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domingo, 18 de mayo de 2014

Gobierno EEUU acepta controversia de Programa Comunidades Seguras y anuncia modificación

Tomado de La Voz de América
EE.UU.: Menos rigidez en deportaciones

El secretario de Seguridad Interior, Jeh Johnson, responsable de la inmigración, dijo que el programa Comunidades Seguras “se ha vuelto muy controversial” y necesita “modificaciones”.

El programa exige a las policías municipales y condales que retengan a personas que cometan cualquier delito aunque sea menor, si es que sus nombres aparecen en la base de datos de la policía de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

A menudo, las personas resultan siendo deportadas por pequeñas infracciones, como las de pasarse un alto o no llevar permiso de conducir.

Johnson insinuó que el programa podría modificarse para centrarse en personas que hayan sido declaradas culpables de algún delito, no sólo arrestadas o fichadas.

"En mi opinión, Comunidades Seguras debe ser una forma eficiente de trabajar con las policías municipales y condales para cumplir las prioridades de deportación que tenemos, que son las personas declaradas culpables de algo", dijo.

Johnson también habló del  programa de Acción Diferida que protege de la deportación a los jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, el cual dijo, sigue revisando para ver si se amplía.

No obstante se mostró cauteloso, como lo ha sido el presidente Barack Obama. "Yo diría que tenemos que tener cuidado de no adelantarnos al Congreso en ciertas cosas", dijo, agregando que cualquier cosa que se haga hay que hacerla “dentro de los límites de la ley”.



lunes, 7 de abril de 2014

The NY Times se une a la petición de cese de deportaciones

Tomado de La Voz de América
Marchan pidiendo fin a deportaciones
Organizaciones y activistas pro inmigrantes declararon el 5 de abril como el Día Nacional Acción para evitar deportaciones

Bajo el lema "Señor Presidente, sí, usted puede detener las deportaciones" cientos de personas marcharon en Washington DC y varias ciudades del país. La mesa editorial del New York Times también se unió a ese llamado.

En Washington, más de un centenar de personas llegaron hasta la Casa Blanca en el transcurso de una marcha organizada por la Red Nacional de Jornaleros de Estados Unidos, cuyos portavoces señalaron que Obama no actúa por cuestiones políticas antes que por impedimentos legales.

"Yo voté por él en 2008 y decía que quería venir a Washington para cambiar la política. Ahora venimos para ayudarle a eso, a cambiar la política", señaló ante los asistentes Marisa Franco, integrante de la organización y directora de la campaña "Ni uno más", quien pidió al mandatario que "utilice su autoridad para parar las deportaciones".

En Nueva York, otro grupo de inmigrantes protestó frente a la sede de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) de Manhattan, al igual que en Los Ángeles, donde los manifestantes pidieron ante la sede de la alcaldía de la ciudad que cese la colaboración entre la policía local y las autoridades federales.

Las marchas son parte de una campaña nacional para pedir que se frene de inmediato las deportaciones. Otras 30 ciudades de EE.UU. tuvieron protestas similares.

El domingo, en un editorial del New York Times titulado “Sí, él puede, en inmigración”, la mesa editorial del periódico dijo que si el presidente realmente quiere hacer diferencia “tendrá que hacer algo al respecto —pronto y por su cuenta”.
 
“El gobierno de Obama está deportando gente a un ritmo más fuerte que lo ha habido en pasadas administraciones. Este enorme y costoso esfuerzo estaba supuesto a ganar el apoyo republicano por una reforma más amplia. Pero todo lo que ha hecho es añadir peso al miedo, al rompimiento familiar y a la falta de oportunidades que encaran los 11 millones de personas que no pueden enderezar sus vidas con la ley”.
 
“El presidente Obama debería saber que éste enfoque es insostenible”, advierte el periódico.
 
 El periódico añade que así como se protegió a los "Dreamers", ahora es tiempo de hacer algo con los padres de éstos y que “los vastos medios de la ley inmigratoria deben ser dirigidos en su lugar contra las pandillas, las armas, los criminales violentos y otras amenazas genuinas”.
 
