Jorge Mario Bergoglio no tiene más remedio que ir mucho más allá. La comisión que ha encargado y que, según todos los indicios, dependerá de la Congregación para la Doctrina de la Fe, no puede adormecer de nuevo el problema, esconderlo tras presunciones de inocencia, correcciones fraternas ni falsos secretos de confesión. Y la casualidad ha querido que, durante estos días, los Legionarios de Cristo estén reunidos en Roma para decidir el futuro de la congregación después del gran golpe de descrédito provocado por los crímenes de Maciel, un santón con pecados suficientes como para agotar las llamas de tres infiernos.

Dice el arzobispo Silvano Tomasi que pederastas los hay también en las instituciones más prestigiosas. Puede ser. Pero ninguna de esas organizaciones ha tenido –y tiene, según la ONU-- un sistema tan eficaz para esconder a los culpables, un mecanismo tan macabro para convertirlos en culpables a través de la culpa y una demarcación tan grande --el mundo entero -- no sólo para ocultar a los criminales, sino para permitirles que sigan poniendo sus sucias manos sobre niños indefensos. Francisco, el hombre del año, puede convertirse en el hombre del siglo si es capaz de poner freno a la infamia.
  

sábado, 28 de septiembre de 2013

Presidente Iraní recibe recepción entre vítores y zapatazos a su regreso de la ONU

Tomado de BBC Mundo  

Una recepción mixta para el presidente Rouhani en Irán

El presidente iraní, Hassan Rouhani, fue recibido por una bulliciosa multitud en el aeropuerto Mehrabad de Teherán, un día después de su histórica conversación telefónica de 15 minutos con su contraparte Barack Obama, durante su visita a Nueva York.

Algunos mostraban su apoyo a los esfuerzos diplomáticos del presidente iraní, pero otros le lanzaron zapatos.

Los representantes del Líder Supremo de Irán, el ayatolá Jamenei, recibieron al señor Rouhani en el aeropuerto, lo cual, según los observadores, forma parte de un protocolo que muestra que el presidente tiene el apoyo del ayatolá.

La conversación de los presidente Rouhani y Obama, el viernes, fue el primer contacto directo entre ambos jefes de Estado en más de 30 años.

Traducción del discurso de Barack Obama en la ONU



Traducción del discurso completo pronunciado por el presidente de los Estados Unidos de América el día Martes 24 de Septiembre de 2013 durante la celebración de la 68 Asamblea Genera de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

Señor presidente, señor secretario general, colegas delegados, damas y caballeros. Cada año nos reunimos para reafirmar la visión con que se fundó esta institución. Durante la mayor parte de la historia conocida, las aspiraciones individuales quedaron a merced de los caprichos de tiranos e imperios. Las divisiones raciales, religiosas y tribales se resolvían con la espada y el enfrentamiento de ejércitos. La idea de que los países y las personas se podrían congregar en paz para resolver sus diferencias y promover una prosperidad común parecía inconcebible.

Se requirió de la espantosa carnicería que dejaron tras de sí dos guerras mundiales para cambiar nuestro modo de pensar. Los líderes que crearon la Organización de las Naciones Unidas no eran ingenuos, pues no creían que este organismo pudiese erradicar todas las guerras. Sin embargo, tras millones de muertes y continentes en escombros, y con el desarrollo de armas nucleares que podían aniquilar un planeta, entendieron que la humanidad no podría sobrevivir en el rumbo que seguía. En consecuencia, nos dieron esta institución con la creencia de que nos permitiría resolver conflictos, aplicar las normas de conducta y crear hábitos de cooperación que se fortalecerían con el transcurso del tiempo.

Durante décadas, las Naciones Unidas en efecto han marcado una diferencia: desde ayudar a erradicar enfermedades, hasta educar a los niños y mediar la paz. No obstante, al igual que cada generación de líderes, nos enfrentamos a desafíos nuevos y profundos, y este organismo sigue siendo puesto a prueba. La cuestión es si tenemos la sabiduría y el valor, como naciones estado y miembros de una comunidad internacional, para hacer frente directamente a estos desafíos, y si las Naciones Unidas pueden pasar las pruebas de nuestros tiempos.

Durante gran parte de mi mandato presidencial, algunos de nuestros desafíos más apremiantes han girado en torno a una economía mundial cada vez más integrada y a nuestras iniciativas para recuperarnos de la peor crisis económica de nuestros tiempos. Ahora, cinco años después de que colapsara la economía mundial, y gracias al trabajo coordinado de los países que se encuentran hoy aquí, se están creando puestos de trabajo, se han estabilizado los sistemas financieros mundiales y las personas una vez más están saliendo de la pobreza. Pero este progreso es frágil e irregular y aún tenemos trabajo por hacer juntos para garantizar que nuestros ciudadanos puedan acceder a las oportunidades que necesitan para prosperar en el siglo XXI.

