Centroamérica y Venezuela la región mas violenta del mundo

Tomado de BBC Mundo 

Exceptuando a Costa Rica y Nicaragua Centroamérica es la región más violenta del mundo

Los cinco países con más y menos homicidios en el mundo

Honduras fue el país con la tasa más alta de homicidios en el mundo, según el informe global de Homicidios 2013 de la Organización de Naciones Unidas, publicado este jueves.

El estudio, que está basado en las últimas cifras oficiales disponibles hasta 2012, además revela que América Latina es la región del planeta con mayor número de muertes violentas por homicidio y armas de fuego.

Y dentro de esta región, Chile ocupa el último puesto en la lista (ver más abajo).

De acuerdo al estudio anual sobre el homicidio en el mundo, elaborado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a nivel de continentes, América ocupa el primer lugar en cuanto a muertes por homicidios, con 157.000 fallecidos en el año analizado (36% del total mundial).

Le siguen África con 135.000, Asia con 122.000, Europa con 22.000 y Oceanía con 1.100, llevando el total global a 437.000.

Cómo es vivir en el país con más / menos homicidios del mundo

Los cinco con más homicidios en el mundo

 

Según el informe de la ONU, cinco países de América encabezan la lista en cuanto al promedio de asesinatos por cada 100.000 habitantes: 

• Honduras: tasa de homicidios: 90,4 por cada 100.000 habitantes. Total de muertos: 7.172. (En este país, uno de cada 280 varones de entre 30 y 44 años y uno de cada 360 entre 15 y 29 años son víctimas de homicidio cada año).

• Venezuela: tasa de homicidios: 53,7. Total de muertos: 16.072. (Es el único país de Sudamérica cuya tasa de homicidio ha aumentado consistentemente desde 1995).

• Belice: tasa de homicidios: 44,7. Total de muertos: 145.

• El Salvador: tasa de homicidios: 41,2. Total de muertos: 2.594.

• Guatemala: tasa de homicidios: 39,9. Total de muertos: 6.025.

Radiografía de la violencia

Honduras es el país con la mayor tasa de homicidios, a pesar de una tregua entre las maras.

El estudio define homicidio como el hecho de matar a alguien intencionalmente y se propone informar dónde, cómo y con qué intensidad ocurren los homicidios, y quiénes corren mayor riesgo, para ayudar a desarrollar estrategias y políticas para protegerlos.

A nivel mundial, la tasa promedio de homicidios es de 6,2 por cada 100.000 habitantes, pero el sur de África y América Central tienen tasas cuatro veces más altas, es decir de más de 24 víctimas por cada 100.000 habitantes, seguidas por América del Sur, África Central y el Caribe, con entre 16 y 23.

El informe contempla subdivisiones dentro de continentes y de países; en el caso de América Latina se muestran los casos de Brasil y El Salvador.

Tasas de homicidios por continente

·  En África, entre los países con mayores tasas figuran Sudáfrica: 31,0 por cada 100.000 habitantes, con 16.259 muertes; República Democrática del Congo: 28,3, con 18.586 muertes; Nigeria: 20,0, con 33.817 muertes, y Etiopía: 12,0, con 11.048 muertes. 

En Asia se da otra muestra de la paradoja entre la tasa y el número de muertes. India tiene 3,5 por cada 100.000 habitantes, con 43.355 muertes y China, 1,0, con 13.410 muertos. No por nada son los países más poblados del mundo. 

En Europa, Rusia es el país con mayor tasa de homicidios, 9,2 por cada 100.000 habitantes y el mayor número de muertes: 13.210.

En cuanto a Brasil, aunque la tasa nacional de homicidios ha cambiado poco en los últimos 30 años, ha bajado en los estados y ciudades de Río de Janeiro y Sao Paulo, pero ha subido en otras partes, sobre todo en el norte y noreste. 

El estudio muestra cómo los homicidios relacionados con las pandillas, las llamadas "maras", en América Central han mantenido altas las tasas. 

Sin embargo, en el caso de El Salvador, analizado en más detalle, se ven cambios importantes después de la tregua entre las dos principales maras, acordada en marzo de 2012, que tuvo un efecto inmediato en los niveles de homicidios, pero todavía no se puede evaluar su impacto a largo plazo.

