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jueves, 23 de enero de 2014

Cuba y demás países bolivarianos los menos libres del continente señala Freedom House

Tomado de La Voz de América
Mujeres de Blanco son reprimidas brutalmente en La Habana, Cuba durante una concentración pacífica
Libertad en el mundo declinó en 2013
Un reporte de la Freedom House dice que la mitad de la población mundial vive en áreas solo parcialmente libres o sin libertad alguna. Cuba es la menos libre del Hemisferio, mientras Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador son parcialmente libres.

El grupo pro democracia, Freedom House, dice que el nivel de libertad alrededor del mundo declinó el año pasado, con más de la mitad de la población mundial viviendo en áreas que solo son parcialmente libres o sin libertad alguna.

El grupo con base en Washington publicó este jueves su reporte anual en el que califica a 195 países y 14 territorios basados en sus derechos políticos y libertades civiles.

En América Latina, el grupo dijo que Cuba sigue siendo un país sin libertad, y fue calificado con nota de 6,5 en una escala en la que 1 es libre y 7 es ausencia completa de libertad.

Freedom House mantuvo a Venezuela entre los 10 países parcialmente libres del hemisferio occidental, pero la ubicó junto a Ecuador en el grupo de naciones en el orbe que gobiernan a través de lo que define como autoritarismo moderno, debido a que celebran elecciones pero controlan indebidamente a las instituciones para neutralizar a la oposición.

Venezuela es calificada como parcialmente libre, obteniendo una calificación de 5.0, al igual que Nicaragua, que obtiene 4,5 y Bolivia, y Ecuador que sin embargo obtienen 3,0.

Sobre Nicaragua el informe halaga el impacto positivo que para las libertades cívicas y políticas representan las consultas sobre reformas constitucionales, las mejoras graduales a los derechos de la mujer y los progresos en el combate del tráfico humano.

Pero en general, en el hemisferio occidental (incluyendo a Estados Unidos y a Canadá), Freedom House considera que el 71% de la población vive en libertad.

El grupo de países libres incluyó además a Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador y Perú.

En otras áreas del mundo, la guerra civil en Siria y la represión en Saudi Arabia pone a ambos países entre los 10 países menos libres del mundo y en Medio Oriente, el reporte dice que 83 por ciento de la gente vive en países calificados como “no libres”.

Este fue el octavo año consecutivo en que declina el nivel de libertad general en el mundo.


sábado, 9 de noviembre de 2013

DETIENEN EN VENEZUELA A PERIODISTA DEL MIAMI HERALD

ESPECIAL THE MIAMI HERALD

La SIP exige liberación de corresponsal del Miami Herald en Venezuela

por ANDREW ROSATI


 Jim Wyss, corresponsal en jefe del Miami Herald para la región andina, fue detenido el jueves por las autoridades venezolanas mientras reportaba sobre la escasez de productos en el país y las venideras elecciones municipales. Wyss seguía bajo custodia de las autoridades el viernes por la noche.

De acuerdo con fuentes locales, Wyss fue detenido inicialmente por efectivos de la Guardia Nacional y transferido posteriormente a la Dirección General de Inteligencia Militar (DGIM) en San Cristóbal, estado Táchira.
“Estamos muy preocupados”, dijo Aminda Marques González, directora ejecutiva del Herald. “No parece haber base alguna para su detención y estamos intentando determinar qué es lo que está pasando. Estamos pidiendo que Jim Wyss sea liberado inmediatamente”.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigió la noche del viernes al gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la inmediata liberación de Wyss.
Los editores del Herald pasaron gran parte del viernes hablando con varios funcionarios del gobierno venezolano para conseguir su liberación.
Algunos periodistas en San Cristóbal dijeron que vieron a Wyss bajo custodia el viernes.
“Pude verlo y se veía bien, pero no nos dejaron acercarnos”, dijo Lorena Arráiz, periodista del diario El Universal, que estaba investigando el incidente.
“Pero ha estado ahí por más de 12 horas y sigue bajo custodia”, señaló.

De acuerdo con Arráiz, Wyss está detenido en la oficina de la DGIM en San Cristóbal.
Funcionarios del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de Venezuela no pudieron comentar sobre la razón por la que Wyss fue detenido.
Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, reclamó públicamente a las autoridades venezolanas la “inmediata liberación del periodista” y comentó que esta es una “nueva muestra de intolerancia de un régimen que día tras día demuestra su menosprecio por la labor periodística y la libertad de prensa”.
“Hacemos un llamado a la prudencia”, agregó Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, “y a que el gobierno del presidente Maduro no atropelle los principios de convenciones internacionales en cuanto al respeto debido al trabajo de los corresponsales extranjeros y a que no se restrinja su capacidad de movilización y de comunicación”.
Paolillo agregó que la detención del corresponsal “es una afrenta a la comunidad internacional y su derecho a saber”.