Juntos también hemos trabajado por poner fin a una década de guerra. Hace cinco años, casi 180.000 estadounidenses estaban prestando servicio en medio del peligro, y la guerra en Iraq fue el tema dominante en nuestra relación con el resto del mundo. Hoy en día, todas nuestras tropas han abandonado Iraq. El próximo año, una coalición internacional terminará la guerra en Afganistán, tras haber logrado la misión de desmantelar el núcleo del al Qaeda que nos atacó en el 11S.

Para Estados Unidos, estas nuevas circunstancias también han significado un distanciamiento de una perpetua alerta de guerra. Además de traer nuestras tropas a casa, hemos limitado el uso de aviones no tripulados para que apunten solamente a aquellos que representan una amenaza continua e inminente para Estados Unidos donde no sea factible su captura y donde haya una certeza casi total de que no habrá víctimas civiles. Estamos transfiriendo los detenidos a otros países y juzgando a los terroristas en tribunales de justicia, a la vez que trabajamos con diligencia para cerrar la prisión de la bahía de Guantánamo. Así como analizamos la manera de desplegar nuestras extraordinarias capacidades militares de tal modo que haga honor a nuestros ideales, hemos comenzado a analizar la manera en que reunimos informes de inteligencia, para equilibrar de forma correcta las consideraciones legítimas de seguridad de nuestros ciudadanos y aliados con las consideraciones de privacidad que todas las personas compartimos.

Como resultado de este trabajo y de la cooperación con aliados y asociados, el mundo es más estable que hace cinco años. Sin embargo, solo un vistazo a los titulares de hoy nos hace ver que el peligro permanece. Hemos visto en Kenia terroristas que arremeten contra civiles inocentes en un concurrido centro comercial, y acompañamos en el sentimiento a las familias de los afectados. Hace poco en Pakistán, cerca de 100 personas fueron asesinadas por terroristas suicidas fuera de una iglesia. En Iraq, los asesinatos y los autos bomba siguen siendo una parte terrible de la vida. Por su parte, al Qaeda se ha dividido en redes y milicias regionales, lo que en este momento no les da la capacidad para realizar ataques como el del 11S, pero representan una grave amenaza para gobiernos y diplomáticos, empresas y civiles de todo el mundo.

De igual importancia, los disturbios en Oriente Medio y el norte de África han puesto de manifiesto las profundas divisiones internas de las sociedades, a medida que un antiguo régimen es derrocado y el pueblo se enfrenta a lo que sigue. En muchas ocasiones, los movimientos pacíficos han recibido una respuesta violenta de aquellos que se resisten al cambio y de los extremistas que tratan de apropiarse del cambio. El conflicto sectario ha vuelto a surgir. La potencial propagación de armas de destrucción masiva sigue ensombreciendo la búsqueda de la paz.

En ningún otro lugar hemos visto que estas tendencias converjan con mayor intensidad que en Siria. En este país, las protestas pacíficas contra un régimen autoritario se encontraron con la represión y la masacre. Ante tal matanza, muchos se replegaron en su identidad sectaria -- alauitas y sunitas, cristianos y kurdos -- y la situación desencadenó una guerra civil.

La comunidad internacional reconoció los riesgos desde el comienzo, pero nuestra respuesta no ha correspondido a la escala de este reto. La ayuda no puede ir a la par con el sufrimiento de los heridos y desplazados. Un proceso de paz no llegó a ver la luz. Estados Unidos y otros han trabajado por fortalecer la oposición moderada, pero los grupos extremistas se han asentado para sacar provecho de la crisis. Los aliados tradicionales de Asad le han brindado su respaldo citando principios de soberanía para proteger su régimen. El 21 de agosto, el régimen utilizó armas químicas en un ataque en el que murieron más de 1.000 personas, incluidos cientos de niños.

Ahora, la crisis en Siria y la desestabilización de la región son el centro de desafíos más amplios que la comunidad internacional debe confrontar ahora. ¿Cómo debemos responder a los conflictos en Oriente Medio y el norte de África, conflictos entre países, pero también internos? ¿Cómo afrontamos la opción de permanecer insensibles mientras los niños son sometidos a gas nervioso o de involucrarnos en la guerra civil de otro país? ¿Cuál es la función de la fuerza en la resolución de conflictos que amenazan la estabilidad de la región y socavan todas las normas básicas de la conducta civilizada? ¿Cuál es la función de la Organización de las Naciones Unidas y del derecho internacional para cumplir con el clamor por la justicia?