La tregua pandillera que nació entre rejas

Lo que sí queda claro es que la tasa de homicidios descendió de 6,0 por cada 100.000 habitantes a 2,8 después de la tregua, al igual que bajaron los índices de otras actividades criminales, como la extorsión, también relacionada con las maras.

Las tasas más altas de homicidios no siempre coinciden con la mayor cantidad de muertos: Brasil, por ejemplo, tiene el mayor total de muertes por homicidio en el mundo, 50.108, pero su tasa es de 25,2 por cada 100.000 habitantes.

Y Estados Unidos, con un total de 14.827 muertes por homicidio, tiene una tasa de apenas 4,7 por cada 100.000 habitantes.

Los cinco países con menos homicidios en el mundo

 

· Mónaco y Liechtenstein, ambos principados europeos muy pequeños, comparten el primer lugar al no haber registrado un solo muerto por homicidio dejando una tasa de 0,0 por cada 100.000 habitantes y ningún fallecido.

·  Singapur tuvo una tasa de 0,2 por cada 100.000 habitantes y un total de 11 muertos

·   Japón, registró con una tasa de 0,3 y 442 muertos.

·  Islandia, también tiene una tasa de 0,3, pero en proporción a su población esto significa un solo fallecido.

·  Kuwait y Hong Kong ocupan la quinta casilla con un promedio de 0,4 por 100.000 habitantes. Kuwait tuvo 12 homicidios y Hong Kong 27 en este período.

Chile, el que menos tiene

Con una tasa de homicidios de 3,1 por cada 100.000 habitantes -la menor en América Latina- y un total de 550 muertos, Chile es el país que menos homicidios registra en la región.

Aunque la tasa de 3,1,no le permite incluirse dentro de las naciones con menos homicidios ya que tiene por delante a casi todos los países de Oceanía, muchos de Europa y Asia.

No obstante, el estudio le dedica un recuadro a Chile, dedicado a la disponibilidad de datos en sistemas independientes: Carabineros, Policía de Investigaciones, Ministerio Público, Subsecretarías de Prevención del Delito, Servicio Nacional de la Mujer, Departamento de Estadísticas e Información de Salud y Servicio Médico Legal.

Chile -afirma la ONU- fue capaz de coordinar efectivamente entre sus varias agencias a través de intercambios de información y discusiones para producir datos comparables internacionalmente, basados en puntualidad y cobertura, indica el informe que, por primera vez, analiza la respuesta de la justicia criminal a los homicidios.

Factores del análisis

 

Si bien la mayor cantidad de víctimas de homicidio son hombres, el estudio enfatiza el hecho de que en contextos familiares, la mayoría de víctimas son mujeres, y se exhorta a hacer mucho más para mejorar la capacidad de evitar los crímenes e investigar, enjuiciar y castigar a los culpables.

También indica que los homicidios y la violencia en países que están saliendo de conflictos pueden contribuir a la inestabilidad y la inseguridad. Y apunta a factores de riesgo como el uso de drogas y alcohol, así como la disponibilidad de armas.

Un dato interesante es que más de la mitad de los muertos son menores de 30 años de edad y que los homicidios ocurren mayormente en zonas urbanas.

Hay que tener en cuenta que en estas estadísticas de muertes violentas no se incluyen aquellas causadas por guerras ni suicidios, como tampoco los homicidios no intencionales ni las muertes "justificables", como aquellas amparadas por la polémica ley de defensa propia de Estados Unidos.

Homicidios en América Latina por cada 100.000 habitantes en 2012

País	Tasa
Honduras	90,4
Venezuela	53,7
El Salvador	41,2
Guatemala	39,9
Colombia	30,8
Puerto Rico	26,5
Brasil	25,2
República Dominicana	22,1
México	21,5
Panamá	17,2
Ecuador	12,4
Bolivia	12,1
Nicaragua	11,3
Haití	10,2
Paraguay	9,7
Perú	9,6
Costa Rica	8,5
Uruguay	7,9
Argentina (2010)	5,5
Cuba	4,2
Chile	3,1

El Salvador a elecciones presidenciales este domingo en medio de un repunte de la violencia

Tomado de RFI

 La sombra de la violencia en la segunda vuelta de las presidenciales

Casi cinco millones de salvadoreños están llamados a votar este domingo en la segunda vuelta de los comicios que enfrenta al candidato presidencial de la izquierda gobernante y favorito en las encuestas, Salvador Sánchez Cerén, con el del partido opositor de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Norman Quijano.