Las inminentes elecciones municipales del 8 de diciembre serán una dura prueba para el gobierno de Nicolás Maduro, el cual se encuentra bajo presión por la manera en que está manejando la economía, cuando la escasez de productos comunes prevalece a lo largo y ancho de esta nación amargamente dividida. El gobierno reportó esta semana que la inflación ha escalado hasta el 54.3 por ciento, la más alta en más de una década.
Las organizaciones internacionales de medios de comunicación también hicieron un llamado a la liberación de Wyss, quien es un reconocido periodista que ha realizado docenas de reportajes en el país.
“Nos unimos al Herald al hacer un llamado a las autoridades para que lo liberen inmediatamente y garanticen sus seguridad”, dijo Bob Gabordi, presidente de la Sociedad de Editores de Noticias de Florida y editor ejecutivo del Tallahassee Democrat.


viernes, 12 de julio de 2013

Human Rights Watch pide a la ONU pronunciarse sobre violencia política en Venezuela

Agencias Noticiosas  

Director Ejecutivo de HRW, José Miguel Vivanco


HRW pide a la ONU pronunciarse sobre violencia postelectoral en Venezuela



 La organización Human Rights Watch (HRW) solicitó a la ONU que se pronuncie sobre las denuncias por hechos de violencia en Venezuela que dejaron 11 muertos tras las elecciones presidenciales de abril y exija al gobierno investigarlas, según una carta publicada este jueves.

“A la luz de las graves denuncias sobre abusos documentadas por organizaciones locales de derechos humanos, le instamos respetuosamente a que exija al gobierno de Venezuela que investigue de manera oportuna, exhaustiva e imparcial todos estos incidentes y juzgue a los responsables en los casos en que se hayan cometido abusos”, señaló el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, en la misiva.
El documento de la organización de derechos humanos está dirigido a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Naventhem Pillay, y los relatores de la organización sobre libertad de reunión, libertad de expresión, torturas, detención arbitraria, independencia de magistrados y abogados, y la situación de los defensores de derechos humanos.
Una serie de protestas se desataron en los días posteriores a la elección presidencial del 14 de abril en rechazo al resultado, que dio como ganador al actual mandatario Nicolás Maduro sobre el opositor Henrique Capriles por una diferencia de 1,49% de los votos.
La oposición ha impugnado los comicios y demanda su anulación total o parcial.
La fiscalía venezolana anunció la imputación de ocho personas por estos hechos, que dejaron 11 muertos, según cifras oficiales.
Y en junio, el canciller venezolano, Elías Jaua, expuso los hechos ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, donde se reunió con Pillay.
Pero HRW denunció que el informe venezolano presentado “atribuye la responsabilidad por estos incidentes a Capriles” y omite las denuncias de organizaciones venezolanas defensoras de derechos humanos.
“Nos preocupa profundamente que las autoridades venezolanas estén utilizando investigaciones penales como una herramienta política para acusar a opositores, sin la debida justificación, de haber participado en delitos, y que a la vez no investiguen adecuadamente denuncias creíbles que se han formulado sobre graves violaciones de derechos humanos”, cuestionó la organización.
Entre las denuncias, algunas señalan que las autoridades policiales se excedieron en el uso de la fuerza para dispersar a los seguidores de Capriles, y que éstos habrían sufrido detenciones arbitrarias, tortura y amenazas de violencia sexual.
Según la información recabada por las ONG locales, “las autoridades no han investigado adecuadamente los casos documentados en los informes”, expresó HRW. 

Gobiernos latinos que reclama libertad de expresión en caso Snowden son reconocidos por autoritarios

Tomado de The Wall Street Journal  

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa (en el centro), está en medio de un enfrentamiento diplomático con EE.UU. tras otorgarle documentos de viaje a Edward Snowden.

