Tomado de Infolatam
Marihuana: el principio del
fin de la prohibición
Por LUIS
ESTEBAN G. MANRIQUE
El Instituto
Mexicano para la Competitividad estima que debido a los referendos de Colorado
y Washington, los carteles mexicanos perderán casi 3.000 millones de dólares al
año, un golpe mucho más duro para sus finanzas que todos los que han recibido
del ejército y la policía mexicanos hasta ahora.
El principio del
fin del régimen prohibicionista de la marihuana –y con él probablemente también
la larga e infructuosa “guerra contra las drogas”- podría haber ocurrido en dos
de los Estados menos poblados de EEUU: Colorado y Washington.
(Especial para Infolatam).- El fin de
la llamada “ley seca”, que prohibió vender bebidas alcohólicas en EEUU entre
1920 y 1933, fue un proceso gradual y acumulativo. Mientras que el crack de
1929 movió al gobierno federal a buscar nuevas fuentes de ingresos vía
impuestos, diversos gobiernos estatales comenzaron a derogar la ley Volstead,
su nombre oficial, para reactivar la industria del alcohol, que hasta 1919
había sido la quinta más importante del país.
Al final, la enmienda 21 a la
Constitución -que derogó la enmienda 18, que había instaurado la ley seca-, fue
ratificada por el Senado el 5 de diciembre de 1933. Durante los años veinte,
los norteamericanos se dieron cuenta poco a poco el remedio había sido peor que
la enfermedad. El consumo de alcohol subsistió de forma clandestina y bajo el
control de mafias violentas que corrompieron a la policía y a las autoridades
judiciales. En 1932, tres cuartos de la población quería el fin de la veda.
El principio del fin del régimen
prohibicionista de la marihuana –y con él probablemente también la larga e
infructuosa “guerra contra las drogas”- podría haber ocurrido en dos de los
Estados menos poblados de EEUU: Colorado y Washington.
Debido a una inédita alianza de
sectores libertarios de derechas e izquierdas, el pasado 6 de noviembre sus
votantes aprobaron –por el 55 y 45%, respectivamente- legalizar el consumo
“recreativo”, la posesión y comercialización del cannabis, la primera vez que
ello sucede en cualquier lugar del mundo. Las propuestas aprobadas van mucho
más allá del uso “medicinal” de la hierba o incluso de la tolerancia a la
holandesa, que es solo una forma de despenalización.
Nadie sabe a ciencia cierta qué
va a pasar ahora, dado que el gobierno federal sigue considerando la marihuana
como una droga tan peligrosa o adictiva como la heroína. Pero el
hecho de que el fiscal general, Eric Holder, no se pronunciara en
contra de los referendos, como hizo en 2010 contra la llamada proposición 19
votada en California con objetivos similares, muestra el desconcierto reinante
en Washington.
Holder tampoco respondió a la
demanda de nueve ex directores de la DEA, la agencia federal antidrogas, para
que se opusiera a los proyectos de legalización. Dado que Barack Obama ha
reconocido que durante su adolescencia en Hawai fumaba marihuana, no es
descartable que su posición personal al respecto esté “evolucionando”, como lo
hizo en relación al matrimonio homosexual, que terminó apoyando después de años
de dudas.
¿Interpondrá ahora una demanda el
departamento de Justicia para hacer prevalecer la ley federal declarando
inválidos los resultados de la votación? Si se plantea un conflicto entre
Washington y los gobiernos de Colorado y Washington, es posible que el caso
llegue al Tribunal Supremo.
Pero una vez que cae la primera
ficha del dominó, la reacción en cadena es imparable. Mientras que nueve
Estados y la capital federal han legalizado ya el matrimonio gay, 26 o bien han
autorizado el cannabis para usos medicinales o aprobado leyes para reducir o
eliminar las penas de presión por posesión de pequeñas cantidades. En Alaska,
por ejemplo, es legal tener hasta cuatro onzas (113 gramos) de cannabis y
cultivar 24 plantas en domicilios particulares. Según una encuesta de Gallup
del año pasado, el 50% de los norteamericanos favorece la legalización, un 4%
más que en 2010.
No es extraño. En los
últimos 40 años, EEUU ha gastado casi un billón de dólares en la “guerra contra
las drogas” sin que haya podido reducir la oferta ni los precios de las
sustancias ilegales. Hoy el país tiene tres veces más reclusos per
capita que en 1980 y casi 10 veces más en proporción a otros países desarrollados.
En 2010 fueron detenidas 1,6 millones de personas por posesión de drogas, en la
mayoría de los casos marihuana.
Las reverberaciones sísmicas de
las consultas ya se han hecho sentir al sur del río Grande. En la
capital mexicana, los gobiernos de México, Costa Rica, Honduras y Belice
firmaron el 12 de noviembre una declaración que calificaba de “cambio
paradigmático” la legalización de la producción, venta y consumo de marihuana
en “algunas regiones de nuestro continente”.
En los próximos meses, el
gobierno uruguayo pondrá en manos del Estado la producción y distribución de
cannabis. En Argentina y Brasil ya han comenzado a surgir demandas populares
parecidas. A partir de ahora, para Washington será más difícil presionar a Enrique
Peña Nieto para que continúe las políticas de mano dura de Felipe
Calderón o criticar a otros gobiernos latinoamericanos que se muevan
en esa misma dirección.
En materia de seguridad, la
situación ha llegado a un límite en América Latina. México ha perdido 55.000
vidas desde 2006 por la guerra contra el narcotráfico, además de incidentes de
tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y la degradación
de su imagen internacional por la profusa difusión de imágenes de gente siendo
decapitada, colgando de puentes o ejecutada en las calles.
