Tomado de El Espectador
El general (r) empezará pronto su
colaboración en Estados Unidos
Santoyo hablaría
de políticos
Por María del Rosario Arrázola
De los generales (r) de la Policía Jorge Daniel Castro,
Rubén Carrillo y Luis Alfredo Rodríguez Pérez y del Ejército Mario Montoya le
preguntarían. Norteamericanos tienen también interés en caciques políticos.
En una cárcel
federal del estado de Virginia de Estados Unidos, de uniforme azul, en una
celda fría y pequeña, esperando su condena pasa sus días el general retirado
Mauricio Alfonso Santoyo Velasco. A través de un vidrio con un intercomunicador
dos veces por semana recibe la visita de su mamá, sus tres hijos y su esposa.
Los encuentros tienen una duración estricta de 30 minutos, los miércoles y los
sábados. En los últimos días, junto con su abogado Óscar Rodríguez, decidió
llegar a un acuerdo con la justicia norteamericana para mermar su pena,
garantizando la protección de su familia, pero rehusándose a aceptar cargos por
narcotráfico.
Aún no ha
empezado formalmente la colaboración de Santoyo con el fiscal Neil MacBride en
el marco de su declaración de culpabilidad como enlace de las autodefensas
entre 2001 y 2008, tiempo en el cual deslizaba información clasificada a las
cabezas del paramilitarismo, sobre todo en Medellín, en una coyuntura
completamente estratégica para esa organización ilegal: tiempos en los que ya
habían pactado con políticos “refundar la patria”, cooptar el Congreso,
gobernar en cuerpo ajeno o entrar a un proceso de paz con la expectativa de una
curul en el Legislativo. En todos esos escenarios Santoyo era un activo de los
‘paras’, en especial cuando fungió como jefe de seguridad del presidente Uribe,
entre 2002 y 2005.
El Espectador
pudo establecer que la justicia de Estados Unidos tiene serios indicios en contra
de varios caciques políticos que se aliaron con la mafia y que, o bien apenas
han sido tocados por el escándalo parapolítico, o bien siguen pasando de
agache. El acuerdo al que llegó Santoyo, entonces, va mucho más allá del
círculo de la Fuerza Pública que pudo haber sido infiltrada por las
autodefensas y con base en esa colaboración que podría llevarlo a una condena
de apenas 10 años no tendrá que contarlo todo, pero sí aquello que le pregunten
las autoridades de ese país. La obsesión de Estados Unidos son las rutas del
narcotráfico, los nuevos jefes de la pirámide criminal y los oficiales
corruptos que se cambiaron de bando.
Una vez la
esposa, los tres hijos y la mamá del general Santoyo pisaron suelo
norteamericano, hace tres semanas, el acuerdo comenzó a cocinarse en serio. El
oficial retirado ya entre los palos comprendió que la estrategia del silencio
era una tontería cuando le enseñaron parte de las pruebas que lo incriminaban.
Hay ocho expedientes más en curso en contra de más oficiales de la Policía y el
Ejército que también tuvieron tratos criminales con los capos de las
autodefensas y el testimonio de Santoyo será decisivo en la suerte de nuevas
solicitudes de extradición.
Por más celosos
que han sido los norteamericanos con estas pesquisas ya han salido ha relucir
algunos nombres de oficiales retirados sobre los cuales le van a preguntar a
Santoyo: los generales (r) de la Policía Jorge Daniel Castro (exdirector de la
institución), Rubén Carrillo Vanegas (excomandante de la Policía en Antioquia) y
Luis Alfredo Rodríguez Pérez (exdirector de la Dijín) y el excomandante del
Ejército Mario Montoya Uribe. Y hay más, pero mientras que llegan las
acusaciones formales, la DEA sigue perfeccionando sus procesos, recaudando
testimonios y recogiendo evidencias.
Antioquia será
el escenario natural de las preguntas de los norteamericanos, así como los
políticos que se sirvieron de la oficina de Envigado, los bloques Metro,
Minero, Héroes de Granada o Cacique Nutibara. Mejor dicho, los que tuvieron
nexos en principio con Don Berna, Ramiro Cuco Vanoy, Juan Carlos El Tuso
Sierra, Rogelio y otros narcotraficantes purasangre. De hecho, Estados Unidos
anda revisando las cuentas pendientes con la justicia de los hermanos Pedro
David y Juan Santiago Gallón Henao, este último condenado a 39 meses de prisión
como promotor de las autodefensas.
Los caballistas
tuvieron en el pasado negocios con la familia del expresidente Álvaro Uribe,
por ejemplo la compra de una parte de la hacienda Guacharacas, en San Roque
(Antioquia), en donde en 1983 las Farc asesinaron al papá del exjefe de Estado
Alberto Uribe Sierra. Con paciencia de relojero, para efectos del expediente
Santoyo y otros más, las autoridades norteamericanas han venido documentando el
laboratorio de violencia que se tomó Antioquia en las últimas dos décadas. La
información aportada por el excomandante de la ‘Oficina de Envigado’, alias
Rogelio, ha sido definitiva.
Entre tanto en
Colombia la Fiscalía, la Procuraduría, el Consejo de Estado, el Congreso y el
Gobierno expían sus culpas por el caso Santoyo y todos se lavan las manos a su
manera. De él ya había pesquisas serias desde hace más de una década de que
andaba en malos pasos: el proceso por las ‘chuzadas’ y la desaparición de los
miembros de Asfaddes Claudia Monsalve y Ángel Quintero le fue archivado en 2003
por un fiscal de Derechos Humanos. El Ministerio Público lo sancionó por los
mismos hechos, pero entre malabares jurídicos el expediente terminó suspendido
por el Consejo de Estado. En noviembre de 2007 fue promovido contra viento y
marea como general con la oposición de apenas cuatro parlamentarios, los únicos
indemnes en esta cacería de culpables.
El expresidente
Uribe se niega a asumir responsabilidades políticas y dice que está tan
defraudado como el resto del país. El presidente Santos anunció que espera que
Santoyo pague su pena en Estados Unidos y regrese a Colombia para que salde su
deuda con la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de la
violencia de sus aliados de antaño. Y el fiscal Montealegre ya escarba en
varios frentes, incluido el de su hermano, el también general (r) de la Policía
Julio César Santoyo.
Otro dolor de cabeza para Uribe
Al general
Rito Alejo del Río, en el año 2001, el entonces candidato a la Presidencia
Álvaro Uribe Vélez le organizó un homenaje de desagravio, al considerar que
había sido un oficial ejemplar y que había sido injustamente llamado a
calificar servicios en 1999. Hoy, de nuevo, esas declaraciones públicas le
pasan factura a Uribe Vélez. Un juez de Bogotá condenó a 25 años de prisión a
Del Río por el homicidio del campesino Marino López Mena, ocurrido en febrero
de 1997 en desarrollo de la denominada ‘Operación Génesis’, que buscaba
‘pacificar’ el Urabá.
Nuevamente, un
alto oficial retirado cercano a Uribe es condenado por la justicia por sus
vínculos con las autodefensas. En la galería también se encuentra el exdirector
del DAS Jorge Noguera Cotes, condenado también a 25 años de cárcel por
homicidio y complicidad con el paramilitarismo.
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