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Juez federal alarga el
suspenso sobre Alivios Migratorios
Posterga,
otra vez, su dictamen sobre el bloqueo temporal
Por
María Peña
Washington,
D.C. ―
El juez federal Andrew Hanen, que examina una demanda contra los alivios
migratorios,postergó
este lunes hasta el próximo 19 de marzo cualquier decisiónen
torno a sendos programas para proteger de la deportación a más de cuatro
millones de inmigrantes indocumentados.
Hanen explicó que no
emitirá ningún fallo relacionado con la demanda ―incluyendo la moción del
Departamento de Justicia de suspender el fallo del pasado 16 de febrero―, hasta
que no se resuelva este asunto.
El pasado3
de marzo, la Administración Obama dijo que la Oficina de
Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS)había comenzado a emitir unos 100,000 permisos de
trabajo por tres añospara
los beneficiarios del programa de “acción diferida” (DACA), antes de que Hanen
frenara los alivios migratorios anunciados por el presidente Barack Obama el
pasado 20 de noviembre.
USCIS suspendió la
emisión de los permisos tras el fallo, pero eso al parecer no bastó para los
estados demandantes que ahora exigen más explicaciones.
La
acción, que se realizará como muy tarde el próximo lunes, busca el permiso
judicial para poder empezar a aplicar las medidas que permitirán a hasta cinco
millones de indocumentados regularizar temporalmente su situación y obtener
también un permiso de empleo.
La
primera parte de estas medidas, la extensión del Programa de Acción Diferida
(DACA) que beneficia a jóvenes sin papeles, debía haber empezado a
implementarse este miércoles, cuando se abría el plazo de aceptación de
peticiones. Pero el Departamento de Seguridad Nacional lo frenó después de que
un juez de Texas ordenara una suspensión temporal de las medidas migratorias. A
partir de mayo debía entrar en vigor un segundo y nuevo programa (DAPA)
destinado a padres de ciudadanos estadounidenses o hijos con estatus
permanente.
El
portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, reconoció que pese al inminente paso
legal que va a dar el Departamento de Justicia, no habrá un cambio inmediato en
la situación de bloqueo de la entrada en vigor de los programas. “Obviamente,
eso dependerá de la forma en que es resuelta” la petición judicial, señaló en
su rueda de prensa diaria.
Además
de presentar este recurso de emergencia (stay),
el Gobierno estadounidense continúa con sus planes de apelar la decisión del
juez Andrew Hanen, aseguró Earnest.
Este
juez federal de Brownsville, Texas, fue el que ordenó la suspensión temporal de
las medidas de Obama la noche del lunes, atendiendo a una demanda presentada
por 26 Estados, en su gran mayoría republicanos, contralas acciones ejecutivas del presidente, en las
que ven un abuso de su autoridad como mandatario.
“Apelaremos
porque creemos que hay una base legal sólida que le permite al presidente dar
los pasos que anunció a finales del año pasado para reformar nuestro sistema
migratorio”, explicó este viernes Earnest.
A
pesar de la indefinición de la situación, organizaciones proinmigrantes han
recibido calurosamente el paso anunciado por Obama.
“Nos
satisface enormemente que la administración esté mostrando un compromiso
inquebrantable para luchar con uñas y dientes por los cambios de sentido común
en la política migratoria que el presidente anunció en noviembre”, dijo el
director de America’s Voice, Frank Sharry, al conocer el anuncio de la Casa
Blanca.
Los republicanos se oponen a las medidas de Obama, asegurando que son una amnistía encubierta.
Comentario
de Compartiendo mi opinión:
Conservadores ponen un
nuevo obstáculo a avance de inmigrantes. Se espera que el fallo del juez será
superado pronto.
Juez federal suspende medida
migratoria de Obama
Un juez federal en
el estado de Texas, en EE.UU., decidió suspender temporalmente la acción
ejecutiva anunciada por el presidente Barack Obama el pasado noviembre, que
evitaría la deportación de millones de inmigrantes indocumentados que entraron
al país ilegalmente.
