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viernes, 8 de marzo de 2013

Lado generoso de Chávez se deja sentir: Países beneficiados del Alba preocupados por el futuro


Agencias Noticiosas
Petroaliados de Venezuela nerviosos por la muerte de Hugo Chávez

AP  | Por PETER ORSI
LA HABANA (AP) — Los cubanos recuerdan el llamado Período Especial de los años 1990, cuando el repentino desplome de la Unión Soviética provocó en la isla años de depresión económica. Los automóviles y los autobuses casi desaparecieron de las calles por falta de combustible y los apagones dejaban la capital a oscuras.

Ahora los cubanos temen un regreso de las vacas flacas tras la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez, cuyos miles de millones de dólares en petróleo enviado a la isla en términos generosos ayudan a que funcione la economía de la isla. El miércoles, algunos habitantes de La Habana ya estaban hablando de comenzar a almacenar velas.

Francis Gómez, una estudiante de Turismo de 22 años, de la ciudad de Pinar del Río, dijo que estaba "un poco asustada y preocupada".

"Desde que Chávez está enfermo, mis padres están diciendo que por Dios no vuelva el periodo especial", relató la joven.

Aunque el partido de Chávez sigue en el poder en Venezuela, y sus aliados políticos han dicho que no cambiarán el programa, por lo menos no a corto plazo, una victoria de la oposición en una elección presidencial que se realizaría en las próximas semanas pudiera cambiar el juego completamente. El líder opositor Henrique Capriles ha dicho que reevaluaría el programa si lo eligen.

Pero los cubanos no son los únicos preocupados tras la muerte de Chávez el martes. El mandatario venezolano usó la riqueza petrolera de su país para ayudar a sus aliados mediante un programa parte ideológico y parte humanitario que entrega petróleo en términos preferenciales.

Más de una decena de otros países latinoamericanos y del Caribe, en su mayoría con problemas económicos, se han beneficiado de miles de millones de dólares en crudo del acuerdo Petrocaribe, que se creó en 2005 con la meta de unificar la industria petrolera regional bajo el liderazgo de Venezuela y de contrarrestar así la influencia de Estados Unidos.

Sólo Cuba recibe unos 92.000 barriles diarios de crudo venezolano para cumplir la mitad de sus necesidades de consumo, por un valor de aproximadamente 3.200 millones de dólares al año, según un cálculo de Jorge Piñón, analista de energía de la Universidad de Texas.

La Habana paga la mitad de su factura petrolera mediante un sistema de trueque en que miles de médicos, maestros y otros asesores ofrecen servicios en Venezuela. El resto va a créditos a 25 años con un interés de 1%.

"No hay dinero de por medio. No tienen que emitir un cheque. Esa es la importancia de este acuerdo", dijo Piñón. "Representa 3.200 millones de dólares en efectivo gratis para la economía cubana".

"Si un nuevo gobierno venezolano convierte eso en un verdadero acuerdo comercial en que hay que pagar a 30 días en efectivo el total de lo debido, sería un impacto económico sustancial tanto para Cuba como para los países de Petrocaribe, no cabe la menor duda", aseveró Piñón.

Nicaragua, quizás el segundo país más dependiente del crudo venezolano después de Cuba, recibe casi la totalidad de sus 12 millones de barriles al año de Caracas, por un valor aproximado de 1.200 millones de dólares, dijo Néstor Avendaño, economista y director ejecutivo de la firma asesora Consultores Para el Desarrollo.

El presidente nicaragüense Daniel Ortega, un firme aliado de Chávez, paga la mitad por delante y financia el resto a 23 años con un interés de 2% anual.

La Prensa, el principal periódico de Nicaragua, señaló en un editorial que Ortega ha tratado de aumentar las reservas económicas en meses recientes, y elevó los impuestos en enero, aparentemente en anticipación de una reducción en la ayuda venezolana.

República Dominicana recibe sólo 40% de su petróleo a través de Petrocaribe y ahorra aproximadamente 400 millones de dólares al año con el acuerdo. Jamaica, abrumada por una deuda equivalente a un extraordinario 140% de su Producto Interno Bruto (PIB), recibe aproximadamente dos terceras partes de su crudo a través de Petrocaribe.

Y en todo el Caribe es la misma historia en una isla tras otra.

"Petrocaribe salvó a varias economías caribeñas de un colapso seguro", dijo Anthony Bryan, investigador senior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington y experto en las relaciones entre Estados Unidos y el Caribe.

Los analistas consideran que Nicolás Maduro, el sucesor escogido por Chávez y un firme aliado ideológico de Cuba, tiene más posibilidades de ganar las elecciones para reemplazar a Chávez. Pero en la ausencia del líder venezolano, quien mantuvo su base política controlada por la fuerza de su personalidad, Maduro pudiera ser objeto de presión mientras trata de controlar fracciones que no siempre concuerdan.