Finaliza diciendo que Obama debe actuar por su cuenta, pero que cualquier medida que tome no debe confundirse con la necesidad de una reconstrucción integral del sistema inmigratorio, que solo el Congreso puede lograr.

​Este 5 de abril fue declarado el Día Nacional de Acción en Estados Unidos para pedir el fin de las deportaciones.


miércoles, 12 de marzo de 2014

Jan Brewer la Gobernadora antiinmigrante de Arizona no va más

Tomado de The Huffington Post
Una conversación intensa: la gobernadora de Arizona Jan Brewer apunta al presidente Obama con el dedo. La foto le valió críticas de un lado por su atrevimiento, pero alabanzas de parte de su partido por el otro. Imagen tomada por AP/Haraz N. Ghanbari, el miércoles 25 de enero de 2012, instante en que la gobernadora republicana de Arizona Jan Brewer habla con Barack Obama durante una acalorada conversación a la llegada del presidente estadounidense al aeropuerto Phoenix-Mesa Gateway, en Mesa, Arizona. Un vocero de Brewer dijo el jueves 30 de agosto de 2012 que la gobernadora claramente cometió un error durante una entrevista televisiva en la que apoyó la reelección de Obama

Adiós, Jan Brewer
 Compartiendo mi opinión agrega:
Me alegro que te vayas!
Por Gabriel Lerner
Bajo su gobierno, el estado de Arizona implementó una política de persecución contra los inmigrantes indocumentados en particular y la comunidad latina en general. La entidad fue blanco de ataques, de escarnio y sufrió una disminución en los ingresos por turismo y en inversiones ya que es considerado un estado inestable. No objetó una ley que permitiría legalmente discriminar contra personas gay, pero debió ceder a presiones incluso dentro de su propio partido y a último momento vetarla.
Ya se hizo un nombre en la historia, aunque sea por esa foto en la que amenaza al presidente Barack Obama con el dedo, durante la campaña de reelección de éste, cuando vino a recibirlo al aeropuerto de Phoenix.
Pero el periplo de Jan Brewer está llegando a su fin.
Después de muchas semanas de especulaciones, la gobernadora de Arizona anunció que no se presentará a reelección este noviembre.
"Está llegando un momento en el que hay que pasar la antorcha del liderazgo", dijo pomposamente la política republicana de 69 años, durante una visita a una escuela primaria en la ciudad de Glendale. "Esto es lo que haré cuando venza mi término de gobierno".
En un muro del recinto escolar desde donde hablaba, un estandarte decía "El retorno de la campeona de Arizona".
Jan Brewer ha sido gobernadora desde 2009, cuando era secretaria de Estado y la primera en la línea de sucesión y la demócrata Janet Napolitano aceptó la invitación del nuevo presidente Obama de ejercer como secretaria de Seguridad Interna.
Al año siguiente, Brewer apoyó entusiastamente y firmó la ley antiinmigrante SB 1070, que se convirtió en modelo de imitación para otros estados. Hacía la vida imposible para familias de indocumentados en el estado, pero en el proceso permitía que la policía, por decisión propia, eligiese si quienes está por interrogar, detener y entregar a las autoridades migratorias parecen "ilegales".

Por ello, los tribunales suspendieron la aplicación de la ley y finalmente, la Suprema Corte declaró anticonstitucional importantes partes de la misma.
Al anunciar su decisión, declaró: "Hemos (refiriéndose a ella misma) sido firmes en la lucha por la soberanía del Estado y la libertad individual".
El posible motivo para su decisión podría haber sido que la Constitución del Estado limita a dos los términos de gobierno, y Brewer ya fue reelecta una vez. Pero ella podría argumentar en tribunales que la primera vez no cuenta, porque simplemente completó el término de gobierno de su antecesora. Durante dos años, Brewer dedicó parte de su tiempo en crear una vía para poder postularse para un tercer término, pero, dice el Los Angeles Times, debió aceptar finalmente las dificultades.
Ahora, dice el New York Times, hay ocho candidatos que podrían postularse para su cargo, siete de ellos republicanos, en unas elecciones primarias a realizarse en un par de meses, y el demócrata Fred DuVal.

