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viernes, 28 de diciembre de 2012

Gobierno guatemalteco venderá marihuana para financiar carreteras y otras obras

Tomado de El periódico
El Estado se encargará de la producción y comercialización de la droga, como única entidad que puede hacer frente al narcotráfico.

Marihuana libre a partir del 15 de enero

El Estado comercializará cigarrillos de cannabis para financiar carreteras y la reconstrucción de áreas afectadas tras el terremoto de San Marcos. La liberalización se aplicará solo en Sacatepéquez, Sololá, Retalhuleu y El Progreso.

Por Antonio Solórzano

Desde el próximo 15 de enero, la venta de marihuana será libre en algunos departamentos del país. Esto fue anunciado ayer por el presidente Otto Pérez Molina, como una medida concreta en su cruzada por legalizar las drogas, emprendida desde el inicio de su gestión.

En lo que él denomina “un plan piloto y experimental” para evaluar los beneficios que esta política de liberalización puede aportar a la lucha contra el narcotráfico, el Presidente es apoyado en principio por la bancada del Partido Patriota en el Legislativo y se encuentra en negociaciones con otras agrupaciones políticas que puedan darle su aval.

“Así como hemos implementado, con óptimos resultados, barrios y departamentos seguros, hemos trabajado junto al ministro de Gobernación, López Bonilla, un plan de liberalización de sustancias tóxicas en algunos lugares, con vistas a que esto pueda funcionar a corto plazo en todo el país. Por el momento, la medida se circunscribirá a las áreas de Sacatepéquez, Sololá, Retalhuleu y El Progreso. La legalización funcionará, en esta primera etapa, única y exclusivamente con la marihuana”, dijo el mandatario en conferencia de prensa, luego de la reunión de Gabinete.

La idea, explicó Pérez Molina, es que “el Estado se encargue de la producción y distribución de la también llamada yerba, ya que es la única institución fuerte para entrar en competencia con los denominados carteles de la droga. En La Antigua, por ejemplo, hemos tenido pláticas con los distribuidores independientes (conocidos como dealers) y ellos nos han ofrecido una infraestructura comercial que ha probado su eficacia durante años. En Sololá hay un significativo grupo de pequeños cultivadores que están dispuestos a trabajar para el servicio público. Tendrían prestaciones, Seguro Social, etcétera”, añadió el Presidente.

La propuesta

El plan es que la marihuana, que se distribuirá en paquetes de diez cigarrillos (también llamados huatos o carrizos), tenga una tasa de impuestos del doble de su valor real, dinero que se invertirá directamente en asfaltar y/o cementar las carreteras y los caminos comunales que existan en el país. También en el plan de reconstrucción de San Marcos, con verdaderas casas “tipo Baldetti”, es decir con amplios jardines, chimeneas, cuadras para caballos y en algunos modelos con piscina climatizada.

La distribución libre, a partir del 15 de enero de 2013, se hará a través de tiendas de barrio autorizadas (estas tienen todo este mes para presentar su solicitud al Ministerio de Gobernación); los pushers independientes, que podrán tener sus propios estanquillos autorizados en parques, mercados o centros comerciales; o directamente en las ventanillas que para el efecto implementarán las gobernaciones departamentales. Los horarios de venta serán de 6:00 a 22:00 horas. Luego funcionará una especie de ley seca, libre de humo.

Discriminación

Como una “medida desesperada” debido a la nula acogida que la propuesta de liberalización de la droga ha tenido en la comunidad internacional, calificó Manuel Baldizón, secretario general del partido Líder, la política anunciada por Otto Pérez Molina.

“Estamos de acuerdo en que la legalización puede ser efectiva en la lucha contra el narcotráfico, pero tal y como el Presidente la plantea, únicamente servirá para beneficiar a los mismos de siempre. Díganme ustedes, ¿por qué sólo Sacatepéquez, Sololá, Reu, El Progreso…? En el área de Petén se cultiva la mejor marihuana de la región, altamente calificada por su pureza a nivel internacional desde hace por lo menos 50 años. Sería lógico que una medida como esta empezara por ahí, departamento visitado por el turismo de alto nivel, cuna de la Civilización Maya. Es decir, algo que podría beneficiar aún más a su población y proyectar a Guatemala a nivel global”, opinó Baldizón.

