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jueves, 18 de diciembre de 2014

Transparencia: Policías de Los Angeles portaran cámaras en su uniforme

Tomado de La Voz de América
Los Ángeles ordena la compra de 7 mil cámaras para policías
El alcalde de la ciudad, Eric Garcetti considera que estos dispositivos que van adheridos al cuerpo del oficial, garantizan una mayor transparencia en el actuar de la policía y ayudan a generar confianza en la población

El departamento de policía de Los Ángeles ordenó la compra de 7.000 cámaras de video portátiles para policías como una manera de generar más confianza en la ciudadanía, luego de las intensas protestas en Ferguson por el caso de Michael Brown.
El anuncio lo hizo el alcalde de la ciudad, Eric Garcetti, quien dijo que consiguieron un descuento especial del fabricante y que se complementará el gasto con más de un millón de dólares provenientes de donaciones privadas recolectadas por la comunidad de Los Ángeles.
En el presupuesto que acaba de aprobar el Congreso no se incluyó un requerimiento del presidente Barack Obama que ofrecía fondos para solventar en un 50 por ciento el gasto de la compra de cámaras de los departamentos de policía. Esta medida podría haber facilitado la adquisición de 50.000 cámaras de video.
El gobierno del presidente Obama no planea una serie de programas que faciliten equipos a la policía al grado militar, pero sí está trabajando en una disposición para que las agencias federales encargadas de proveer los equipos cumplan con ciertas exigencias y requisitos de los grupos de derechos humanos y de la policía.
Una compañía fabricante de este tipo de cámaras dijo que las solicitudes para probar sus aparatos aumentaron en un 70 por ciento, el pasado mes de agosto cuando se iniciaron las protestas en Ferguson y que en el mes de septiembre la empresa, con sede en Seattle, alcanzó el mayor récord de ventas de su historia.
Si bien ACLU se opone al aumento del uso de este tipo de cámaras vigilantes sí las considera útil en el sentido que sirven para monitorear el accionar de la policía relacionado con el abuso de poder y autoridad.


sábado, 24 de mayo de 2014

EL LADO POCO CONTADO DE LOS MUNDIALES Y OLIMPIADAS

tOMADO DE ESGLOBAL
  LA OTRA CARA DE LOS MEGAEVENTOS DEPORTIVOS

El lado menos difundido de los mayores acontecimientos del mundo del deporte en los que se unen competición, marketing y proyeccción mediática.

Por Hernán D´Alesiio

"Las grandes competiciones deportivas internacionales generan ingresos millonarios para los países organizadores"