Los dos candidatos cerraron este miércoles sus campañas electorales con la incertidumbre sobre la vigencia de la tregua de las Maras, acordada el 9 de marzo de 2012, y las denuncias de un supuesto “plan de desestabilización” del Gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

En efecto, este domingo electoral se cumplirán justo dos años de la tregua acordada por las pandillas salvadoreñas. Tregua que la policía del país pone en evidencia, declaró Rigoberto Pleitez, director de la Policía Nacional civil del Salvador, por el reciente aumento de los homicidios, de 5,5 a 8,5, dado a conocer los últimos días. El próximo Presidente tendrá sobre la mesa esta problemática en uno de los países más violentos del mundo donde se calcula que se encuentran en las calles cincuenta mil pandilleros, y diez mil más en las prisiones, según cifras oficiales.

Por otra parte, el Gobierno salvadoreño denunció este jueves la existencia de un plan para de “desestabilizar” el país los días previos a los comicios de domingo con manifestaciones de violencia. "Tenemos conocimiento de planes para crear situaciones de inestabilidad y violencia antes de las elecciones con el objeto de desprestigiar la imagen del Gobierno (...) nosotros condenamos estos hechos", aseguró el ministro de Seguridad, Ricardo Perdomo. El funcionario explicó que integrantes inactivos del ejército y trabajadores de las alcaldías de San Salvador, Mejicanos, Apopa y Cojutepeque, controlados por la derecha opositora, se proponen bloquear carreteras estratégicas para provocar confrontaciones con la Policía.

Para garantizar el normal desarrollo de las elecciones del domingo, Perdomo confirmó que 22.400 policías serán desplazados en todos los puestos de votación, en las carreteras y otros puntos estratégicos. 11.500 efectivos del ejército que ya patrullan el país en forma conjunta con la Policía, según el funcionario.

El gran favorito en las encuestas para los comicios del domingo es el ex guerrillero y actual vicepresidente, Salvado Sánchez Cerén, de 69 años. El candidato opositor para el partido ARENA (en el poder de 1998 a 2009) es el alcalde de la capital, Norman Quijano, de 67 años. En los comicios del 2 de febrero pasado, Cerén obtuvo el 48,95% de los votos, mientras que el 38,96% fueron para Quijano.

El ganador remplazará en el cargo al actual mandatario salvadoreño, Mauricio Funes, del FMLN. Su triunfo en 2009 supuso una victoria histórica para la ex guerrilla izquierdista de El Salvador, casi dos décadas después de la firma de los acuerdos de paz en el país.

Gobierno venezolano está obligado a buscar diálogo político con oposición

Tomado de esglobal

EVITAR LA IMPLOSIÓN DE VENEZUELA

Por International Crisi Group

Si no se rompe el círculo de violencia, el país podría sufrir un derrumbe político y económico.

Las confrontaciones políticas en Venezuela se han tornado violentas en los últimos días con el homicidio de seis manifestantes, lesiones causadas a muchos más y continuas restricciones a las libertades civiles. Esto amenaza con erosionar aún más la estabilidad y los derechos humanos en una nación de por sí polarizada, que enfrenta además una aguda crisis económica  y en donde la tasa de homicidios es una de las más altas del planeta.

El Ejecutivo y la oposición deben encontrar una forma de impulsar rápidamente un mínimo diálogo político. En última instancia, este diálogo –sobre la dirección económica que se le dará al país, sobre cómo controlar el crimen de la mejor manera y sobre cómo apaciguar la recalentada política venezolana– necesitará producir un resultado que todos puedan aceptar pacíficamente. En el corto plazo, sin haber empezado siquiera estas conversaciones, existe un claro y actual riesgo de incremento en la espiral de la violencia política y una debacle económica. La comunidad internacional, particularmente los países latinoamericanos, deben utilizar su influencia para llamar a un diálogo inmediato, pero también dejar en claro a todas las partes – particularmente al Gobierno– que más violaciones a los derechos humanos y la erosión de los valores democráticos acarrearán un gran costo.

