Transparencia: Policías de Los Angeles portaran cámaras en su uniforme

Tomado de La Voz de América

Los Ángeles ordena la compra de 7 mil cámaras para policías

El alcalde de la ciudad, Eric Garcetti considera que estos dispositivos que van adheridos al cuerpo del oficial, garantizan una mayor transparencia en el actuar de la policía y ayudan a generar confianza en la población

El departamento de policía de Los Ángeles ordenó la compra de 7.000 cámaras de video portátiles para policías como una manera de generar más confianza en la ciudadanía, luego de las intensas protestas en Ferguson por el caso de Michael Brown.

El anuncio lo hizo el alcalde de la ciudad, Eric Garcetti, quien dijo que consiguieron un descuento especial del fabricante y que se complementará el gasto con más de un millón de dólares provenientes de donaciones privadas recolectadas por la comunidad de Los Ángeles.

En el presupuesto que acaba de aprobar el Congreso no se incluyó un requerimiento del presidente Barack Obama que ofrecía fondos para solventar en un 50 por ciento el gasto de la compra de cámaras de los departamentos de policía. Esta medida podría haber facilitado la adquisición de 50.000 cámaras de video.

El gobierno del presidente Obama no planea una serie de programas que faciliten equipos a la policía al grado militar, pero sí está trabajando en una disposición para que las agencias federales encargadas de proveer los equipos cumplan con ciertas exigencias y requisitos de los grupos de derechos humanos y de la policía.

Una compañía fabricante de este tipo de cámaras dijo que las solicitudes para probar sus aparatos aumentaron en un 70 por ciento, el pasado mes de agosto cuando se iniciaron las protestas en Ferguson y que en el mes de septiembre la empresa, con sede en Seattle, alcanzó el mayor récord de ventas de su historia.

Si bien ACLU se opone al aumento del uso de este tipo de cámaras vigilantes sí las considera útil en el sentido que sirven para monitorear el accionar de la policía relacionado con el abuso de poder y autoridad.

LA CORRUPCIÓN UN MAL ENDÉMICO, 6 PASOS PARA COMBATIRLA

Tomado de esglobal

CÓMO COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN 6 PASOS

Por Augusto Lópes-Claros

Propuestas para eliminar una de las lacras económicas, políticas y sociales que afectan, en distinta medida, al mundo globalizado.

 Después de examinar varios aspectos en los que la corrupción daña el tejido social e institucional de un país, vamos a prestar atención a las opciones de reformas de que disponen los gobiernos para reducir la corrupción y mitigar sus efectos. Rose-Ackerman (1998) recomienda que la base de esas reformas sea una estrategia doble, dirigida a aumentar las ventajas de ser honrado y los costes de ser corrupto, una mezcla sensata de castigo y recompensa. Se trata de un tema muy amplio pero vamos a estudiar seis estrategias complementarias.

Remunerar bien a los funcionarios públicos

El hecho de que los funcionarios tengan un sueldo suficiente o estén muy mal pagados influirá sin duda en la motivación y los incentivos. Si los salarios del sector público son demasiado bajos, los funcionarios pueden sufrir presiones para completar sus ingresos de formas "extraoficiales". Van Rijckeghem y Weder (2001) hicieron un trabajo empírico que reveló que, en una muestra de países menos desarrollados, había una relación inversa entre el nivel de los salarios del sector público y la presencia de corrupción.

Dotar al gasto oficial de transparencia y apertura

Subsidios, exenciones fiscales, adquisición pública de bienes y servicios, créditos blandos, fondos extrapresupuestarios controlados por los políticos: todos estos son distintas maneras que tienen los gobiernos de administrar los recursos públicos. Los gobiernos recaudan impuestos, acuden a los mercados de capitales para obtener dinero, reciben ayuda exterior y elaboran mecanismos para asignar esos recursos a diversas necesidades. Algunos países lo hacen de manera relativamente transparente y se esfuerzan para garantizar que el objetivo sea el interés público. Cuanto más abierto y transparente es el proceso, menos posibilidades hay de actividades ilícitas y abusos. Collier (2007) ofrece pruebas convincentes de las consecuencias negativas que tienen los sistemas ineficaces de control presupuestario. Asimismo destacan los países cuyos ciudadanos pueden vigilar las actividades del Gobierno y debatir las virtudes de diversas políticas públicas. En este sentido, la libertad de prensa y los niveles educativos también contribuyen a crear el contexto de las reformas. Que el país en cuestión cuente con una sociedad civil activa y una cultura de participación puede ser un ingrediente fundamental de las estrategias para reducir la corrupción.