Sea como fuere, este 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, será clave en la Historia del país. Día en que se anuncia el principio de la legalización de la droga en Guatemala. Así comienza una nueva era.

martes, 20 de noviembre de 2012

Colorado y Washington esperan boom económico por legalización de la marihuana


Tomado de The Huffington Post

Legalización marihuana: Colorado y Washington esperan un gran crecimiento de negocios relacionados

El negocio de la marihuana puede echar raíces en Estados Unidos. La legalización de su consumo para fines recreativos en Colorado y Washington en las pasadas elecciones supone una oportunidad de negocio para muchos productores locales.
Según la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis (NCIA, en sus siglas en inglés), tan sólo la industria médica de la marihuana generó en Colorado 181 millones de dólares en ventas desde 2010 y dio trabajo a 4.200 personas. Unas cifras que se incrementarán con la legalización, según indica Aaron Smith, director ejecutivo de la NCIA, a The Huffington Post.
"La industria médica de la marihuana sólo supone el 10% de los consumidores en Colorado, lo que significa que hay otro 90% que obtiene marihuana en el mercado negro. Ahora que será más fácil, habrá un crecimiento significativo del mercado", indica Smith, quien cree que las ventas generarán miles de millones de dólares de beneficio en Colorado y Washington. Además, cree que California será "el siguiente de la lista" porque el mercado allí es "enorme".
En Washington, Alison Holcomb, directora de campaña de New Approach Washington, la principal asociación en apoyo a la legalización, es igual de optimista sobre el impacto económico que supondrá. "Imagino que habrá granjeros interesados. Panaderías y tiendas de bebidas también pueden querer productos con marihuana", asegura.
Sin embargo, el optimismo choca con la realidad de Estados Unidos, donde el Gobierno federal sigue considerando ilegal la producción de marihuana. Por eso, algunos empresarios no lo tienen tan claro. "Tengo dudas sobre si producir pasteles por las leyes federales", asegura a The Huffington Post Emily Brune, dueña de una tienda de repostería en Seattle (Washington). "Lo haría si pudiera venderlos con seguridad. Pero es demasiado riesgo, porque si pierdo mi negocio pierdo mi casa", explica. Dueños de otros establecimientos mantienen las mismas opiniones.



Más aún después de leer el comunicado de la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas en el que se asegura que la situación no ha cambiado y que la marihuana sigue siendo una "sustancia bajo control". Pero desde la NCIA mantienen que los ciudadanos "se han levantado y han dicho que, no sólo apoyan la legalización, sino que quieren que se extienda". "Esto puede servir de presión para que el Gobierno se mueva en la dirección correcta y armonice el sentimiento de los votantes con una ley a nivel federal", añaden.

jueves, 15 de noviembre de 2012

El fin de la prohibición de la marihuana está a la vista

Tomado de Infolatam
Marihuana: el principio del fin de la prohibición

Por LUIS ESTEBAN G. MANRIQUE


El Instituto Mexicano para la Competitividad estima que debido a los referendos de Colorado y Washington, los carteles mexicanos perderán casi 3.000 millones de dólares al año, un golpe mucho más duro para sus finanzas que todos los que han recibido del ejército y la policía mexicanos hasta ahora.

El principio del fin del régimen prohibicionista de la marihuana –y con él probablemente también la larga e infructuosa “guerra contra las drogas”- podría haber ocurrido en dos de los Estados menos poblados de EEUU: Colorado y Washington.


(Especial para Infolatam).- El fin de la llamada “ley seca”, que prohibió vender bebidas alcohólicas en EEUU entre 1920 y 1933, fue un proceso gradual y acumulativo. Mientras que el crack de 1929 movió al gobierno federal a buscar nuevas fuentes de ingresos vía impuestos, diversos gobiernos estatales comenzaron a derogar la ley Volstead, su nombre oficial, para reactivar la industria del alcohol, que hasta 1919 había sido la quinta más importante del país.

Al final, la enmienda 21 a la Constitución -que derogó la enmienda 18, que había instaurado la ley seca-, fue ratificada por el Senado el 5 de diciembre de 1933. Durante los años veinte, los norteamericanos se dieron cuenta poco a poco el remedio había sido peor que la enfermedad. El consumo de alcohol subsistió de forma clandestina y bajo el control de mafias violentas que corrompieron a la policía y a las autoridades judiciales. En 1932, tres cuartos de la población quería el fin de la veda.

