Tomado de
Prensa Libre
Por unanimidad, la CSJ
resolvió dar trámite al antejucio planteado por el diputado Amílcar Pop en
contra del mandatario.
Renuncia
de Otto Pérez Molina es una posibilidad
En lo político y en lo
jurídico, analistas pintan un panorama complejo para Otto Pérez Molina,
con el Legislativo dominado por oposición.
Por G. Contreras, J.
Gramajo y J. Suncar
Héctor
Rosada Granados: Si cae él, caen los demás
De acuerdo con el politólogo y sociólogo Héctor
Rosada Granados, el presidente Otto Pérez Molina se ha negado a renunciar
porque no quiere perder su inmunidad y prefiere conservarla después de
dejar el poder, para integrarse al Parlamento Centroamericano.
Si bien evitó opinar acerca
de si el mandatario debe o no renunciar, Rosada indicó que si él estuviera en
la situación del gobernante y fuera consciente de lo que hizo,
renunciaría y se enfrentaría a los tribunales.
“No creo que —Pérez
Molina— tenga la capacidad para hacerlo porque atrás de él hay muchos
implicados. Si cae alguien del tamaño de él, caen todos los demás, y eso lo
está pensando”, subrayó el experto.
Rosada trabajó con Pérez Molina
en más de una ocasión. Una de ellas fue durante el proceso y firma de los
acuerdos de paz, por lo que le reconoce varios méritos, pero resaltó que
“hubiera esperado mucho más de él”.
“Otto estaba acostumbrado a
que alguien lo mandara y que alguien tomara las decisiones de responsabilidades
extremas, y no cabe duda de que no estaba preparado para eso. Y para
cubrir esa falta de preparación respecto de la toma de decisiones estratégicas,
simple y sencillamente se hizo guiar por un combo de lo más corrupto”, afirmó
Rosada.
Respecto del avance del
trámite en el Congreso, el politólogo tiene dudas, por la alianza del
Partido Patriota con Libertad Democrática Renovada.
Orellana
es pesimista
Para el abogado constitucionalista Gabriel Orellana, la Corte Suprema de
Justicia (CSJ) solo cumplió con darle el trámite a la solicitud de antejuicio
contra el presidente Otto Pérez Molina, porque si hubieran rechazado, “seguro
se iba a ir por la vía del amparo”.
Según Orellana, al resolver
darle trámite es evidente que la Corte descartó que la petición conlleve
connotaciones políticas o espurias, por lo que procedió. “Tengo entendido que
fue por unanimidad”, afirmó.
El abogado indicó que ahora
le corresponderá al Congreso integrar la comisión pesquisidora, e
“indudablemente el PP (Partido Patriota) y su aliado van a tratar de
integrarla; si no lo logran hacer, buscarán cambiar el criterio. En otras
palabras, lo que viene es otra danza de millones”.
El abogado
constitucionalista teme que el Congreso vaya a utilizar “la táctica del
calendario”, que consistiría en retrasar la discusión hasta olvidarla.
“El presidente dudo que
tenga los arrestos y la integridad que tuvo —Richard— Nixon —exmandatario de
Estados Unidos— para renunciar antes del antejuicio.
“Este pobre señor está
obnubilado por la presión que tiene de la Embajada de los EE. UU. Yo dudo que
este señor renuncie, aunque tenga 10 antejuicios encima. Que no extrañe que si
la presión viene de EE. UU. , también la centren sobre el Congreso para impedir
que la Comisión tome conocimiento del asunto, y aquí va a haber otras
cancelaciones de visa si la Comisión obra con integridad y resuelve rápido”,
finalizó.
Geidy de
Mata: Se sienta un precedente
La politóloga de la Universidad de San Carlos de Guatemala Geidy de Mata afirmó
que el trámite del antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina implicó un
gran reto al Poder Judicial y es una muestra de que nadie es superior a la ley.
De esa cuenta indicó que la
decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es fundamental para un sistema
democrático donde se hacen efectivos los pesos y contrapesos en una república.
“El hecho de que la CSJ
considere que hay elementos para que haya una investigación en contra del
mandatario es significativo y fija precedente porque nadie es superior a la
ley, por más presidente que sea”, enfatizó De Mata.
