El polémico hospital general de Luanda, construido por China y que tuvo que ser evacuado poco después de su construcción por defectos, dicen vinculados a la corrupción. Foto de Heriberto Araujo /Juan Pablo Cardenal Siendo como es un país poderoso e influyente, a China no le gusta que los extranjeros –sobre todo los occidentales- se inmiscuyan en sus asuntos (véase como ejemplo el caso del Premio Nóbel de la Paz). En los círculos académicos y políticos chinos se piensa que Occidente ya tiene a sus espaldas una pesada lacra propia (esclavismo, colonialismo, golpes de Estado…) como para dar lecciones a otros.
Por Heriberto Araújo y Juan Pablo Cardenal
Recientemente, la experta estadounidense Deborah Brautigam (The Dragon’s Gift. The real story of China in Africa), que defiende posiciones muy condescendientes con la actuación de China en el continente negro, llegó incluso a criticar que las ONG y think tanks occidentales tuvieran departamentos especializados en el estudio de China en África. Brautigam arguye que no se debe investigar más lo que hace China que lo que puede hacer países como India, Irán o Francia.
El planteamiento de Pekín y de Brauntigam me parece erróneo. Y el motivo es que China es un país donde no existe lo que en inglés se llama accountability. Algo así como responsabilidad social, que empresas, gobiernos e instituciones se ven forzados a aplicar por la presión de organismos vigilantes (prensa, ONG, justicia).
Se puede aceptar que algo hay de envidia –por usar un término que utilizó un africano que hablaba del asunto- en Occidente cuando éste critica a China en su actuación en África. Pero no se puede reducir todo a eso. Sería absurdo.
La crítica occidental –que por otro lado no es sólo contra China- se construye sobre la experiencia de décadas relacionándonos (y por tanto cometiendo errores) en África. Y también sobre la necesidad de que exista un control a lo que China hace en el continente negro.
No se puede obviar el hecho de que China es un país con una magnitud fuera de lo normal. No sólo por sus más de 1.300 millones de personas, sino también por un Gobierno dictatorial que, aunque eficiente en lo económico, apenas deja espacio para el debate social.
Pekín (o sus gobiernos provinciales, si se quiere) controlan los bancos, la justicia y la prensa. El Partido Comunista de China aglutina los poderes del legislativo, ejecutivo y judicial, además del económico y la prensa (el supuesto cuarto poder).
¿Cómo no va a ser necesario que se investigue y se pregunte sobre China en África? ¿Cómo pueden los académicos chinos –conscientes de todo esto, pero que de cara a la galería expresan por lo general opiniones que rozan la línea oficial- molestarse cuando un occidental niega sus tesis edulcoradas? ¿Para qué sirve el periodismo, entonces?
Seguramente suceda, algún día, y los periodistas chinos puedan por fin criticar abiertamente lo que su Gobierno hace mal. Por el momento, la sociedad civil africana –mucho más activa de lo que se podría pensar- ya se está movilizando. Y ellos no titubean, aunque en sus Estados también haya regímenes no democráticos.