El principio del fin del régimen prohibicionista de la marihuana –y con él probablemente también la larga e infructuosa “guerra contra las drogas”- podría haber ocurrido en dos de los Estados menos poblados de EEUU: Colorado y Washington.

Debido a una inédita alianza de sectores libertarios de derechas e izquierdas, el pasado 6 de noviembre sus votantes aprobaron –por el 55 y 45%, respectivamente- legalizar el consumo “recreativo”, la posesión y comercialización del cannabis, la primera vez que ello sucede en cualquier lugar del mundo. Las propuestas aprobadas van mucho más allá del uso “medicinal” de la hierba o incluso de la tolerancia a la holandesa, que es solo una forma de despenalización.

Nadie sabe a ciencia cierta qué va a pasar ahora, dado que el gobierno federal sigue considerando la marihuana como una droga tan peligrosa o adictiva como la heroína. Pero el hecho de que el fiscal general, Eric Holder, no se pronunciara en contra de los referendos, como hizo en 2010 contra la llamada proposición 19 votada en California con objetivos similares, muestra el desconcierto reinante en Washington.

Holder tampoco respondió a la demanda de nueve ex directores de la DEA, la agencia federal antidrogas, para que se opusiera a los proyectos de legalización. Dado que Barack Obama ha reconocido que durante su adolescencia en Hawai fumaba marihuana, no es descartable que su posición personal al respecto esté “evolucionando”, como lo hizo en relación al matrimonio homosexual, que terminó apoyando después de años de dudas.

¿Interpondrá ahora una demanda el departamento de Justicia para hacer prevalecer la ley federal declarando inválidos los resultados de la votación? Si se plantea un conflicto entre Washington y los gobiernos de Colorado y Washington, es posible que el caso llegue al Tribunal Supremo.

La primera ficha en caer

Pero una vez que cae la primera ficha del dominó, la reacción en cadena es imparable. Mientras que nueve Estados y la capital federal han legalizado ya el matrimonio gay, 26 o bien han autorizado el cannabis para usos medicinales o aprobado leyes para reducir o eliminar las penas de presión por posesión de pequeñas cantidades. En Alaska, por ejemplo, es legal tener hasta cuatro onzas (113 gramos) de cannabis y cultivar 24 plantas en domicilios particulares. Según una encuesta de Gallup del año pasado, el 50% de los norteamericanos favorece la legalización, un 4% más que en 2010.

No es extraño. En los últimos 40 años, EEUU ha gastado casi un billón de dólares en la “guerra contra las drogas” sin que haya podido reducir la oferta ni los precios de las sustancias ilegales. Hoy el país tiene tres veces más reclusos per capita que en 1980 y casi 10 veces más en proporción a otros países desarrollados. En 2010 fueron detenidas 1,6 millones de personas por posesión de drogas, en la mayoría de los casos marihuana.

Las reverberaciones sísmicas de las consultas ya se han hecho sentir al sur del río Grande. En la capital mexicana, los gobiernos de México, Costa Rica, Honduras y Belice firmaron el 12 de noviembre una declaración que calificaba de “cambio paradigmático” la legalización de la producción, venta y consumo de marihuana en “algunas regiones de nuestro continente”.

En los próximos meses, el gobierno uruguayo pondrá en manos del Estado la producción y distribución de cannabis. En Argentina y Brasil ya han comenzado a surgir demandas populares parecidas. A partir de ahora, para Washington será más difícil presionar a Enrique Peña Nieto para que continúe las políticas de mano dura de Felipe Calderón o criticar a otros gobiernos latinoamericanos que se muevan en esa misma dirección.

En materia de seguridad, la situación ha llegado a un límite en América Latina. México ha perdido 55.000 vidas desde 2006 por la guerra contra el narcotráfico, además de incidentes de tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y la degradación de su imagen internacional por la profusa difusión de imágenes de gente siendo decapitada, colgando de puentes o ejecutada en las calles.

En abril de 2011, el ex presidente Vicente Fox dio una conferencia en la Universidad de Boulder (Colorado), en la que dijo que los consumidores de drogas en EEUU gastan todos los años miles de millones de dólares que cuando llegan a México se emplean para comprar armas y corromper policías: “Así cuando ustedes se pregunten sobre lo que está pasando en México, tengan en cuenta que eso depende de lo que ocurre en este país”.

