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domingo, 6 de julio de 2014

Ante falta de apoyo del congreso Obama terminará período gobernando por decretos

Tomado de El País

Barack Obama, acompañado del vicepresidente Joe Biden, el lunes en la Casa Blanca

Obama, a golpe de decreto

 

El presidente demócrata desafía el bloqueo de los republicanos en el Congreso e intenta gobernar por su cuenta a tres años del final de su mandato


Atado de manos por un Congreso obstruccionista, y a menos de tres años del final de su segundo y último mandato, el presidente Barack Obama ensaya una nueva manera de gobernar. Las posibilidades de adoptar leyes de calado, como lo fue la reforma sanitaria en 2010, son mínimas. La alternativa para el presidente es gobernar por decreto. Las llamadas órdenes ejecutivas y otros instrumentos similares con valor legal le permiten soslayar a un poder legislativo hostil desde que en 2011 el Partido Republicano tomó el control de la Cámara de Representantes. El Senado sigue en manos de los demócratas de Obama.
El recurso a medidas unilaterales, en una democracia fundada sobre el equilibrio de poderes, es controvertida, pero no nueva. Todos los presidentes han encontrado vías para gobernar por su cuenta cuando han constatado que el Congreso no les ayudaría. Y todos los partidos en la oposición han denunciado una violación del sistema de contrapoderes y un aumento intolerable del poder del presidente.
“La idea de que el presidente defienda el poder ejecutivo y promueva sus políticas cuando no obtiene la cooperación del Congreso puede trazarse hasta George Washington”, dice el politólogo Gerhard Peters, codirector del Proyecto sobre la Presidencia Americana en la Universidad de California en Santa Bárbara y profesor de Citrus College.
Peters cita la creación de parques naturales por decisión de Theodore Roosevelt a principios del siglo XX y el fin de la segregación racial en las fuerzas armadas por parte de Harry Truman en 1948, no con una ley votada por el Congreso sino por orden ejecutiva.
En los últimos meses, Obama ha usado este instrumento para impulsar su agenda legislativa. “Tengo un bolígrafo, y tengo un teléfono”, dijo en enero, en alusión a los instrumentos para firmar decretos y animar a activistas y ciudadanos a ayudarle a gobernar el resto del mandato.
El presidente ha invocado su autoridad ejecutiva para combatir el cambio climático y obligar a las plantas energéticas a reducir sus emisiones de dióxido de carbono. También ha recurrido al “poder del bolígrafo” para elevar el salario mínimo de las empresas que trabajan para el Gobierno federal. Esta semana, tras dar por muerta la ambiciosa ley migratoria que la Cámara de Representantes boicotea, ha anunciado medidas ejecutivas para arreglar un sistema que deja a 11 millones de indocumentados en un limbo legal.
Las acciones ejecutivas son más frágiles que una ley aprobada por el Congreso, ya que el siguiente presidente puede revocarlas. Raramente sirven para adoptar reformas de alcance. Truman acabó con la segregación en las fuerzas armadas, pero la discriminación racial en el sur de EE UU tuvo que esperar a las leyes adoptadas por el Congreso y firmadas por el presidente Lyndon Johnson en 1964.
El Tribunal Supremo —tercer pilar, además de la Casa Blanca y el Capitolio, del sistema de contrapoderes norteamericano— intervino la semana pasada en el debate sobre los límites del poder presidencial. No lo hizo a propósito de las órdenes ejecutivas, sino de otro instrumento del presidente para imponer su autoridad: la capacidad para nombrar cargos que normalmente requieren el visto bueno del Senado mientrasse encuentra de vacaciones.
Con nueve votos a favor y ninguno en contra, el Supremo sentenció que Obama se excedió cuando en 2012 nombró a altos cargos del Consejo Nacional de Relaciones Laborales —que vela por los derechos de los trabajadores— aprovechando un breve receso del Senado. Para los republicanos, la sentencia del Supremo es una prueba más de los poderes excesivos de Obama. El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, amenaza con llevarle a los tribunales por abusar de las acciones ejecutivas.
Pero Obama no es ninguna anomalía. Ha firmado una media de 33,58 órdenes ejecutivas al año, según los cálculos del Proyecto sobre la Presidencia Americana que codirige Peters. Hay que remontarse a Grover Cleveland, presidente entre 1885 y 1889, para hallar un presidente que haya firmado tan pocas. 
Los cálculos no distinguen la importancia de las órdenes ejecutivas —unas rutinarias; otras, como la de Truman, transforman el país— ni incluye otras medidas como memorándums y proclamaciones presidenciales, pero sitúan las prácticas del presidente en su justo contexto. “Todos los presidentes lo hacen”, dice Peters. “El debate sobre los poderes ejecutivos y las acciones unilaterales del presidente no es nada nuevo en la historia”. 
El líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, ha hablado, en referencia a Obama, de una “presidencia imperial”, un término popularizado por el historiador y consejero de John F. Kennedy Arthur Schlesinger en un libro del mismo título publicado en 1973, en pleno escándalo del Watergate. 
Los padres fundadores de EE UU, que había liberado las colonias americanas de la monarquía británica, temían que el presidente acabase siendo un nuevo rey. Por eso acotaron su capacidad de acción en la política interior con un Congreso y un Tribunal Supremo poderosos. Al mismo tiempo, el presidente disponía de un margen amplio para actuar en el exterior y la bomba atómica le concedió el poder sobre la vida y la muerte sobre la humanidad. 
“La respuesta a una presidencia desenfrenada no es un presidente que se limite a ser el chico de los recados”, escribió Schlesinger. “La democracia americana debe descubrir el punto medio entre convertir al presidente en un zar y convertirle en un chico de los recados”. 