Hoy quiero explicar la posición de Estados Unidos frente a estos temas. En relación con Siria, creemos que como punto de partida, la comunidad internacional debe aplicar la prohibición de armas químicas. Cuando manifesté mi disposición a ordenar un ataque limitado contra el régimen de Asad en respuesta al uso descarado de armas químicas, no lo hice a la ligera. Lo hice porque creo que en interés de la seguridad de Estados Unidos y en interés del mundo se debe aplicar de forma significativa una prohibición cuyos orígenes son más remotos que la misma Organización de las Naciones Unidas. El 98 por ciento de la humanidad ha acordado la prohibición contra el uso de armas químicas, incluso en la guerra. Esta prohibición es reforzada por los recuerdos dolorosos de los soldados que se asfixiaban en las trincheras, de los judíos masacrados en cámaras de gas, de las decenas de miles de iraníes envenenados.

Las pruebas de que el régimen de Asad utilizó armas químicas el 21 de agosto son incuestionables. Los inspectores de las Naciones Unidas proporcionaron un informe claro de que se dispararon misiles avanzados con grandes cantidades de gas sarín contra civiles. Estos misiles fueron disparados desde un vecindario bajo el control del régimen y cayeron en los vecindarios de la oposición. Es un insulto a la razón humana --y a la legitimidad de esta institución-- sugerir que cualquier otro que no sea el régimen llevó a cabo este ataque.

Ahora sé que inmediatamente después del ataque hubo algunos que cuestionaron la legitimidad de un ataque siquiera limitado sin una orden clara del Consejo de Seguridad. Pero sin una amenaza militar creíble, el Consejo de Seguridad no ha mostrado ninguna inclinación a actuar en absoluto. Sin embargo, como ya lo he hablado con el presidente Putin durante más de un año, y más recientemente en San Petersburgo, mi preferencia siempre ha sido una solución diplomática a este asunto. En las últimas semanas, Estados Unidos, Rusia y nuestros aliados han llegado al acuerdo de colocar las armas químicas de Siria bajo el control internacional y destruirlas.

El gobierno sirio tomó un primer paso al proporcionar una relación de sus arsenales. Ahora, debe haber una resolución firme del Consejo de Seguridad para verificar que el régimen de Asad esté cumpliendo sus compromisos y de que habrá consecuencias si no lo hace. Si no podemos llegar a un acuerdo sobre esto siquiera, se demostrará que la Organización de las Naciones Unidas no tiene la capacidad de hacer cumplir las leyes internacionales más básicas. Por otra parte, si lo logramos, transmitiremos un enérgico mensaje de que el uso de armas químicas no tiene cabida en el siglo XXI y que este organismo es consecuente con lo que dice.

El acuerdo sobre armas químicas debe estimular una iniciativa diplomática más amplia para llegar a una solución política dentro de Siria. No creo que la acción militar, sea de aquellos al interior de Siria o de potencias externas, pueda lograr una paz duradera. Tampoco creo que Estados Unidos o cualquier país deban determinar quién gobernará Siria, pues es un asunto que debe decidir el pueblo sirio. Sin embargo, un gobernante que masacre a sus ciudadanos y asesine con gases a sus niños no puede recobrar la legitimidad para liderar un país resquebrajado. La idea de que Siria puede volver de alguna manera a una condición previa a la guerra es una fantasía.

Es hora de que Rusia e Irán se den cuenta de que insistir en el gobierno de Asad llevará directamente al resultado que temen: un espacio cada vez más violento para que operen los extremistas. A su vez, aquellos de nosotros que sigamos apoyando la oposición moderada debemos persuadirlos de que el pueblo sirio no puede permitirse el colapso de las instituciones estatales, y que no se puede llegar a una solución política sin abordar los temores y preocupaciones legítimos de alauitas y otras minorías.

Estamos comprometidos a trabajar en esta senda política. Y a medida que busquemos un arreglo, recordemos que este no es un trabajo de suma cero. Ya no estamos en la Guerra Fría. No hay ningún gran juego por ganar ni Estados Unidos tiene intereses en Siria más allá del bienestar de su gente, la estabilidad de sus países vecinos, la eliminación de armas químicas y la garantía de que no se convertirá en un refugio seguro para terroristas.

Recibo de buen grado la influencia de todos los países que puedan ayudar a lograr una resolución pacífica a la guerra civil en Siria. En la medida en que avancemos en el proceso en Ginebra, insto a todos los países aquí representados a dar un paso adelante para satisfacer las necesidades humanitarias de Siria y los países a su alrededor. Estados Unidos ha comprometido más de mil millones de dólares a esta iniciativa y hoy puedo anunciar que aportaremos 340 millones de dólares más. Ninguna ayuda puede sustituir a una solución política que le ofrezca al pueblo sirio la oportunidad de reconstruir su país, pero puede ayudar a que personas desesperadas sobrevivan.