El gobierno mexicano suele quitar hierro al asunto insistiendo que la inmensa mayoría de los víctimas son criminales asesinados por otros criminales. ¿Pero cómo lo puede saber? Solo el 5% de los asesinatos en México llega a resolverse. Peña Nieto ha prometido que reducirá la tasa de homicidios anuales, actualmente de 22 por 100.000 habitantes, tres veces más que en 2006, a la mitad cuando termine su mandato en 2018.

Guatemala es otro de los frentes más convulsos de la guerra. El presidente Otto Pérez Molina aumentará el gasto en defensa en un 25% para abrir nuevas bases militares a lo largo de la fronteras con México, donde bandas como las de Los Zetas han logrado consolidar un cierto dominio territorial, y sustituir a la policía por las fuerzas especiales de los Kaibiles. El año pasado, la matanza de 27 campesinos fue atribuida a un grupo de Los Zetas comandado por un ex miembro de los Kaibiles.

Según Marvin Ponce, vicepresidente del Congreso hondureño, el 40% de las fuerzas policiales de ese país está implicada en el narcotráfico. Desde 2010 se han registrado en Honduras 10.000 denuncias contra las fuerzas de seguridad por violaciones de los derechos humanos.

Luis Videgaray, jefe del gabinete de transición de Peña Nieto, ha advertido que México ya no podrá contener un tráfico ilegal cuando el propio EEUU ha liberalizado sus leyes. “¿Para que enviamos a nuestra policía a quemar plantaciones en las montañas de Guerrero, Sinaloa y Durango si cuando ese producto llega a Colorado se convierte en legal”, se pregunta el ex canciller mexicano Jorge Castañeda.

El año pasado la policía descubrió en Baja California una plantación de 120 hectáreas capaz de producir 120 toneladas de cannabis por cosecha. El Instituto Mexicano para la Competitividad estima que debido a los referendos de Colorado y Washington, los carteles mexicanos perderán casi 3.000 millones de dólares al año, un golpe mucho más duro para sus finanzas que todos los que han recibido del ejército y la policía mexicanos hasta ahora.

Según la DEA, la marihuana es la droga más incautada en los Estados del suroeste. El año pasado se capturaron 1.962.285 kilos, frente a 23.797 de cocaína y 1.308 kilos de heroína. Una cantidad similar fue capturada por la policía mexicana al otro lado del frontera. Entre el 40-70% de la marihuana que fuman los estadounidenses proviene de México.

Un movimiento de raíces populares


En la capital mexicana, los gobiernos de México, Costa Rica, Honduras y Belice firmaron el 12 de noviembre una declaración que calificaba de “cambio paradigmático” la legalización de la producción, venta y consumo de marihuana
El movimiento contra la prohibición está surgiendo desde abajo. A pesar de la oposición del gobernador y el fiscal general de Colorado y el alcalde de Denver, 1,3 millones de personas votaron a favor de la enmienda 64, que al final recibió 50.000 votos más que el propio Obama, que ganó en el Estado por un margen del 5%. Los partidarios de la propuesta recaudaron ocho veces más fondos que sus oponentes. Su campaña recibió un espaldarazo decisivo cuando se sumó a ella Tom Tancredo, un ex congresista republicano y miembro del movimiento ‘tea party’.

En el Estado de Washington, los partidarios de la iniciativa 502 lograron el apoyo de prominentes políticos, fiscales y policías. Peter Holmes, el fiscal de Seattle, se sumó a la campaña de legalización cuando descubrió que el 59% de los detenidos por posesión de marihuana eran afroamericanos, que solo representan el 7% de la población. 

Después de que la Fiscalía dejó de perseguir esos delitos, la tasa de delincuencia cayó drásticamente. Al final, la legalización terminó siendo un asunto menos polarizante que el matrimonio gay.

El nuevo ordenamiento legal entrará en vigor en ambos Estados antes de fin de año, después de que sus gobernadores ratifiquen el mandato de las urnas. El próximo paso, mucho más difícil, será convertir el actual mercado clandestino en un mercado regulado. La DEA, sin embargo, podría intervenir para capturar alijos, cerrar negocios y detener a sus dueños.

“Pero no va a poder dar marcha atrás al reloj” editorializa el Seattle Times. Entre otras cosas, porque no puede hace cumplir la ley federal sin la cooperación de la policía local.