De esta manera, el tira y afloja de los
últimos meses entre Obama y los republicanos, que sostienen que la acción ejecutiva
del mandatario es inconstitucional, alcanza un nuevo clímax.
El
fallo contra las medidas de Obama, anunciadas el pasado 20 de noviembre, se
produce la misma semana en que el gobierno estadounidense iba a comenzar a
procesar las solicitudes de algunos de los inmigrantes indocumentados
beneficiados por los cambios, que podían evitar ser deportados al menos durante
tres años y que iban a recibir recibir permisos de trabajo.
La
decisión del juez federal también afecta a un programa que debe entrar en
funcionamiento esta primavera boreal para padres indocumentados con hijos que
sean ciudadanos estadounidenses o residentes legales.
Según
algunos cálculos, las medidas de Obama podrían llegar a beneficiar a cinco
millones de personas.
Contraria a la
Constitución
Con
su resolución de este lunes, el juez Andrew S. Hanen indica que considera que
hay posibilidades de que al final decida que la acción ejecutiva de Obama es
inconstitucional, con lo que fallaría a favor de los 26 estados que han
demandado desde Noviembre al gobierno de manera conjunta.
Además,
el juez Hanen, quien fue nombrado en su puesto en 2002 por el presidente George
W. Bush, ha atacado públicamente la acción de ejecutiva de Obama, asegurando
¨que pone en peligro a EE.UU.¨.El periodista de BBC Mundo Jaime González
destaca desde Los Ángeles que el hecho de que el juez que ha dictado la
suspensión se encuentre en Texas no es casual, ya que ha sido ese estado
fronterizo el que ha liderado la oposición a la acción ejecutiva del presidente
de EE.UU.
En
todo caso, la suspensión ordenada por el juez favorece sólo a 26 estados que
demandaron al gobierno de Obama.
Según
explica el corresponsal de BBC Mundo en Washington, Thomas Sparrow, la decisión
del juez deja poco margen de maniobra inmediato al gobierno, al tener lugar
apenas dos días antes de la apertura de las solicitudes de los inmmigrantes.
Sin
embargo, es importante destacar que se trata de una medida cautelar y se espera
una apelación del gobierno federal.
Obama
ya ha advertido que luchará contra cualquier ley o medida judicial que bloquee
las leyes o acciones ejecutivas aprobadas durante su presidencia en temas de
inmigración, salud y regulación financiera.
Una dura batalla
La
Casa Blanca sostiene que forma parte de las atribuciones del presidente de
EE.UU. decidir cómo aplicar las leyes migratorias.
Pero los 26 estados que han demandado a la
administración creen que el mandatario se ha extralimitado en sus funciones y
aseguran que los costes de implementar las medidas supondrían una carga
excesiva para sus ajustados presupuestos.
Según
recuerda el diarioNew York Times, a la
oposición a las reformas también se sumaron con una declaración de carácter
legal 65 miembros de la Cámara de Representantes y tres de senadores, todos
ellos republicanos, que querían mostrar su apoyo a los estados demandantes.
El
diario estadounidense señala que algunos expertos en leyes creen que cuando el
gobierno apele, es posible que la resolución del juez Hanen sea anulada por la
Corte de Apelaciones del Quinto Circuito con sede en Nueva Orleans, en virtud
de la supremacía federal en cuestiones migratorias.
Los estados demandantes alegan que Barack
Obama dijo en varias ocasiones que no tiene potestad para alterar las leyes
sobre inmigración.
El
presidente estadounidense ha recibido el apoyo de una docena de estados, así
como de los gobiernos de grandes urbes como Nueva York o Los Ángeles, que
sostienen que la regularización de los indocumentados les permitirá aumentar
sus ingresos gracias a los impuestos que pagarán estos nuevos residentes.
En
los últimos días ha flotado en el ambiente la posibilidad del cierre del
Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) por el fin
de su actual presupuesto sin que se haya aprobado uno nuevo.