"Creo que habrá una baja potencial en la disposición de Venezuela de vender petróleo (a términos preferenciales) porque Maduro va enfrentar sus propios cismas internos", dijo Gregory Weeks, politólogo especializado en América Latina en la Universidad de Carolina de Norte en Charlotte. "Creo que va a tener que prestar más atención a dirigir recursos a los que representa dentro del país, en vez de hacerlo en el extranjero".

Weeks agregó que Maduro probablemente trataría de mantener el subsidio a Cuba en todo lo posible por razones simbólicas, y muchos analistas dicen que la isla depende menos de Venezuela de lo que dependía de los soviéticos.

Pero la economía venezolana tiene problemas que el sucesor de Chávez deberá enfrentar. La inflación está en 22%, escasean los dólares para las importaciones en medio del control de la divisa y los venezolanos se quejan de escasez esporádica de bienes básicos.

"Una vez que el déficit presupuestario venezolano comience a hacerse sentir de una forma que no se pueda pasar por alto, entonces el gobierno tendrá que tomar algunas decisiones difíciles en términos de gastos", dijo Eric Farnsworth, especialista en energía del Consejo de las Américas. "Y una de las formas más rápidas de reducir (el gasto) en cualquier país es la ayuda al extranjero".

Para algunos beneficiarios de Petrocaribe, eso podría significar simplemente la necesidad de apretarse el cinturón. Pero para otros pudiera significar un aumento del descontento o incluso el potencial de inestabilidad con la afectación de programas sociales.

Por ejemplo, Ortega, el presidente Nicaragua, ha usado el efectivo extra para dar vivienda y financiar la salud pública en un país donde 80% de la población vive con menos de 2 dólares diarios. El economista René Vallecillo dijo que el país pudiera sufrir una baja de 1 punto porcentual en el crecimiento de su PIB si la asistencia venezolana desapareciera.

Haití ha usado millones de dólares en asistencia venezolana para comprar combustible, renovar estaciones electrogeneradoras y construir viviendas para personas de bajos ingresos en ese país devastado por un terremoto en 2010.

Jamaica ha usado los 22.000 barriles de crudo venezolano que recibió a diario en 2011 para generar el 95% de su electricidad.

"Si es 95% de su generación de electricidad, eso tiene implicaciones en términos del bienestar social", dijo Farnsworth. "Van a sufrir mucho... Esto ha sido un salvavidas".

Los redactores Anne-Marie García en La Habana; Luis Andrés Henao en Santiago, Chile; David McFadden en Kingston, Jamaica; Luis Manuel Galeano en Managua, Nicaragua; Ezequiel Abiu López en Santo Domingo, República Dominicana, y Trenton Daniel en Puerto Príncipe, Haití, todos de The Associated Press, contribuyeron a este despacho.

domingo, 10 de junio de 2012

Países del ALBA enfilan su artillería en contra de la OEA

Tomado de El Universo

El futuro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos hoy se muestra atado a los acuerdos que se logren ¬o no¬ en el interior de la Organización de Estados Americanos (OEA). Las reformas son inminentes y apuntan a sus procedimientos y, principalmente, a sus alcances.

La OEA se creó en 1948, con la suscripción de su Carta en Bogotá (Colombia), y su objetivo ¬según el artículo 1 del documento¬ era lograr en sus estados “un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia”.

Hoy, 64 años después, ¿qué tan lejos está de ese propósito? ¿Es posible plantearse una OEA unida en medio de la dispersión ideológica de América? En su 42ª Asamblea General, celebrada entre el domingo y el martes en Cochabamba (Bolivia), se evidenciaron los cuestionamientos al organismo regional más antiguo del continente.

La reunión era de cancilleres, pero ¬alterando los protocolos ante una invitación del presidente Evo Morales¬ el mandatario Rafael Correa reiteró allí su propuesta de reformar la OEA y, en especial, sus mecanismos de defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.

Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), con Ecuador, Bolivia, Venezuela y Nicaragua a la cabeza, ya habían arremetido contra el Sistema y allí reiteraron sus críticas. 

Estas se han enfocado principalmente en uno de los dos organismos de derechos humanos de la OEA: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El otro es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Ambos funcionan como entes autónomos, aunque la ALBA alega “ injerencia” de Estados Unidos.

Tras horas de debate sin consenso sobre el sistema de derechos humanos, el martes se aprobó la resolución planteada por un grupo de países, encabezado por México, más conciliadora que la inicial. Se encargó al Consejo Permanente de la OEA que formule propuestas para la aplicación de reformas, “en diálogo con todas las partes involucradas”. Se estableció, además, que en seis meses, o a más tardar en el primer trimestre del 2013, esos planteamientos se pongan a consideración de una asamblea general extraordinaria.