Después de un comienzo tambaleante en 2013 (incluyendo alegatos de fraude en la elección presidencial y la pugna de la oposición por convertir las elecciones locales de diciembre en un plebiscito sobre su mandato), Nicolás Maduro parecía haber alcanzado una mayor estabilidad política. Ahora el futuro de su Gobierno se ha puesto nuevamente en duda. El descontento generalizado por la situación económica del país, la ausencia de productos básicos de consumo, la alta inflación y el crimen violento han alimentado las protestas en pueblos y ciudades a lo largo y ancho del país, inicialmente lideradas por estudiantes y una parte de la coalición de oposición Mesa de Unidad Democrática (MUD), bajo el liderazgo de Leopoldo López (cabeza del partido Vanguardia Popular) y la parlamentaria independiente María Corina Machado. El líder de la MUD y ex candidato presidencial, Henrique Capriles, ha formulado un llamado a la contención y la moderación y también ha exigido un diálogo político inmediato y el fin de las acciones de organizaciones paramilitares y de la violencia contra los manifestantes.

El Gobierno ha respondido con violencia excesiva, atacando a los manifestantes no sólo con equipos antimotines como gases lacrimógenos y cañones de agua, sino también con garrotes, balas de plástico y munición real. Aparentemente los miembros de la policía de seguridad (SEBIN) y grupos paramilitares en motocicletas han sido grabados en video disparándole a los manifestantes. Grupos de derechos humanos afirman que docenas de personas han sido arrestadas, golpeadas y torturadas.

Los medios de comunicación estatales aseguran que se avecina un “golpe de Estado fascista”, financiado y promovido por Estados Unidos. La mayoría de las estaciones de radio y televisión privadas han resuelto no cubrir en directo las manifestaciones bajo la amenaza de ser multadas o cerradas; el canal colombiano de televisión por cable (NTN24) fue suspendido y periodistas en las calles han sido golpeados y detenidos, con su equipo y material de trabajo confiscado. Las dificultades de acceso a Internet son atribuidas por algunos a sabotaje del Ejecutivo.

El 12 de febrero, estudiantes que exigían la liberación de compañeros detenidos marcharon frente a la sede principal de la Fiscalía General. Aquellos que permanecieron después de la manifestación realizaron actos vandálicos contra el edificio y se enfrentaron con partidarios armados del Gobierno en una lucha que produjo tres muertes. El Ejecutivo venezolano luego expidió una orden de captura contra López por cargos que incluyen homicidio, conspiración y terrorismo. Luego de permanecer en la clandestinidad por varios días, Leopoldo López reapareció el 18 de febrero en medio de miles de seguidores en Caracas, profirió un discurso exhortando a una confrontación pacífica y se entregó a la Guardia Nacional. Manifestaciones en su apoyo se sucedieron en todo el país.

Aunque el caos en las calles haya sustraído la atención de la crisis económica, ambos fenómenos se exacerban mutuamente. El presidente Maduro ha sido incapaz, o no ha tenido la voluntad, de poner fin a los grupos armados, y no parece haber una investigación en curso para identificar o procesar a los responsables de excesos. El Gobierno, o las facciones dentro de éste, puede que hayan resuelto promover un escenario violento, presuntamente bajo la creencia de que esto favorecería su causa, ya fuese porque dividiría a la oposición, amedrentaría a los manifestantes en las calles, desviaría la atención de la mala gestión económica, proporcionaría una excusa para implementar medidas autoritarias o todas estas razones. También es posible que extremistas en la oposición estén buscando la violencia bajo la creencia de que ésta podría acelerar la caída del Gobierno; estas acciones serían inaceptables.

No existe una solución fácil. Venezuela carece de instituciones confiables y mecanismos esenciales para canalizar la disidencia y facilitar un acuerdo político. Las nuevas elecciones (parlamentarias) se llevarán a cabo a finales de 2015. Pero para comenzar a desenredar la confrontación, López, y otros que la oposición considera presos políticos, deben ser prontamente liberados a menos de que los cargos en su contra sean creíblemente sustanciados; las personas armadas que integran a los colectivos a favor del Gobierno deben ser desarmadas y desmovilizadas y el derecho a manifestarse pacíficamente debe ser garantizado. La oposición debe dejar en claro que rechaza cualquier recurso a acciones inconstitucionales dentro de su llamado para que Nicolás Maduro renuncie y que está dispuesta a dialogar para así reducir las probabilidades de más violencia y para asegurar reformas políticas. Las restricciones a la prensa deben ser levantadas y los ataques contra los periodistas deben cesar.