En
la ley que debería liberar los fondos para el DHS para los próximos meses, los
republicanos de la Cámara de Representantes incluyeron medidas para desactivar
la acción migratoria de Obama.
Mientras, los senadores demócratas se niegan
a aceptar la inclusión de esas cláusulas en la legislación, acusando a los
conservadores de poner en peligro la seguridad nacional con el potencial cierre
temporal del departamento.
El
presidente del Congreso estadounidense, el republicano John Boehner, ha
asegurado que si el cierre se produce, será culpa del partido de Obama.
En
los dos últimos años Boehner ha estado al frente de la oposición conservadora a
la reforma migratoria que había solictado Obama al Congreso de su país,
mostrándose partidario de cambios puntuales de las leyes que poco tienen que
ver con el proyecto de reforma aprobada por el Senado de EE.UU. con apoyo de
demócratas y republicanos hace año y medio.
Adriano
Espaillat: “No hay palabras que alivien la decepción que produce esta votación
extremadamente estrecha”
El sueño tendrá
que esperar. El Senado Estatal votó este lunes en contra del DREAM Act
en el estado de Nueva York y los estudiantes indocumentados seguirán
de momento sin acceder a ayuda financiera para ir a la universidad.
El proyecto de
ley fue aprobado por la Asamblea Estatal el mes pasado, pero no fue ratificado
por el Senado, que votó 30-29 en contra. Hubiese necesitado 32 votos para
convertirse en ley, pero fue imposible alcanzar esta cifra después de no
recibir el apoyo de ninguno de los senadores del Partido Republicano. Dos
senadores demócratas también votaron en contra: Ted O’Brien y Simcha
Felder.
“No hay palabras
que alivien la decepción que produce esta votación extremadamente estrecha”,
dijo el senador estatal Adriano Espaillat. “Estoy profundamente decepcionado
con mis colegas, que no consideran el empoderamiento de los jóvenes como
una buena política pública”.
A pesar de que el Senado Estatal también dejó fuera el DREAM Act de su
propuesta presupuestaria, queda todavía la esperanza, aunque muy
escasa, de que sea incluido en el presupuesto estatal final, que tiene que ser
votado por ambas cámaras y aprobado por el gobernador antes del 1 de abril.
“Hoy no supone la
muerte del sueño”, dijo el asambleísta Francisco Moya, que
patrocina el proyecto de ley junto al senador José Peralta. “Esperemos que el
gobernador Cuomo priorice el DREAM Act este año y que cuando el asunto resurja
durante las negociaciones presupuestarias, mis colegas del Senado muestren más
valor”.
"Una joven mente
brillante se desperdicia"
El gobernador
Andrew Cuomo se comprometió a firmar la ley si el Senado la hubiese aprobado,
pero nunca le dio su apoyo públicamente. Financiar la ley solo costaría
$27 millones al estado, un 2% del presupuesto académico estatal y un 0.01%
del general.
El DREAM
Act extendería la asistencia financiera,
tanto para universidades públicas como privadas, a estudiantes sin documentos
legales que se hayan graduado en escuelas secundarias del estado.
Es decir, los
"dreamers" podrían calificar para la ayuda financiera que actualmente
sólo está disponible para estudiantes que son ciudadanos o que tienen
regularizado su estatus migratorio. La misma incluye programas como el New
York State Tuition Assistance Program (TAP), que otorga ayudas de hasta
$5,000 por estudiante.
Se calcula que 4,000
estudiantes indocumentados se gradúan al año en las escuelas
neoyorquinas, que se beneficiarían por esta medida. Nueva York hubiera sido el
cuarto estado en aprobar el DREAM Act después de Texas, Nuevo México y
California.
La mexicana
Rosalba Grande (15), quién a pocas horas de la votación pedía la aprobación del
DREAM Act NY en las escalinatas de la alcaldía, espera verlo aprobado antes de
que le toque graduarse en escuela pública de Forest Hills, en Queens.