miércoles, 16 de octubre de 2013

EEUU: Llegó la hora cero para la politiquería. Es tiempo de consensuar o hundirnos

Agencias Noticiosas


Retos de posible acuerdo de presupuesto de Estados Unidos

Por CHARLES BABINGTON

Aunque el Congreso llegue a un acuerdo de última hora para evitar la mora en los pagos de la deuda soberana y reanudar las funciones del gobierno, los funcionarios electos probablemente vuelvan a las enconadas batallas de riesgos calculados, quizás repetidamente.
Porque las negociaciones entre la Cámara y el Senado apenas han tocado las causas subyacentes del estancamiento sobre la deuda y el gasto que colocó al país muy cerca de una crisis económica en 2011, en diciembre pasado y otra vez este mes.
El martes pasado, la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, retiró sus esfuerzos por redactar una ley para elevar el techo de la deuda y reanudar las operaciones del gobierno. Los representantes esperan ahora que el Senado actúe, lo que pudiera demorar una resolución final más allá del jueves, cuando funcionarios federales dicen que se quedarán sin dinero para pagar las cuentas.
Pero muchos en el Congreso esperan una resolución, aunque sea unos días tarde. En el mejor de los casos, los legisladores y la Casa Blanca acordarán financiar el funcionamiento del gobierno y aumentar el límite de la deuda durante unos meses. También pedirán otro esfuerzo bipartidista para solucionar las causas fundamentales de la deuda, como el crecimiento restringido de los ingresos y los programas de prestaciones sociales que aumentan automáticamente.
Pero muchos no han visto cambios en la dinámica política que ha socavado esfuerzos pasados por lograr un acuerdo para poner fin al ciclo de enfrentamientos calculados y amenazas a la economía.
Los republicanos siguen absolutamente opuestos a aumentos de impuestos. Grupos de interés y muchos demócratas, por su parte, siguen opuestos a reducciones a los beneficios del Seguro Social y el Medicare. Y las normas del Congreso tientan a los legisladores a amenazar con crear el caos, como hacer que el país caiga en la mora de los pagos sobre su deuda, si el partido opuesto no cede a sus demandas.
"Probablemente vamos a pasar por esto unas cuantas veces más", dijo Bob Bixby, de la bipartidista Concord Coalition, que defiende reformas en el presupuesto. Pero incluso si un acuerdo resulta aprobado en la Cámara, el Senado y la Casa Blanca, Bixby dijo que dejará intactos problemas fundamentales por los que "no han hecho nada para tratar de solucionar".
Henry J. Aaron, experto de la Institución Brookings que apoya tomar medidas judiciales sin precedentes para evitar enfrentamientos similares sobre la deuda, concuerda en que tres o cuatro meses de relativa tranquilidad es una victoria muy pequeña. "Si todo lo que logramos es repetir esta farsa, no habremos logrado mucho", aseveró. 

