Tomado de El País
Secretario de Estado John Kerry al momento de dar a conocer informe de Derechos humanos de la Región
EEUU pone a Venezuela, Ecuador y Cuba en su ‘lista
negra’ DD HH en la región
El
documento es esencial para que el Congreso determine el reparto de ayudas en la
región
El
Gobierno venezolano usa a la justicia para intimidar y procesar de manera
selectiva a los líderes políticos, empresariales, laborales o de la sociedad
civil”
El
informe es muy estricto en su análisis de las muertes extrajudiciales, la
tortura y las desapariciones perpetradas en el seno de los cuerpos de seguridad
mexicanos
El Informe mundial sobre el
estado de los derechos humanos que
cada año publica el Departamento de Estado sitúa a Cuba, Ecuador y Venezuela a
la cabeza de los Estados que peor han respetado las libertades públicas de sus
ciudadanos a lo largo de 2013 en América Latina. El documento, esencial para
que el Congreso determine el reparto de ayudas en la región, alerta sobre la
concentración de poder y la progresivo constreñimiento de la libertad de
expresión y de manifestación en los dos últimos países. La corrupción, la
brutalidad policial, la impunidad, la ineficiencia judicial, la desatención de
los derechos de los pueblos indígenas y la falta de respeto a los de los
homosexuales son un denominador común en los análisis relativos a cada uno de
los Estados del hemisferio.
Aunque en la presentación del documento, el secretario de
Estado, John Kerry, ha hecho especial hincapié en la situación de Asia y
Oriente Próximo, no ha eludido referirse a la inestabilidad en la que se
está sumida Venezuela en las últimas semanas. “El Gobierno se ha
enfrentado a los manifestantes pacíficos desplegando a vigilantes armados,
encarcelando a estudiantes y restringiendo la libertad de expresión y de
reunión”, ha señalado Kerry, quien ha llamado al diálogo para resolver el
conflicto.
Los últimos episodios de violencia en Venezuela no aparecen
recogidos en el documento del
Departamento de Estado, que se ciñe a lo sucedido en 2013, pero sí da cuenta de los altercados
tras las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril de las que, cita, “se
celebraron bajo denuncias de fraude, incluida la interferencia del Gobierno”.
El informe sobre el país sudamericano es especialmente duro en la denuncia de
la concentración de poder, iniciada durante los mandatos del fallecido Hugo
Chávez, y que ha continuado con su sucesor, Nicolás Maduro. El documento señala
la corrupción y la progresiva politización del sistema judicial. “El Gobierno
usa a la justicia para intimidar y procesar de manera selectiva a los líderes
políticos, empresariales, laborales o de la sociedad civil”, se recoge en el
texto.
Libertad de
expresión, atenazada
EE UU muestra su preocupación ante la vulneración de la
libertad de expresión y de prensa en Venezuela. “El Gobierno ha tomado represalias
contra quienes públicamente han criticado al presidente o a sus políticas”,
dice el informe que alerta sobre la creciente presión sobre los medios
independientes. Una crítica prácticamente calcada a la que hace sobre la
situación en Ecuador. “El presidente [Rafael] Correa y su Gobierno han
continuado con sus ataques verbales y legales contra la prensa durante este
año”.
El informe sobre Ecuador advierte sobre la nueva ley de medios
aprobada a mediados del año pasado y la corrupción y falta de transparencia en
el poder judicial. El Departamento de Estado también señala la intimidación que
se denuncia desde el ámbito intelectual y académico, donde la dependencia
laboral del Gobierno tiene, en muchos casos, “un efecto desalentador que lleva
a la autocensura”.
En cuanto a Cuba, el tercer Estado latinoamericano incluido
en la lista negra en materia de Derechos Humanos de EE
UU, el informe también hace hincapié
en las amenazas e intimidaciones a
los que tiene sometido el régimen de la isla a sus disidentes, si bien reconoce
la tímida apertura en materia migratoria operada hace poco más de un año cuando
permitió a sus ciudadanos viajar fuera del país. “Los principales abusos fueron
el constreñimiento del derecho ciudadano a cambiar de Gobierno y el uso, por su
parte, de amenazas, violencia física extrajudicial, hostigamiento,
persecuciones y detenciones para impedir la libertad de expresión y de reunión
pacífica”, recoge el documento.
Impunidad en Colombia
y México
Con todo, el informe más extenso es el
dedicado a Colombia. El Departamento de Estado destaca la puesta en
marcha de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, pero sigue alertando
contra la impunidad, los crímenes de Estado –cometidos por miembros de los
cuerpos y fuerzas de seguridad en el marco del conflicto con las guerrillas-,
las desapariciones y secuestros –en buena medida perpetrados por las FARC y el
ELB- y el problema de los desplazados en estos 20 años de guerra. “La impunidad
y la ineficiencia del sistema judicial ha limitado la capacidad del Estado para
procesar de manera efectiva a los acusados por atentar contra los derechos
humanos y para llevar a la justicia a antiguos miembros de los grupos
paramilitares”, señala el informe.
La impunidad, también, y la corrupción en el seno de las Fuerzas
Armadas mexicanas son los principales lastres en la observancia de los derechos
humanos que el Departamento de Estado denuncia respecto de México. El documento es muy estricto en su
análisis de las muertes extrajudiciales, la tortura y las desapariciones
perpetradas en el seno de los cuerpos de seguridad mexicanos. “Se han
denunciado bastantes desapariciones forzadas por parte de la Armada, la Marina
y la policía […] Los secuestros siguen siendo uno de los problemas más serios y
menos denunciados entre las personas de todos los niveles sociales, y en
muchos, los informes que involucran a la policía son creíbles”. El documento
también llama la atención sobre los malos tratos a los que los agentes de
inmigración someten a los indocumentados. Pese a las taras del sistema
judicial, Washington da la bienvenida a la reforma judicial que prevé la
transición a la justicia oral en 26 de sus 31 Estados (en la actualidad está en
funcionamiento ya en tres).
La lucha contra la
violencia de genero en Brasil
El informe destaca los
esfuerzos del Gobierno de Dilma Rousseff para reducir la violencia de género,
con la creación de nuevos juzgados específicos para tratar este tipo de delitos
y la iniciativa de 114, 4 millones de dólares, Mujeres, Viviendo sin Violencia, para
mejorar la atención a las víctimas de abusos y agresiones en el ámbito
doméstico. El documento también hace referencia a los abusos policiales durante
las manifestaciones de junio del año pasado. “Las fuerzas de seguridad
utilizaron balas de goma, sprays de pimienta, gases lacrimógenos contra los
manifestantes”, indica. El documento alerta también sobre las condiciones en
las cárceles, la corrupción en el Gobierno y la discriminación contra los
homosexuales.
Muchos echarán de menos un poco de autocrítica por parte de
EE UU, un país donde la pena de muerte, la política de asesinatos selectivos
con drones o el centro de reclusión en Guantánamo
–denunciados por todas las organizaciones de derechos civiles- no son la mejor
tarjeta de visita para presentarse como adalid de los derechos humanos. Kerry
ha querido eliminar cualquier atisbo de superioridad en el informe, no
obstante. “Nuestro propio camino no ha estado exento de dificultades y, en
ocasiones, contradicciones”, ha señalado. “Cuando hoy presentamos un análisis
sobre el resto de las naciones, nosotros mismos nos estamos poniendo el listón
muy alto y esperamos el mismo grado de responsabilidad aquí porque sabemos que
no somos perfectos. No hablamos con arrogancia, sino con preocupación hacia la
condición humana”