Defensores latinoamericanos de Snowden no predican con el ejemplo

Por Nicholas Casey, John Lyons y José de Cordoba

QUITO— Edward Snowden, el fugitivo contratista de inteligencia estadounidense, ha encontrado apoyo en las últimas semanas entre los líderes de izquierda de América del Sur, quienes lo catalogan como un defensor de la libertad de expresión.
Sus actitudes, sin embargo, cambian mucho a la hora de tratar a los grupos opositores en sus respectivos países, dicen los periodistas, miembros de la oposición y otros detractores del gobierno.
Venezuela, que le ha ofrecido asilo a Snowden, ataca con regularidad a los críticos del gobierno en los medios de comunicación e incluso llegó al extremo de difundir grabaciones secretas de ellos en la televisión pública.
Ecuador, que inicialmente otorgó documentos de viaje a Snowden, ha atacado a los periodistas. El propio presidente, Rafael Correa, ha entablado demandas multimillonarias contra la prensa. Bolivia, otro país que respalda a Snowden, tiene un problema con otro soplón: Roger Pinto, un senador que filtró documentos que acusaban al gobierno de tener vínculos con el narcotráfico y que ahora se refugia en la embajada de Brasil, que le concedió asilo.
"Es una ironía que estos gobiernos traten de aparecer como si fueran paraísos de la libre expresión mientras que los periodistas locales están siendo silenciados y demandados por difamación, sus medios se están cerrando o están siendo restringidos por nuevas leyes de comunicaciones", señaló Carlos Lauria, del Comité para la Protección de los Periodistas, un grupo que monitorea los derechos de la prensa en el mundo.
A la vez que elogiaban la causa de Snowden en público, los líderes sudamericanos arremetieron contra los medios en sus propios países. El Congreso de Ecuador, por ejemplo, aprobó una ley que prohíbe que los reporteros investiguen temas que puedan perjudicar la reputación de alguna persona.
Juan Carlos Calderón, un editor ecuatoriano, señala que las campañas del gobierno han hecho que este sea "el peor momento para ser un periodista de investigación aquí". Su revista, Vanguardia, cerró y despidió a su personal la semana pasada, lo que atribuyó a las restrictivas nuevas leyes de prensa. El gobierno adujo que cerró por su pobre desempeño económico.
En Venezuela, los críticos que han expresado su oposición al gobierno dicen que han sufrido las consecuencias. Hasta hace poco, La Hojilla, un popular programa de la televisión estatal, grababa en secreto conversaciones de los opositores al gobierno y a menudo utilizaba extractos editados de esas conversaciones para amenazarlos y avergonzarlos.
"Sentí que estaba desnudo en público", afirma Ignacio Arcaya, que fue ministro del Interior y embajador en Washington del gobierno del ex presidente Hugo Chávez luego de que una llamada telefónica que había hecho a un abogado de derechos humanos fuera transmitida en La Hojilla en abril.
En un giro irónico, La Hojilla fue víctima de su propia medicina. El programa dejó de transmitirse a fines de mayo, después de que surgiera una grabación en la que su conductor, Mario Silva, criticaba a Maduro y otros funcionarios.
La ofensiva del gobierno ha seguido adelante, pese a la desaparición de La Hojilla. El gobierno difundió a fines de junio una grabación de una conversación entre la senadora y ex candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, y un amigo, un destacado académico. El gobierno la acusó de hablar de planes para un golpe de estado.
"No tengo la más mínima idea de cómo nos pudieron haber grabado; fue un cuarto cerrado en una casa privada", dijo Machado, quien agregó que la grabación fue muy editada y tergiversó sus comentarios. "Creo que es parte de un patrón, sin dudas, en que el gobierno pretende crear terror político en todos los niveles".
Funcionarios del gobierno venezolano no devolvieron las llamadas en busca de comentario. En las últimas semanas, Maduro y otros funcionarios del gobierno han indicado que esta clase de grabaciones son parte de una iniciativa para combatir la corrupción. Machado insistió en que no ha cometido ninguna irregularidad.
A su vez, la ofensiva del gobierno ecuatoriano se ha centrado en la prensa. El año pasado, Calderón, el editor, y Christian Zurita recibieron la orden de pagar US$2 millones al presidente Correa luego de que escribieran un libro en el que detallaban los lucrativos contratos de construcción obtenidos por su hermano, Fabricio. El mandatario acudió personalmente a testificar en el juicio, donde dijo que su nombre había sido difamado. Posteriormente, Correa perdonó a los autores del libro, pero prometió que no olvidará el incidente.
Correa no respondió a una solicitud de entrevista, pero Romel Jurado, un vocero del Ministerio de Comunicación, dijo que los controles de prensa eran vitales para prevenir subversión política por parte de los medios alineados con los opositores al presidente.
—Ezequiel Minaya y Martín Arostegui contribuyeron a este artículo. 

sábado, 15 de junio de 2013

Régimen venezolano da libertad condicional a presa personal de Chávez

Tomado de BBC Mundo 
Afiuni: libertad condicional para “la presa personal de Chávez”
Si bien el gobierno de Venezuela insiste en que en su sistema democrático no caben los presos políticos, eso no es lo que piensa la jueza María Lourdes Afiuni, que se considera "la prisionera personal de Hugo Chávez".

