
El problema de seguridad pública en El Salvador es un problema sumamente grave, existe una epidemia de asesinatos que en el 2009 se perdieran más de cuatro mil vidas, la mayoría en edad productiva. La delincuencia en El Salvador afecta los cuatro campos de acción del Poder Nacional, el social, el económico, el político, e incluso el militar. En lo social porque la delincuencia genera muerte, gastos por traumas de las víctimas que sobreviven, migraciones obligadas por temor a los delincuentes, etc. En lo económico, surgen gastos para suplir la seguridad que el Estado no puede brindar, surge el temor de inversión, se pierde fuerza de trabajo, se daña infraestructura, se origina pobreza, etc. En lo político, cualquier gobierno, cualquier político, pierde credibilidad y fracasa en su gestión. En lo militar, porque se utilizan recursos de la defensa nacional en funciones que le corresponden a la seguridad pública, además, al participar en seguridad pública la Fuerza Armada y no lograr sus objetivos, pierde reconocimiento y deja de ser la reserva moral de la sociedad. Además. ¡Oh, y ahora quien podrá defendernos!, se quema el último “cartucho” para poder defender a la ciudadanía.
Por las razones anteriores hay quienes han expresado que El Salvador es un Estado Fallido. Decir esto no se ajusta a la verdad. Pero debemos reconocer que el Estado salvadoreños ha perdido el monopolio de la fuerza, ahora tiene competencia, también hace uso de la fuerza la delincuencia común, el crimen organizado, el narcotráfico e incluso las mal llamadas pandillas juveniles.
Incluso la competencia tiene su propio territorio, sus propias normas, su propia población y una especie de propia soberanía, lo que los convierte en una variedad de Estado dentro del Estado que incluso se consideran con derecho de castigar a quienes no les pagan los impuestos que ellos ponen. Un ciudadano que comete un delito se ve castigado por la violencia a la que tiene derecho el Estado para limitar, restringir, reprimir el delito. Un ciudadano que no quiere obedecer a los delincuentes, también se ve castigado por la violencia a la que no tienen derechos los malhechores con el agravante que ellos, sin Órgano Judicial y sin que la víctima tenga derecho a la defensa, únicamente tiene una condena, la pena de muerte.
Noam Chomsky nos dice, sobre los Estado fallido que: “Aunque el concepto es frustrantemente impreciso, es posible identificar varias de las características primarias de los Estados fallidos. Uno es la falta de capacidad o voluntad para proteger a sus ciudadanos de la violencia y tal vez incluso la destrucción. Otro es su tendencia a considerarse más allá del alcance del derecho nacional o internacional, y por tanto libres de perpetrar agresiones y violencia. Además, si tienen forma democrática, padecen un grave déficit democrático que priva a sus instituciones formales de auténtica sustancia”.
Hasta ahora, El Salvador no padece de un déficit democrático y muchos estamos dispuestos a defender la democracia. Por otra parte, El Salvador no se considera más allá del alcance del derecho nacional o internacional y no perpetra, como política del Estado, agresiones y violencia contra sus ciudadanos. Al parecer, tampoco se ha perdido, al menos eso queremos creer, la voluntad de proteger a sus ciudadanos. El único problema es la falta de capacidad que el Estado tiene de proteger a sus ciudadanos.
Entonces no podemos considerar a El Salvador no un Estado Fallido, sino un estado incapaz de resolver los problemas de seguridad pública, y las causas son múltiples. La violencia proviene, entre otras cosas, de la violencia política originada durante la guerra fría, cuando grupos marxista leninistas buscaron alcanzar el Poder con el uso de la fuerza, también es causa la migración de la figura paterna con el objeto de alcanzar el “sueño americano”, pero que abandona a su familia y no educa a sus hijos e hijas, también es causa la pérdida de valores y una socialización deficiente. También es causa la falsa creencia de que el “animalita” el “más vivo” es quien gana lo que quiere. Es en este campo que se debe prevenir el delito, en las nuevas generaciones que aún no han delinquido.
Es en el delincuente activo que se debe ejercer la fuerza del Estado, pero una fuerza sensata que sirva únicamente para controlarlo. Luego la parte punitiva del Estado, el Órgano Judicial debe cumplir con su deber, la de castigar, por supuesto sin perder de vista el esfuerzo necesario de la rehabilitación.
Una política de seguridad pública es una deuda que la clase política de todas las ideologías tiene con la población, pero debe hacerse con la visión de los intereses nacionales y no con el sesgo que usualmente brinda la ideología, y en El Salvador muchos profesionales tienen los conocimientos necesarios para realizar este trabajo.