Tomado de El Universo
¿Qué tan involucrado está el país en el tráfico de drogas?
Informe: El narcotráfico se pasea por Ecuador
En el centro de Lago Agrio, la capital de Sucumbíos, Gladys, empleada de un almacén de electrodomésticos ubicado en la avenida Quito, dice ¬en voz baja y mirando hacia todos lados¬ que es muy difícil saber quién llega con dinero ilícito. “A nosotros lo que nos interesa es que el producto se venda. No averiguamos de dónde viene el dinero. No hacemos nada ilegal”, aclara.
Pero aquí se conoce quiénes están relacionados con “negocios turbios”, dice un cabo de la Policía de Sucumbíos, mientras vigila las inmediaciones de una entidad financiera. Afirma que en la zona es común observar que de un momento a otro nacen “nuevos ricos”. Tienen carros de lujo o casas enormes, pero nadie denuncia nada. Es evidente que al iniciar cualquier diálogo que refiera al narcotráfico o la guerrilla surge un ambiente de tensión.
Alba, una extranjera que llegó hace cinco años al cantón para trabajar en un proyecto social, cree que la falta de empleo y la casi nula oferta productiva en esta zona ocasionan que el narcotráfico encuentre adeptos.Ella dice que no solo es peligroso que, por ejemplo, un taxista reciba $ 100 para ¬por engaño o por presión¬ llevar droga a Tulcán o Quito.
También es alarmante que la población se vaya adaptando a las realidades que atraviesa una porosa frontera que, en el caso de Sucumbíos, constituye más del 60% de los 586 km de límite con Colombia.“Es sabido que los ‘guerros’ (guerrilleros) pasan caminando al Ecuador y van a prostíbulos que solo funcionan en el día. Ahí gastan el dinero de la droga. Es inexplicable que haya tantas farmacias para un poblado pequeño como Lago Agrio”.
También en la frontera, pero en la Sierra, se experimenta la presión del narcotráfico para pasar de un lado a otro dinero en efectivo o droga empaquetada, lista para ser trasladada a barcos en la costa.
En Tulcán, capital de Carchi, se usan pasos legales e ilegales para trasladar esta mercancía. Allí emerge una economía paralela. Cantidades que van desde los $ 20 hasta los $ 1.000 se mueven para pagar los ‘servicios’ otorgados al narcotráfico. En las investigaciones de la Unidad de Lavado de Activos constan las realizadas en Tulcán. Están relacionadas con la conformación de empresas que funcionan como fachada para la exportación, la organización de bandas dedicadas al ‘pitufeo’ (lavado de pequeñas cantidades de dinero), el reclutamiento de personas que prestan nombres y cuentas de banco para depósitos en efectivo y, con más fuerza en los últimos años, el uso de cambistas.
Marco Becerra, de la Asociación de Cambistas Ciudad de Tulcán, afirma que son fuertes los filtros de ingreso para ejercer esta actividad, pero cree que los más jóvenes, por inexperiencia o ambición, podrían estar siendo presa fácil de ilegalidades.
Jaime, con 28 años de experiencia en este negocio, comenta: “Aquí llega gente con un bolso con $ 60 mil y dice: ‘¿Por qué está perdiendo el tiempo ganando tonterías? Mejor coja esta plata y voltéemela (lávela, hágala legal)’. La gente lo único que quiere es ganarse la vida”.
Esta metástasis del narcotráfico penetra al interior del país, incluso comprando autoridades, consolidando rutas e infectando negocios. La provincia de Imbabura se ha transformado en una zona atractiva para los ‘narcos’. Prósperos negocios son utilizados para dar la apariencia de legalidad a recursos ilícitos, según señalan los habitantes.
Es viernes en Ibarra y la avenida Pérez Guerrero está abarrotada de gente. Miriam Guerrón mira el paso de los peatones y, desde su puesto de venta de cañas, dice que la mayoría trabajó lo que hoy tiene, pero que otras personas ¬que, según ella, han aceptado “dineros raros”¬ de no poseer nada pasaron a tener cuadras completas.
