Tomado de The Wall Street Journal
Una niña salvadoreña observa mientras un agente de frontera de EE.UU. anota información familiar
Opinión: Los niños migrantes
deben quedarse con sus familias en EE.UU.
Por Robert M. Morgenthau
Uno de los objetivos de una política
migratoria sensata debería ser unir a los miembros de familias y mantenerlos
juntos. El gobierno de Estados Unidos no debería estar arrebatando a niños de
sus padres o familiares cercanos y deportándolos de vuelta a sus países de
origen destrozados por la pobreza y la violencia vinculada al narcotráfico.
Sin embargo, eso es exactamente lo
que está sucediendo con los niños que han huido a este país desde
Centroamérica.
Según el secretario de Seguridad
Nacional Jeh Johnson, el gobierno ha estado deportando a varios miles de
migrantes a la semana a Centroamérica gracias a la adición de aeronaves y
frecuencias de vuelos para devolverlos. Cecilia Muñoz, directora de política
interna en la Casa Blanca, dijo en el programa de noticias “PBS NewsHour” en
junio que “el proceso de deportación comienza cuando llegan” y es probable que
“la gran mayoría de esos niños acaben regresando a su país”.
Johnson dijo el mes pasado que “las
medidas de seguridad enérgicas en la frontera” implementadas en respuesta a las
migraciones ya han costado US$405 millones. El gobierno de Barack Obama ha
solicitado al Congreso US$1.200 millones adicionales para construir centros de
detención y tribunales temporales de inmigración para agilizar más el proceso,
al igual que para construir más barreras e incrementar las patrullas
fronterizas para bloquear la entrada de niños.
El enfoque decidido del gobierno en
la implementación y la deportación está equivocado y es moralmente
indefendible.
Bajo una ley contra la trata de
blancas de 2008, los niños sin acompañantes detenidos en la frontera son
inicialmente colocados bajo el cuidado de la Oficina de Reasentamiento de
Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Los niños después son
trasladados a la custodia de un padre, familiar cercano o un tutor con las
cualidades necesarias mientras atraviesan por el proceso de deportación. En
julio, casi 90% de estos niños habían sido entregados a familiares o tutores.
Se les debe permitir permanecer en
EE.UU. a los niños migrantes que se han reunido con sus padres o familiares
cercanos, y el presidente Obama puede emitir visas temporales que los dispensen
de la deportación. El presidente Franklin D. Roosevelt tomó medidas similares
durante la Segunda Guerra Mundial para traer a cerca de 1.000 refugiados judíos
de Italia a la seguridad de Fort Ontario, en el estado de Nueva York.
El público apoyaría a Obama. Una
encuesta realizada en julio por la organización sin fines de lucro Public
Religion Research Institute halló que 62% de los estadounidenses —incluyendo
una mayoría de los republicanos encuestados— mantenía que los niños migrantes
deberían ser tratados como refugiados y se les debería permitir permanecer en
EE.UU. si sus países de origen no son seguros.
En cambio, el gobierno ha estado
realizando audiencias de deportación a toda velocidad. TRAC, un grupo de
política de la Universidad de Syracuse, recientemente informó que, en promedio,
los menores de edad en Phoenix esperan solo 66 días antes de que sus casos
fueran escuchados por un juez de inmigración. En contraste, otros casos de
inmigración en Phoenix tuvieron un tiempo de espera promedio de 805 días. Los
casos de menores de edad fueron procesados incluso con mayor rapidez en Omaha,
Nebraska, en donde el tiempo promedio de espera fue de 10 días, comparado con
840 días en todos los demás casos.
Este ritmo acelerado presenta
cuestionamientos serios sobre si los niños migrantes de Centroamérica están
recibiendo un proceso legal adecuado. ¿Están recibiendo representación legal?
¿Tienen la oportunidad de desarrollar y presentar sus declaraciones de asilo?
Todo inmigrante tiene el derecho a recibir una audiencia completa y justa.
Aún más importante, el gobierno de
Obama y el Congreso deben reconocer que deportar más niños migrantes no
impedirá que otros huyan la violencia y la pobreza en Centroamérica. Las
medidas de bloqueo como muros más altos y más guardias armados son obstáculos
débiles.
Las causas de la migración de
Centroamérica son el crimen y la pobreza. Una política estadounidense más sabia
proporcionaría más ayuda extranjera a El Salvador, Guatemala y Honduras, en
donde se necesita el dinero para combatir los carteles de la droga y las
pandillas callejeras, mejorar la educación pública y reanimar la economía.
La violencia en estos países es
rampante, impulsada por los carteles de la droga y las pandillas callejeras que
usan a Centroamérica de puente entre las provisiones de droga de Sudamérica y
la demanda en EE.UU. La situación de seguridad en Honduras se ha deteriorado
tanto que la Peace Corps ha retirado a sus voluntarios. Por motivos similares
Peace Corps también ha reducido sus operaciones en El Salvador y Guatemala.
La ayuda extranjera se podría
utilizar en estos países para mejorar sus ejércitos y fuerzas policiales, que
podrían asimismo combatir los carteles y restaurar la seguridad. Obama debería
guiar a la Administración de Control de Drogas (DEA) a concentrarse en
particular en los narcotraficantes de estos países que proveen al mercado estadounidense.
Los males económicos en Centroamérica
han causado menos empleos y más pobreza. En julio, los líderes de El Salvador,
Guatemala y Honduras apelaron a Obama y el Congreso en busca de ayuda monetaria
que pueda emplearse para fomentar el crecimiento económico. Deberíamos
proporcionar esa ayuda, tanto al gobierno centroamericano como a las
organizaciones no gubernamentales que trabajan en esos países en torno a estos
temas. La seguridad personal y la oportunidad de llevar una vida digna motivarían
a estos niños a permanecer en sus países de origen.
Sin embargo, para los niños que ya
están aquí y que se han reunido con sus familiares en EE.UU., debemos mostrar
compasión y mantenerlos unidos con sus familiares. Seguir arrojando miles de
millones de dólares a las deportaciones, centros de detención y muros no solo
separará familias sino que está condenado a fracasar, y a gastar miles de
millones de dólares de los contribuyentes.
Morgenthau, fiscal de distrito de
Manhattan desde 1975 a 2009, es abogado adjunto de la firma legal Wachtell,
Lipton, Rosen & Katz.
