Por Nicholas Casey
EBAJ, Guatemala—Hace algunos años, esta ciudad del altiplano maya quedó atrapada en el fuego cruzado entre los guerrilleros marxistas y una facción militar de derecha, durante los 36 años de la guerra civil guatemalteca.
En la actualidad, está cruzada por una nueva guerra, esta vez alimentada más por las drogas que por la ideología.
Mientras los traficantes mexicanos se expanden desde el norte y las tasas de homicidios se disparan, los residentes se enfrentan con una difícil elección: dejar el gobierno a los líderes civiles o dejar a un lado los malos recuerdos y volver a las filas militares.
El domingo, Guatemala celebra una elección en la que se espera que el general retirado Otto Pérez Molina se convierta en el próximo presidente. Su elección sería la primera vez que un exmilitar llega al poder desde el acuerdo de 1996 que puso fin a un conflicto que dejó unos 200.000 muertos.
La escalada de la violencia relacionada con el narcotráfico en Guatemala también comenzó a llamar la atención de EE.UU. En junio, la secretaria de Estado Hillary Clinton prometió US$300 millones para luchar contra los traficantes de drogas en América Central, y la mayor parte se destinaría a Guatemala. La tasa de homicidios allí, sostuvo, están en los "niveles de la guerra civil".
Durante los debates electorales, Pérez ha dicho que permitiría la entrada de tropas estadounidenses para luchar contra las bandas de narcotraficantes en su país, algo que México nunca ha permitido.
Pérez, de 60 años, ganó la primera vuelta de la elección a finales de septiembre apoyado en una plataforma de "ley y orden" y el lema "mano dura". Una encuesta del 3 de noviembre realizada por uno de los principales periódicos guatemaltecos, Prensa Libre, lo muestra por delante de su adversario, el empresario Manuel Baldizón, por 55% a 44%.
"No queremos más de lo mismo, porque queremos seguridad y justicia, porque queremos poner freno a la violencia que nos ha afectado y nos tiene vencidos", dijo esta semana durante una parada de campaña.
El mensaje resuena en un país donde la tasa de homicidios —ahora ocho veces mayor que la de EE.UU.—está en aumento y los titulares de los diarios son tan espantosos que resultan sorprendentemente similares a los de México. En mayo, 27 personas fueron encontradas decapitadas en una granja, según las autoridades, a manos de los Zetas, una banda mexicana.
La violencia cotidiana del país resucitó los recuerdos de los maridos detenidos, los niños asesinados, las cosechas destruidas y otras tragedias de la larga guerra guatemalteca. También se ha desatado un enorme deseo de orden civil.
"La gente está paralizada por el miedo", dice Anita Isaacs, profesora de ciencias políticas experta en Guatemala de Haverford College. "Su mensaje, para bien o para mal, de repente tiene un nuevo atractivo, incluso entre quienes fueron las víctimas más afectadas por la guerra".
En 2007, Pérez perdió la elección presidencial frente a Álvaro Colom, quien caracterizó el pasado militar de Pérez como un punto en su contra. Ello volvió a despertar cuestionamientos acerca del papel del ejército en la guerra civil, incluyendo las acusaciones contra Pérez.
La Corte Nacional de Justicia de España realizó investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos por parte del régimen militar de Efrahín Ríos Montt, ex dictador guatemalteco. El juez español Santiago Pedraz ahora planea ampliar la pesquisa para incluir acciones de Pérez, según una fuente al tanto del caso. Hay planes de nuevos testimonios para diciembre.
El fiscal general de Guatemala abrió una investigación hace unos meses sobre el supuesto papel que Pérez jugó en la desaparición de Efraín Bámaca, un guerrillero que estaba casado con una ciudadana estadounidense, según un fiscal y una persona cercana al caso.
El Departamento de Estado de EE.UU., en respuesta a las preguntas sobre la desaparición de Bámaca, dijo que "ha instado al gobierno guatemalteco a investigar" esas denuncias y que tenía conocimiento de la acusación contra Pérez.
En una entrevista, Pérez, que no enfrenta cargos penales por ningún delito de guerra, negó haber hecho nada ilegal. "Son mentiras" propagadas por rivales políticos, dijo. "No hay ni una sola persona que haya podido ir a un tribunal a decir que Otto Pérez es responsable de ninguna violación de derechos humanos".
Pérez dijo que era un reformador, que firmó el acuerdo de paz y entregó ayuda del gobierno durante las horas más duras de la guerra en esta ciudad.
Como presidente elegido democráticamente, Pérez gozaría de inmunidad en Guatemala durante su mandato de cuatro años. Sin embargo, se enfrenta a la posibilidad de humillantes revelaciones.
Ni la corte española ni la oficina del fiscal general de Guatemala quisieron hablar sobre sus investigaciones sobre Pérez, las cuales no han salido a la luz pública.
Durante dos años de la guerra civil, Pérez dirigió la lucha contra las fuerzas rebeldes en la región. Una viuda de guerra dijo que nunca perdonaría la pérdida de su marido durante el mandato de Pérez. "Este hombre, no queremos que vuelva", dijo la mujer, que no quiso revelar su nombre. "Mire el daño que nos ha hecho".