Por Abraham Zamorano

Este viernes se conoció que las autoridades ordenaron su excarcelación, pero Afiuni continuará siendo juzgada en libertad condicional, tras casi tres años y medio de reclusión. Tendrá que presentarse ante un juez cada 15 días ni podrá salir del país. Además, tampoco hablar con la prensa ni, lo que es nuevo, hacer uso de las redes sociales: en Twitter tienen 250.000 seguidores.

Afiuni es la jueza que en 2009 exasperó a Hugo Chávez liberando a Eligio Cedeño, un banquero acusado de varios delitos que llevaba tres años pendiente de juicio. Ante eso, el difunto mandatario pidió dureza contra ella, la pena máxima de 30 años e incluso cambiar la ley si hacía falta porque "es mucho más grave un juez que libere a un bandido, que el bandido mismo".

Desde entonces, Afiuni ha vivido un proceso que es presentado como paradigma por quienes cuestionan la existencia de un poder judicial independiente en el país.
Su caso llegó a ser objeto de unas críticas a la que incluso se sumó el intelectual izquierdista estadounidense Noam Chomsky.


Para el chavismo, sin embargo, la resonancia internacional que tiene no es más que un elemento más de la campaña de descrédito contra la revolución bolivariana. Aseguran que se trata de un proceso que lleva adelante ante jueces independientes y con todas las garantías.

El delito


Los problemas de Afiuni empezaron cuando en diciembre de 2009 aplicó la recomendación del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas que había cuestionado la situación del banquero Eligio Cedeño.

Resolvió otorgar libertad condicional a Cedeño, que llevaba cerca de tres años detenido sin que comenzara su juicio. La ley venezolana establece un tope de dos años.

Aunque le prohibió abandonar el país, el banquero, que se consideraba "preso político", huyó a Estados Unidos, donde recibió asilo.

La fiscalía estimó que había habido irregularidades en la liberación y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebín) la arrestó.

Chávez expresó su indignación. "Habrá que meterle pena máxima a esta jueza y a los que hagan eso, ¡30 años de prisión!, pido yo a nombre de la dignidad del país", dijo en televisión.

En prisión se encontró con mujeres a las que ella misma había sentenciado. Encerrada en una celda de 3 por 2,5 metros, denuncia que fue atacada con armas blancas y agredida sexualmente.

Entonces abrió su cuenta en Twitter, que supera los 250.000 seguidores y es el único medio por el que se podía expresar públicamente hasta este viernes, cuando entre las medidas cautelares, se le prohíbe hacerlo, según le confirmó su abogado a BBC Mundo.

No tardó en recibir muestras de solidaridad en Venezuela e internacionalmente. Incluso Chomsky se unió a la campaña por su liberación con una carta a Chávez, por quien nunca había ocultado sus simpatías.

Tras un año y dos meses en el presidio del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), fue decretado el arresto domiciliario. Así su casa se convirtió en su prisión por los siguientes dos años y cuatro meses.

 

"Torturas"


Eso, hasta este viernes, una semana después de que la fiscal general del Estado, Luis Ortega, anunciara en su cuenta personal de Twitter su solicitud de libertad condicional para Afiuni.

Tuvo que pasar una semana para que se consumara la medida. El abogado de la jueza, Jose Amalio Graterol, califica de "tortura" la dilación.

"Esta espera también es un trato cruel, inhumano y degradante, y constituye una tortura psicológica", le dijo el letrado a BBC Mundo.

Según su abogado, sin embargo, esta no es la primera vez que padece torturas. Ya en el INOF sufrió heridas de arma blanca y quemaduras de cigarrillos después de haber llegado con un certificado de buen estado de salud.

"Además, tuvo el valor de denunciar que había sido violada", comentó Graterol.

Problemas de salud


Otra queja recurrente de su entorno es la actitud de las autoridades ante sus constantes problemas de salud. Afiuni ha tenido problemas para ser atendida por un médico por depender de la autorización de la jueza que ve su caso.