sábado, 2 de marzo de 2013

México: Poder político decidido a imponerse sobre el todavía intocable poder mediático-económico


Tomado de The Wall Street Journal  

México se apresta a confrontar a Slim, Televisa y TV Azteca

Por David Luhnow y Juan Montes

CIUDAD DE MÉXICO— Los partidos políticos de México están uniendo fuerzas para ir detrás de los tres empresarios más poderosos del país, incluido Carlos Slim, el hombre más rico del mundo. Están negociando amplias reformas constitucionales para fomentar la competencia en los mercados de telefonía y televisión.
Negociadores de los tres grandes partidos políticos de México, entre los que figura el gobernante Partido Revolucionario Institucional, ultiman los detalles de las medidas, que fortalecerían a los reguladores del gobierno, subastarían dos nuevas cadenas nacionales de televisión y eliminarían las restricciones a la inversión extranjera en telefonía fija, entre otros pasos.
Las empresas de Carlos Slim controlan 75% del mercado mexicano de telefonía fija y 70% del de telefonía móvil.
Dos fuentes cercanas a las negociaciones afirmaron que quedaban algunos temas por resolver, pero se mostraron optimistas de alcanzar un acuerdo. Un proyecto de ley podría incluso presentarse en el Congreso la próxima semana.
"Estamos muy cerca. Creo que se resolverá de manera positiva", indicó Jesús Zambrano, presidente del izquierdista Partido de la Revolución Democrática, en una entrevista. Dos miembros del PRI, el partido del presidente Enrique Peña Nieto, prefirieron no referirse a los detalles, pero concordaron en que un acuerdo estaba cerca.
Los cambios buscan impulsar la competencia en dos mercados clave de la economía mexicana dominados por monopolios durante años. América Móvil SAB, de propiedad de Slim, controla 75% de las líneas de telefonía fija y 70% de sus teléfonos móviles y banda ancha. A su vez, Grupo Televisa SAB y TV Azteca SAB, forman un duopolio televisivo.
El pacto aún podría frustrarse bajo la presión de Slim o del dueño de Televisa, Emilio Azcárraga, y el de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego. Asimismo, la implementación de algunos cambios podría llevar años. Igualmente, incluso si las reglas de juego son iguales para todos, las empresas que dominan el mercado tendrán ventajas consolidadas que elevarán los costos para los nuevos participantes.

