Tomado de esglobal
CÓMO COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN 6 PASOS
Por Augusto Lópes-Claros
Propuestas para eliminar una de las lacras económicas, políticas y
sociales que afectan, en distinta medida, al mundo globalizado.
Después
de examinar varios aspectos en los que la corrupción daña el tejido social e
institucional de un país, vamos a prestar atención a las opciones
de reformas de que disponen los gobiernos para reducir la corrupción y mitigar
sus efectos. Rose-Ackerman (1998) recomienda que la base de esas reformas
sea una estrategia doble, dirigida a aumentar las ventajas de ser honrado y los
costes de ser corrupto, una mezcla sensata de castigo y recompensa. Se trata de
un tema muy amplio pero vamos a estudiar seis estrategias complementarias.
Remunerar
bien a los funcionarios públicos
El
hecho de que los funcionarios tengan un sueldo suficiente o estén muy mal
pagados influirá sin duda en la motivación y los incentivos. Si los salarios
del sector público son demasiado bajos, los funcionarios pueden sufrir
presiones para completar sus ingresos de formas "extraoficiales". Van
Rijckeghem y Weder (2001) hicieron un trabajo empírico que reveló que, en una
muestra de países menos desarrollados, había una relación inversa entre el
nivel de los salarios del sector público y la presencia de corrupción.
Dotar
al gasto oficial de transparencia y apertura
Subsidios,
exenciones fiscales, adquisición pública de bienes y servicios, créditos
blandos, fondos extrapresupuestarios controlados por los políticos: todos estos
son distintas maneras que tienen los gobiernos de administrar los recursos
públicos. Los gobiernos recaudan impuestos, acuden a los mercados de capitales
para obtener dinero, reciben ayuda exterior y elaboran mecanismos para asignar
esos recursos a diversas necesidades. Algunos países lo hacen de manera
relativamente transparente y se esfuerzan para garantizar que el objetivo sea
el interés público. Cuanto más abierto y transparente es el proceso, menos
posibilidades hay de actividades ilícitas y abusos. Collier (2007) ofrece pruebas convincentes de las
consecuencias negativas que tienen los sistemas ineficaces de control
presupuestario. Asimismo destacan los países cuyos ciudadanos pueden vigilar
las actividades del Gobierno y debatir las virtudes de diversas políticas
públicas. En este sentido, la libertad de prensa y los niveles educativos
también contribuyen a crear el contexto de las reformas. Que el país en
cuestión cuente con una sociedad civil activa y una cultura de participación
puede ser un ingrediente fundamental de las estrategias para reducir la
corrupción.
Nueva
Zelanda, que ocupa de forma habitual los mejores puestos en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, es un
país pionero en la creación de procesos presupuestarios transparentes desde que
aprobó en 1994 la Ley de Responsabilidad Fiscal, que proporciona un marco legal
para la gestión transparente de los recursos públicos.
Eliminar
la burocracia
La
clara correlación entre la presencia de corrupción y el grado de burocracia,
reflejada, por ejemplo, en los indicadores de Doing Business,
indica que es deseable eliminar todas las normas innecesarias, sin dejar de
proteger las funciones reguladoras esenciales del Estado. No solo las normas
que imperan en numerosos países -para crear una nueva empresa, registrar una
propiedad, realizar una transacción comercial internacional y otros muchos
certificados y permisos- son a veces insoportables sino que, con frecuencia,
los gobiernos no se han detenido a pensar si el propósito para el que se
implantaron tiene algo que ver con las necesidades actuales. Rose-Ackerman (1998) aconseja: "una estrategia más
obvia, eliminar las leyes y los programas que engendran corrupción".
Eliminar
los subsidios regresivos que causan distorsiones y sustituirlos por
transferencias selectivas de dinero
Los
subsidios son otro ejemplo de cómo una política oficial puede distorsionar los
incentivos y crear oportunidades para la corrupción. Según un estudio del FMI (2013), los subsidios al consumo de productos energéticos
ascienden a alrededor de 1,9 billones de dólares anuales, el equivalente al 2,5%
del PIB mundial y el 8% de los ingresos de los gobiernos. Estos subsidios se
distribuyen de manera muy regresiva: en el caso de la gasolina, más del 60% de
los beneficios totales van a parar al 20% más rico de las familias. Su
eliminación podría reducir considerablemente las emisiones de CO2 y tener otras
consecuencias positivas. Los subsidios, muchas veces, generan contrabando,
escasez y la aparición del Mercado negro. Dejando aparte los costes de
oportunidad (¿cuántas escuelas podrían construirse con el dinero de un año de
subsidios energéticos?) y las repercusiones ambientales que tienen unos precios
artificialmente bajos, los subsidios, además, pueden situar al Gobierno en el
corazón de la corrupción. Es mucho mejor reemplazar esos subsidios caros y
regresivos por unas transferencias selectivas de dinero.