Las actividades relacionadas con el turismo y la venta de artesanías no han escapado a las ofertas del narcotráfico. “En Otavalo, desde hace dos años, el negocio del turismo ha bajado. A nosotros nos llevó 44 años construir lo que tenemos y ya no se gana lo mismo. Por eso es raro que haya jóvenes que derrumban casas, casi nuevas, para construir enormes edificios. O cambian de carro cada seis meses”, sostiene Luzmila Quinde, propietaria de dos hoteles en esta ciudad.
En la Costa, San Lorenzo, uno de los cantones más pobres de la provincia de Esmeraldas, cambió. No es el mismo de hace seis años. Pasó de las calles polvorientas a las asfaltadas. De los pocos negocios a la diversidad de oferta. Ferreterías, comisariatos, farmacias, negocios de ropa...“Hay dinero”, dicen unos habitantes que evitan comentar cómo obtienen los ingresos.
Camionetas nuevas doble cabina, como las Ford 150, con placas ecuatorianas y colombianas, se suman a diario al movimiento del cantón. Ahí circulan con facilidad los billetes de $ 50. Se los usa, incluso, en el transporte fluvial de pasajeros. Pero San Lorenzo no es un sitio fronterizo de paz. Su gente está marcada por el miedo y la resignación a ser asesinada o caer en el mundo del crimen organizado. No son los únicos. Ocurre también en el cantón Eloy Alfaro y otros del norte de Esmeraldas, como Rioverde.
En estas tierras se han encontrado, en los últimos cuatro años, 2 bases y 2 laboratorios para procesar droga; 16,2 toneladas con 52 kilos de cocaína; 13.000 plantaciones de coca; 9.600 tallos de la planta, listos para sembrar.
También armamento, granadas, un astillero para armar submarinos y un sumergible para el transporte del alcaloide. Esta lista continúa.Pero poco se hace para controlar el problema, dicen sus residentes. “Uno no puede hablar mucho. Uno habla y ¡pum!, lo matan”. “No pregunte mucho de esos temas si quiere salir vivo”. “¡Socios! Ustedes están preguntando demasiado”. Estas son algunas de las frases que se escuchan en zonas del norte.
Unas diez islas son parte de estos cantones fronterizos con Colombia. Sus habitantes sobreviven de la captura de mariscos. Viajan en bote para ir desde los centros urbanos hasta los sitios rurales. Los trayectos duran entre media hora y más de tres. En Palma Real, isla de San Lorenzo, se incautaron 9 toneladas de cocaína en el 2008. Ha habido muertes y amenazas.
Nadie quiere entrar por temor. Más desde que en el 2010 fue asesinado un miembro de la junta parroquial, quien había pedido ¬con otros dirigentes¬ aumentar militares en el área. En el muelle de esa zona, donde flamea la bandera nacional, unos seis marinos vigilan de lejos una parte del sector, pero no ingresan a la comunidad.
“En Palma Real los ‘narcos’ y los ‘paras’ enamoran a las muchachas para hacerlas informantes”, cuenta un dirigente de otra isla. La historia se repite en cantones como Eloy Alfaro. “¡Vea! Si veo que mi vecino pobre, como yo, llega a tener un carro, una casa y algo de dinero, yo le pregunto: ‘¿cómo fue qué hizo?’. Él me dice: ‘y como aquí no hay trabajo, acepté esos trabajitos’. Yo he hecho algunos”, reconoce un hombre de 30 años, quien luego admite haber extorsionado o espiado bajo pedido.
Hay también quienes tienen coca en el lado colombiano. A ese país van ecuatorianos para cuidar los cultivos; luego, para recoger la cosecha; después, para raspar la hoja. Otros contratan gente para trabajos puntuales, como empaquetar y transportar la droga. A otros les pagan por ser cuidadores, informantes o conductores.