TODO LO CONTRARIO.
Para persuadir de la conveniencia de acoger fiestas deportivas de escala como los Juegos Olímpicos y los Mundiales de Fútbol, los gobiernos anfitriones suelen acudir a la economía para justificar las suculentas inversiones; prometen a sus ciudadanos que los torneos generarán inéditos flujos de turistas ávidos de compras y miles de nuevos puestos de trabajo que permitirán recuperar lo gastado.
Los números de los eventos más recientes -recuérdese que bajo el contexto de la mayor crisis financiera internacional de los últimos 80 años- realmente impresionan. El gobierno ruso invirtió para las Olimpíadas invernales de Sochi 2014 más de 50.000 millones de dólares, una cifra que eclipsó los montos destinados por China y el Reino Unido para los Juegos de Verano de 2008 y 2012 -40.000 y 17.000 millones de dólares, respectivamente-. Aunque no hay como la inversión de más de 100.000 millones de dólares para celebrar el controvertido Mundial de Fútbol de 2022 anunciada por el diminuto pero poderoso Qatar, que desde hace años organiza torneos de tenis y golf, una jornada del Mundial de Motociclismo y un Rally, además de patrocinar al FC Barcelona a través de la Qatar Foundation y ser dueño del París Saint-Germain FC.
En el libro Soccerconomics, el periodista Simon Kuper y el economista Stefan Szymanski demostraron que, durante la celebración de los megaeventos, en los países anfitriones no aumentan la afluencia de turistas ni las fuentes de trabajo. En cuanto a las visitas, advierten que en realidad una buena parte del total proviene del mismo país y que, en caso de no haber existido los Juegos Olímpicos o el Mundial, hubieran gastado su dinero en ir al cine o a un restaurante. Además, su consumo de salchichas, cerveza y objetos de recuerdos -que tampoco suponen grandes aluviones de dinero- implica que invierten menos en otros campos de la economía, lo cual contrapesa los ingresos derivados del acontecimiento deportivo. A ello se suma que no todos los turistas extranjeros viajan al país en cuestión para ver las competiciones en concreto y que -como se dio durante el Mundial de Fútbol de Alemania 2006 y las Olimpíadas de Londres 2012- muchos residentes marchan al extranjero durante los certámenes para evitar la locura de los megaeventos.
En lo referente a la creación de nuevos puestos laborales, las cifras son modestas. La mayor parte se da en el terreno de la construcción donde las empresas del rubro habitualmente emplean a trabajadores migrantes que son sometidos a una amplia gama de abusos y explotación. La muerte de 8 obreros durante las reformas de estadios de fútbol para Brasil 2014 y las denuncias acerca de las condiciones de los trabajadores contratados por el Gobierno ruso para acondicionar Sochi y por Qatar para crear la infraestructura necesaria para el Mundial de Fútbol hablan de la calidad de los empleos creados.
"En concreto, si una ciudad debe tener un presupuesto equilibrado, gastar más en un estadio querrá decir menos en hospitales y escuelas", concluyeron Kuper y Szymanski. Algo que tuvieron claro los manifestantes brasileños que paralizaron su país durante la Copa FIFA Confederaciones 2013.
"Los megaeventos deportivos son buenos para los residentes porque mejoran la infraestructura de las ciudades"
VERDAD A MEDIAS.
Otro de los argumentos en los que se apoyan líderes políticos, dirigentes deportivos y empresarios para que la población de un país acepte los presupuestos destinados a financiar la realización un megaevento deportivo es que se trata de una oportunidad única; motivos como mejoras del transporte y de las terminales para aviones y trenes, del acceso al mercado de la vivienda, de las redes de comunicaciones y de los espacios públicos en las ciudades sede.
Posiblemente el de Barcelona constituya el ejemplo más exitoso de todos los centros urbanos que alguna vez han albergado un megaevento; los Juegos Olímpicos de 1992 sirvieron para renovar su sistema de transportes y telecomunicaciones y lavar la imagen de la ciudad mediante la inauguración de parques públicos y la recuperación de playas y de su paseo marítimo.
Pero no toda la herencia de los megaeventos es igual de fructífera. En Atenas, si bien las Olimpíadas de 2004 dejaron un aeropuerto nuevo, una red de autopistas y una línea de subterráneos, las críticas han apuntado a la falta de un plan de desarrollo post-olímpico. Además, buena parte de las instalaciones deportivas construidas para el evento resultó muy costosa para mantener -más aún para un país actualmente en quiebra como Grecia- y que se encuentra en estado de desuso y abandono.
Sin embargo, más allá del legado en materia de infraestructura, suele ocurrir que, aprovechándose del estado emocional en el que ingresan los ciudadanos en tiempos de estos grandes acontecimientos deportivos, los gobiernos emprenden importantes procesos de reurbanización. Su herencia social y medioambiental es motivo de encendidas críticas y, por lo general, provocan una fuerte presión inmobiliaria y sostenidos aumentos en los valores de las propiedades.
Por ejemplo, luego de que en 2009 el Comité Olímpico Internacional (COI) consagrase a Río de Janeiro como sede de los Juegos de Verano de 2016, durante los dos años siguientes se registraron en la ciudad carioca aumentos de más del 100% en el valor de venta de las viviendas y superiores al 70% en la cotización de los alquileres. En adelante, grandes ingresos de capital fueron destinados al sector inmobiliario de Río; inversiones que, en especial, ejercieron presión sobre las millones de personas de bajos recursos que viven en los asentamientos habitacionales espontáneos o favelas. Las grandes constructoras han aprovechado la ocasión para hacer sus propios negocios, levantando edificios de oficinas, emprendimientos turísticos y condominios para las clases medias y altas: las residencias que albergarán la Villa de los Atletas en el acomodado Barra de Tijuca serán viviendas de lujo puestas a la venta una vez finalizadas las Olimpíadas.
Con estos indicios y el incremento en el valor de las propiedades en otras ciudades recientemente olímpicas como Beijing, Londres y Sochi, no son pocos los economistas que vinculan la realización de los grandes eventos deportivos con la generación de burbujas crediticias de carácter especulativo.