Tiburcio Utuy, un cultivador de maíz de 70 años, dice que lo confundieron con un guerrillero marxista y que soldados lo colgaron de un árbol durante un interrogatorio brutal en la cúspide de la guerra civil de su país, hace 28 años.
Después, fue llevado ante la autoridad local del ejército, un joven comandante llamado Otto Pérez Molina. "Me dijo que rezaba a Dios para que todos muriéramos", testificó Utuy ante un juez que investigaba abusos a los derechos humanos cometidos en aquella época. The Wall Street Journal tuvo acceso a una copia de su declaración.
Los recuerdos de Utuy, sumados a las entrevistas de residentes de esta ciudad y una revisión de documentos desclasificados, denuncian la tortura y asesinato de civiles a manos de soldados bajo el comando de Pérez, acusaciones que él niega con vehemencia.
La población de este pueblo de montaña es de 50.000 habitantes, conformada en su mayoría por indígenas, hablantes de ixil, con muchas personas que viven en la pobreza. Hace décadas, la iglesia en la plaza central fue tomada por el ejército y sus campanarios se volvieron puestos de vigilancia.
Las exhumaciones siguen recuperando a seres queridos, más de 600 en el área, que desaparecieron en la guerra. Incluyen a aldeanos y guerrilleros, dice Nicolás Corio, que dirige la organización no gubernamental que está haciendo el trabajo con financiación de donantes privados y las Naciones Unidas. "Muchas de estas personas lo perdieron todo", dice. "Sus familias, cosechas, hogares, sus vidas".
Pérez, hijo de un médico de clase media, se crió durante el conflicto. Se graduó de la principal academia militar en 1969. En 1982, Ríos Montt, un general del ejército, se hizo con el poder tras un golpe de Estado.
No hay evidencia de que Ríos Montt y Pérez trabajaran directamente juntos en aquel entonces. Sin embargo, Pérez ascendió rápidamente en el régimen y fue puesto al mando de las operaciones de contrainsurgencia en Nebaj en 1982.
Pérez estaba orgulloso de sus dos años de servicio aquí, dice, llegando en un momento de violencia de las dos partes en conflicto.
"El papel que cumplí en aquel momento era el de defender a los habitantes de Nebaj", expresó. "Cuando llegué, el lugar estaba polarizado. La gente moría de hambre en las montañas y llevé a la gente a confiar en las fuerzas armadas".
Algunos pobladores dicen que Pérez era más tolerante que otros comandantes y que el derramamiento de sangre se redujo durante los dos años que él estuvo a cargo. Varios dicen que Pérez convocó a reuniones en la plaza central presentándose a sí mismo como "un soldado del pueblo". Dice que quería ayudar a los indígenas ixiles.
Utuy contó su testimonio a la corte española durante una entrevista en su casa, una vivienda de tres habitaciones, construida con bloques de hormigón en un pueblo de montaña con una docena de casas conectadas por caminos de herradura. Dijo que fue capturado por soldados cuando iba en busca de alimentos. Después de ser colgado de un árbol, golpeado y quemado con un hierro durante el interrogatorio, Utuy señaló que fue llevado en helicóptero a Nebaj.
Pérez, recordó Utuy, lo exhibió a un grupo de ciudadanos como advertencia: "Esto es lo que les pasará a ustedes si se unen a los guerrilleros". Utuy fue llevado luego a otra base militar, donde estuvo detenido y fue torturado antes de escapar, cinco meses más tarde, relató.
Pérez dijo que no sabía nada de la tortura a ninguno de los detenidos bajo su conducción. "Están mintiendo", expresó. "Esas cosas no tienen ningún respaldo. No tienen sustancia", añadió.
Un documento militar secreto guatemalteco, antes llamado "Operación Sofía", describe cómo los ataques contra la guerrilla se convertían a veces en ataques contra independientes. El informe fue introducido por la organización estadounidense sin fines de lucro National Security Archive como evidencia de violaciones contra los derechos humanos en la corte española. The Wall Street Journal tuvo acceso a una copia.
Pérez es mencionado varias veces en el documento de 359 páginas. En un momento dado, se le describe ayudando a soldados que persiguen y matan a cuatro pobladores por considerar que habían ayudado a los rebeldes.
Pérez expresó que ese documento era una falsificación, con su nombre incluido con fines políticos.
Una comisión del gobierno de Guatemala declaró su autenticidad, y la oficina del fiscal general presentó este año cargos contra el ex jefe de las fuerzas armadas Héctor Mario López Fuentes, quien está acusado de ser el arquitecto del plan y responsable de la muerte de cientos de ciudadanos.
López, quien no pudo ser contactado para hacer comentarios, se ha negado a hacer una declaración en el caso. Sus abogados han dicho a la corte que él no está apto para enfrentar un juicio por problemas de salud, según comunicó la oficina del fiscal general.
