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miércoles, 12 de marzo de 2014
Jan Brewer la Gobernadora antiinmigrante de Arizona no va más
lunes, 11 de abril de 2011
Tribunal Federal confirma suspensión de la SB1070

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos se negó hoy a retirar la suspensión de importantes segmentos de la Ley de inmigración de Arizona y dijo que el gobierno federal probablemente podrá probar que es inconstitucional.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó una solicitud de la gobernadora Jan Brewer, quien le había pedido que levantara una suspensión impuesta por una jueza federal en Phoenix el día antes de que la polémica ley entrara en vigencia, el 29 de julio del 2010.
Partes de la ley bloqueadas mientras el caso se abre camino a través de los tribunales incluyen una disposición que obliga a la policía a preguntar el estatus migratorio de las personas si existe una sospecha razonable de que están ilegalmente en el país.
Otras disposiciones puestas en suspenso requerían que todos los inmigrantes obtuvieran y llevaran consigo documentos de registro migratorio; convertían en delito que un indocumentado busque trabajo o tenga un empleo; y permitían a la policía detener a presuntos inmigrantes ilegales sin orden judicial.
El gobierno de México reconoció la decisión de la corte de reafirmar la suspensión y señaló que en todo momento buscará acudir a las instancias necesarias para responder ante violaciones a los derechos de los mexicanos.
México presentó ante la corte de apelaciones un escrito como "Amigo de la Corte" con el fin de apoyar las impugnaciones contra la ley, al cual se sumaron los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay y Perú, refirió la cancillería en un comunicado.
La aprobación de la ley el año pasado reavivó un debate sobre la inmigración que se ha cocido a fuego lento en Arizona y Estados Unidos desde hace años.
Los opositores de la ley protestaron en las calles cuando estaba a punto de tener efecto y convocaron un boicot contra ese estado. Los defensores de la legislación la calificaron como un esfuerzo pendiente desde hace mucho tiempo en un estado que se ve desbordado por la inmigración ilegal y la falta de acción federal en torno al tema.
El Departamento de Justicia presentó una demanda para bloquear la implementación de la ley, que dice es violatoria de la Constitución porque los asuntos migratorios son de jurisdicción federal.
La jueza Susan Bolton emitió una orden para impedir que cuatro partes clave de la ley entraran en vigor a la espera de un juicio. El fallo del lunes por un panel de tres jueces mantiene la validez de esa orden judicial.
La corte de apelaciones dijo que el gobierno probablemente logrará triunfar con su argumento que sostiene que el Congreso ha dado al gobierno federal la autoridad única para hacer cumplir las leyes de inmigración, y que la ley de Arizona viola la cláusula de supremacía de la Constitución.
Los abogados de Brewer dijeron que el gobierno federal no ha hecho cumplir efectivamente las leyes de inmigración y que la ley estatal apoyará a las autoridades federales.
domingo, 15 de agosto de 2010
Continúa discusión sobre la nacionalidad de hijos de inmigrantes