Su intransigente posición antiinmigrante significó que en 2010, solamente el 12 por ciento de los latinos votaron por Brewer.


lunes, 2 de diciembre de 2013

ICE ha deportado casi 100 mil salvadoreños en los últimos 5 años



Investigación. El periódico estadounidense The Washington Post publicó en octubre que el ICE había implementado una política para aumentar la cantidad de detenciones, en vías de deportación, en aras de mantener cuotas de capturas.

EUA ha deportado a 64 salvadoreños cada día en 2013

El presidente Obama ha recibido fuertes críticas en los últimos días por su política de deportaciones. Este año el promedio diario de salvadoreños deportados incrementó 15 %.

Por Héctor Silva Ávalos*

La administración Obama ha deportado, durante sus cinco años en la Casa Blanca, a casi 20,000 salvadoreños más que los repatriados desde Estados Unidos durante los ocho años de George W. Bush, su antecesor, según datos del Departamento de Migración y Aduanas (ICE, en inglés).

En total, el Departamento de Seguridad Interna (DHS, en inglés), al que está adscrito ICE, ha repatriado a 97,614 salvadoreños entre enero de 2009 y octubre de 2013, año que de acuerdo con la proyección estadística romperá la barrera de las 20,349 deportaciones establecida en 2009.

Este año, además, las estadísticas reflejan un aumento respecto al promedio diario de deportaciones: de 55 al día en 2012, se ha pasado a 64 hasta octubre de este año. Durante 2013, el Gobierno de Estados Unidos ha deportado a por lo menos 19,265 salvadoreños.

Con la reforma migratoria estancada en la Cámara baja del Congreso, en gran medida debido a la reticencia de la mayoría republicana de aprobar un proyecto de ley aprobada por el Senado en junio pasado que contempla la legalización de unos 11 millones de indocumentados, Obama empieza ya a sentir la presión del lobby latino por su política de deportaciones.

En 2012, al reelegirse, siete de cada 10 latinos votaron por Obama, quien de inmediato, al inaugurar su segundo mandato prometió hacer de la reforma migratoria la gran prioridad política de su último cuatrienio en Washington. A la traba impuesta por los republicanos se han sumado, tras la aprobación de la ley migratoria senatorial, la S. 744, problemas políticos derivados de fallas en la ejecución de la reforma de seguridad social, la primera gran apuesta de Barack Obama ante un Congreso dominado desde 2010 por un Partido Republicano inclinado a la derecha que ha solido bloquear las grandes iniciativas que llegan desde la Casa Blanca.

Desde el principio, no obstante, quedó claro tanto en la aproximación política de Obama a la reforma, como en la ley final aprobada por el Senado, que incrementar la seguridad en la frontera que separa a Estados Unidos de México sería moneda de cambio indispensable por la legalización de los indocumentados. En esa ecuación, las deportaciones siempre fueron importante: esta administración deporta un promedio diario de 1,100 indocumentados desde 2009 frente a los 689 diarios durante los ocho años de Bush.

En el caso de los salvadoreños, la tendencia de repatriaciones se ha mantenido estable: por arriba de las 20,000 desde el último año de Bush (2008) hasta 2013, con la excepción de 2011, cuando una primera medida ejecutiva de la Casa Blanca, que ordenaba a los agentes migratorios priorizar casos criminales antes que los de indocumentados sin antecedentes, puso un débil freno temporal a las deportaciones que, en el caso salvadoreño, bajaron a 17,308. Esa medida se conoce como el “memo Morton”, en alusión a John Morton, exsubsecretario de DHS.

A pesar de las deportaciones, sin embargo, y a pesar de que la plática política por la reforma sigue estancada en el Capitolio, la migración de salvadoreños –y en general de centroamericanos– a Estados Unidos ha tendido a crecer durante los años de Obama, según el Pew Hispanic Center.