Lo cierto es que hasta que el cultivo del cannabis no se industrialice, algo que no sucederá mientras en el resto del país sea ilegal, su cultivo seguirá siendo artesanal y, por tanto, de escasa rentabilidad para los productores y las arcas públicas. Si se aplicaran métodos agroindustriales modernos al cultivo de cannabis, un onza (28 gramos) podría costar no más de tres dólares, frente a los 300 que se pagan hoy en cualquier ciudad de EEUU. Lo probable es que Washington –y el resto del país- esperen a ver cómo se desarrolla el experimento.

miércoles, 4 de julio de 2012

FBI desclasifica expediente de Pablo Escobar Gaviria

Tomado de VerdadAbierta.com
Pablo Escobar y su campaña proselitista para la más alta magistratura colombiana

El FBI acaba de desclasificar más de mil páginas de archivos secretos sobre Pablo Escobar, que revelan cómo le siguieron los pasos desde que empezó a lavar dólares en EE.UU hasta que se convirtió en el terrorista más perseguido en Colombia.
Mientras en los sectores populares de Medellín, Escobar era un mecenas que construía barrios, se metía en los basureros y se hacía pasar por un Robin Hood, en Estados Unidos ya se le relacionaba con el tráfico de drogas.
Así lo confirma el primer informe del FBI sobre Escobar, realizado el 30 de marzo de 1984, cuando en Colombia el narco incursionaba en política como suplente del representante a la Cámara, Jairo Ortega, por el movimiento Alternativa Popular, que lideraba Alberto Santofimio Botero.

Para saber más sobre Escobar, agentes del FBI con sede en Newark, pidieron una autorización a sus superiores con el fin de desplegar una investigación que incluía interceptaciones telefónicas y agentes encubiertos que se harían pasar por vendedores de drogas o por hombres dispuestos a lavar dinero para Escobar.

La operación la bautizaron: “Pablo Escobar: Tema de estupefacientes” pero se cambió a “Operación Piscis” cuando el proyecto creció en su alcance.
Por razones de seguridad, muchos de los nombres y detalles en los documentos a los que tuvo acceso Verdadabierta.com fueron tachados y por eso no es posible ver toda la información de algunas páginas. 
Las identidades de los cómplices de Escobar, por ejemplo, son limitadas a “hombres blancos” sin antecedentes penales.

Sin embargo, aparecen descripciones del capo a lo largo de los documentos. Su entrada en la base de datos criminal del FBI señala: “Pablo Emilio Escobar Gaviria; Fecha de Nacimiento: 1 de diciembre de 1949; pelo negro; ojos marrones; anteojos; Ocupación: Senador; Alias : Pablo Escobar Carilla-Gariria, ‘Pablito’, ‘Emilio Gaviria’, Los Pablos Associates”.

En dos cartas al director del FBI, agentes federales citaron un artículo de Time Magazine en el cual Escobar se burla de la comparación entre él y las FARC: “Se me puede acusar de ser un narcotraficante, pero decir que estoy del mismo nivel que la guerrilla, así que realmente me duele la dignidad de persona”.

Otras descripciones lo califican como “el tercer hombre más rico del mundo”, “el narcotraficante más importante del mundo” o simplemente “un narcotraficante con sede en Colombia”.

En Colombia también empezaron los señalamientos. Mientras Escobar ganaba notoriedad en política, ese mismo año apareció el primer artículo periodístico publicado por el diario El Espectador, en el que lo relacionaban con el tráfico de drogas.

Su nombre, al igual que el de narcotraficantes como Gonzalo Rodríguez Gacha, los hermanos Fabio, Jorge Luis y Juan David Ochoa, Carlos Ledher Rivas, entre otros, estaban asociados a la creación de un grupo de justicia privada conocido como Muerte a Secuestradores (Mas), que le declaró la guerra a las guerrillas de las Farc y el M-19 por el secuestro de Marta Nieves Ochoa, hermana menor de los Ochoa. 

Este grupo es considerado en Colombia como uno de las primeras organizaciones paramilitares del país financiada con dineros del narcotráfico.Por su parte, en Estados Unidos, Escobar ya empezaba a ser referenciado como el máximo líder del Cartel de Medellín.
Pablo Escobar en sus inicios como jalador de carros. 

Pablo Escobar y sus lavanderías

En ese primer informe, un agente del FBI explica que recibió información en la que se vincula al capo con un complot para sacar dólares desde los EE.UU y varios países de Suramérica a bancos extranjeros. La fuente identifica a Escobar como el dueño de “varias empresas en los EE.UU, incluso varias lavanderías y lavaderos de autos”.