La falta de competencia en las telecomunicaciones, que se traduce en mayores precios y un servicio deficiente, le resta a México cerca de 1,8% de crecimiento económico al año, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La OCDE ha presionado a México para que adopte muchos de los cambios que ahora se están considerando. "Si Slim puede competir en Europa, ¿por qué no ponerle a competir aquí en México?", preguntó Rubén Camarillo, legislador del conservador Partido Acción Nacional, PAN.
Entre los cambios que se evalúan, informó Zambrano, está la creación de un nuevo regulador de las telecomunicaciones, que tendría la facultad de dividir empresas que estime demasiado poderosas, incluida América Móvil, el gigante telefónico de Slim. Añadió, sin embargo, que aún no hay un acuerdo al respecto.
Incluso medidas modestas para desafiar a los empresarios más poderosos constituirían un hito en un país donde el gobierno lucha desde hace tiempo por regular a las grandes compañías.
Cientos de resoluciones de Cofetel, el actual regulador de las telecomunicaciones, contra las empresas de Slim han quedado estancadas en los tribunales durante años. Slim ha dicho que tiene todo el derecho de usar los medios legales para defender sus compañías.
Las llamadas a América Móvil no fueron devueltas.
Entre los cambios propuestos se encuentra una reforma constitucional que impediría que las empresas ignoren resoluciones regulatorias mientras las cuestionan en la Justicia. También se establecerían tribunales especializadas para resolver disputas en las telecomunicaciones.
Televisa y TV Azteca combinadas acaparan 95% de los televidentes y han resistido los intentos por generar una mayor competencia anteriormente.
Cada empresa ejerce influencia no sólo a través de sus programas, sino también a través de un pequeño grupo de legisladores que trabajaron en los medios antes de ingresar a la política. El grupo se llama popularmente la "Telebancada". Ninfa Salinas, la hija de Ricardo Salinas, es una senadora.
Las reformas son parte de un esfuerzo más amplio del gobierno de Peña Nieto por reafirmar el poder del Estado frente a los poderosos intereses especiales. El arresto esta semana de la titular del sindicato de maestros, acusada de malversar hasta US$160 millones del sindicato, es un importante paso en esa dirección, afirmó Zambrano, el presidente del PRD. La líder sindical bloqueó cambios al sistema educativo durante años.
Televisa indicó que le da la bienvenida a la competencia y considera que licitar nuevas cadenas de televisión es "saludable" para el país.
El proyecto de ley también eliminaría el actual límite de 49% sobre la inversión extranjera en telefonía fija y contempla la creación de una red de telecomunicaciones que le permitiría a las empresas eludir la red de Slim, que durante años ha cobrado altas tarifas para acceder al servicio, según la OCDE y los reguladores mexicanos.
—Anthony Harrup contribuyó a este artículo.

jueves, 26 de julio de 2012

Un “análisis avanzado” de la crisis generada por el choque de poderes en El Salvador

Tomado de La Prensa Gráfica
En El Salvador no existen reservas importantes de electores que movilizar, el FMLN no posee ningún líder carismático, la ideología de este partido es anticapitalista y antiimperialista y el electorado no solo es conservador, sino que los pobres están fuertemente ligados con la primera potencia capitalista del mundo.

Por Joaquin Villalobos

A raíz del conflicto entre los poderes del Estado se argumenta que los comunistas se apoderarán de las instituciones y establecerán un régimen como el de Venezuela, Bolivia o Ecuador. Se dice que esto ocurrirá porque existe un pacto entre el FMLN y GANA similar al que hicieron Alemán y Ortega en Nicaragua. 

Frente a eso, los viejos poderes piden que Estados Unidos intervenga. Pero, ¿es en realidad posible que eso pase ahora en El Salvador?

El supuesto riesgo del pacto “FMLN-GANA” está fundado en el nivel más primitivo del análisis político conocido como “teoría conspirativa”. Las premisas de este enfoque son: “Luis se reunió con Antonio y juntos han planeado tomar control del país para entregarlo a las fuerzas del mal”. Hay tres tipos de análisis, los más primarios ven personas; un nivel subsiguiente ve sucesos; y los más avanzados ven procesos.

Para películas, pasquines, chismes, o engañar gente son muy útiles las conspiraciones que describen los primeros. Sin embargo, las intenciones de las personas y los hechos están condicionados por la historia, la economía, la cultura, el desarrollo institucional, los liderazgos, la correlación social de fuerzas y muchos otros factores que determinan si algo es posible o no. Por ello lo que se conoce como “análisis político contextual” es lo que mejor permite entender fenómenos, ver procesos y hacer previsiones.
En Nicaragua una revolución derrocó a la dictadura y refundó todas las instituciones. Ejército, Policía, Justicia, Cultura y hasta la Iglesia están influidos o dominados por el pensamiento sandinista. Ortega estaba en total ventaja cuando pactó con Alemán.

En El Salvador, muy a pesar de las importantes reformas que dejaron los Acuerdos de Paz, la matriz institucional del país fue heredada de más de un siglo de hegemonía política, ideológica y cultural conservadora.