¿Qué conclusiones generales podemos sacar de la política de Estados Unidos frente a Siria? Sé que están aquellos que se sienten frustrados por nuestra renuencia a utilizar nuestro poder militar para destituir a Asad y creen que esto es indicio del debilitamiento de una solución estadounidense en la región. Otros han sugerido que mi disposición a dirigir ataques militares aún limitados para disuadir el uso adicional de armas químicas demuestra que no hemos aprendido nada de Iraq, y que Estados Unidos sigue buscando controlar Oriente Medio para sus propios fines. De esta manera, la situación en Siria refleja una contradicción que ha persistido en la región por décadas: Estados Unidos es criticado severamente por intervenir en la región, es acusado de participar en todo tipo de conspiraciones y, a la vez, es culpado de no hacer lo suficiente por resolver los problemas de la región y de mostrarse indiferente ante el sufrimiento de las poblaciones musulmanas.

Percibo que parte de esto es inevitable dado el papel que tiene Estados Unidos en el mundo. Sin embargo, estas actitudes contradictorias tienen un impacto práctico en el apoyo del pueblo estadounidense a nuestra implicación en la región, y les permite a los líderes de la región, así como a la comunidad internacional en ocasiones, evitar afrontar los problemas difíciles por sí mismos.

Así pues, permítanme aprovechar esta oportunidad para explicar cuál es la política de Estados Unidos ante Oriente Medio y el norte de África y cuál será mi política durante el resto de mi presidencia.

Los Estados Unidos de América estamos preparados para utilizar todos los elementos de nuestro poder, lo que incluye nuestras fuerzas militares, para proteger nuestros intereses centrales en la región.

Confrontaremos los ataques externos contra nuestros aliados y asociados, como lo hicimos en la Guerra del Golfo.
Garantizaremos la libre circulación de energía desde esa región al resto del mundo. Aunque Estados Unidos está reduciendo de forma constante su propia dependencia del petróleo importado, el mundo aún depende del suministro de energía de esa región y una interrupción grave podría desestabilizar la economía mundial.

Desmantelaremos las redes de terroristas que amenacen a nuestro pueblo. En lo posible, desarrollaremos la capacidad de nuestros asociados, respetaremos la soberanía de los países y trabajaremos en contrarrestar las raíces del terror. No obstante, cuando sea necesario defender a Estados Unidos contra un ataque terrorista, tomaremos medidas directas.

Por último, no toleraremos el desarrollo ni el uso de armas de destrucción masiva. Así como consideramos que el uso de armas químicas en Siria constituye una amenaza para nuestra propia seguridad nacional, rechazamos el desarrollo de armas nucleares que pudiesen desencadenar una carrera armamentística nuclear en la región y socavar el régimen internacional de la no proliferación.

Ahora bien, decir que estos son intereses básicos de Estados Unidos no es decir que son nuestros únicos intereses. Creemos profundamente que uno de nuestros intereses es ver a Oriente Medio y al norte de África en paz y prosperidad y seguiremos fomentando la democracia y los derechos humanos y abriendo mercados, porque creemos que estas prácticas llevan a la paz y la prosperidad. Sin embargo, también creo que son raras las ocasiones en que podemos lograr estos objetivos mediante la acción unilateral estadounidense, en particular si se trata de la acción militar.

 Iraq nos demuestra que la democracia no se puede imponer simplemente por la fuerza. Por el contrario, estos objetivos se logran mejor cuando nos asociamos con la comunidad internacional y con los países y pueblos de la región.

Así pues, ¿qué significa esto en adelante? A medio plazo, las iniciativas diplomáticas de Estados Unidos se enfocarán en dos temas particulares: la búsqueda de armas nucleares por parte de Irán y el conflicto árabe-israelí. Aunque estos asuntos no son la causa de los problemas en la región, durante mucho tiempo han sido una fuente importante de inestabilidad, y resolverlos puede servir de base para una paz más amplia.

Estados Unidos e Irán se han mantenido aislados uno del otro desde la Revolución Islámica de 1979. Este recelo tiene raíces profundas. Los iraníes por mucho tiempo se han quejado de un historial de injerencia de Estados Unidos en sus asuntos y de la función de Estados Unidos en derrocar el gobierno iraní durante la Guerra Fría. Por otra parte, los estadounidenses ven un gobierno iraní que ha declarado enemigo a Estados Unidos, que ha capturado rehenes estadounidenses de manera directa –o mediante intermediarios–, que ha dado muerte a tropas y civiles estadounidenses y amenazado a nuestro aliado Israel con la destrucción.

No creo que esta difícil historia se pueda solucionar de la noche a la mañana, porque el recelo corre demasiado profundo. Pero sí creo que resolver el problema del programa nuclear de Irán puede ser un gran paso en el largo camino hacia una relación diferente, que se base en intereses y el respeto mutuos.