“Mis padres me
trajeron aquí cuando tenía nueve años porque creían que mis sueños se podrían
hacer realidad”, dijo Grande. “Mi sueño es ir a la universidad para ser
sicóloga y, sin ayudas económicas para estudiar, nunca se podrá
cumplir”.
Lucía Gómez,
directora ejecutiva de la organización comunitaria La Fuente, afirmó que ya se
ha demorado demasiado la aprobación de este proyecto de ley.
“Los neoyorquinos
no pueden esperar otro año más”, señaló Gómez. “Cada día que pasa sin el DREAM
Act en el estado de Nueva York, es otro día que una joven mente brillante se
desperdicia”.
Ricky
Campos organiza a personas indocumentadas que buscan llenar la solicitud de
acción diferida. Una nueva serie de videos busca facilitar el proceso para los
"dreamers."
Acción Diferida: CHIRLA facilita la solicitud con serie de videos
Bruno César Sotelo llegó a la pregunta
sobre "país de residencia" en su formulario de solicitud para el
programa Acción Diferida y no supo qué poner.
El joven de 24 años nació en Perú, pero
inmigró a Estados Unidos cuando tenía 13 años.
¿Qué escribe? ¿Perú? ¿O Estados Unidos?
Sotelo no sabía la respuesta.
A partir de esta semana, miles de los
llamados DREAMers como Sotelo, tienen un recurso adicional que les ayudará a
completar la solicitud de Acción Diferida, gracias a una serie de videos
creados por la Coalición Para los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los
Angeles (CHIRLA).
Desde mediados
de agosto, cuando comenzó a aplicarse el programa Acción Diferida
anunciado por el Presidente Obama en junio y que dará residencia temporal y
permiso de trabajo a jóvenes indocumentados que cumplan los requisitos, la
organización comunitaria CHIRLA ha ayudado a miles de personas a completar las
solicitudes por medio de foros comunitarios y consultas individuales con
abogados de inmigración y voluntarios especialmente entrenados para completar
las solicitudes.
CHIRLA fue formada en 1986, dice su
sitio de internet, para avanzar los derechos humanos y civiles de inmigrantes y
refugiados en Los Angeles, así como para promover relaciones humanas
multiétnicas y multiraciales y para empoderar a inmigrantes y sus aliados a
construir una sociedad más justa mediante la construcción de coaliciones, el
activismo, la educación comunitaria y la organización.
La abogada de inmigración Jessica
Dominguez, quien aparece en los videos y a menudo participa en estas consultas
como voluntaria de CHIRLA, le dijo a Huff Post Voces que ella notó que
la mayoría de las preguntas se trataban sobre las mismas secciones de la forma
de solicitud.
Al notar esto, los lideres de CHIRLA
hicieron una lista de las preguntas más frecuentes y en colaboración con el California Dream Network, (CDN) , una
organización de alrededor de 50 grupos estudiantiles a traves del país,
decidieron crear una serie de videos para contestarle estas preguntas al
público general.
"Mucha gente todavía no ha podido
llegar a una organización comunitaria. Estos videos son para esa gente",
dijo Dominguez. Complementan la atención personal que prestan grupos como
CHIRLA de manera directa: el 15 de agosto, primer día de la implementación del
programa de Acción Diferida, CHIRLA ofreció ayuda directa a alrededor de mil
personas. Desde entonces, si bien el número mermó, la organización sigue
ocupándose de centenares de solicitantes por semana.
La serie de videos, que está disponible
en inglés
y en español
en YouTube, muestra cómo contestar algunas de las preguntas más complicadas de
los formularios I-821 D, I-765 y I-765 WS.
"Si uno sigue esas instrucciones
paso por paso, uno no debería tener ningún problema en llenar la
solicitud," dijo Justino Mora, organizador del California Dream Network quien aparece en
el video a lado de Dominguez, vestido en una camiseta que dice
"Organizador comunitario."