Aunque los cambios no se concretaron en Cochabamba, esta “solución” ¬en teoría salomónica¬ ya constituye un golpe para el sistema, según el criterio de José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la organización Human Rights Watch (HRW).

En diálogo telefónico desde Washington, el chileno califica como un retroceso dejar en manos de los estados miembros de la OEA una serie de cambios que, en principio, le fueron planteados a la CIDH como recomendaciones no vinculantes.

Se refiere al paquete de recomendaciones aprobado por la OEA el 25 de enero, para reformar el Sistema Interamericano. Algunos planteamientos fueron criticados por unas 700 organizaciones no gubernamentales que consideran que se debilitaría la acción de la CIDH y de una de sus ocho relatorías temáticas: la de Libertad de Expresión. 

La OEA adoptó las recomendaciones un mes después de que Correa cuestionara las “grandes distorsiones” del organismo y de la Relatoría, a la que acusó de estar sesgada porque “está financiada en un 80% por Estados Unidos y la Unión Europea”. Sin embargo, la CIDH sí actúa frente a todos los países de la OEA. Entre las sugerencias aprobadas en enero están restringir los criterios para otorgar medidas cautelares, modificar el informe anual en el que se evalúa a países de la región, eliminar el financiamiento externo de la Relatoría y su informe anual. 

“Se había dejado en manos de la Comisión el acuerdo del 25 de enero porque los estados consideraban que, por respeto a su independencia, sería solo la Comisión la que decidiría, por sí misma, si era necesario hacer ajustes. Lo que ocurrió en Cochabamba es que, ignorando la independencia de la Comisión, los estados iniciaron una nueva etapa, una sin precedentes en la historia de la OEA, para decidir las reformas”, refiere Vivanco. 

Entre los cambios planteados en la Asamblea está que todos los países americanos se adhieran a los instrumentos del Sistema, modificar los estatutos de la CIDH para que consulte a los estados antes de emitir medidas cautelares, que la Comisión revise sus criterios y procedimientos para la elaboración de informes sobre los países que necesitan mejorar en materia de derechos humanos, entre otros. 

El secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, se ha mostrado a favor de las reformas, aunque ha dicho que su intención no es “debilitar” el Sistema. En un seminario en la CIDH en Washington, días antes de la Asamblea General, dijo que “la autonomía no significa dejar de lado el diálogo, el compromiso y la interacción permanente con los gobiernos democráticos del continente”.

En ese sentido, subrayó que la CIDH “no es un tribunal”, por lo que desconfió del proceso de diálogo privado con los países o la emisión de medidas “sin escuchar a los gobiernos”. Abogó, en cambio, por “ser mucho más flexibles” y dar prioridad al proceso de solución amistosa.

Francisco Proaño, ex embajador de Ecuador ante la OEA y ex presidente del Consejo Permanente, cree que es un error dar paso a cambios que considera que, en la práctica, terminarían por debilitar el Sistema.

“Los gobiernos se sienten incómodos cuando se les indaga o se señalan sospechas de violaciones de derechos humanos, lo cual es absurdo porque deben defender su cumplimiento. Es un error tratar de recortar atribuciones en defensa de los derechos humanos esgrimiendo el argumento de la soberanía”.

Para el analista Carlos Estarellas Velázquez, catedrático de Derecho Internacional y ex subsecretario de Relaciones Exteriores, sí se deben hacer cambios, pero para fortalecer el Sistema, no para restarle competencias. Menciona la falta de recursos como un problema. 

Considera contradictorio que se cuestione el aporte económico de Estados Unidos y que, al mismo tiempo, algunos países no cancelen sus cuotas a la OEA. Señala que, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, Ecuador debió “ponerse al día” porque no se habían cancelado los fondos desde antes del régimen de Jamil Mahuad (1998-2000).

Después de que la CIDH emitió en abril del 2011 medidas cautelares a favor de comunidades locales que se oponen a la construcción de una planta hidroeléctrica en la Amazonía, Brasil retiró a su embajador ante la OEA y esperó hasta los últimos días del 2011 pagar su cuota anual de $ 6 millones, lo que precipitó problemas de liquidez para los salarios de diciembre.

Hay otras iniciativas que también reflejan las discrepancias de algunos países con la OEA o, específicamente, con el Sistema Interamericano. Ecuador ha planteado crear una instancia complementaria de derechos humanos en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

La semana pasada, en una reunión de los representantes del bloque en Quito, se acordó viabilizar la creación. Se firmó un documento inicial que será tratado en la próxima cita de cancilleres, en agosto, en Paraguay; estos, a su vez, elevarán la iniciativa al Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno, en noviembre, también en Paraguay.

Además, en el marco de la 42ª Asamblea, Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua anunciaron su decisión de retirarse del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), un instrumento de “acción solidaria” de la OEA en caso de agresiones a un país miembro.