Desde que asumí el cargo, he dejado claro en cartas dirigidas al líder supremo de Irán y, más recientemente, al presidente Rouhaní, que Estados Unidos prefiere resolver sus preocupaciones sobre el programa nuclear de Irán de forma pacífica, aunque estamos determinados a evitar que Irán fabrique un arma nuclear. No estamos buscando que cambie el régimen y respetamos el derecho del pueblo iraní al acceso a la energía nuclear pacífica. Por el contrario, insistimos en que el gobierno iraní cumpla sus responsabilidades en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Por lo pronto, el líder supremo ha emitido una fatua, contra el desarrollo de armas nucleares, y el presidente Rouhaní hace poco ha reiterado que la república islámica nunca desarrollará un arma nuclear.

Por lo tanto, estas declaraciones pronunciadas por nuestros gobiernos respectivos deben ser la base de un acuerdo significativo. Debemos poder lograr una solución que respete los derechos del pueblo iraní, mientras se le proporciona al mundo la confianza de que el programa iraní es pacífico. Pero para lograr el éxito, las palabras conciliatorias tendrán que equipararse con acciones transparentes y verificables. Después de todo, son las decisiones del gobierno de Irán las que han llevado a sanciones integrales que actualmente están en vigor. Este no es simplemente un problema entre Estados Unidos e Irán. El mundo ha visto a Irán evadir sus responsabilidades en el pasado y tiene un interés continuo en asegurarse de que Irán cumpla sus obligaciones en el futuro.

Sin embargo, quiero poner en claro que nos anima que el presidente Rouhaní recibiese un mandato del pueblo iraní de ir tras un curso más moderado. Dado el compromiso que declaró el presidente Rouhaní de llegar a un acuerdo, le estoy pidiendo a John Kerry que continúe en esta iniciativa con el gobierno iraní en estrecha colaboración con la Unión Europea, el Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y China.

Puede que los obstáculos resulten ser demasiado grandes, pero creo firmemente que se debe ensayar el camino diplomático. Porque mientras que el statu quo solo intensificará el aislamiento de Irán, el compromiso genuino de Irán de tomar un camino diferente será de bien para la región y para el mundo y será de ayuda para que el pueblo iraní desarrolle su extraordinario potencial en comercio y cultura, en ciencia y educación.

También estamos determinados a resolver un conflicto que se remonta más allá de nuestras diferencias con Irán; se trata del conflicto entre palestinos e israelíes. Hemos puesto de manifiesto que Estados Unidos nunca pondrá en entredicho su compromiso con la seguridad de Israel, ni su apoyo a la existencia del estado judío. A comienzos del año, en Jerusalén, me sentí inspirado por los jóvenes israelíes que respaldaban la creencia de que la paz es necesaria, justa y posible. Creo que hay un reconocimiento cada vez mayor en Israel de que la ocupación de Cisjordania desgarra el tejido democrático del estado judío. Sin embargo, los niños de Israel tienen derecho a vivir en un mundo donde los países que nos reunimos en este organismo los reconozcan por completo como nación, y donde rechacemos absolutamente a quienes disparen cohetes contra sus hogares o inciten el odio hacia ellos.

Del mismo modo, Estados Unidos mantiene su compromiso con la creencia de que el pueblo palestino tiene derecho a vivir con seguridad y dignidad en su propio estado soberano. En ese mismo viaje, tuve la oportunidad de reunirme en Ramala con jóvenes palestinos, cuya ambición e increíble potencial se igualan al dolor que sienten por no tener un lugar firme en la comunidad de naciones. Sienten un cinismo comprensible de que vaya a ocurrir un progreso real y se sienten frustrados al ver que sus familias soportan a diario la humillación de la ocupación. Pero también reconocen que dos estados es el único camino hacia la paz, porque así como el pueblo palestino no debe ser desplazado, el estado de Israel está aquí para quedarse.

Por lo tanto, es el momento oportuno para que toda la comunidad internacional salga en busca de la paz. Los líderes israelíes y palestinos ya han demostrado la voluntad de asumir riesgos políticos importantes. El presidente Abbas ha dejado a un lado sus esfuerzos por tomar un atajo hacia la paz y se ha acercado a la mesa de negociaciones. El primer ministro Netanyahu ha puesto en libertad a prisioneros palestinos y reafirmado su compromiso con un estado palestino. Los diálogos en curso se centran en temas definitivos sobre fronteras y seguridad, refugiados y Jerusalén.

Así pues, ahora el resto de nosotros debemos estar dispuestos a asumir también los riesgos. Los amigos de Israel, incluido Estados Unidos, deben reconocer que la seguridad de Israel como estado judío y democrático depende de la materialización de un estado palestino, y debemos decirlo así de claro. Los estados árabes, y aquellos que apoyan a los palestinos, deben reconocer que la estabilidad solo se conseguirá mediante una solución de dos estados y la seguridad de Israel.