Al parecer, de allí empieza a acuñarse el término “lavado de dólares”, porque en ese momento el delito -o la referencia que se hace de él- era el de transporte ilegal de moneda.En los dos primeros documentos publicados por el FBI sobre Escobar, lo identifican como “el rey de drogas del mundo”, “un zar multimillonario de cocaína” y el líder de un plan para importar cantidades de cocaína no especificadas a los EE.UU y blanquear dinero.

“Dado la información proporcionada por nuestra fuente de Newark (Nueva Jersey), es muy probable que los señalados estén participando en el blanqueo de dinero ilegal de drogas”, dice un informe del 11 de abril de 1984, enviado al director del FBI.
Otro memorando del 10 de agosto de 1984 menciona que Escobar había sido recientemente acusado por un gran jurado federal de Miami en un caso de contrabando de cocaína y por eso era clasificado como fugitivo.
El mismo memorando hace hincapié en la necesidad de ampliar la operación, pidiendo los fondos para cubrir dos agentes especiales y material para chuzar a varios sospechosos de ser aliados o testaferros de Escobar en Nueva York y Miami.

Ante esa solicitud, el Gobierno Federal aprobó una operación encubierta: “Dada la información contenida en su solicitud, además que la otra información que he recibido sobre esta actividad clandestina, estoy seguro que está diseñado para llevar a cabo la detección y persecución de los delitos contra los EE.UU”, declara el jefe de la sala de crimen organizado, en una carta.
Esta investigación duró tres años y con ella se logró la detención de 220 narcotraficantes y la incautación de más que 5.000 kilos de cocaína. Aunque no lograron capturar a Escobar, la operación fue una de las más exitosas contra los narcotraficantes en la historia de los EE.UU.

En otro cable fechado el 19 de diciembre de 1984 y remitido al cuartel general del FBI, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá hizo un análisis de la situación que para ese momento enfrentaba Pablo Escobar y las posibilidades de extradición.
Según los documentos secretos, el principal problema para las autoridades federales de ese país era que el narcotraficante tenía inmunidad parlamentaria.Sin embargo, el entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, revelaría el prontuario delictivo de Escobar, por lo que el capo ordenó asesinarlo.

Tras la muerte de Lara (ocurrida el 30 de abril de 1984 en Bogotá), el Congreso promovió el 26 de octubre de 1983 un debate tras el que Escobar perdería su inmunidad por ser señalado como el autor del asesinato del ministro, con lo que se dejaron las puertas abiertas para que el gobierno norteamericano pidiera su extradición.
Entonces, el gobierno de Belisario Betancur anunció que extraditaría a cualquier colombiano que estuviera involucrado en el tráfico de drogas, lo que desataría una de las peores oleadas de violencia por parte de Escobar y sus aliados contra el Estado colombiano.

La embajada norteamericana en Colombia informó en ese cable que “este multimillonario colombiano” había perdido su inmunidad por la muerte de Lara, pero aseguró que esa vinculación “no hace automáticamente susceptible a Escobar de ser extraditado a los Estados Unidos”, y explicó que la Cámara de Representantes estaba a la espera de una solicitud de extradición y “no sólo de una solicitud de detención provisional”.

Según el cable, “la Embajada presentó al Gobierno colombiano una solicitud de detención provisional de Escobar el 26 de julio de 1984”. También, que la “Embajada no ha recibido instrucciones para buscar la extradición de Escobar a los EE.UU”.
Al evaluar la situación de ese momento, la Embajada expuso varios escenarios en su análisis.El primero de ellos tenía que ver con la captura de Escobar en el país. “En caso de que sea detenido en Colombia por el asesinato de Lara, se precipitaría una batalla legal que probablemente duraría hasta el final del mandato de Escobar como representante (a la Cámara) suplente”.
Otro escenario que contemplaban era hacer una captura en otro país: “Si Escobar es detenido en un tercer país, una petición del gobierno de Estados Unidos para su extradición es probable que compita con una solicitud de extradición de Escobar a Colombia”.

Después del asesinato del ministro Lara Bonilla, empezó la cacería a Escobar, por lo que los esfuerzos de las autoridades de Estados Unidos se orientarían a armar un expediente sólido que permitiera su extradición.