A ello se suma que, a contramano de las promesas iniciales, buena parte de las competiciones deportivas internacionales más recientes se han caracterizado por la construcción de los denominados 'elefantes blancos', expresión en referencia a los enormes y costosos estadios que se levantan para los megaeventos pero que rara vez son vueltos a utilizar. Como ejemplo, el célebre Nido de Pájaro utilizado por Beijing para la apertura y clausura del evento olímpico de 2008.
Otro de los aspectos controvertidos que se vinculan con la construcción de este tipo de infraestructuras está dado por las recurrentes sospechas de sobreprecios que involucran tanto a dirigentes políticos y deportivos como a empresas. La remodelación del estadio Maracaná -bajo el 'estándar FIFA' que tanto ha enojado a los ciudadanos brasileños- costó al erario público unos 600 millones de dólares… y, sin embargo, será un consorcio privado el que explotará el mítico templo deportivo en los próximos 35 años.
"Los Juegos Olímpicos y los Mundiales de Fútbol favorecen la imagen país"
CIERTO, PERO CUIDADO CON EL 'EFECTO CNN'.
Los grandes acontecimientos deportivos constituyen una extraordinaria plataforma desde la cual es posible mostrar al resto del mundo los aspectos positivos de un país. Periodistas, fotógrafos y camarógrafos de todo el mundo acuden a estas citas no sólo para informar acerca de lo que sucede en los campos de juego; también, y durante el evento, publican reportajes sobre otros aspectos de la vida de la sociedad anfitriona: el funcionamiento de la economía, los niveles de seguridad ciudadana o la limpieza en las calles entre otros temas. Los Juegos de Roma 1960 y Tokio 1964 sirvieron a italianos y japoneses, respectivamente, como una ocasión propicia para certificar su reingreso en el concierto internacional y mostrarse como pueblos pacíficos, democráticos y abiertos que habían dejado atrás el militarismo de décadas pasadas.
En la actualidad, la mayoría de los políticos que "venden" la idea de que acoger una Olimpíada o un Mundial es una oportunidad inmejorable para fortalecer ese producto intangible que es la 'marca país' presume que los megaeventos deportivos sirven para mostrar al planeta que su país cumple metas y plazos, que es un sitio seguro como plaza para los negocios y como plataforma para reuniones diplomáticas y que -como resumió Lula cuando Río de Janeiro se convirtió en sede olímpica- "juega en primera".
Aun así, durante el tiempo de duración del acontecimiento todo debe salir a la perfección. En 1972 la por entonces República Federal Alemana organizó los Juegos Olímpicos con el objeto de revertir el espantoso legado de su predecesor en tierras teutonas, Berlín '36, celebrado bajo pleno terror nazi. Pero el asesinato de 11 deportistas israelíes a manos de una organización terrorista pro-palestina reveló gruesas fallas en los operativos de seguridad y de rescate que mancharon de sangre a una fiesta previamente concebida por los alemanes occidentales para limpiar su imagen ante el mundo.
Además, los estos megaeventos pueden dejar en evidencia situaciones graves que el Gobierno organizador quiere evitar que se muestren en el exterior. Contrariamente a lo que pretendían los responsables de la última dictadura militar argentina, las revelaciones de la prensa extranjera sobre violaciones sistemáticas de los derechos humanos antes, durante y después del Mundial de 1978 incrementó la presión internacional sobre el régimen. Del mismo modo, periodistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos han aprovechado las jornadas de Fórmula 1 celebradas durante los últimos años en Bahrein para dar a conocer en el exterior la represión ordenada por la monarquía contra una parte de su población.
En síntesis: durante un megaevento se multiplican en el resto del mundo las imágenes del país anfitrión. Pero puede que no sólo se publiquen los rasgos positivos sino también aquellos que los políticos locales quieren evitar que se exhiban. Cuando un atentado, un delito o el estallido de expresiones antigubernamentales ocurren en medio de un certamen internacional de tan alta exposición mediática, crece la posibilidad de que el país no sea percibido en el exterior tan seguro como se promete a turistas e inversores y que quede reflejado que las cosas no marchan tan bien como se pretende contar.
"El blindaje policial y militar de los países sede se debe al temora los ataques terroristas"
SÓLO EN PARTE.
Desde Múnich '72, el principal y serio riesgo esgrimido por los gobiernos anfitriones suele ser el terrorismo. Ante dicho temor, las fuerzas de seguridad comenzaron a tener una participación más importante para cuidar a atletas y espectadores. Los atentados del 11-S supusieron un punto de inflexión en la materia: para los Juegos de Invierno de Salt Lake City de 2002, la Administración de George W. Bush hizo de la villa olímpica una auténtica fortaleza militar custodiada por más de 15.000 hombres, helicópteros Black Hawk y aviones de combate.
Para los recientes Juegos de Invierno, y con el antecedente inmediato de un par de atentados terroristas en Volgogrado, el Gobierno ruso implementó el dispositivo de seguridad más grande de la historia olímpica. Se desplegaron unos 50.000 policías y soldados, más del doble de los utilizados durante Londres 2012, todo ello a pesar de que la población en la capital inglesa es 20 veces superior a la de Sochi.
Sin embargo, no se trata sólo de estrategias antiterroristas. Por lo general, los gobiernos anfitriones aprovechan estos megaeventos para intensificar el control social y la represión contra movimientos de oposición, sea que se trate de disidentes políticos, ambientalistas o indigenistas, incrementando las tareas de vigilancia a través de cámaras de seguridad, vehículos aéreos no tripulados y personal de empresas de seguridad privadas.