Mora, quien es indocumentado y uno de
los llamados "DREAMers", dijo a Huff Post Voces que los videos
han sido confeccionados para informar a la comunidad y hacer solicitud más
comprensible para la gente.
Mora agregó que al estar disponible en
las redes del internet el video puede servir a un públiconacional al que CHIRLA
no puede llegar porque su enfoque es local.
"Es muy difícil ayudarle a alguien que vive
en San Francisco, California, o en el estado de Nebraska, o en Oklahoma,"
dijo Mora, quien ha trabajado con California Dream Network desde el 2009.
"Con el video podemos ayudarle a estas personas... para que la gente tenga
mas confianza al someter su solicitud y si tienen algunas dudas esperamos que
el video se las conteste."
El activista también denotó que los
videos benefician a la comunidad indocumentada porque son un recurso gratuito,
mientras que hay abogados que cobran miles de dólares solo por ayudar a llenar
la solicitud. Por el mismo servicio en CHIRLA cobran 40 dólares a miembros de
la organización y 80 dólares a quienes no son miembros. Mora dijo que espera
que la ayuda que ofrece el video le sirva a la comunidad indocumentada para
ahorrar dinero y agregó que muchos de sus amigos ya le habían dejado saber por
mensajes de texto que el video les había contestado muchas de sus preguntas.
Bruno César Sotelo fue uno de estos
amigos. El oriundo de Perú que también hace tareas de voluntario en CHIRLA dijo
a Huff Post Voces que los videos benefician a la comunidad porque aún
alguien como él, que ha sido entrenado para ayudar a otras personas a llenar la
solicitud, no saben todas las respuestas.
La gente indocumentada tiene que tener
mucho cuidado al someter su solicitud, ya que una respuesta equivocada los
podría descalificar, advirtió.
Dominguez aconsejó que al someter la
solicitud la gente siempre sea honesta y diga solamente la verdad. Más que
nada, agregó Dominguez, la evidencia sometida para el programa debe ser muy
clara y no dejar lugar a dudas. Por ejemplo, incluso si uno está trabajando con
un número de seguro social falso o que no le pertenece, no deberían someterlo
en la sección del formulario que pide este número.
Enfatizó la abogada que los Servicios de
Ciudadanía e Inmigración piden buenas evidencias de su residencia en el país, y
que documentos tales como cuentas de banco y records de escuela podrían
servirles para esta función.
¿Y el dilema de Sotelo? ¿Entonces, qué
pone bajo "país de residencia"?
Gracias al video de CHIRLA, eso ya esta
resuelto: Estados Unidos, siempre.
Jóvenes inmigrantes enfrentan obstáculos para estudiar
Por Christine Armario
MIAMI
.- Araceli Cortés ya había tomado una decisión antes de enterarse de un nuevo
programa federal que aplaza su deportación de Estados Unidos: Planeaba regresar
a su natal México para perseguir su sueño de convertirse en médico.
Cortés,
quien fue ingresada ilegalmente a Estados Unidos cuando era una niña, terminó
sus estudios de secundaria y asistió a una universidad en California. Renunció
a su trabajo, compró un boleto de avión a México y reservó un cupo para
presentar un examen de ingreso a la carrera de Medicina.
Entonces,
una semana antes de su partida, el presidente Barack Obama anunció que jóvenes
inmigrantes sin autorización legal para residir en el país, como ella, tendrían
la oportunidad de permanecer en Estados Unidos y obtener una visa de trabajo.
Cortés canceló su boleto y decidió quedarse.
Esta
semana, ella y otros miles de inmigrantes comenzaron el proceso de solicitud,
pero ella y muchos otros inmigrantes que estudian podrían enfrentar algunos
difíciles obstáculos.
"No
me están dando mucho", dijo Cortés, de 20 años. "Es sólo un permiso
de dos años".
Obama
fue claro al anunciar la medida: Este no era un camino a la ciudadanía, sino
más bien una oportunidad para evitar la deportación y trabajar.