La División de Newark del FBI propuso entonces una gran operación encubierta contra Pablo Escobar y su organización, que incluía la interceptación de comunicaciones, con el fin de “aportar pruebas y testimonios” a la justicia norteamericana.
La operación fue descrita en el cable del 7 de marzo de 1985. En ese documento se indica que habría una infiltración a la organización de Escobar, específicamente para investigar las operaciones de blanqueo de dinero proveniente de actividades del narcotráfico y la importación y distribución de narcóticos. “Newark propone que esa investigación puede llevarse a cabo utilizando el actual personal del Newark a un costo mínimo”.

Escobar, preocupado por dinero en EE.UU.

Una de las mayores preocupaciones de Escobar que revelan los cables desclasificados del FBI, era el dinero que tenía en Estados Unidos. Son varios los cables en los que se indica su ansiedad por sacar esos recursos y llevarlos a otro lugar.
El tema fue abordado el 18 abril de 1985 en un cable enviado por agentes de Newark a la Dirección del FBI. En el documento se hace referencia a un posible escenario que se estaría configurando para esa época y que podría afectar el lavado de activos en Estados Unidos, pues Pablo Escobar quería sacar su dinero.

En relación al lavado de dinero, el FBI era consciente que parte de esos recursos “suministrados por los traficantes de cocaína colombianos emanan directamente de Pablo Escobar, cuya importancia en el comercio de la cocaína es bien reconocida”. Al parecer, el movimiento de dinero sería una práctica ilegal que violaría normas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El deseo de Escobar de sacar el dinero de ese país sería aprovechado por el FBI, que una vez enterado del asunto y ya infiltrada esa empresa criminal, proyectó una operación para involucrar al capo del Cartel de Medellín en delitos federales.
La idea era involucrarlo en un movimiento financiero de grandes proporciones utilizando “instrumentos financieros” que le permitieran al narcotraficante colombiano sacar el dinero de Estados Unidos, llevarlo a otro país y consignarlo en una cuenta que estaría bajo su control.
¿Operaciones encubiertas para sacarlo del país?

Un cable fechado el 22 de mayo de 1985 da cuenta de una operación encubierta a través de la cual se buscaba que Pablo Escobar montara un laboratorio de cocaína en República Dominicana. 
Para ello enviaron a un hombre desde Filadelfia, Estados Unidos, a hacerle la propuesta. “Desde entonces ha estado negociando en Colombia con los representantes de Escobar”, advierte el cable.

De acuerdo con la información obtenida por la División Newark, el propósito de ese viaje era convencer a Escobar de "establecer" una operación de procesamiento de cocaína en República Dominicana y para seducirlo se dijo que esa operación estaría protegida por alguien que “mantiene contactos de alto nivel dentro del Gobierno”.
Sin embargo, el cable no da cuenta del resultado de esa propuesta, que estuvo monitoreada en Bogotá por funcionarios de la DEA. Al parecer, el propósito era buscar la manera de sacar a Pablo Escobar del país, para capturarlo.

Para la época de la propuesta, el presidente de República Dominicana era José Salvador Omar Jorge Blanco, quien gobernó ese país entre los años 1982 y 1986.
Compra controlada de cocaína
Por último, los cables también arrojan información sobre operaciones del FBI tendientes a identificar a miembros de la organización de Pablo Escobar asentados en Estados Unidos. Para ello diseñaron operaciones de compras controladas de cocaína, asunto que fue apoyado por la División Newark, pues considerada que esa estrategia “conduzca directamente a los miembros del cártel de Pablo en la sede de Florida, con quienes se debe negociar en los Estados Unidos”.

Si bien los investigadores eran conscientes de que ese tipo de compras no los llevaría hasta Escobar, se podría establecer la capacidad que tenía esa organización para proveer grandes cantidades de cocaína a los supuestos compradores.
Con esas compras controladas, la División del FBI en Newark consideraba que “daría lugar a otros delitos punibles y reforzaría la investigación en curso de Newark sobre la conspiración de narcóticos, gracias a la demostración de la estrecha relación con los colombianos”.
Además, la estrategia -consideraban los investigadores- “aumentaría su credibilidad con el cártel de Escobar”, lo que podría derivar en un interés “renovado de los colombianos por consumar el lavado de dinero”.

Espere en próxima entrega "La tregua frustrada de Pablo Escobar"