En Nicaragua Daniel Ortega posee miles de millones de dólares que recibe de Chávez, tantos que los banqueros se pelean por sus cuentas. El Sandinismo es tan o más poderoso económicamente que los ricos nicaragüenses. En El Salvador, por el contrario, la izquierda sigue siendo estructuralmente pobre frente a los grandes capitales. El apoyo de Chávez al Frente ha sido importante, pero limitado.

El corazón del pacto Alemán-Ortega fue una reforma constitucional que permite ganar elecciones presidenciales con una mayoría del 35% de los votos y esta reforma facilitó el retorno de Ortega al gobierno. El sistema electoral salvadoreño es de 50% más uno de los votos. El FMLN ha perdido tres elecciones presidenciales y solo pudo superar escasamente el 50% cuando se alió con un candidato que no pertenecía al partido, es decir, que nunca ha podido ganar una elección presidencial, acaba de perder elecciones legislativas y municipales y su tendencia electoral es decadente.

En los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador los “bolivarianos” tuvieron progresos movilizando reservas de electores indígenas y pobres que estaban políticamente excluidos; aprovechando las tendencias de antipolítica que destruyeron a los partidos y gracias a potentes líderes carismáticos. Lograron así victorias electorales demoledoras consecutivas. En El Salvador no existen reservas importantes de electores que movilizar, el FMLN no posee ningún líder carismático, la ideología de este partido es anticapitalista y antiimperialista y el electorado no solo es conservador, sino que los pobres están fuertemente ligados con la primera potencia capitalista del mundo.

Los nombramientos legislativos de los magistrados a la Corte los realizaron tres partidos conservadores y el FMLN, es decir, con este en minoría política. Nadie ha acusado a estos magistrados de extremistas. El actual gobierno no ha afectado la libertad de expresión, ni la propiedad privada; no ha propuesto reformas constitucionales, ni reelección, ni referendos; no ha realizado fraudes electorales, no ha violado los derechos humanos y no ha reprimido opositores. Por el contrario, ha convocado a los empresarios a participar en programas económicos, le quitó el gabinete de seguridad al FMLN y se lo entregó a ¡MILITARES!, mantuvo una actitud muy prudente en la crisis hondureña, no estableció relaciones con Irán, ha marcado distancia de Ortega, Chávez y Castro y mantiene una respetuosa relación con Estados Unidos, al punto que el presidente Obama visitó nuestro país. Que a algunos no les guste el gobierno no implica que esté en peligro la democracia.

Es imposible que los comunistas puedan construir las correlaciones políticas indispensables para hacer una “revolución bolivariana”; eso es una tontería extrema construida para asustar y justificar políticas de desestabilización. El actual conflicto entre los poderes es un problema de madurez política, no un problema de terrorismo, narcotráfico o ruptura democrática.
La guerra civil que abolió la esclavitud en Estados Unidos terminó en 1865; en 1964, un siglo después, se aprobó la ley que acabó con la discriminación racial y tomó todavía medio siglo más para que un ciudadano de origen afroamericano pudiera ser presidente. 

La guerra civil en nuestro país terminó hace solo veinte años. Nuestro Estado de Derecho está todavía en proceso de acoplamiento con la madurez política de nuestra sociedad. Sorprende por ello que quienes siempre han mandado al diablo la Constitución, ahora hablen en tono rimbombante de legalidad. 

Nuestra democracia sigue en pañales, sería un grave error que por un conflicto de inmadurez política Estados Unidos cortara programas de cooperación, cancelara visas a políticos y se sumara a desestabilizar a un país pobre. Esto solo serviría para que emigren más salvadoreños.

En esta crisis el gran peligro no son los comunistas, sino que prevalezca el régimen de Empresarios-Partido-Estado que siempre ha controlado las instituciones.

El problema no es legal, sino político y contempla desde problemas como el peligro de la antipolítica, hasta el modelo económico cerrado que impide la competencia y generación de nuevos ricos en el país. Se quejan de la arrogancia de quienes por primera vez gobiernan, cuando el problema es la soberbia histórica de una casta que a lo largo de un siglo hizo del Estado su mejor negocio.