Para
los estudiantes que son inmigrantes sin permiso legal y se han graduado de la
universidad, la nueva política significa que tendrán la oportunidad de trabajar
en su campo de estudio, algo que sólo podían hacer como contratistas
independientes o practicantes sin sueldo antes.
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Bottom of Form
Para
los inmigrantes más jóvenes como Cortés —se calcula que hasta 65.000 se gradúan
de la escuela secundaria cada año— se eliminarán algunos obstáculos para
obtener un título universitario. El principal problema, sin embargo, seguirá
siendo el costo.
Los
préstamos federales y becas, la mayor fuente de ayuda para los estudiantes
universitarios, requieren que los estudiantes tengan un permiso de residencia o
la ciudadanía estadounidense.
"Va
a seguir siendo un reto para estos estudiantes cursar estudios
superiores", dijo Deborah Santiago, cofundadora y vicepresidente de
política e investigación de Excelencia en Educación. "No creo que los
números sean altos".
Quienes
eran unos niños cuando fueron ingresados sin permiso en Estados Unidos tienen
garantizado el derecho a la educación primaria y secundaria, gracias a una
decisión de la Corte Suprema en 1982.
Un
número creciente de esos estudiantes están entrando en la adolescencia o son
jóvenes adultos. Hablan inglés, son parte de un club y practican deportes
después de clases, y tienen las mismas aspiraciones de asistir a la universidad
que sus compañeros.
Sin
embargo, cuando se acercan a los 16 años, dejan de tener las mismas
oportunidades. Cuando la mayoría de los adolescentes obtienen una licencia de
conducir, un primer empleo y comienzan a pensar en la universidad, los
estudiantes inmigrantes sin autorización legal comienzan a ser conscientes de
su condición.
"Ellos
se quedan atascados, mientras que sus amigos siguen avanzando", dijo
Roberto González, sociólogo de la Universidad de Chicago. "Eso tiene
enormes implicaciones en su propia capacidad para lograr una movilidad
ascendente, en temas de autoestima y en el bienestar emocional y mental".
El
fallo de la Corte Suprema no se ocupó de la educación superior. En su lugar,
los estados y las universidades han creado sus propias políticas sobre la conveniencia
de permitir que asistan los inmigrantes sin papeles.
Entre
los inmigrantes sin autorización graduados de la escuela secundaria entre las
edades de 18 a 24 años, el 49% ha asistido o está asistiendo a alguna
universidad, en comparación con el 76% de los inmigrantes con autorización
legal y el 71% de los residentes nacidos en Estados Unidos, según un estudio
del Pew Hispanic Center son base en los datos del censo de 2008.
Jane
Slater, que enseña inglés como segunda lengua en una escuela secundaria en
Redwood City, California, dijo que menos de la mitad de los estudiantes que son
inmigrantes sin autorización en su escuela asisten a la universidad.
"Hay
ese tipo de estado de ánimo sin esperanzas de '¿Por qué ir?''', dijo.
El
precio de la matrícula y otras cuotas aumentaron 439% entre 1982 y 2007,
mientras que el ingreso familiar promedio se elevó 147%, según el Centro
Nacional de Políticas Públicas y Educación Superior. Préstamos para los padres
y los estudiantes, subvenciones y becas ayudan al estudiante promedio a pagar
cerca del 55% del costo, según un informe de Sallie Mae, el mayor prestamista
privado de los estudiantes.
Los
estudiantes que carecen de estatus legal en Estados Unidos tienen acceso a sólo
una parte de esos recursos. Las becas privadas son a menudo muy disputadas,
debido al limitado número disponible. En unos pocos estados, ellos también son
elegibles para ayudas estatales, pero en la mayoría, terminan por tener que
pagar una matrícula significativamente mayor. Sólo 12 estados permiten a los
inmigrantes sin permiso legal pagar el costo reducido de las matriculas
estatales