Establecer
convenios internacionales
Como,
en una economía globalizada, la corrupción posee una dimensión cada vez más
transnacional, el marco legal internacional para el control de la corrupción es
un elemento clave en las opciones de las que disponen los gobiernos. Ese marco
ha sufrido grandes mejoras durante el último decenio. Además del Convenio
Anticorrupción de la OCDE, en 2005 entró en vigor el de la ONU (CNUCC). Este último convenio al acabar
2013 lo habían ratificado ya la gran mayoría de sus 140 firmantes. El CNUCC es
un instrumento prometedor porque crea un marco mundial que implica a países
desarrollados y en vías de desarrollo; abarca una gran variedad de aspectos,
como la corrupción nacional y extranjera, la extorsión, las medidas
preventivas, las disposiciones contra el blanqueo de dinero, las leyes sobre
los conflictos de intereses y los medios para recobrar el dinero ilícito
depositado por funcionarios en bancos de paraísos fiscales. Dado que la ONU no
tiene poderes para hacer respetar los acuerdos, su eficacia como herramienta
contra la corrupción dependerá en gran parte de que se creen los debidos
mecanismos nacionales de vigilancia para comprobar su cumplimiento por parte de
los gobiernos.
Otros,
como Heinemann y Heimann (2006), afirman que, en la
lucha contra la corrupción, una estrategia más factible sería quizá el
cumplimiento de las leyes contra la corrupción en los 40 Estados firmantes del
convenio Anticorrupción de la OCDE. Los gobiernos tendrán que tomar medidas más
enérgicas contra las empresas de la OCDE que sigan sobornando a funcionarios
extranjeros. Los poderes ejecutivos, deseosos de proteger los intereses
comerciales de sus empresas nacionales, han sentido a veces la tentación de no
exigirles que cumplan las leyes anticorrupción, en un desafortunado intento de
no debilitar su posición frente a los competidores de otros países. No puede
ser que el fomento del comercio parezca más importante que el control de la
corrupción. Los gobiernos siguen utilizando un doble rasero y consideran delito
los sobornos en su propio país pero hacen la vista gorda cuando esos sobornos
afectan a funcionarios extranjeros en Estados que no son de la OCDE.
Emplear
tecnología inteligente
Si
las distorsiones creadas por los gobiernos ofrecen muchas oportunidades para la
corrupción, el contacto frecuente y directo entre funcionarios y ciudadanos
también puede facilitar las transacciones ilícitas. Una forma de resolver este
problema es recurrir a las tecnologías disponibles para promover una relación
más distante entre los dos sectores; en este sentido, Internet es una
herramienta eficaz para combatir la corrupción (Andersen et al., 2011). En
algunos países, el uso de las plataformas de Internet para las relaciones de la
administración con la sociedad civil y el mundo empresarial ha prosperado,
sobre todo, en las áreas del pago de impuestos, las adquisiciones públicas y
los trámites burocráticos.
Quizá
uno de los campos más fértiles para la corrupción en el mundo es el relacionado
con las adquisiciones que hace el Estado. Las compras públicas de bienes y
servicios pueden tener una dimensión importante, entre el 5 y el 10% del PIB en
la mayoría de los países. Como la concesión de contratos puede estar sujeta a
cierto grado de discreción burocrática -y como la mayoría de los países tienen
largos antecedentes históricos de sobornos, comisiones y connivencias en las
ofertas públicas de adquisición- cada vez más Estados están escogiendo
procedimientos que garantizan unos niveles apropiados de apertura, competencia,
igualdad de oportunidades para los proveedores o claridad en las pujas.
Chile
ha empleado las últimas tecnologías para crear uno de los sistemas de
adquisiciones públicas más transparentes del mundo. En 2003 se creó
ChileCompra, un sistema electrónico público de compras y contrataciones a
través de una plataforma de Internet, que se ha granjeado en todo el mundo una
gran reputación por su calidad, su transparencia y su eficacia. Está al
servicio de empresas, instituciones públicas y ciudadanos y es la página web de
relaciones empresariales más grande del país, con 850 organizaciones de compra
involucradas. En 2012, los usuarios hicieron 2,1 millones de compras y
emitieron facturas por valor de 9.100 millones de dólares. Además, ha servido
de catalizador para el uso de Internet en todo el país.
En
muchas de las medidas presentadas para combatir la corrupción, la filosofía
central es la necesidad de eliminar la oportunidad para que haya corrupción a
base de cambiar los incentivos, cerrar las lagunas legislativas y eliminar las
normas mal concebidas que estimulan los comportamientos corruptos. Pero una
estrategia centrada en cambiar las normas y los incentivos, con castigos
suficientemente severos para quienes cometan infracciones, será mucho más
eficaz si va acompañada de esfuerzos para reforzar las bases éticas y morales
de la conducta humana.
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