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sábado, 17 de mayo de 2014

Miles de toneladas de desperdicios tóxicos fueron esparcidos ilegalmente en Brentwood y Central Islip



Legisladora Racismo Ambiental en Brentwood, busca el mayor castigo para contaminadores

Por E. Fraysinnet / LTH

En medio de una comunidad indignada por lo que ellos califican como un “racismo ambiental”, la descarga ilegal de más de 32,000 toneladas de desechos tóxicos en el Parque Roberto Clemente, en Brentwood, la legisladora Mónica R. Martínez, del 9no Distrito, anunció que someterá una propuesta de ley para aplicar las mayores sanciones posibles en contra de las compañías responsables de la contaminación.

La medida fue anunciada por Martínez durante la protesta que fue realizada junto al Asambleísta estatal Phil Ramos y un grupo de organizaciones comunitarias, frente a las puertas  del clausurado Parque Roberto Clemente.

En su propuesta, la legisladora busca modificar la ley local en su Capítulo 189 con lo cual se estaría excluyendo de cualquier contrato de trabajos con el condado de Suffolk a aquellas empresas que sean o hayan sido encontradas culpables de delitos de contaminación al medio ambiente. Aunque esto no libraría a los culpables de cualquier castigo penal o criminal que resulte de la investigación, aún en curso, de la Fiscalía del Condado de Suffolk.

“Estoy extremadamente indignada por el riesgo al que injusta e irresponsablemente han sido sometidos los niños y demás residentes de la comunidad de Brentwood”, dijo la legisladora durante la protesta del lunes.

El parque fue cerrado indefinidamente por investigaciones realizadas por el Fiscal del Distrito Tom  Spota, quien investiga a los responsables del vertedero ilegal de materiales contaminantes, siendo sujeta de investigación como presunta responsable la empresa Daytree at Cortland Square Inc.

Y ante la preocupación de la comunidad, Martínez invitó a los residentes a asistir este jueves 15 de mayo, a las 6:30 p.m., a la biblioteca pública de Brentwood donde ha organizado una clínica de asuntos legales y Médicos el cual contará con un panel de especialistas que evacuarán todas las inquietudes de la comunidad ante este indeseable hecho.

Guardia forestal lo reportó

Y la indignación de los residentes de Brentwood no solo es contra los contratistas que descargaron los desechos tóxicos en el parque ubicado en Brentwood, sino también demandan respuestas al Town de Islip, porque ellos creen que las autoridades municipales sabían del problema desde el año pasado.

Al respecto, el Asambleísta Philip Ramos llamó a la descarga de contaminantes en Brentwood un “racismo ambiental”, en dicha comunidad más del 90% son latinos y afro-americanos, y cree que las autoridades del Town de Islip ignoraron el problema a pesar que lo sabían.

De acuerdo a los reportes de prensa, desde noviembre pasado los funcionarios del Town de Islip fueron informados las descargas ilegales a gran escala que estaba pasando en el Parque Roberto Clemente, meses después de que se iniciaran los trabajos para mejorar los campos de fútbol en la instalación.

Como News 12 ha reportado, un contratista externo que estaba trabajando con una iglesia para arreglar los campos de fútbol del parque, está siendo culpado por las descargas ilegales.

Pero los funcionarios del Town de Islip afirman que no tenían conocimiento de la descarga ilegal. El concejal Anthony Senft dijo que el Consejo de Ciudad despidió al Comisionado de Parques, Joseph Montouri, semana pasada. Y agregó que Montouri, aparentemente, recibió un informe de un guardia forestal que estaba preocupado por la descarga de los deshechos, pero  que el memorándum nunca salió del Departamento de Parques.

El Long Island Builders Institute (LIBI) ha suspendido a dos de sus miembros por su posible involucramiento en la descarga de deshechos de materiales de construcción en el parque de Brentwood.

Thomas de Clara Datre, ambos ex presidentes de LIBI han sido suspendidos a causa de “cuestionamientos respecto al problema” de su relación con las compañías señaladas por la fiscalía de realizar las descargas ilegales de deshechos, según reportó Long Island Business.


viernes, 20 de septiembre de 2013

CSJ admite recurso contra ley de amnistía. Candidatos del FMLN son beneficiarios de la misma


Además de los candidatos efemelenistas, ambos ex comandantes militares del FMLN también un expresidente de ARENA es beneficiado de la misma, así como otros actores militares de ambos durante el conflicto algunos hoy políticos activos o retirados.

Sala admite demanda para declarar inconstitucional ley de amnistía

La Sala de lo Constitucional otorgó un plazo de 10 días a la Asamblea Legislativa para que justifique la constitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz en El Salvador.

La Sala de lo Constitucional admitió hoy una demanda que busca declarar inconstitucional la Ley de Amnistía en El Salvador, que fue aprobada en 1993 luego de finalizado el conflicto civil que duró alrededor de una década.

La demanda fue presentada por el titular del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), Benjamín Cuellar, y la directora ejecutiva de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho  (FESPAD), María Silvia Guillén.

Según el comunicado de la Sala, "los demandantes señalan vicios de forma, ya que consideran que la Asamblea Legislativa, al emitir la ley, habría incumplido los requisitos constitucionales del procedimiento legislativo. Así, manifiestan que el procedimiento de formación de la Ley de Amnistía contradice los artículos 85 y 135 Cn., ya que la ley “no fue discutida, ni estudiada, ni analizada”. Lo anterior implica que no se respetaron los requisitos de publicidad, contradicción, libre debate y discusión del procedimiento legislativo, y ello afectaría la validez de toda la ley."

El magistrado de la Sala de lo Constitucional, Florentín Meléndez, afirmó que la demanda por la Ley de Amnistía fue admitida por unanimidad. Por el momento, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Salomón Padilla, no se encuentra en el país por lo que no formó parte de la votación para admitir la demanda.

"No tenemos más que una admisión de resolución. Se están corriendo traslados a la Asamblea y se seguirá el trámite normal", agregó Meléndez.

Una Ley de Amnistía es, en un ámbito general, una legislación que otorga la extinción de la responsabilidad penal sobre delitos cometidos en un período y un territorio determinado. En el caso de El Salvador, la ley de amnistía actual prohíbe que se condenen  o se persiga a todos los que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la guerra, autores materiales e intelectuales.

En 1991 se condenó a dos de siete militares imputados como autores materiales en el caso del asesinato de 6 jesuitas (cinco españoles y un salvadoreño) además de su ama de llaves y su hija, sin embargo estas personas recuperaron su libertad por la ley que ahora se pretende anular en 1993.

La Sala además otorgó un plazo de 10 días a la Asamblea Legislativa para que justifique la constitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz. 


La admisión de la demanda fue firmada por los magistrados Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Rodolfo González y por el magistrado suplente Germán Álvarez.