Además, desde que en la década de los ochenta los organismos deportivos internacionales elevasen los requisitos para la aprobación de las ciudades candidatas, los políticos vienen anteponiendo la estética de las urbes a las necesidades de la población. De acuerdo con el Centro sobre los Derechos de la Vivienda y los Desalojos (COHRE por sus siglas en inglés) los preparativos para los grandes acontecimientos deportivos -también megacumbres políticas y económicas, exposiciones universales y hasta concursos internacionales de belleza- suelen acentuar los desalojos forzosos, carentes de salvaguardas jurídicas y de compensaciones. Durante los últimos años el COHRE ha publicado distintas investigaciones que dan cuenta de los desplazamientos de miles de familias con ocasión de las Olimpíadas de Seúl 1988, Atlanta 1996, Sidney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008 y del Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010.
Ante la proximidad del Mundial de Fútbol y de los Juegos Olímpicos en suelo brasileño, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha advertido acerca de la tentación que podría suponer para las autoridades movilizar a las unidades policiales y militares -eufemísticamente denominadas 'pacificadoras'- con el fin de "higienizar" y "limpiar" las calles de pobres, vagabundos y toxicómanos, que podrían ser relocalizados sin su consentimiento fuera de las ciudades sede… y de la vista de los miles de turistas.
"Los derechos humanos están en la agenda de los organismos deportivos internacionales"
SÍ, AUNQUE QUEDA MUCHO POR HACER.
"Somos una organización basada e impulsada por valores", afirmó recientemente el flamante presidente del COI, el alemán Thomas Bach, quien ha subrayado que entre los principios de la Carta Olímpica se destacan el compromiso con el mantenimiento de la dignidad humana y el rechazo a cualquier forma de discriminación. Pero cuando se preguntó a Bach por la controvertida ley 'anti-gay' rusa que prohíbe "la propaganda de orientaciones sexuales no tradicionales" frente a menores, el mandamás olímpico dijo que su organización sólo se hacía responsable de los asuntos relacionados con los Juegos.
En materia de derechos humanos, las principales acusaciones contra las federaciones deportivas internacionales tienen que ver con que sus miembros no suelen poner tanto énfasis para presionar a los gobiernos anfitriones, que son quienes llevan adelante situaciones de desalojo como las arriba mencionadas, abusos a trabajadores inmigrantes que trabajan en la construcción de infraestructura e intimidaciones a periodistas y activistas opositores.
Sin embargo, durante los últimos años se han registrado algunos progresos. La Federación Internacional de Fútbol (FIFA), por ejemplo, lanzó en 2002 la campaña mundial contra el racismo, que tiene lugar en todos los torneos que organiza la entidad. También, haciéndose eco de las denuncias por las condiciones laborales de inmigrantes que trabajan en la construcción de estadios para Qatar 2022, recientemente esta organización mantuvo un encuentro con una delegación de la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera. En la misma dirección se habría dirigido la suspensión por 10 partidos oficiales -que le impedirán disputar la fase final de la Copa Mundial- al jugador croata Josip Simunic luego de que, tras el término de un partido de eliminatorias, exclamara un grito atribuido a los sectores nacionalistas acusados de asesinar a miles de serbios, judíos y gitanos entre 1941 y 1945.
"El COI y la FIFA han iniciado un proceso de reformas"
PERO NO ILUSIONARSE DEMASIADO.
Ante el temor de que los escándalos por corrupción (en especial aquellos vinculados con la compra de votos para la elección de las sedes, como ha sucedido con las designaciones de los Mundiales de Fútbol Rusia 2018 y Qatar 2022, inédita y controversialmente seleccionadas en simultáneo) pudieran empujar a entidades deportivas internacionales de la magnitud del COI y de la FIFA a un estado de desprestigio y de descalabro económico sin retorno, sus principales dirigentes vienen anunciando la introducción de cambios e innovaciones para hacer transparentes sus actividades. En 1999, por ejemplo, el COI prohibió a sus miembros que visiten las ciudades candidatas, luego de conocerse que integrantes de la entidad habían recibido dinero, empleos y becas de estudio para sus hijos a cambio de apoyo para la candidatura de los Juegos de Salt Lake City 2002.
El desembarco de las grandes multinacionales durante las últimas décadas en los grandes eventos ha hecho de la práctica deportiva un negocio millonario, y ello ha multiplicado las sospechas por casos de sobornos, tráfico de influencias y dopaje. En este sentido, la propia FIFA ha reconocido que miembros de la entidad como su ex presidente Joao Havelange, su yerno, Ricardo Teixeira -titular de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF)- y el ex mandamás de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), Nicolás Leoz, recibieron pagos de la empresa de marketing deportivo y medios de comunicación ISL, vinculada a su vez con Adidas, socia de la FIFA y destino laboral previo de Joseph Blatter y de Thomas Bach, los actuales presidentes de la FIFA y del COI, respectivamente.
La FIFA, el COI y más de 50 instituciones deportivas internacionales tienen su sede en Suiza, donde las federaciones gozan de generosas exenciones fiscales a pesar de sus millonarios patrimonios. Pero la Federación de fútbol ha respondido a las acusaciones de corrupción con una serie de renuncias de miembros del Comité Ejecutivo y la incorporación de modificaciones en su Código de Ética y de instancias de control contable y responsabilidad. La falta de auditorías independientes y la escasa predisposición a investigar a fondo asuntos oscuros del pasado habrían llevado a que organizaciones anticorrupción como Transparencia Internacional (TI) y periodistas críticos de la gestiones de Havelange y Blatter desistan de sumarse a las iniciativas reformistas.
En materia de gobernanza, las reformas en la FIFA también han sido muy tímidas. La institución viene descartando la posibilidad de limitar la edad y el período de los mandatos en los cargos, dar publicidad a los salarios y bonos de sus miembros directivos y permitir observadores independientes en el seno de su Comité Ejecutivo. Además, la entidad dueña del fútbol profesional mundial registra una muy baja presencia de mujeres en puestos de peso: fue recién en 2012 que la burundesa Lydia Nsekera se convirtió en la primera representante femenina en integrar el Comité Ejecutivo. Los 24 miembros restantes son varones.