Un diálogo genuino es entonces necesario para construir consensos sobre las medidas necesarias para paliar la crisis económica y, en el largo plazo, el crimen violento. Hasta ahora, la oferta del Gobierno para conversar ha sido limitada principalmente a asuntos administrativos, pero si éste da señales claras de que está comprometido con negociaciones genuinas, la oposición deberá participar.

Crisis Group advirtió en marzo de 2013 que Venezuela no podría soportar confrontaciones políticas extralegales sin correr un serio riesgo de violencia. Se cruza esta línea cuando el Gobierno muestra pocas señales de autorregulación y la oposición se encuentra en peligro de radicalizarse. Si la violencia se desata, y las partes rechazan utilizar medios pacíficos, Venezuela se derrumbará política y económicamente, situación de la cual se recuperará lenta y dolorosamente, sin importar quien esté al mando. Es en el interés de todos, pero particularmente del Gobierno, contener la violencia, buscar el diálogo y ofrecer alguna distribución del poder.

La comunidad internacional se ha limitado a realizar débiles llamadas al diálogo y a una solución no violenta. El presidente Maduro rechazó suaves reproches de Colombia y Chile, tildándolos de interferencia en asuntos internos. Es hora, sin embargo, de que América Latina exija no solamente que las dos partes actúen responsablemente pero que el Ejecutivo respete los derechos humanos, pues éste se encuentra obligado a hacerlo por sus compromisos legales internacionales. Las potencias como Brasil deben ser más activas en insistir en una solución política. Las organizaciones regionales, UNASUR, MERCOSUR y CELAC – las cuales profesan apoyo a los principios democráticos– necesitan hacer más audible su oposición a las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado y a cualquier acto de violencia por parte de los manifestantes.

El futuro de Venezuela está sobre la mesa, pero su implosión política y económica podría también afectar a una región que ha disfrutado un largo periodo de crecimiento económico, estabilidad y democracia arduamente conseguido. Aceptar reclamaciones de soberanía no puede convertirse en una excusa para la falta de acción, cuando estos logros tan importantes están en juego. 

Centroamérica sigue siendo una de las regiones más desiguales del planeta

Tomado de esglobal

¿HACIA DÓNDE VA CENTROAMÉRICA?

Un futuro incierto a causa de la violencia, la desigualdad y unas élites que persiguen agendas individuales.

Por Diego Sánchez Ancochea y Salvador Martí

Centroamérica ha avanzado mucho en las más de dos décadas que han transcurrido desde los Tratados de Paz. Las instituciones democráticas han permanecido estables y, con la excepción de Honduras (por el golpe de 2009), los presidentes han sido elegidos en procesos electorales más o menos competitivos. A la vez, los ejércitos han aceptado su subordinación al poder civil y el poder judicial ha avanzado poco a poco en su independencia en casi todos los países. Además, en algunos aspectos, también ha avanzado el proceso de construcción del Sistema de Integración Centroamérica (SICA), sobre todo en el ámbito comercial, aduanero y de cooperación judicial.

Los gobiernos centroamericanos también han impulsado algunas políticas públicas orientadas al desarrollo humano. El gasto social por persona en Guatemala, Honduras y Nicaragua dobla el que existía a principios de los 90 y en El Salvador se ha multiplicado por siete. Ha habido innovaciones importantes tanto en salud como en educación, y se ha realizado un esfuerzo novedoso por incluir a los más desfavorecidos en las iniciativas sociales del Estado con el fin de mejorar su condición de ciudadanos. Todo ello, sin duda, ha contribuido al descenso de la pobreza, cuya tasa es entre siete y catorce puntos porcentuales menor que en 1990.

No obstante, existen todavía muchos motivos para la desesperanza. Centroamérica es una de las regiones más violentas del mundo y el número de homicidios en El Salvador, Honduras y Guatemala es hoy mayor que durante las guerras civiles. El crecimiento económico ha sido bajo y, con excepción de Costa Rica, la región ha sido incapaz de desarrollar nuevos sectores que sustituyan la agro-exportación como motor productivo. La región sigue siendo, además, una de las más desiguales del planeta.