"Tiene problemas renales, cistitis y problemas urinarios. En una axila tiene un quiste y en un seno también. No ha podido operarse", le relató a BBC Mundo su hermano, Nelson Afiuni.

"La fiscalía se ha preocupado, pero la que autoriza que es la juez y no le da la gana a veces", se quejó.

El hermano de la jueza contó que el mayor problema se da cuando enferma en fin de semana, pues les resulta imposible encontrar a la autoridad encargada de autorizar su traslado a un centro médico.

"Una vez se intoxicó. Hasta la fiscalía fue a ver qué pasaba y tuvo que esperar a que el lunes llegara la autorización de la juez, pero bajo presión, bajo denuncia", agregó.

 

Sin declarar a los medios


A solicitud de la fiscalía, la jueza tendrá que presentarse cada quince días ante las autoridades, no podrá salir de Venezuela y tampoco podrá hablar con los medios de comunicación. La novedad es que tampoco podrá hacer uso de su cuenta en la red social Twitter.

La presentación ante las autoridades es una fórmula habitual para minimizar el riesgo de fuga. Para el veto a las declaraciones a los medios o las redes sociales es para lo que no encuentra justificación su abogado.

"Apelamos y nunca nos han dado la razón ante algo a criterio nuestro inconstitucional que violenta la libertad de expresión", le dijo Graterol a BBC Mundo.

En cualquier caso, al poder salir de su domicilio, pudo hacer realidad su deseo de visitar varios templos religiosos para cumplir con sus promesas, mientras continúa su juicio cuya sentencia espera para septiembre.

BBC Mundo visitó a Afiuni en 2011


El apartamento en Caracas donde vive con sus padres y su única hija, de 19 años, es su prisión.

Por turnos, dieciséis militares cuidan que no se escape: dos militares vigilan el portón de acceso al edificio, dos se apostan en otro ingreso y otros cuatro pasan todo el día sentados frente a la puerta de su apartamento.

Ellos llevan registro de quién ingresa a la casa de la jueza, que no puede tener más de cinco visitas al día.

Allí recibe a BBC Mundo. Pero Afiuni, por decisión de juez de la causa, no puede dar declaraciones a los medios de comunicación.

Su hermano, Nelson, hace de vocero: "No puede hablar ni del clima con los medios".

Ella se sienta en el sillón, fuma, hace catarsis en Twitter, sonríe, frunce el ceño.

Durante el día aprovecha para hacer un curso de ingles a través de internet, arma rompecabezas, lee y por las tardes coloca sus piernas sobre la ventana enrejada para recibir un poco de sol.

Los materiales de su defensa y documentos judiciales no están en su casa porque los guardias pueden allanarla en cualquier momento.

No habla por teléfono porque los teléfonos, dicen sus familiares, están "pinchados", así que se comunica mayormente con el servicio de mensajería de su teléfono.

Detrás suyo, mirando hacia el exterior, una bandera venezolana con la inscripción "Afiuni" enseña que en el cuarto piso de ese edificio vive la jueza.

Una vez al mes sale a la calle. Cuando la trasladan a tribunales para ser juzgada, ella se niega a ingresar a sala porque considera que no va a tener un juicio justo, dice su hermano.
Juan Paullier - 9 de diciembre de 2011

Qué dijo Chávez

Chávez, tras la detención en 2009
·       "Viene una juez bandida, una bandida (…) todo estaba montado. Yo exijo dureza contra esa jueza, incluso le dije a la presidenta del Tribunal Supremo, a la Asamblea Nacional, habrá que hacer una ley porque es mucho más grave un juez que libere a un bandido, que el bandido mismo".
·       "Entonces habrá que meterle pena maxima a esta jueza y a los que hagan eso, ¡30 años de prisión!, pido yo a nombre de la dignidad del país".
·       "A la juez esa deberían meterle 30 años de cárcel, Simón Bolívar hizo un decreto: aquel que tome un centavo del Tesoro público será pasado por las armas, es decir, fusilado y el juez que no lo hiciera será también pasado por las armas”
·       "Es más grave tener jueces que liberan delincuentes (…) “no, eso es lo último que podemos tener nosotros, porque el juez es el encargado de imponer la sentencia, si vamos a tener jueces delincuentes, sálvese quien pueda”

Chávez, a la BBC en 2010
·       "Ha actuado un poder absolutamente autónomo, un Poder Judicial que condenó a una exmagistrada".
·       "Aquí hay una lucha a muerte contra la corrupción (…) y nunca antes funcionaron como hoy los poderes venezolanos en plena autonomía".