sábado, 28 de septiembre de 2013

Comics: Super héroes de cartón como terapia a las frustraciones populares

Tomado de esglobal 
 Los superhéroes proliferan en diversos países como respuesta ficticia a problemas reales.

Por Pablo Diez
Desde su creación en 1941, el Capitán América ha incorporado distintas inquietudes: patriota inapelable durante la Segunda Guerra Mundial, adalid de los derechos civiles en los 60, tocado por el neoliberalismo bajo Reagan y opuesto a los aspectos más sórdidos de laguerra contra el terror de George W. Bush. La biografía de este antiguo superhéroe es un recorrido por la historia política de Estados Unidos, en un formato contagioso e imitado incluso por los grandes rivales de Washington.
El viaje del Capitán América a China está plenamente basado en el superhéroe original. Al trasladarse el concepto al gigante asiático, el Capitán América se convierte en el Capitán China, sucedáneo propagandístico que simboliza el creciente peso del país. Este personaje, superviviente de una raza de superhéroes creada por Mao, ha permanecido criogenizado durante 50 años y ha llegado al mundo justo en el momento en el que China se convierte en la segunda potencia económica mundial. Es un momento de exaltación nacional, pero la retórica patriótica encuentra fisuras; los chinos protestan por los bajos salarios, la inmensa contaminación medioambiental, las restricciones a la libertad de expresión o la corrupción de las élites. Frente al desencanto, este superhéroe sumerge a los lectores en una China que se asemeja a la de hace unas décadas, cuando el sueño de ser una superpotencia era todavía incierto y era necesario apuntalarlo. Hoy, ese sueño ya está cumplido y China se encuentra en un tête à tête con Estados Unidos, un país al que puede eclipsar e incluso librar de una catástrofe (en la primera historia de la saga, el Capitán salva la vida al presidente Barack Obama durante una visita al país).