Todos nosotros debemos reconocer que la paz será una poderosa herramienta para vencer a los extremistas de toda la región, y para inspirar a aquellos que están preparados para construir un mejor futuro. Asimismo, los nexos comerciales entre israelíes y árabes podrían ser un motor de crecimiento y oportunidad en un tiempo en el que muchísimos jóvenes de la región perecen sin trabajo. Así que dejemos los conocidos rincones de la culpa y el prejuicio. Apoyemos a los líderes israelíes y palestinos que están preparados para recorrer el difícil camino hacia la paz.
Los avances reales en estos temas (el programa nuclear de Irán y la paz entre israelíes y palestinos) tendrían un efecto positivo y profundo en todo Oriente Medio y el norte de África. Sin embargo, la agitación actual que comenzó con la Primavera árabe nos recuerda que una paz justa y duradera no se puede medir solo mediante acuerdos entre países. También se debe medir con nuestra capacidad de resolver conflictos y promover la justicia dentro de los países. Y si atendemos a esta medida, está claro que todos tenemos más trabajo por realizar.

Cuando se iniciaron las transiciones pacíficas en Túnez y Egipto, todo el mundo se llenó de esperanza. Aunque a Estados Unidos --como a otros-- le sorprendió la velocidad de la transición, y aunque no impusimos --y de hecho no podíamos-- los sucesos, optamos por apoyar a aquellos que pedían un cambio. Lo hicimos basándonos en la creencia de que aunque estas transiciones fuesen difíciles y tomaran tiempo, las sociedades que se cimientan en la democracia y la transparencia y la dignidad del individuo finalmente son más estables, prósperas y pacíficas.

En los últimos años, específicamente en Egipto, hemos visto lo difícil que será esta transición. Mohamed Morsi fue democráticamente elegido, pero demostró que no tenía la disposición ni la capacidad para gobernar de manera totalmente inclusiva. El gobierno provisional que lo reemplazó respondió a los deseos de millones de egipcios que consideraron que la revolución había tomado un rumbo equivocado, pero también ha tomado decisiones inconsecuentes con la democracia inclusiva, a través de un estado de emergencia y restricciones a la prensa, la sociedad civil y los partidos de la oposición.

Desde luego, Estados Unidos ha sido objeto de ataques provenientes de todos los flancos de este conflicto interno y a la vez ha sido acusado de apoyar a la Hermandad Musulmana y de urdir su destitución del poder. Pero en realidad, Estados Unidos de manera deliberad ha evitado inclinarse por un lado. Nuestro interés primordial en estos últimos años ha sido promover un gobierno que refleje legítimamente la voluntad del pueblo egipcio y que reconozca que la verdadera democracia requiere el respeto de los derechos de las minorías y del estado de derecho, de la libertad de expresión y de reunión, y una sociedad civil muy estable.

Este sigue siendo nuestro interés actual. Por tanto, de cara al futuro, Estados Unidos mantendrá con el gobierno provisional una relación constructiva que promueva los intereses esenciales, como los acuerdos de paz de Camp David y la lucha contra el terrorismo. Seguiremos dando nuestro apoyo en ámbitos como la educación que benefician directamente al pueblo egipcio. Sin embargo, no hemos continuado con el suministro de determinados sistemas militares y nuestro apoyo dependerá del progreso de Egipto en la búsqueda de un camino más democrático.

Nuestro enfoque en Egipto refleja una cuestión más amplia: Estados Unidos trabajará en ocasiones con gobiernos que no cumplan, al menos desde nuestro punto de vista, las expectativas internacionales más elevadas, pero que trabajen con nosotros en nuestros intereses centrales. No obstante, no dejaremos de defender principios que sean consecuentes con nuestros ideales, así ello signifique oponerse al uso de la violencia como método para suprimir la disensión o apoyar los principios que se reflejan en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Rechazaremos la idea de que estos principios son meras exportaciones occidentales, incompatibles con el islam o el mundo árabe, pues consideramos que son derechos inalienables de todas las personas. Si bien reconocemos que en ocasiones nuestra influencia será limitada, aunque seremos cautelosos con acciones dirigidas a imponer la democracia mediante la fuerza militar, y aunque en ocasiones se nos acusará de hipócritas y contradictorios, participaremos activamente en la región por mucho tiempo. Porque la ardua labor de forjar la libertad y la democracia es la tarea de toda una generación.

Ello conlleva la tarea de resolver las tensiones sectarias que siguen aflorando en lugares como Iraq, Bahréin y Siria. Entendemos que estos antiguos problemas no los pueden resolver actores externos, sino que los deben abordar las comunidades musulmanas por sí mismas. Sin embargo, ya antes hemos visto conflictos agotadores que llegan a su fin; el más reciente fue el de Irlanda del Norte, donde católicos y protestantes finalmente reconocieron que el ciclo interminable de conflicto estaba ocasionando el retraso de la dos comunidades en un mundo en evolución vertiginosa. Así pues, creemos que estos mismos conflictos sectarios se pueden superar en Oriente Medio y en el norte de África.