Labrar el campo, cazar animales, recolectar tagua, cuidar ganado... La mayoría de los habitantes de San Plácido, una parroquia rural de Portoviejo, capital de Manabí, subsiste de lo que el agro proporciona. Freddy, un campesino de la zona, cuenta que trabaja como peón en haciendas, donde gana $ 8 al día por sembrar o cosechar cacao o maíz. Corta la maleza para iniciar cultivos y también ordeña. Pero en estos parajes rurales plagados de montañas sinuosas se suma una alternativa para ganar dinero: el narcotráfico, que ha sentado raíces en San Plácido, donde la Policía ha detectado dos de los cinco laboratorios de droga hallados en la provincia de Manabí desde el 2009.
El agricultor asegura que no trabajaría para los ‘narcos’, así le ofrezcan $ 20 al día por cortar maleza. Al contratar a los campesinos con esta paga, los narcotraficantes los mantienen de su lado.“No justifico, pero la mayoría de personas de acá son pobres”, dice Oswaldo García, secretario de la junta parroquial de San Plácido, la parroquia rural más extensa de Portoviejo, de 136,4 km².
Freddy, quien vive en el sitio Las Lozas, asegura que ha visto cómo los ‘narcos’ ingresan a las comunidades rurales en furgones blancos o camionetas doble cabina. Tras la fachada de una casa mixta de caña y ladrillo, en el sitio La Tablada de la Victoria, unos kilómetros más adelante de San Plácido, se instaló uno de los laboratorios que la Policía detectó en noviembre del 2010.
Como Freddy, otros habitantes de la zona hablan de cómo los narcotraficantes utilizan vías secundarias para ingresar los químicos y lo que se necesita para procesar el alcaloide en medio de las montañas, tras casas donde aparentemente sus ocupantes se dedican a la agricultura, ganadería o avicultura. Justamente en una finca avícola, de esas que se instalaron durante la década del noventa en Manabí, la Policía encontró otro centro productor de droga, en abril del 2010. Fue en el sitio Palma Junta, a un costado de la vía que une a San Plácido con Pichincha, cantón donde en diciembre del 2009 se detectó el primer laboratorio.
Casi dos años después del hallazgo, la propiedad de Palma Junta ¬donde se producían 250 kilos de cocaína a la semana, según la Fiscalía¬ luce abandonada. Vestigios de las estructuras que había en la hacienda yacen esparcidos por doquier. La Policía aún no determina la extensión de esta propiedad, por lo que el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) todavía no es su depositario.
Es la provincia más joven. La número 24 en el mapa del Ecuador. La mayoría de sus 308.693 habitantes ¬según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)¬ vive en las playas de los cantones Salinas, La Libertad y Santa Elena, algunas convertidas en zonas de operación de organizaciones narcodelictivas.
En los últimos cinco años se han decomisado cerca de diez toneladas de droga y descubierto bandas vinculadas al narcotráfico que han marcado a varias comunas.
Los pobladores de San Pedro, una de las comunas peninsulares, lo saben. Cuatro pescadores fueron detenidos junto a una embarcación cargada con droga. Solo era para investigaciones, según les dijeron los policías cuando los apresaron. Pero este martes cumplirán siete meses en el Centro de Rehabilitación Social de Santo Domingo, donde se originó la llamada operación Paisa.
Sus familiares y amigos insisten en que son inocentes. Alegan que estaban borrachos cuando se acercaron a la playa y hoy piden su liberación, aunque en el dictamen ¬que está en consulta del fiscal provincial de Santa Elena, Jaime Shambi¬ se los acusa como encubridores.