En Rusia se ha optado por dar un giro de tuerca más extraño a la noción del superhéroe patriótico. Un cómic que circuló en Internet unos meses antes de las elecciones presidenciales de 2012 era protagonizado por Super Putin. La iniciativa tenía una intención presuntamente lúdica, pero pudo ser una maniobra de relaciones públicas orquestada por el Gobierno de cara a los comicios. En cualquier caso, la puntual transformación de Putin en un superhéroe es una irreverencia del género, y también una demostración de que los rusos están más dispuestos a fabricar sus propias referencias que a beber de las fuentes estadounidenses, máxime en un periodo de tensas relaciones por la concesión de asilo a Edward Snowden y por el conflicto sirio.
Con un ánimo nada belicoso, han surgido también superhéroes islámicos que presentan la cara más conciliadora de esa fe. El ejemplo más reciente es la vengadora del burka, una superheroína pakistaní que lucha contra los radicales que intentan clausurar la escuela para niñas en la que trabaja. Esta serie de animación, estrenada un año después de que la adolescente Malala Yousafzai recibiera un tiro en la cabeza precisamente por defender el derecho de las niñas a la educación en Pakistán, es objeto de muy distintas apreciaciones en el mundo occidental e islámico. En el primero, se alarman de que la heroína en cuestión use burka, un atuendo relacionado con el islam más intransigente; entre los seguidores de esta serie en el mundo islámico, se valora su osada defensa de los derechos de las mujeres y de las minorías. 
En todo caso, parece claro que la única manera de trasladar estas ideas liberalizadoras al gran público paquistaní es mediante la creación de un personaje autóctono, y no con figuras importadas de Estados Unidos en un país de rampante antiamericanismo. Por su parte, el islam moderado y conciliador también tiene un exitoso reflejo en el cómic The 99, protagonizado por superhéroes musulmanes que, según su autor, tratan de rescatar al islam de las garras del extremismo. Su popularidad es tan grande que el propio Obama ensalzó en 2010 a estos superhéroes por difundir un mensaje de tolerancia. Menos suerte tuvo una serie de dibujos animados inspirada en el cómic, retirada de la programación estadounidense después de que grupos conservadores la criticaran por adoctrinamiento islámico.
En India, el superhéroe más célebre, Nagraj, mitad hombre mitad serpiente, tiene entre sus principales cometidos la lucha contra el terrorismo internacional. El personaje, creado en 1980, ha ido amoldándose a las principales ansiedades indias hasta especializarse en su faceta de cazaterroristas, virtud muy apreciada en un país que sufre una permanente amenaza terrorista en Cachemira, ataques indiscriminados contra civiles en mercados y recintos religiosos, una guerrilla marxista en el centro del país, movimientos secesionistas armados en el noreste, y que además cuenta con un vecino, Pakistán, al que no sólo considera un archienemigo, sino también un gran promotor del terrorismo islámico antiindio.
En otros países, lo que más inquietud genera es la corrupción política y la criminalidad, y los superhéroes de esos países se ajustan a esas preocupaciones nacionales. Es el caso de Brasil, el gran superhéroe del país homónimo, quien utiliza sus poderes para vengar la muerte de su padre, un político honesto, en un contexto de criminalidad y degradación burocrática. Es la expresión ficticia de un sentimiento popular genuino y cada vez más extendido, el del malestar que ha echado a la calle a miles de brasileños en unas protestas sin precedentes en el país, y que ya han servido para que el Senado acepte endurecer las penas por corrupción.
Todo superhéroe encarna la anhelada solución a los grandes problemas nacionales, como un deus ex machina imaginario que también ha llevado a la zona más pobre del mundo, África subsahariana, a buscar sus referentes. ¿Puede alguien imaginar al Capitán América luchando contra el sadismo del Lord Resistance Army en Uganda, los insurgentes islámicos de Boko Haram en Nigeria, la guerrilla congoleña M23 o las milicias de Al Shabab en Somalia? África tiene que buscar sus propios superhéroes para hacer frente, en la ficción, a esas realidades que la asedian. Ésa es la idea de los fundadores de Leti Games, una empresa creadora de videojuegos para teléfonos móviles protagonizados por una plétora de superhéroes africanos basados en las diferentes tradiciones del continente. Superhéroes espontáneos, a la medida de las necesidades y las variadas culturas de África, para obtener consuelo ante lo que los políticos no saben o no pueden enderezar. El principio es el mismo, desde el Capitán América hasta estos superhéroes africanos de reciente creación: poner la ficción autóctona al servicio de las frustraciones y el ocio populares.

domingo, 1 de septiembre de 2013

Violentas protestas en Colombia reflejan profunda crisis del sector agrario

Tomado de Revista Semana  
El ministro del Interior, Fernando Carrillo, en Tunja durante el anuncio que hicieron los campesinos de suspender los bloqueos de las vías.


¿Por qué el descontento agrario llegó a este punto?

Muchos problemas del sector, que encendieron el paro, son solucionables. Otros, estructurales, necesitan políticas de fondo.

El paro promovido por algunos productores del sector agropecuario, antes de que fuera opacado por  los actos violentos, puso varios temas sobre la agenda del país. El primero, y más notorio, es la falta de una política de Estado que defina cuál es el modelo de agricultura que necesita el país, que sea rentable y donde quepan todos: grandes, medianos y pequeños productores. Precisamente por la ausencia de una verdadera agenda agraria se viene aplicando una política paliativa que acude a los subsidios para apagar incendios y que no resuelve la raíz del problema.

El segundo tema es que el campo colombiano sigue arrastrando serios problemas estructurales que los distintos gobiernos no ha logrado superar, como las pésimas vías para sacar los productos de las fincas –lo que eleva los costos de transporte– o las fallas en la cadena de comercialización en la que el campesino suele ser el eslabón más débil. 

El tercer tema que ha quedado en evidencia en esta revolución de las ruanas es la incapacidad del gobierno de anticiparse a los problemas y buscar soluciones antes de que estallen en sus manos. Muchas de las quejas y preocupaciones expresadas en el paro agrario –como costos de fertilizantes, falta de crédito, aumento en importaciones y contrabando– se conocían de tiempo atrás.