En resumen, Estados Unidos goza de una humildad bien merecida en lo que se refiere a nuestra capacidad para decidir sobre los sucesos al interior de otros países. La idea del imperio estadounidense puede ser propaganda útil, pero ni la política actual de Estados Unidos ni la opinión pública confirman esa idea. De hecho, como lo demuestran claramente los últimos debates internos sobre Siria, el peligro del mundo no es un Estados Unidos demasiado ávido por inmiscuirse en los asuntos de otros países o de tomar cada problema de la región como si fuese propio. El peligro para el mundo es que Estados Unidos, tras una década de guerra —con justa preocupación por los problemas nacionales y consciente de la hostilidad que nuestra participación en la región ha engendrado en todo el mundo musulmán— se libre del compromiso y deje un vacío de liderazgo que ningún otro país está preparado para suplir.

Creo que semejante desconexión sería un error. Creo que Estados Unidos ha de mantener su participación por su propia seguridad. Pero también creo que el mundo es mejor gracias a ello. Puede que algunos no estén de acuerdo, pero creo que Estados Unidos es excepcional; en parte, porque hemos demostrado la voluntad, a través del sacrificio de sangre y fortuna, no solo de defender nuestros propios intereses limitados, sino los intereses de todos.

No obstante, debo ser honesto. Es mucho más probable que invirtamos nuestra energía en aquellos países que deseen trabajar con nosotros, que invierten en su pueblo en lugar de unos cuantos corruptos; es mucho más probable que adoptemos la visión de una sociedad donde todos puedan aportar: hombres y mujeres, chiítas y sunitas, musulmanes, cristianos y judíos. Porque desde Europa hasta Asia, desde África hasta América, los países que han perseverado en un camino democrático han resultado más prósperos, más pacíficos y han invertido más en apoyar nuestra seguridad y nuestra humanidad comunes. Creo que esto mismo es válido para el mundo árabe.

Esto me lleva a un último punto. Habrá ocasiones en que el colapso de las sociedades sea tan estrepitoso y la violencia contra los civiles tan enorme que se hará un llamado a la acción de la comunidad internacional. Esto entrañará una nueva forma de pensar y algunas decisiones muy difíciles. Si bien la ONU fue concebida para prevenir las guerras entre los estados, cada vez más afrontamos el desafío de evitar las masacres dentro de los estados. Estos desafíos se harán más pronunciados en la medida en que nos enfrentemos a estados frágiles o en fracaso, lugares donde la violencia horrorosa puede poner en peligro a hombres, mujeres y niños inocentes, sin la esperanza de que les protejan sus instituciones nacionales.

He dejado bien sentado que, aun cuando los intereses centrales de Estados Unidos no se vean amenazados directamente, estamos preparados para poner de nuestra parte para evitar las atrocidades masivas y proteger los derechos humanos fundamentales. Sin embargo, no podemos ni debemos soportar esta carga solos. En Malí, ofrecimos nuestro apoyo tanto a la intervención francesa que hizo retroceder a al Qaeda, como a las fuerzas africanas que están manteniendo la paz. En África Oriental, estamos trabajando con asociados para acabar con el Ejército de Resistencia del Señor. En Libia, cuando el Consejo de Seguridad promulgó la orden de proteger a los civiles, Estados Unidos se sumó a una coalición que tomó medidas. Gracias a lo que hicimos allí, se salvaron innumerables vidas y un tirano no pudo volver al poder mediante asesinatos.

Sé que ahora algunos critican las acciones en Libia como una lección perfecta. Señalan los problemas que ahora enfrenta el país: un gobierno democráticamente elegido que pasa dificultades para proporcionar seguridad; grupos armados, y extremistas en algunos lugares, que dominan zonas de un territorio fracturado. Los detractores sostienen que cualquier intervención para proteger a la población civil está condenada al fracaso, si no miren a Libia. Nadie es más consciente de estos problemas que yo, puesto que desembocaron en la muerte de cuatro sobresalientes ciudadanos estadounidenses que estaban comprometidos con el pueblo libio, entre ellos el embajador Chris Stevens, un hombre cuyas valientes proezas ayudaron a salvar la ciudad de Bengasi. ¿Pero alguien cree realmente que la situación en Libia sería mejor si se le hubiese permitido a Gadafi asesinar, encarcelar o tratar brutalmente a su pueblo para someterlo? Es mucho más probable que sin la acción internacional, Libia estaría ahora envuelta en una guerra civil y una matanza.