Nueva Zelanda, que ocupa de forma habitual los mejores puestos en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, es un país pionero en la creación de procesos presupuestarios transparentes desde que aprobó en 1994 la Ley de Responsabilidad Fiscal, que proporciona un marco legal para la gestión transparente de los recursos públicos.

Eliminar la burocracia

La clara correlación entre la presencia de corrupción y el grado de burocracia, reflejada, por ejemplo, en los indicadores de Doing Business, indica que es deseable eliminar todas las normas innecesarias, sin dejar de proteger las funciones reguladoras esenciales del Estado. No solo las normas que imperan en numerosos países -para crear una nueva empresa, registrar una propiedad, realizar una transacción comercial internacional y otros muchos certificados y permisos- son a veces insoportables sino que, con frecuencia, los gobiernos no se han detenido a pensar si el propósito para el que se implantaron tiene algo que ver con las necesidades actuales. Rose-Ackerman (1998) aconseja: "una estrategia más obvia, eliminar las leyes y los programas que engendran corrupción".

Eliminar los subsidios regresivos que causan distorsiones y sustituirlos por transferencias selectivas de dinero

Los subsidios son otro ejemplo de cómo una política oficial puede distorsionar los incentivos y crear oportunidades para la corrupción. Según un estudio del FMI (2013), los subsidios al consumo de productos energéticos ascienden a alrededor de 1,9 billones de dólares anuales, el equivalente al 2,5% del PIB mundial y el 8% de los ingresos de los gobiernos. Estos subsidios se distribuyen de manera muy regresiva: en el caso de la gasolina, más del 60% de los beneficios totales van a parar al 20% más rico de las familias. Su eliminación podría reducir considerablemente las emisiones de CO2 y tener otras consecuencias positivas. Los subsidios, muchas veces, generan contrabando, escasez y la aparición del Mercado negro. Dejando aparte los costes de oportunidad (¿cuántas escuelas podrían construirse con el dinero de un año de subsidios energéticos?) y las repercusiones ambientales que tienen unos precios artificialmente bajos, los subsidios, además, pueden situar al Gobierno en el corazón de la corrupción. Es mucho mejor reemplazar esos subsidios caros y regresivos por unas transferencias selectivas de dinero.

Establecer convenios internacionales

Como, en una economía globalizada, la corrupción posee una dimensión cada vez más transnacional, el marco legal internacional para el control de la corrupción es un elemento clave en las opciones de las que disponen los gobiernos. Ese marco ha sufrido grandes mejoras durante el último decenio. Además del Convenio Anticorrupción de la OCDE, en 2005 entró en vigor el de la ONU (CNUCC). Este último convenio al acabar 2013 lo habían ratificado ya la gran mayoría de sus 140 firmantes. El CNUCC es un instrumento prometedor porque crea un marco mundial que implica a países desarrollados y en vías de desarrollo; abarca una gran variedad de aspectos, como la corrupción nacional y extranjera, la extorsión, las medidas preventivas, las disposiciones contra el blanqueo de dinero, las leyes sobre los conflictos de intereses y los medios para recobrar el dinero ilícito depositado por funcionarios en bancos de paraísos fiscales. Dado que la ONU no tiene poderes para hacer respetar los acuerdos, su eficacia como herramienta contra la corrupción dependerá en gran parte de que se creen los debidos mecanismos nacionales de vigilancia para comprobar su cumplimiento por parte de los gobiernos.