Aseguró que el precedente es
para los próximos gobernantes, porque a pesar de esa investidura, sabrán que
están sometidos a la fiscalización de la ciudadanía, deben rendir cuentas y
tener cuidado con nombrar a sus funcionarios, quienes deben ser personas
responsables y transparentes.
De Mata resaltó que ahora la
presión se traslada al Poder Legislativo, no solo para que se agilice la
integración de la comisión pesquisidora, sino para que también se aprueben
reformas a varias leyes que demanda la ciudadanía.
“No hay justificación alguna
para no comenzar las reformas. No solo la presión se traslada al Congreso, sino
que aquí se ven los tres poderes del Estado. El antejuicio es contra el jefe
del Ejecutivo, lo tramitó el Organismo Judicial, y ahora esperamos que el
Legislativo esté a la altura”, dijo.
Carlos
Molina Mencos: Renunciar por dignidad
“Presupongo que la Corte Suprema de Justicia encontró algún tipo de indicio
para darle trámite a esta solicitud de antejuicio, y considera necesario
plantear la eliminación de la inmunidad”, manifestó el abogado
constitucionalista Carlos Molina Mencos.
El profesional explicó que
ahora solo quedan dos opciones: que el Congreso declare procedente el
antejuicio y se vaya a un tribunal, o se desestime el proceso. Si ocurriera lo
segundo, no hay apelaciones.
Si el Congreso diera con
lugar el antejuicio, lo que procede es pasar la denuncia que originó la
petición del retiro de la inmunidad a tribunales, para que se inicie un proceso
legal contra el presidente Otto Pérez Molina, detalló Molina Mencos.
A pesar de que se iniciaría
un proceso legal contra el gobernante, perder el antejuicio no obliga al
mandatario a dejar el cargo. “Solo perdió la coraza que lo protege, a menos que
requiriera de alguna prisión preventiva. Lo que sí es cierto es que
desprestigiaría aún más la figura del mandatario; más de lo que ya está”,
explicó el experto.
debilitado
Agregó: “El presidente en
este momento está muy debilitado, pero renunciar es una decisión de él”. Según
el constitucionalista, es muy difícil determinar qué sucederá porque en la
historia del país no ha procedido un antejuicio contra ningún gobernante. “Si
el Congreso fuera inteligente, se olvidaría de que está trabajando para un
sector y resuelve de manera objetiva; no importa qué, pero tiene que
estar muy bien fundamentado en Derecho”.
Marcio
Palacios: Por dignidad, debe renunciar
Según Marcio Palacios, director de la Escuela de Ciencia Política de la
Universidad de San Carlos (Usac), la resolución de la Corte abre la puerta a
una posible renuncia del mandatario.
“El primer escenario que
planteábamos desde la Universidad era la potencial renuncia del presidente y
ahora se abre más esa posibilidad. No le queda otra, por dignidad debe
renunciar”, manifestó.
Recordó que Roxana Baldetti
también atravesó por una situación similar y después de las manifestaciones en
su contra decidió dimitir.
“Es un golpe interno para el
actual gobierno, así como una crucifixión y entierro total para el Partido
Patriota. Esto es histórico. Así como se logró la renuncia de Baldetti, al
presidente no le queda otro camino. Debe renunciar y someterse a la justicia”,
señaló.
Respeto al debido proceso
Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria, mencionó que “como
institución somos y seguimos siendo respetuosos del debido proceso. Fue una
decisión de la CSJ. Habrá que esperar los siguientes pasos”.
Al consultarle si era una
resolución positiva o no, Zepeda se limitó a expresar: “esta es una acción más
dentro de los eventos que se han venido dando desde hace dos meses. Lo más
importante es que suceda lo que suceda, se fortalece la institucionalidad, el
combate al contrabando y la corrupción”.
Trámite
El abogado constitucionalista Rodolfo Rohrmoserr explicó los pasos que se deben
seguir a partir de la decisión de la CSJ.
“El Congreso tendrá que
designar una comisión encargada de determinar si existe base o no para que el
mandatario pueda ir a juicio en los tribunales comunes”, indicó.
Agregó que el Organismo
Legislativo dictará una resolución administrativa. “No es un juicio en sí. No
es sobre culpabilidad o inculpabilidad del presidente en relación a los cargos
imputados, sino que es un trámite para determinar si hay base para que haya
juicio ante los tribunales ordinarios”, refirió.