Entre los miles que dejaron Centroamérica este año están Efraín. A él lo agarraron agentes de la Patrulla Fronteriza cerca de Nogales, en Arizona. Efraín ha evitado engrosar, de momento, la estadística de deportaciones: encontró un camino alterno. (El nombre del protagonista de esta historia es ficticio y algunos detalles, compartidos por el migrante y sus familiares, están cambiados porque su caso aún está inconcluso en el sistema judicial de EUA).

Las opciones de Efraín

Efraín salió de El Paisnal, en San Salvador. Lo esperaba su hermana en Virginia, donde vive desde hace cinco años, indocumentada pero ya con un trabajo fijo, un pequeño apartamento alquilado y un carro. Efraín pasó por México sin mayores problemas.

Al pasar Hermosillo, en Sonora, del lado mexicano, uno de los coyotes le dijo que la cosa estaba dura, que los gringos se habían puesto peor que nunca. Le advirtió que si lo agarraban del otro lado lo mejor era no resistirse y, de una vez, pedir asilo. Eso, le dijeron, si la familia tenía cómo pagar por un buen abogado, capaz de convencer a los jueces migratorios de que Efraín había dejado El Salvador huyendo de la violencia y las pandillas. No sería tan difícil, pensó entonces Efraín; después de todo, a él sí lo habían amenazado unos mareros con quienes se negó a trabajar cobrando la “renta” a la gente de la colonia...

A Efraín la Patrulla Fronteriza lo agarró camino a Tucson.

Desde un centro de detención regentado por una empresa privada, Efraín le habló a su hermana en Virginia. Ella consultó entre conocidos. “Si tienen plata póngale abogado y que pida asilo”, le dijo alguien. A los $6,000 que le habían dado al coyote, los familiares de Efraín agregaron otros $5,000 para los gastos legales aun a sabiendas de que el asilo era una posibilidad remota. “Mejor eso que regresarse, ¿qué va a hacer allá?”, dice la hermana.

Dice el Pew Hispanic Center que seis de cada 10 salvadoreños viajarían a Estados Unidos si tuviesen el dinero para hacerlo; un número similar cree que la vida en el norte es mejor que en El Paisnal, San Miguel, San Salvador, que en El Salvador; y ocho de cada 10 piensan que quienes llegaron hasta aquí cumplieron sus metas.

Efraín viajó, lo agarraron y pidió asilo y con ello, al menos, retrasó la deportación. Su caso, resumido en un legajo de 17 páginas, consta que dos fiscales de ICE se oponen al asilo, que su abogado contrató un especialista para que hablara ante el juez sobre el problema de las pandillas en El Salvador y que Efraín alega que fue objeto de amenazas cerca de su pueblo por negarse a “rentear”. Cuando uno de los fiscales le preguntó por qué no denunció a la policía, esto respondió Efraín: “No sirve de nada. Nunca hacen nada”.

El caso sigue en revisión y el juez debe dar sentencia en las próximas semanas. Mientras tanto, Efraín seguirá ocupando una cama en el sistema de detenciones concesionado por el gobierno federal de Estados Unidos. Y mientras esté ahí, no pasará a ser uno de los 64 salvadoreños que, en promedio, ha deportado la administración Obama cada día de 2013.

La cuota de camas

El uso de recursos legales como el asilo posible de Efraín es apenas una de tantas puertas en el laberinto migratorio en Estados Unidos. Otra puerta fue, en octubre pasado, la revelación que hizo The Washington Post sobre una regulación del Congreso que exigía a DHS/ICE mantener llenas al menos 34,000 camas al día en el sistema de detención para las deportaciones. Esto, según el Post, ha empezado a revertir los efectos positivos del “memo Morton” porque, en aras de llenar el cupo mínimo, los agentes de ICE empujan las detenciones de migrantes sin antecedentes criminales de peso. “La agencia ha hecho crecer bastante la cifra de migrantes indocumentados detenidos por policías locales debido a faltas de tráfico”, dice la nota del diario de Washington titulada “Cuota controversial empuja detenciones”.

Con la S. 744 recién salida del horno de la Cámara alta, y con Obama empoderado por el apoyo abrumador del voto latino a principios de 2013, el tema de las deportaciones pasó a un segundo plano por un rato. No más.