La emigración constituye la mejor muestra de las dificultades que Centroamérica tiene para consolidar sociedades más democráticas, dinámicas y equitativas. Actualmente, miles de personas abandonan cada año la región, uniéndose al más de 10% de centroamericanos que viven fuera, y las remesas de emigrantes se han convertido no solo en la mayor fuente de divisas, sino en un ingreso imprescindible para millones de familias.

¿Cómo entender los problemas de la región? ¿Por qué la suma de democracia y liberalización económica no ha dado los resultados que muchos esperaban? Tres factores interrelacionados son particularmente importantes. En primer lugar, la posición económica y geopolítica de Centroamérica es ciertamente desventajosa, pues no ofrece las ventajas comparativas que sí tiene México (en cuanto a maquilas) ni dispone de las commodities que sí tienen muchos países de América del Sur. Además, la reciente competencia china dificulta la expansión de las exportaciones de ropa y otras manufacturas a Estados Unidos. Incluso en la más desarrollada Costa Rica hay muy pocas empresas capaces de competir en los mercados internacionales –en este sentido la compañía Intel es una excepción–. Como importador neto de petróleo, gas y otros recursos naturales, Centroamérica se ha visto muy perjudicada por el aumento de precios de estos productos que tanto ha beneficiado a sus vecinos del Sur (tal como ha ocurrido con la soja en Argentina y Paraguay, con el cobre y la madera en Chile, o con el petróleo en Venezuela y Ecuador). A la vez, la región se ha convertido en una zona de tránsito de droga producida en los países andinos y los cárteles operan a sus anchas aprovechándose de la debilidad que tienen los Estados para enfrentarlos.

Este elemento, la debilidad del Estado, es el segundo gran obstáculo para el desarrollo económico. La falta de recursos y de funcionarios independientes sigue limitando la capacidad de las administraciones nacionales para mejorar la calidad y eficiencia de sus servicios. La carga impositiva como porcentaje del PIB es mucho más baja en Centroamérica que en países con similar nivel de riqueza. La mayoría de los empleados públicos son elegidos por criterios políticos, sus carreras profesionales son episódicas y reciben salarios insuficientes. La corrupción es endémica –incluso en Costa Rica, el país con instituciones más fuertes – y la influencia de los grupos de poder (legales e ilegales) es cada vez más preocupante. Como resultado el Estado es tan incapaz hoy como hace tres décadas de liderar un proyecto consensuado de desarrollo económico, político y social.  

Pero quizá el problema más serio tenga que ver con el extraordinario poder que todavía mantiene la élite económica. Según datos recientes publicados por el diario El País, los poco más de mil millonarios centroamericanos tienen una fortuna combinada de 137.000 millones de dólares (unos 100.000 millones de euros), equivalente al 79% del PIB regional. Los principales grupos económicos controlan un sinnúmero de actividades distintas, desde la producción de textiles para la exportación a servicios financieros y construcción de viviendas y supermercados, y se han convertido en socios imprescindibles para las principales empresas multinacionales.

Los grandes empresarios se benefician de una enorme influencia en la política a través de distintos canales, incluyendo el control de los partidos políticos, la presión sobre legisladores y jueces y la financiación de campañas electorales. En Guatemala, por ejemplo, el 97% del gasto realizado por los partidos políticos en las presidenciales de 2011 vino de fuentes privadas. El fracaso de numerosas reformas tributarias, particularmente aquellas que pretendían aumentar los impuestos directos, y las dificultades de todos los gobiernos para regular los mercados y fomentar la competencia son quizá las muestras más claras de la influencia privada recurrente.

El futuro de Centroamérica es incierto. Probablemente continuarán los avances en áreas importantes como la competencia electoral y la independencia judicial. Sin embargo, los obstáculos para controlar la violencia y construir economías más equitativas y democracias más efectivas parecen hoy insuperables. Buena muestra de ello es que sólo el 57,6% de los centroamericanos apoyen explícitamente la democracia que tanto costó construir. Quizá la solución pase necesariamente por la promoción, desde cada uno de los países de la región, de redes transnacionales para la defensa de los derechos. No menos importante en el proceso será que parte de la misma élite que hoy persigue agendas individuales se dé cuenta de los beneficios que el fortalecimiento del Estado y su capacidad redistributiva podría tener incluso para ellos mismos en el largo plazo.