Tomado de El País
Presos del campo de trabajos forzados X'ian, en la provincia de Shaanxi, hacen cola para recoger edredones en noviembre de 2006.
Testimonio de un chino ‘reeducado’
Trabajan
10 horas diarias por un euro al mes, hacen instrucción continua y apenas
duermen
Muchos de
los 310.000 encarcelados sin sentencia son simples críticos con el régimen de
Pekín
Por José Reinoso
El 19 de marzo de 2011, Huang Chengcheng, un joven de la
municipalidad de Chongqing, fue arrestado formalmente por la policía, acusado
de “conspirar para derrocar al Gobierno”. Las pruebas: dos textos que había
escrito en el servicio de mensajes cortos QQ, en los que citaba a los amigos a
salir a tomar un té de jazmín, al calor de lasconvocatorias
que circularon en Internet en
China instando a la gente a pasear en lugares céntricos de las ciudades como
forma pacífica de protesta. Sin necesidad de juicio, tribunal ni sentencia,
Huang fue enviado días después al campo de trabajos forzados Shanping, en
Chonqging. El mundo vivía la eclosión de las revoluciones árabes —o del
jazmín—, y el Gobierno chino, alarmado ante la posibilidad de un contagio,
lanzó por todo el país una dura campaña contra activistas y disidentes. Huang
cayó así en el sistema de reeducación por el
trabajo,que permite a la policía encarcelar hasta cuatro años sin
necesidad de juicio.
“Dos mensajes fueron toda la evidencia de mi crimen. Pasé 21
meses en campos de reeducación; hasta las 3.50 de la tarde del 17 de diciembre de
2012”, explica por teléfono. “Pretenden cambiar tu comportamiento. Nos
obligaban a cantar canciones revolucionarias, a sentarnos de una determinada
forma, a caminar en fila. Nos hacían formar como en el ejército, nos
adoctrinaban. Buscaban cansarnos lo máximo posible para que no pensáramos en
nada más”.
El sistema,
inspirado en el modelo soviético, data de mediados de la década de 1950.
Originalmente, surgió para encarcelar a “contrarrevolucionarios”,
“capitalistas” y críticos con el nuevo Gobierno comunista de Mao Zedong, tras la
fundación de la República Popular China, el 1 de octubre de 1949. Pero, más
tarde, fue extendido a autores de otros delitos, prostitutas o drogadictos. Es
ampliamente utilizado también contra activistas políticos y religiosos, y
miembros del movimiento de inspiración budista Falun Gong, que Pekín
considera un “culto diabólico”, por lo que lo ilegalizó a finales de la década
de 1990.
Según el Ministerio
de Justicia, en 2008 había en China 160.000 personas internadas en un total de
350 de estos centros. La cadena de televisión pública CCTV eleva el número a
310.000, en 310 centros.
La reeducación por el trabajo es un sistema de detención
administrativa para delitos menores, dictada por la policía fuera del sistema
judicial. Es distinta de la antes llamada reforma por el trabajo (laogai), que incluye prisiones, granjas y
campos de trabajos forzados para condenados por un tribunal, con penas más
largas. Estas instalaciones continúan, pero el Gobierno no usa el término laogai desde mediados de los noventa.
En Shanping, Huang
fue obligado a trabajar primero en el equipo dos de la unidad cinco, donde
fabricó componentes de motocicletas, y luego en el equipo dos de la unidad uno,
donde, según dice, se producen cables de automóvil para la compañía china
Changan. “Trabajaba 10 horas al día. A veces más, a veces menos, dependiendo de
las necesidades en la factoría. Dormíamos muy pocas horas, porque también
teníamos todas las otras actividades”. En Shanping, los presos están repartidos
en siete unidades, según cuenta: de la uno a la nueve. No existen la número
cuatro —cuya pronunciación es similar a la de la palabramuerte— ni la ocho —número de la suerte en China, ya que suena como fortuna—. Le pagaban ocho yuanes (un
euro) al mes.
En cada unidad
había entre 100 y 300 internos. “Son peticionarios [personas que protestan ante
las autoridades por causas que van desde las expropiaciones ilegales de tierras
hasta la corrupción o injusticias en los tribunales], pequeños ladrones, participantes
en altercados públicos, proxenetas, y gente como yo, que es detenida por sus
palabras”, afirma este hombre de 29 años. En la habitación en la que él dormía
se apiñaban 16 personas en literas dobles. La unidad siete era la de los
miembros de Falun Gong.