El día de la captura, el 17 de diciembre del 2011, San Pedro tenía doble celebración: la fiesta del patrono y la reelección de los dirigentes de la comuna. Los festejos duraron hasta la tarde, pero, ya entrada la noche, la mala noticia se regó y conmocionó a la población. Según el parte policial y el dictamen fiscal, los cuatro pescadores se encontraban junto a una embarcación de fibra de vidrio, de color blanco, sin matrícula ni numeración, con 14 sacos de yute con droga. También cinco individuos ajenos a la comuna, que huyeron.La lancha donde se decomisó la droga fue vista en el galpón de la comuna, donde funcionaba ¬ocho meses antes¬ Tecnifibra Hualtaco, taller de reparación de lanchas de fibra de vidrio. Ubicado a un kilómetro de la carretera, entre Monteverde y San Pedro, a pocos metros del mar, el local había sido arrendado por 400 dólares al mes. La comunidad lo aprobó en una asamblea, afirma el presidente de la comuna, Fernando Reyes.
Hubo un saqueo en las casas de los foráneos. Los dirigentes dicen que no pudieron impedirlo. Tampoco cuando el fiscal de Santo Domingo acudió con la Policía a inspeccionar el lugar y los uniformados trataron de llevarse las embarcaciones, pero esto fue impedido por la población.
En el galpón, mientras tanto, el pasto seco crece en medio de un carro rojo sin motor, tipo convertible, de placas PHD-364, que alguna vez rodó por San Pedro. Adentro están las embarcaciones de fibra de vidrio. El trabajo era realizado, según indican, por unos diez hombres, algunos acompañados de esposas e hijos. Repiten que no sospecharon nada. Eran extraños para la población, aunque vivían en las casas junto al galpón. “Nos sentimos manchados”, comenta un pescador que recalca que San Pedro quiere volver su mirada al turismo.
Un joven de 28 años transita por las calles de Santo Domingo. “Aquí hay dinero del ganado, de la palma, de las piñas, de los locales de repuestos, pero también hay otros dineros, de los cuales la gente mejor no habla”, sostiene. Al preguntarle a qué ‘dineros’ se refiere, mejor decide retirarse.
Un agente de la Unidad Antinarcóticos del cantón explica que estos “otros dineros” no son más que recursos que llegan en su mayoría del narcotráfico y que han ingresado al sistema financiero local como inversión.
En la ciudad es fácil encontrar un Cadillac Escalade híbrido, modelo 2009, en un patio de venta de vehículos, por el que se piden $ 110 mil. Un trabajador de ese tipo de locales dice que sí hay clientes que pueden comprar en efectivo o con crédito directo de hasta seis meses.
Información policial revela que fincas ubicadas en los cinco ramales viales de primer orden que rodean a la ciudad de Santo Domingo ¬en especial los de las vías a El Carmen y Quevedo¬ han sido utilizadas por bandas narcodelictivas para embodegar cocaína que llega en distintas cantidades de Colombia, pero que tienen como destino puertos en Guayas, Santa Elena y Manabí. En estas fincas también se han hallado pistas y pruebas de la compra y almacenamiento de implementos para la colocación de laboratorios (bombas de agua y plantas de energía).
Eduardo, un comerciante de queso manaba y carne de guanta (animal de montaña parecido al cerdo) en el centro de El Carmen (Manabí), apunta que cada cierto tiempo llegan personas a la zona preguntando por fincas de arriendo. “Todos dicen que quieren el lugar para cultivar y pagan de contado el arriendo. Al principio mueven la tierra y construyen una casa. Al poco tiempo llegan camiones, en especial en las noches. Pese a que el contrato es hecho por mínimo tres años, la mayoría no vuelve a ser vista luego de año y medio”.
El agente de Antinarcóticos define la situación: “En ciudades costeras se habla de incautación de toneladas de droga y sumergibles. Esa solo es la punta del problema. El narcotráfico ha tejido una red enorme para hacer circular su mercancía. Para tener esa droga embodegada participó desde un taxista llevando cinco kilos, hasta la plataforma y el camión con doble fondo cargando media tonelada”.