Otros, como Heinemann y Heimann (2006), afirman que, en la lucha contra la corrupción, una estrategia más factible sería quizá el cumplimiento de las leyes contra la corrupción en los 40 Estados firmantes del convenio Anticorrupción de la OCDE. Los gobiernos tendrán que tomar medidas más enérgicas contra las empresas de la OCDE que sigan sobornando a funcionarios extranjeros. Los poderes ejecutivos, deseosos de proteger los intereses comerciales de sus empresas nacionales, han sentido a veces la tentación de no exigirles que cumplan las leyes anticorrupción, en un desafortunado intento de no debilitar su posición frente a los competidores de otros países. No puede ser que el fomento del comercio parezca más importante que el control de la corrupción. Los gobiernos siguen utilizando un doble rasero y consideran delito los sobornos en su propio país pero hacen la vista gorda cuando esos sobornos afectan a funcionarios extranjeros en Estados que no son de la OCDE.

Emplear tecnología inteligente

Si las distorsiones creadas por los gobiernos ofrecen muchas oportunidades para la corrupción, el contacto frecuente y directo entre funcionarios y ciudadanos también puede facilitar las transacciones ilícitas. Una forma de resolver este problema es recurrir a las tecnologías disponibles para promover una relación más distante entre los dos sectores; en este sentido, Internet es una herramienta eficaz para combatir la corrupción (Andersen et al., 2011). En algunos países, el uso de las plataformas de Internet para las relaciones de la administración con la sociedad civil y el mundo empresarial ha prosperado, sobre todo, en las áreas del pago de impuestos, las adquisiciones públicas y los trámites burocráticos.

Quizá uno de los campos más fértiles para la corrupción en el mundo es el relacionado con las adquisiciones que hace el Estado. Las compras públicas de bienes y servicios pueden tener una dimensión importante, entre el 5 y el 10% del PIB en la mayoría de los países. Como la concesión de contratos puede estar sujeta a cierto grado de discreción burocrática -y como la mayoría de los países tienen largos antecedentes históricos de sobornos, comisiones y connivencias en las ofertas públicas de adquisición- cada vez más Estados están escogiendo procedimientos que garantizan unos niveles apropiados de apertura, competencia, igualdad de oportunidades para los proveedores o claridad en las pujas.

Chile ha empleado las últimas tecnologías para crear uno de los sistemas de adquisiciones públicas más transparentes del mundo. En 2003 se creó ChileCompra, un sistema electrónico público de compras y contrataciones a través de una plataforma de Internet, que se ha granjeado en todo el mundo una gran reputación por su calidad, su transparencia y su eficacia. Está al servicio de empresas, instituciones públicas y ciudadanos y es la página web de relaciones empresariales más grande del país, con 850 organizaciones de compra involucradas. En 2012, los usuarios hicieron 2,1 millones de compras y emitieron facturas por valor de 9.100 millones de dólares. Además, ha servido de catalizador para el uso de Internet en todo el país.

En muchas de las medidas presentadas para combatir la corrupción, la filosofía central es la necesidad de eliminar la oportunidad para que haya corrupción a base de cambiar los incentivos, cerrar las lagunas legislativas y eliminar las normas mal concebidas que estimulan los comportamientos corruptos. Pero una estrategia centrada en cambiar las normas y los incentivos, con castigos suficientemente severos para quienes cometan infracciones, será mucho más eficaz si va acompañada de esfuerzos para reforzar las bases éticas y morales de la conducta humana.

Chile y Uruguay son los países latinoamericanos menos corruptos. ¿Qué hicieron para lograrlo?

Tomado de Infobae 

Haití, Venezuela y Bolivia los más corruptos de una región corrupta

Cómo hicieron Chile y Uruguay para ser los países menos corruptos

Por Darío Mizrahi

A siete de cada diez haitianos alguna autoridad civil o policial le pidió un soborno durante 2012, según revela la última edición del Barómetro de las Américas que realiza el Proyecto Opinión Pública de América Latina (LAPOP, por sus siglas en inglés), con sede en la Universidad de Vanderbilt.

Según Transparencia Internacional, los que tienen mayores niveles de corrupción son Haití y Venezuela, que apenas suman 19 y 20 puntos respectivamente.