La presión sobre Obama va creciendo, incluso desde su mismo partido. “El presidente puede hacer mucho más en este aspecto y los republicanos, sobre todo en la Cámara baja, están determinados a evitar que lo haga. Con o sin reforma migratoria en los próximas semanas o meses, el presidente está bajo enorme presión para ajustar sus políticas de deportación; esa presión seguirá creciendo”, dice Douglas Rivlin, vocero del representante demócrata por Illinois Luis Gutiérrez, uno de los más agresivos defensores de la reforma migratoria.

En este escenario, claro, las cifras récord de deportaciones han vuelto a tomar importancia en la discusión. Para el caso de los salvadoreños, la tercera minoría hispana, 97,614 repatriaciones durante los cinco años que Obama lleva en la Casa Blanca.

* El autor es investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos de American University en Washington, D. C.
 

domingo, 27 de octubre de 2013

CENTROS DE DETENCION PARA INMIGRANTES INDOCUMENTADOS: DRAMA INHUMANO A NIVEL MUNDIAL

Tomado de ESglobal  
 PURGATORIOS PARA INOCENTES



Los centros de detención y deportación son el destino generalizado de los inmigrantes ilegales, pero hay otras soluciones.


Por Pablo Diez
Una de las flaquezas que se le pueden achacar a este mundo es no haber encontrado una forma de mitigar las causas que alimentan la inmigración ilegal. Otra es tratar a estas personas como a delincuentes y encerrarlas en centros de internamiento hasta que son deportadas. No es un hecho aislado, sino la práctica común de los grandes países receptores. Personas que huyen de la pobreza o de la tortura, solicitantes de asilo o víctimas del tráfico de seres humanos, son sistemáticamente encerrados en centros en los que cumplen penas indefinidas y pueden ser víctimas de abusos o sufrir condiciones indignas. 
La historia se repite, con matices, en el destino final o intermedio de todas las grandes rutas de la inmigración ilegal. Estados Unidos llega a albergar hasta a 429.000 inmigrantes en 250 centros de internamiento, a pesar de que en la inmensa mayoría de los casos no tendría que ser necesario detenerlos como paso previo a la deportación. Aunque organizaciones como Amnistía Internacional insisten en que encerrarlos de forma sistemática vulnera el derecho internacional, el aumento de las detenciones ha llevado a que el 67% de los inmigrantes ilegales en EE UU se encuentren internos en prisiones convencionales y el resto en centros gestionados por las autoridades de inmigración y por operadores privados. Además, las condiciones de los centros son deficientes: los inmigrantes son mezclados con los reclusos comunes, el acceso a servicios médicos o de asistencia psicológica es inadecuado y, en algunas ocasiones, son sometidos a confinamiento solitario. Frente a esta situación, la futura puesta en marcha de la reforma migratoria contiene elementos prometedores, como potenciar las alternativas a la detención de los inmigrantes mediante instrumentos como los dispositivos de seguimiento.
El debate en torno a estos centros es especialmente intenso en Australia. En la actualidad, hay allí más de 10.000 inmigrantes ilegales detenidos, sin que exista un tiempo máximo de cautividad permitido. El centro de detención de inmigrantes más conocido del país, situado en Christmas Island, en pleno Océano Índico, saltó al primer plano de la actualidad en junio después de que una avalancha de demandantes de asilo desbordara las capacidades del recinto. Operado por una empresa británica, cuenta con un largo historial de incidentes como automutilaciones y huelgas de hambre (en total, se registran al año unos 2.400 incidentes, sobre un total de cerca de 4.200 detenidos).
Australia ha confiado la detención de algunos inmigrantes que se dirigen a sus costas a otros países, como Indonesia o Papúa Nueva Guinea. Ante el crescendo migratorio experimentado a lo largo de este último año, sobre todo por la llegada masiva de solicitantes de asilo de países como Irak, Afganistán o Sri Lanka, el Gobierno del laborista Kevin Rudd, recientemente derrotado, cerró un acuerdo para internar a los demandantes de asilo que se dirigen a Australia en el centro de detención de Manus Island (Papúa Nueva Guinea), que ha sido escenario de violaciones de los derechos humanos. Es cierto que son muchas las vidas perdidas en el mar por intentar alcanzar las costas australianas y que, además, es un negocio del que se lucran los traficantes de seres humanos, pero enviar a los indocumentados a un país mísero en el que afrontan consecuencias inciertas es un método de disuasión éticamente cuestionable.