Pero también ha quedado al descubierto la debilidad institucional de los gremios agropecuarios del país, pues no es posible que el gobierno tenga que negociar con las llamadas ‘dignidades’ que son productores no asociados, lo que abre las puertas a que se filtren otros intereses, incluidos los políticos, y muchos pesquen en río revuelto, como ha venido pasando. Aunque existe la Asociación de Usuarios Campesinos (Anuc), esta no ha sido el interlocutor del gobierno para negociar con los productores del campo. 

El último y cuarto hecho, no menos grave, es que se está sentando un mal precedente en el país y es acudir a las vías de hecho, como mecanismo de presión, para que el gobierno atienda los problemas de los campesinos. Así ocurrió con los cafeteros en marzo pasado, con los del Catatumbo hace unas semanas, y ahora se repite con los paperos, cebolleros, y lecheros de Boyacá y otros departamentos. 

Todos los puntos anteriores son relevantes en el análisis del actual paro campesino, pero en los dos primeros, es decir, en los factores estructurales y las políticas públicas agrarias, está la raíz del problema.

Ciertamente, no son temas nuevos, pues vienen de tiempo atrás. Y aunque el gobierno Santos desde un comienzo anunció que el agro sería una de las locomotoras de su plan de desarrollo, tres años después la asignatura sigue pendiente. En la dimensión política del campo, este gobierno ha sido vanguardista al abanderar la Ley de Tierras y de Víctimas. En donde ha fallado es en la vocación productiva del campo. 

A decir verdad, no han faltado las tormentas en este gobierno. Al exministro Juan Camilo Restrepo le tocó bailar con la más fea tan pronto llegó a la cartera agropecuaria. La ola invernal dejó inundadas más de 1 millón de hectáreas, acabó con las pocas vías terciarias y secundarias que había, dañó los distritos de riego, generó una mortandad bovina y toda la atención se tuvo que enfocar en atender esta emergencia.

Pero la verdad es que el programa de restitución de tierras le ocupó al ministerio la mayor parte del tiempo y la política agraria, la que busca aumentar la productividad y competitividad del campo, y la que busca proteger a los pequeños productores, quedó relegada a un segundo plano. 

Esta es la hora en que el ministerio todavía no ha terminado la reestructuración para fortalecerse institucionalmente. La creación del Viceministerio de Desarrollo rural todavía está pendiente, algo que es fundamental para enfocarse en los temas puntuales de esta cartera que ahora han brotado como un volcán.

Ahora bien, un hecho que resulta bastante diciente y que demuestra que no hay una política agraria sólida o por lo menos coherente es el presupuesto asignado a la cartera agropecuaria para el próximo año. Aunque el gobierno ahora anunció que lo corregirá, el que presentó hace un mes al Congreso contemplaba una reducción del 38 por ciento en la inversión de este ministerio. Según expresó el propio ministro, Francisco Estupiñán, significa aplazar importantes programas de inversión, entre ellos el riego y el drenaje.

El coctel molotov

La verdad es que en la actual crisis del agro hay una mezcla de muchos elementos. Como dice el presidente de la SAC, Rafael Mejía, hay que entender cómo funciona la economía agrícola para tomar las decisiones correctas y no equivocarse en el diagnóstico.

Por ejemplo, es exagerado echarle toda la culpa de la actual situación, como viene haciendo carrera en algunas partes, a los tratados de libre comercio. Las importaciones grandes de alimentos no proceden propiamente de Europa y se estima que de los contingentes aprobados en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos no han llegado ni el 3 por ciento. Realmente las mayores cifras de importaciones se registran con Perú y Ecuador, países con los que Colombia tiene acuerdos comerciales, por la vía del Pacto Andino, desde hace 40 años.

Esto significa que, por ahora, el efecto de los TLC no se ha visto, lo que no quiere decir que no se sentirá en la medida en que se vaya avanzando en las desgravaciones arancelarias. Es decir, el tema de las importaciones baratas se va a agudizar con la implementación de los TLC y detrás de eso tiene que haber una política seria para mejorar la competitividad del agro colombiano. De lo contrario, la próxima revolución de las ruanas será aún más fuerte.

Ahora bien, dentro de los múltiples problemas que tiene el campo, el que más se ha palpado últimamente es el de la pérdida de rentabilidad, sobre todo de los pequeños. Las causas son muchas y no siempre son las mismas para todos los cultivos. En general, lo que se está viendo es un aumento en los costos de producción y una caída en los precios de venta. Algunos productores, como los paperos, sostienen que están trabajando a pérdida.

En la más reciente encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria que hace la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), quedó reflejada esta realidad. El 42 por ciento de los productores encuestados en junio, aseguró que su producción se ha visto seriamente afectada por la caída en los precios de venta, una tendencia que ha venido en aumento. Al mismo tiempo, afirman que el costo de los insumos los está asfixiando. Ocho de cada diez encuestados se quejan de lo elevado de estos. Lo más grave es que por primera vez en cinco años, la opinión de los productores agropecuarios sobre su situación económica indica un pesimismo sin precedentes.