Estadounidenses aprueban negar la nacionalidad a los hijos de los inmigrantes indocumentados, así hayan nacido en el país norteamericano, según una encuesta de la compañía Rasmussen Reports, publicada el jueves.
El 58% de los encuestados considera que los hijos de los inmigrantes ilegales, nacidos en Estados Unidos no deberían otorgarle la ciudadanía de manera automática.
Los sondeos fueron realizados por la firma Rasmussen Reports, a raíz de la idea impulsada por el senador estatal de Arizona, Russell Pearce, quien tiene la voluntad de presentar, a nivel regional, un proyecto de ley para que se prohíba la entrega de la nacionalidad estadounidense a niños de ilegales.
El pasado mes de mayo, el republicano reveló una serie de correos electrónicos, que tenían como destinatarios a sus constituyentes, el cual indica que la idea podría debatirse durante la próxima sesión anual de la legislatura estatal que inicia en enero de 2011. “Intento promover una iniciativa en Arizona en la que se rechace emitir un certificado de nacimiento que reconozca la ciudadanía a aquellos nacidos de extranjeros ilegales, al menos que uno de los padres sea ciudadano”, redactó Pearce en sus misivas.
Según las agencias de noticias, en uno de los correos, Pearce critica a la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, que establece el otorgamiento en forma automática la ciudadanía a los niños nacidos en este país.
La encuesta revela que el 85% de los votantes se opone a que los extranjeros indocumentados reciban beneficios públicos. Sólo el 9 por ciento está de acuerdo con esta resolución.
Mientras que el 33%, apoyan la vigente legislación que establece: si una mujer entre de manera ilegal al país norteamericano y da a luz, el recién nacido es ciudadano estadounidense automáticamente. Sólo mil personas fueron entrevistadas a nivel nacional, usadas como muestra general.
La diferencia entre las opiniones es más notable en los partidos políticos, debido a que el 76 por ciento de los republicanos y el 60 por ciento de los votantes independientes favorecen el proyecto impulsado por Pearce.
El 56 por ciento de los demócratas opinan lo contrario, que no es necesario la implementación de la ley. Mientras tanto, el 83 por ciento manifestó su rechazo al Gobierno federal por no tomar acciones sobre el tema migratorio y solamente el 12 por ciento indicó que los inmigrantes son causas de este problema.
Asimismo, el 67 por ciento de la muestra general considera que los efectivos de la Guardia Nacional deben estar desplegados en la frontera, para prevenir la migración ilegal.
La encuesta se llevó a cabo los dos primeros días de este mes de junio y tiene un porcentaje de error de tres puntos.
martes, 27 de julio de 2010
Crecen protestas en contra de la SB 1070

El movimiento pro inmigrantes en Los Ángeles inició el lunes una serie de protestas contra la polémica ley migratoria de Arizona que deberá entrar en vigor el jueves.
Una jueza de la capital estatal, Phoenix, expresó sus dudas sobre la constitucionalidad de esta ley pero no se sabe si se pronunciará antes del jueves.
"Desde este lunes en la mañana hasta el jueves estaremos con docenas de compañeros activistas manifestándonos con pancartas en las entradas principales del centro de Los Ángeles a la autopista de Hollywood", una de las vías con mayor tráfico en California, explicó Paulina González, portavoz de la organización "We Are All Arizona" (Todos Somos Arizona).
"Nuestras protestas serán en las horas de mayor tránsito en la mañana y en la tarde hasta el jueves", precisó.
Otras organizaciones defensoras de los inmigrantes en Los Ángeles, una de las ciudades de California –y de Estados Unidos- con más grupos de activistas mexicano-estadounidenses y de Centroamérica, tienen previsto manifestarse en la ciudad el jueves e incluso partir en una caravana de unas seis horas hasta Phoenix, la capital de Arizona, donde entrará en vigor la ley.
La ley SB1070, proclamada por la gobernadora de Arizona el pasado 23 de abril tras su votación en el Congreso estatal, declara la inmigración ilegal como un delito estatal por primera vez en la historia de Estados Unidos.
La normativa establece que la policía puede confirmar el estatuto de aquellas personas sospechosas de estar en el país sin documentos migratorios y castigar a quienes se hayan contactado con ellos en este estado fronterizo con México.
"Esperamos una decisión de la Corte, pero aún si se pronuncia a favor de un bloqueo temporal de la ley seguiremos nuestras protestas porque hay otros 21 estados queriendo seguir los pasos de Arizona con estas leyes racistas", agregó González.
La jueza federal de Phoenix, Susan Bolton, que el jueves escuchó a partidarios y adversarios de la polémica ley de inmigración, expresó dudas sobre la constitucionalidad de la norma. No hay ninguna audiencia prevista antes de la fecha de entrada en vigor de la ley, aunque esta jueza podría pronunciarse antes de ese jueves.
Por su parte, la Casa Blanca ha recordado que los asuntos de inmigración son competencia exclusiva del gobierno federal y que las legislaciones locales no pueden prevalecer sobre los códigos federales o la Constitución.
En Arizona, donde viven unos dos millones de hispanos, 33% son de origen extranjero. El estado cuenta con unos 460.000 indocumentados de los 11 millones de inmigrantes sin papeles que residen en Estados Unidos.