Los campos de reeducación han sido muy criticados por
organizaciones internacionales como Naciones
Unidas, pero también, dentro de China, por abogados y académicos,
que los consideran ilegales y fuente de abusos. Además, son campo de
corrupción, con familiares de detenidos que pagan a los funcionarios para
reducir sus penas o para mejorar su alimentación.
“El sistema de reeducación por el trabajo viola la Constitución china y la ley,
no es humanitario, ha sido utilizado en muchos casos injustos, falsos y
erróneos y causa muchas peleas en la sociedad. Es hora de que sea abolido”,
afirma Hu Xingdou, profesor de Economía en el Instituto de Tecnología de Pekín,
que ha denunciado con frecuencia el modelo. “Quienes están internados no han
quebrantado la ley criminal, y estos campos son ilegales; por tanto, no son
criminales. Este sistema priva a la gente de sus derechos sin un juicio”, añade
Pu Zhiqiang, un abogado que ha llevado muchos casos sensibles y contribuyó a la
liberación de Huang.
Desde hace años, el
Gobierno dice que va a
reformar el sistema. Pero la presión, entre otros, del Ministerio de
Seguridad Pública, que ha advertido de que su eliminación supondría una amenaza
para la estabilidad social, ha ido retrasando la decisión. Sus defensores
argumentan que ayuda a reducir la criminalidad. Algunos expertos consideran que
su cambio podría aumentar los casos en los ya muy sobrecargados tribunales, y
otros, que su transformación supondrá una merma de ingresos para los Gobiernos
locales, que se benefician de la mano de obra gratis para fabricar productos,
que incluso son exportados.
La llegada de Xi
Jinping, en noviembre pasado, a la secretaría general del Partido Comunista
Chino (PCCh) y sus llamamientos a luchar contra la injusticia y la corrupción
parecen haber dado un nuevo impulso a la reforma.
El Diario del Pueblo —órgano oficial del PCCh— publicó en
noviembre un editorial en el que decía que la reeducación viola la ley y se ha convertido en
“una herramienta de venganza” en manos de algunos. A principios de enero, Meng
Jianzhu, miembro del Politburó del PCCh y director del Comité de Asuntos
Políticos y Legales, aseguró que su uso “finalizará este año”, tras la
aprobación en el Parlamento, cuya sesión anual tiene lugar en marzo. Las
declaraciones del alto funcionario fueron matizadas, poco después, por la
agencia oficial Xinhua: “El Gobierno chino promoverá este año las reformas de
su controvertido sistema de reeducación por el
trabajo, que, según
expertos, contradice leyes superiores, incluida la Constitución china”.
Huang, un operario
especializado en máquinas de control numérico, afirma que la seguridad en
Shanping es, incluso, “mayor que en una cárcel”, y el régimen de
funcionamiento, muy estricto. “Tienes las llamadas seis posiciones fijas
obligatorias. Cada interno tiene su mesa y su lugar en ella para comer, su sitio
en las filas, su lugar para las clases de estudio, su puesto de trabajo, su
cama. No puedes caminar libremente, y si incumples las normas, te castigan de
pie durante horas, te confinan en solitario en una habitación pequeña o te
golpean. Además, te deducen puntos y alargan tu estancia”. Dice que los
maltratos son frecuentes. “He visto a menudo pegar a internos hasta que
sangraban y tenían que darles varios puntos en la cabeza. Quienes pegan no son
los policías, sino otros empleados”.
Algunos críticos temen,
sin embargo, que la reforma sea solo una operación de maquillaje. Según Human Rights Watch,
en los últimos años, Pekín ha considerado sustituir los campos de reeducación por un sistema de detención que
“dejaría esencialmente intactas características clave del mecanismo existente:
un sistema de detención administrativa, bajo el control del Departamento de
Seguridad Pública, que existiría en paralelo al sistema criminal formal y
permitiría detenciones a largo plazo sin los beneficios de un juicio y el
debido proceso legal”. Según la organización, “utilizaría un nombre diferente,
establecería una sentencia máxima y, en teoría, permitiría algunos derechos
procesales, como el acceso a un abogado”.