En el tema de los costos de producción, se presenta un problema al que el gobierno no le había parado bolas hasta ahora y es el de los fertilizantes. Aunque los industriales dicen que los precios han bajado en promedio 18 por ciento, los campesinos alegan que siguen siendo muy altos frente a sus vecinos. El asunto es que en Ecuador y Venezuela los precios están subsidiados por el Estado.

Ahora bien, en este asunto de los fertilizantes hay otra realidad para tener en cuenta y es el transporte. Por ejemplo, una tonelada de úrea –principal fertilizante– puesta en Buenaventura cuesta 900.000 pesos, pero al llevarla a las ciudades y luego despacharla a los centros de producción agropecuaria, sube a 1.100.000 pesos. La diferencia está en el costo del transporte y en este sentido, hay que decir que el mayor enemigo del campo, y de todos los empresarios del país, es la precaria infraestructura que tiene Colombia. 

Los altos costos del transporte se han convertido en uno de los principales cuellos de botella en la competitividad y son una de las causas del encarecimiento de los productos. Por ejemplo, mientras que movilizar un contenedor de 28 toneladas entre Bogotá y Cartagena cuesta 3.200 dólares, de Cartagena a Shanghái, que es 15 veces más lejos, vale 1.100 dólares. El mal estado de las vías y la falta de carreteras adecuadas hacen que estos costos se tripliquen en el país.

El Informe Nacional de Competitividad señala que los elevados costos de transporte, que representan más de la mitad del total de los costos logísticos de las empresas, demuestran lo poco competitivo que es el país en esta materia y dice que transportar carga en Colombia es el doble de costoso que hacerlo en México.

Y ni hablar de las vías terciarias que se encuentran en pésimas condiciones. Estas les pasan una dura factura de cobro a los pequeños agricultores al momento de sacar el producto de sus fincas apartadas y llevarlas a los centros de comercialización.

Otro elemento que ha jugado en contra de la rentabilidad es la tasa de cambio. La revaluación del peso ha sido un dolor de cabeza para los exportadores agropecuarios, específicamente los cafeteros, que fueron los que iniciaron la protesta agropecuaria en marzo a la que se les pegaron los otros productores.

Como si no faltaran los problemas, el contrabando es otro tema que está afectando muchísimo al sector agropecuario. Según los datos de la Policía Fiscal Aduanera (Polfa) las aprehensiones de arroz han aumentado este año 17 por ciento en volumen; las de azúcar 24 por ciento; las de carne ciento por ciento; las de frutas 146 por ciento; las de leche 185 por ciento; las de huevos 18 por ciento y las de atún 98 por ciento.

Claramente se trata de una competencia desleal para los agricultores porque son productos que llegan a precios muy inferiores, incluso por debajo de los costos de producción.

En materia de precios, la cadena de comercialización es un tema muy crítico y sobre el que todavía el país no ha dado un gran debate. Los productores agropecuarios se quejan de que ellos no ponen el precio a sus productos, pues la ecuación se invirtió y son los grandes industriales los que determinan a cómo compran. 

Es cuando menos paradójico que mientras los precios de los alimentos, según la FAO, se mantienen altos en todo el mundo, los agricultores colombianos no se hayan visto favorecidos por esta circunstancia. La razón, según ellos, es que los industriales y los intermediarios de la cadena se llevan los aumentos que deberían ser para los que cultivan el campo, es decir los más vulnerables. 

Lo que resulta extraño es que el gobierno ya conocía todos estos problemas que han salido a flote con este paro, y hubiera podido aplicar hace mucho tiempo las soluciones que les ha ofrecido a los campesinos para mitigar los efectos de la crisis. Muchos estudiosos del campo lo han señalado hace varios años. 

En el tema de los fertilizantes se viene trabajando con los cafeteros desde el paro de marzo. Sobre las salvaguardias para evitar la importación de ciertos productos o el tema de los aranceles, para controlar la llegada a precios irrisorios, se debió tomar hace meses, pues el problema no surgió de la noche a la mañana y estos mecanismos existen. 

En síntesis, el descontento en el campo es estructural, viene de atrás y, por lo tanto, era previsible. En marzo, cuando salieron las cifras de pobreza, que mostraron una reducción en las ciudades, en el campo no se vio mejoría. Según el Dane, la pobreza extrema en el sector rural es el doble del total nacional, pues llegó a 22,8 por ciento. 

Ahora lo importante es que, así sea por este paro, el sector agropecuario retornó a la agenda nacional. Esta podría ser la oportunidad para que se defina de una vez por todas cuál será el rol que tendrá el modelo de desarrollo agrícola en el que quepan todos, grandes, medianos y pequeños.