En Bolivia, el segundo país más corrupto de la región para este sondeo, un 44,8% asegura haber sido víctima de cohecho. La media latinoamericana ronda el 20 por ciento.

En el otro extremo, sólo 5,8 de cada 100 chilenos se vieron expuestos a este delito. La proporción es equivalente a la de Estados Unidos y se ubica apenas dos puntos por encima de Canadá, uno de los países con instituciones más consolidadas del mundo.

"Chile y Uruguay están por encima de la media e incluso mejor que algunas naciones desarrolladas"

No muy lejos queda Uruguay, el segundo más honesto. El 8,2% reconoció haber sido extorsionados por alguna autoridad.

El Barómetro no es el único estudio que destaca a estos dos países por sobre el resto.

"Si miramos el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, que es la encuesta más completa, hay dos países que claramente despuntan favorablemente. Uno es Chile y el otro es Uruguay. Ambos están por encima de la media e incluso mejor que algunas naciones desarrolladas", dice aInfobae el abogado peruano José Carlos Ugaz Sánchez Moreno, consultor internacional en políticas contra la corrupción.

Uruguay aparece en el puesto 19 a nivel mundial del ranking 2013 de la ONG, con 73 puntos (100 es el máximo posible, que supondría la virtual ausencia de corrupción). Tres puestos más abajo está Chile, con 71 puntos.

Ambos están mejor posicionados que países desarrollados como Francia, España, Italia y Austria. Les sacan casi 30 puntos de ventaja al resto de los latinoamericanos mejor posicionados, Cuba y Brasil.

Según Transparencia Internacional, los que tienen mayores niveles de corrupción son Haití y Venezuela, que apenassuman 19 y 20 puntos respectivamente.

"Curiosamente -continúa Sánchez Moreno-, Chile limita con Perú y Argentina, que tienen muchos problemas de corrupción. Una primera pregunta es cómo países vecinos, con historias comunes, terminan teniendo performances tan diferentes".

América Latina, una región corrupta

"Un problema grande es la falta de coordinación entre las distintas instituciones del Estado. No se puede tener una investigación de corrupción si no hay cooperación entre la contraloría pública, las fiscalías y el poder judicial. Si se manejan apartadas es muy difícil que un juez pueda de verdad examinar cuentas bancarias y transacciones económicas", explica Luis Salas, director del Centro de Administración de Justicia de la Universidad de Florida, en diálogo con Infobae.

"Uno de los factores que más ha contribuido a la corrupción es la impunidad, que se genera cuando no hay sanción"

"Tiene que ver con la debilidad institucional. No hemos tenido instituciones debidamente estructuradas, con un servicio civil profesionalizado. El clientelismo ha fomentado el intercambio de favores. Una burocracia ineficiente que se mueve según los turnos políticos genera nichos de corrupción muy altos, porque no ha habido tampoco un orden administrativo", dice Sánchez Moreno.

Una consecuencia de la debilidad de las instituciones es que los gobiernos pueden arrasar con ellas. Al reducir a su mínima expresión a los organismos de control, se vuelve muy difícil investigar hechos de corrupción.

La falta de autonomía del poder judicial en relación al poder político termina haciendo casi imposible que un funcionario público sea condenado por defraudar al Estado.

"Uno de los factores que más ha contribuido al desarrollo de la corrupción es la impunidad, que se genera cuando no hay sanción. Ni de las autoridades que deben investigar, como son la policía, las fiscalías y la justicia, ni de las contralorías, que son muy ineficientes, cuando no están directamente digitadas por el poder político", explica Sánchez Moreno.

La impunidad refuerza la corrupción porque los políticos deshonestas obtienen enormes ventajas frente a los que se someten a las reglas. A la larga, esa competencia desigual lleva a una naturalización de estas prácticas, que en algunos casos se vuelven casi inevitables para tener éxito política.

Cuando el Estado no cumple su función, la última instancia que queda son los controles externos. "Un factor determinante -dice Salas- es lo fuertes o débiles que son los medios de comunicación y las ONG, que son los vigilantes de la probidad de los gobiernos. Si son débiles, la cultura de corrupción va a estar muy activa".