Vivimos en un mundo de decisiones imperfectas. Ante cada situación, los distintos países no estarán de acuerdo sobre la necesidad de tomar acción y el principio de soberanía es el protagonista de nuestro orden internacional. Pero la soberanía no puede ser un escudo detrás del cual los tiranos cometan asesinatos injustificables, ni una excusa para que la comunidad internacional haga la vista gorda. Aunque necesitamos ser moderados en nuestra convicción de que podemos solucionar todos los males, aunque necesitamos ser conscientes de que el mundo está lleno de consecuencias imprevistas, ¿debemos realmente aceptar la idea de que el mundo es impotente ante lo que sucedió en Ruanda o Srebrenica? Si ese es el mundo en el que desea vivir la gente, deberían decirlo y considerar la lógica fría de las fosas comunes.

Pero creo que podemos adoptar un futuro diferente. Si no queremos elegir entre la inacción y la guerra, todos debemos mejorar las políticas que previenen el colapso del orden básico. A través del respeto de las responsabilidades de los países y los derechos de las personas. A través de sanciones ejemplares para aquellos que infrinjan las normas. A través de una diplomacia persistente que resuelva la causa del conflicto y no solo sus consecuencias. A través de la ayuda para el desarrollo que lleve esperanza a los marginados. Es cierto que habrá momentos en que la comunidad internacional deba reconocer que se puede necesitar el uso multilateral de la fuerza militar —aunque no será suficiente—para evitar que ocurra lo peor.

En última instancia, esta es la comunidad internacional que Estados Unidos busca: una comunidad en que los países no codicien las tierras ni los recursos de otros, y en lugar de ello cumplamos el propósito con que se fundó esta institución y todos asumamos la responsabilidad. Un mundo en que las normas establecidas a raíz de los horrores de la guerra puedan ayudarnos a resolver los conflictos de manera pacífica, y evitar el tipo de guerras que libraron nuestros antepasados. Un mundo en el que los seres humanos puedan vivir con dignidad y satisfacer sus necesidades básicas, ya sea que vivan en Nueva York o en Nairobi, en Peshawar o en Damasco.

Estos son tiempos extraordinarios con oportunidades extraordinarias. Gracias al progreso humano, un niño que nace hoy en cualquier lugar del planeta puede hacer cosas que hace 60 años habrían estado fuera del alcance de la mayor parte de la humanidad. Vi esto en África, donde los países que dejaron a un lado el conflicto ahora están preparados para despegar. Estados Unidos está con ellos y colabora para alimentar a los hambrientos, cuidar a los enfermos y llevar electricidad a lugares no conectados a la red eléctrica.

Lo veo en toda la región del Pacífico, donde cientos de millones de personas han escapado de la pobreza en una sola generación. Lo veo en los rostros de los jóvenes de todas partes que pueden acceder a todo el mundo con hacer clic en un botón, y que están deseosos de unirse a la causa de la erradicación de la pobreza extrema, y combatir el cambio climático, montar empresas, ampliar la libertad y dejar atrás las batallas ideológicas del pasado. Esto es lo que está sucediendo en Asia y África. Está sucediendo en Europa y en todo el continente americano. Este es el futuro que también merecen las personas de Oriente Medio y el norte de África: un futuro en el que puedan enfocarse en las oportunidades y no en si serán asesinados o reprimidos por lo que son o lo que creen.

Una y otra vez, los países y los pueblos han demostrado nuestra capacidad de cambiar, de estar a la altura de los ideales más elevados de la humanidad, de escoger una historia mejor. El mes pasado, estuve presente en el lugar en el que Martin Luther King Jr. manifestó su sueño al pueblo de Estados Unidos hace 50 años, en una época en que muchas personas de mi raza no podían siquiera votar para la presidencia. A comienzos de este año, estuve en la pequeña celda donde Nelson Mandela soportó por décadas el aislamiento de su propio pueblo y del mundo. ¿Quiénes somos nosotros para creer que no es posible superar los desafíos actuales, cuando hemos visto los cambios que puede traer el espíritu humano? ¿Quién en este salón puede sostener que el futuro le pertenece a aquellos que buscan reprimir ese espíritu, y no a aquellos que buscan liberarlo?

Sé en qué lado de la historia quiero que estén los Estados Unidos de América. Estamos preparados para hacer frente a los cambios del mañana con ustedes; firmes en la convicción de que todos los hombres y las mujeres son creados iguales y que cada persona posee dignidad y derechos inalienables que no se le pueden negar. Por esta razón, miramos al futuro no con temor, sino con esperanza. Por esta razón, mantenemos la convicción de que esta comunidad de naciones puede legar un mundo más pacífico, próspero y justo a la próxima generación.

Muchas gracias. 

A continuación vea y escuche el video completo de la participación del presidente estadounidense