En abril de 2011, el ex
presidente Vicente Fox dio una conferencia en la Universidad
de Boulder (Colorado), en la que dijo que los consumidores de drogas en EEUU
gastan todos los años miles de millones de dólares que cuando llegan a México
se emplean para comprar armas y corromper policías: “Así cuando ustedes se
pregunten sobre lo que está pasando en México, tengan en cuenta que eso depende
de lo que ocurre en este país”.
El gobierno mexicano suele quitar
hierro al asunto insistiendo que la inmensa mayoría de los víctimas son
criminales asesinados por otros criminales. ¿Pero cómo lo puede saber? Solo el
5% de los asesinatos en México llega a resolverse. Peña Nieto ha prometido que
reducirá la tasa de homicidios anuales, actualmente de 22 por 100.000
habitantes, tres veces más que en 2006, a la mitad cuando termine su mandato en
2018.
Guatemala es otro de los frentes
más convulsos de la guerra. El presidente Otto Pérez Molina aumentará
el gasto en defensa en un 25% para abrir nuevas bases militares a lo largo de
la fronteras con México, donde bandas como las de Los Zetas han logrado
consolidar un cierto dominio territorial, y sustituir a la policía por las
fuerzas especiales de los Kaibiles. El año pasado, la matanza de 27 campesinos
fue atribuida a un grupo de Los Zetas comandado por un ex miembro de los
Kaibiles.
Según Marvin Ponce,
vicepresidente del Congreso hondureño, el 40% de las fuerzas policiales de ese
país está implicada en el narcotráfico. Desde 2010 se han registrado en
Honduras 10.000 denuncias contra las fuerzas de seguridad por violaciones de
los derechos humanos.
Luis Videgaray, jefe
del gabinete de transición de Peña Nieto, ha advertido que México ya no podrá
contener un tráfico ilegal cuando el propio EEUU ha liberalizado sus leyes.
“¿Para que enviamos a nuestra policía a quemar plantaciones en las montañas de
Guerrero, Sinaloa y Durango si cuando ese producto llega a Colorado se
convierte en legal”, se pregunta el ex canciller mexicano Jorge
Castañeda.
El año pasado la policía
descubrió en Baja California una plantación de 120 hectáreas capaz de producir
120 toneladas de cannabis por cosecha. El Instituto Mexicano para la
Competitividad estima que debido a los referendos de Colorado y Washington, los
carteles mexicanos perderán casi 3.000 millones de dólares al año, un golpe
mucho más duro para sus finanzas que todos los que han recibido del ejército y
la policía mexicanos hasta ahora.
Según la DEA, la marihuana es la
droga más incautada en los Estados del suroeste. El año pasado se capturaron
1.962.285 kilos, frente a 23.797 de cocaína y 1.308 kilos de heroína. Una
cantidad similar fue capturada por la policía mexicana al otro lado del
frontera. Entre el 40-70% de la marihuana que fuman los estadounidenses
proviene de México.
Un
movimiento de raíces populares
En la
capital mexicana, los gobiernos de México, Costa Rica, Honduras y Belice
firmaron el 12 de noviembre una declaración que calificaba de “cambio
paradigmático” la legalización de la producción, venta y consumo de marihuana
El movimiento contra la
prohibición está surgiendo desde abajo. A pesar de la oposición del gobernador
y el fiscal general de Colorado y el alcalde de Denver, 1,3 millones de
personas votaron a favor de la enmienda 64, que al final recibió 50.000 votos más
que el propio Obama, que ganó en el Estado por un margen del 5%. Los
partidarios de la propuesta recaudaron ocho veces más fondos que sus oponentes.
Su campaña recibió un espaldarazo decisivo cuando se sumó a ella Tom
Tancredo, un ex congresista republicano y miembro del movimiento ‘tea
party’.
En el Estado de Washington, los
partidarios de la iniciativa 502 lograron el apoyo de prominentes políticos,
fiscales y policías. Peter Holmes, el fiscal de Seattle, se sumó a
la campaña de legalización cuando descubrió que el 59% de los detenidos por
posesión de marihuana eran afroamericanos, que solo representan el 7% de la
población.
Después de que la Fiscalía dejó
de perseguir esos delitos, la tasa de delincuencia cayó drásticamente. Al
final, la legalización terminó siendo un asunto menos polarizante que el
matrimonio gay.
El nuevo ordenamiento legal
entrará en vigor en ambos Estados antes de fin de año, después de que sus
gobernadores ratifiquen el mandato de las urnas. El próximo paso, mucho más
difícil, será convertir el actual mercado clandestino en un mercado regulado.
La DEA, sin embargo, podría intervenir para capturar alijos, cerrar negocios y
detener a sus dueños.
“Pero no va a poder dar marcha
atrás al reloj” editorializa el Seattle Times. Entre otras cosas,
porque no puede hace cumplir la ley federal sin la cooperación de la policía
local.
Lo cierto es que hasta que el
cultivo del cannabis no se industrialice, algo que no sucederá mientras en el
resto del país sea ilegal, su cultivo seguirá siendo artesanal y, por tanto, de
escasa rentabilidad para los productores y las arcas públicas. Si se aplicaran
métodos agroindustriales modernos al cultivo de cannabis, un onza (28 gramos)
podría costar no más de tres dólares, frente a los 300 que se pagan hoy en cualquier
ciudad de EEUU. Lo probable es que Washington –y el resto del país- esperen a
ver cómo se desarrolla el experimento.
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