Tomado
de BBC Mundo
Los republicanos se oponen a las medidas de Obama, asegurando que son una amnistía encubierta.
Comentario
de Compartiendo mi opinión:
Conservadores ponen un
nuevo obstáculo a avance de inmigrantes. Se espera que el fallo del juez será
superado pronto.
Juez federal suspende medida
migratoria de Obama
Un juez federal en
el estado de Texas, en EE.UU., decidió suspender temporalmente la acción
ejecutiva anunciada por el presidente Barack Obama el pasado noviembre, que
evitaría la deportación de millones de inmigrantes indocumentados que entraron
al país ilegalmente.
De esta manera, el tira y afloja de los
últimos meses entre Obama y los republicanos, que sostienen que la acción ejecutiva
del mandatario es inconstitucional, alcanza un nuevo clímax.
El
fallo contra las medidas de Obama, anunciadas el pasado 20 de noviembre, se
produce la misma semana en que el gobierno estadounidense iba a comenzar a
procesar las solicitudes de algunos de los inmigrantes indocumentados
beneficiados por los cambios, que podían evitar ser deportados al menos durante
tres años y que iban a recibir recibir permisos de trabajo.
La
decisión del juez federal también afecta a un programa que debe entrar en
funcionamiento esta primavera boreal para padres indocumentados con hijos que
sean ciudadanos estadounidenses o residentes legales.
Según
algunos cálculos, las medidas de Obama podrían llegar a beneficiar a cinco
millones de personas.
Contraria a la
Constitución
Con
su resolución de este lunes, el juez Andrew S. Hanen indica que considera que
hay posibilidades de que al final decida que la acción ejecutiva de Obama es
inconstitucional, con lo que fallaría a favor de los 26 estados que han
demandado desde Noviembre al gobierno de manera conjunta.
Además,
el juez Hanen, quien fue nombrado en su puesto en 2002 por el presidente George
W. Bush, ha atacado públicamente la acción de ejecutiva de Obama, asegurando
¨que pone en peligro a EE.UU.¨.El periodista de BBC Mundo Jaime González
destaca desde Los Ángeles que el hecho de que el juez que ha dictado la
suspensión se encuentre en Texas no es casual, ya que ha sido ese estado
fronterizo el que ha liderado la oposición a la acción ejecutiva del presidente
de EE.UU.
En
todo caso, la suspensión ordenada por el juez favorece sólo a 26 estados que
demandaron al gobierno de Obama.
Según
explica el corresponsal de BBC Mundo en Washington, Thomas Sparrow, la decisión
del juez deja poco margen de maniobra inmediato al gobierno, al tener lugar
apenas dos días antes de la apertura de las solicitudes de los inmmigrantes.
Sin
embargo, es importante destacar que se trata de una medida cautelar y se espera
una apelación del gobierno federal.
Obama
ya ha advertido que luchará contra cualquier ley o medida judicial que bloquee
las leyes o acciones ejecutivas aprobadas durante su presidencia en temas de
inmigración, salud y regulación financiera.
Una dura batalla
La
Casa Blanca sostiene que forma parte de las atribuciones del presidente de
EE.UU. decidir cómo aplicar las leyes migratorias.
Pero los 26 estados que han demandado a la
administración creen que el mandatario se ha extralimitado en sus funciones y
aseguran que los costes de implementar las medidas supondrían una carga
excesiva para sus ajustados presupuestos.
Según
recuerda el diario New York Times, a la
oposición a las reformas también se sumaron con una declaración de carácter
legal 65 miembros de la Cámara de Representantes y tres de senadores, todos
ellos republicanos, que querían mostrar su apoyo a los estados demandantes.
El
diario estadounidense señala que algunos expertos en leyes creen que cuando el
gobierno apele, es posible que la resolución del juez Hanen sea anulada por la
Corte de Apelaciones del Quinto Circuito con sede en Nueva Orleans, en virtud
de la supremacía federal en cuestiones migratorias.
Los estados demandantes alegan que Barack
Obama dijo en varias ocasiones que no tiene potestad para alterar las leyes
sobre inmigración.
El
presidente estadounidense ha recibido el apoyo de una docena de estados, así
como de los gobiernos de grandes urbes como Nueva York o Los Ángeles, que
sostienen que la regularización de los indocumentados les permitirá aumentar
sus ingresos gracias a los impuestos que pagarán estos nuevos residentes.
En
los últimos días ha flotado en el ambiente la posibilidad del cierre del
Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) por el fin
de su actual presupuesto sin que se haya aprobado uno nuevo.
En
la ley que debería liberar los fondos para el DHS para los próximos meses, los
republicanos de la Cámara de Representantes incluyeron medidas para desactivar
la acción migratoria de Obama.
Mientras, los senadores demócratas se niegan
a aceptar la inclusión de esas cláusulas en la legislación, acusando a los
conservadores de poner en peligro la seguridad nacional con el potencial cierre
temporal del departamento.
El
presidente del Congreso estadounidense, el republicano John Boehner, ha
asegurado que si el cierre se produce, será culpa del partido de Obama.
En
los dos últimos años Boehner ha estado al frente de la oposición conservadora a
la reforma migratoria que había solictado Obama al Congreso de su país,
mostrándose partidario de cambios puntuales de las leyes que poco tienen que
ver con el proyecto de reforma aprobada por el Senado de EE.UU. con apoyo de
demócratas y republicanos hace año y medio.