El Mediterráneo también se lleva cada año la vida de muchos inmigrantes. El último caso que ha creado estupor es la muerte de cientos de personas frente a la isla italiana de Lampedusa. En otras travesías menos trágicas y difundidas, el destino que les espera a los emigrados sin papeles que arriban a Italia es ser encerrados en centros de identificación y expulsión. Pero las críticas a los países receptores o de tránsito del Mediterráneo se han centrado en especial en Grecia, que en los últimos tres años ha sido condenada varias veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por las malas condiciones en las que se encuentran los inmigrantes detenidos y por su baja tasa de aceptación de solicitudes de asilo. El malestar de los reclusos en Grecia explotó en agosto, cuando en el centro de detención de Amygdaleza los internos se rebelaron después de que a 1.200 de ellos se les informara de que su detención podría durar hasta 18 meses. 
España, otro de los grandes puntos de entrada migratoria, cuenta con ocho centros de internamiento de extranjeros (el año pasado se cerró uno en Málaga por sus pésimas condiciones). Según la organización Pueblos Unidos, éstos no reúnen las condiciones adecuadas, producen un fuerte impacto psicológico sobre los internos y albergan a una inmensa mayoría de personas sin antecedentes penales; en algunos casos, la negligencia y la falta de servicios médicos adecuados han llevado a la muerte de internos. Ante todos estos problemas, los países del sur de Europa alegan la imposibilidad de hacer frente a tanta presión migratoria, escudándose en la privación de recursos a los que les somete la austeridad presupuestaria y apelando a la solidaridad de la Unión Europea con la máxima de que la inmigración es un “problema europeo”.
Por el momento, la petición de ayuda de los países de la Europa meridional no se manifiesta en un esfuerzo comunitario por mejorar los centros, sino más bien en reforzar la vigilancia. Tras la tragedia de Lampedusa, la Comisión Europea propuso desplegar un equipo de patrullas de rescate e interceptación de embarcaciones con inmigrantes ilegales. También se contempla una intensificación de la cooperación con Marruecos y otros destinos de tránsito clave para frenar a los inmigrantes africanos en su trampolín a Europa. Se trata de medidas que deberían ser complementarias y, en ningún caso, pueden ser un sustituto a la dignificación de los centros de detención o al imprescindible cambio normativo que impida que tantos inocentes se encuentren recluidos en ellos.
No todos los inmigrantes africanos se dirigen hacia el Norte, sino que un número importante de ellos avanza, en dirección contraria, hacia el gran polo de la inmigración continental: Suráfrica. Allí llegan miles de emigrados de los vecinos Zimbawe y Mozambique, pero también de Nigeria, República Democrática del Congo, Sudán o Etiopía. La ruta es distinta, pero el destino inmediato tiene similitudes con el que les esperaría en Europa: centros de detención y deportación como Lindela, en las afueras de Johannesburgo, donde llega a haber hasta 54 internos en habitaciones diseñadas para 18 y donde la corrupción permite que los que disponen de cien dólares puedan comprar su libertad sobornando a policías y agentes de inmigración.
El debate sobre las condiciones de detención de los inmigrantes pendientes de deportación a veces ensombrece un hecho clave: encerrarlos sólo es admisible cuando no hay otra forma de asegurar que cumplirán con las órdenes de expulsión, o cuando supongan una amenaza real para la comunidad. En los demás casos, opciones menos restrictivas que el encarcelamiento tradicional, como los dispositivos de seguimiento, deberían ser la norma. Pero aun cuando el uso de alternativas a la detención podría ahorrar sufrimientos adicionales a los inmigrantes, el problema es más profundo. A la larga, sólo una normativa más abierta a aceptar a estas personas en los territorios en los que recalan puede poner freno a su criminalización y a la privación inmerecida de su libertad.