Tomado de Noticias UCA
Cambios que generan dudas
El elevado índice de victimización, la
alta tasa de homicidios, la delincuencia común y de las pandillas, la creciente
presencia del crimen organizado… todo contribuye a que la población no solo se
sienta insegura, sino a que en realidad lo esté. Y esto preocupa aún más cuando
se constata que la seguridad pública se está manejando de manera improvisada y
poco racional. Si en un primer momento fue motivo de satisfacción que el
presidente Funes y los implicados acataran la sentencia de la Sala de lo
Constitucional, separando inmediatamente de sus puestos a los generales en
retiro David Munguía Payés y Francisco Salinas, las nuevas funciones que se les
han asignado a ambos generan inquietud.
Munguía Payés ha sido nombrado asesor del
presidente en materia de seguridad, mientras que Salinas, jefe del Organismo de
Inteligencia del Estado (OIE). Si bien ambos nombramientos son cuestionables,
destaca la llegada de un exmilitar a la dirección del OIE. El Organismo fue
creado por los Acuerdos de Paz, y en ellos consta claramente que debe estar
bajo la autoridad del Presidente de la República y dirigido por un civil. En
2001, se aprobó la Ley del Organismo de Inteligencia del Estado, en la que se
ratifica su carácter civil. Designar a un militar retirado al frente del OIE no
solo puede ser incompatible con los Acuerdos, sino también con el carácter
civil de la institución. Por ende, se corre el riesgo de que la
constitucionalidad de este nombramiento también sea cuestionada.
Si otorgarle el cargo de asesor
presidencial a Munguía Payés puede entenderse como un modo de agradecerle los
servicios prestados, en el caso de la dirección del OIE, la cuestión se
complica por la importancia capital del Organismo para el combate del crimen. Y
las dudas crecen ante los cambios que se están implementando en la PNC. En el
contexto de la reciente llegada de un director de la Policía con poco
conocimiento de la institución, se nombra como su asesor al comisionado Douglas
García Funes, con gran experiencia y conocimiento de las pandillas (dirigió
durante dos años el Centro Antipandillas Transnacional), pero que fue objeto de
investigación por sus presuntos nexos con el narcotráfico, sin que se aclarara
debidamente cómo la Inspectoría General de la PNC definió el sobreseimiento de
su caso.
El nombramiento de García Funes bien
podría interpretarse como una forma elegante de apartarlo del accionar directo
de la Policía. Pero dado que el nuevo director de la institución tiene poco
conocimiento y experiencia, no es descabellado pensar que en la práctica se
está poniendo buena parte del control de la PNC en manos del asesor, lo cual,
por la trayectoria de García Funes, no sería conveniente. Por otro lado, si los
cambios buscan fortalecer al ente policial, sorprende que se haya separado de
este a los comisionados Howard Cotto y Roberto Villalobos, dos elementos con
larga trayectoria y que se han distinguido por su profesionalismo y honradez.
Ambos han sido designados en comisión de
servicio en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Sin embargo, el
posterior nombramiento de Cotto como director ejecutivo de la Comisión Nacional
Antidrogas podría ser una señal de que las nuevas autoridades se están tomado
en serio la lucha contra el narcotráfico y de que quieren poner al frente de
ella a personas de probada reputación. Prescindir de dos comisionados bien
preparados y cualificados, que han mostrado un gran compromiso con la
institución y que sin duda la han fortalecido y le han aportado credibilidad,
sería razonable solo si con ello se está buscando fortalecer las capacidades
del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para enfrentar al crimen
organizado.
Ojalá que los cambios de autoridades del
Ministerio y de la PNC sean para bien y abonen a la eficacia tanto de las
políticas de seguridad pública como de la operatividad de la Policía. Y, más
importante aún, ojalá que la voluntad de un cambio positivo se demuestre con
nuevas decisiones y acciones, como, por ejemplo, la depuración de los policías
que colaboran con los criminales. El peso de la delincuencia en nuestra
sociedad obliga a abandonar la improvisación, a fortalecer tanto el combate del
crimen como su prevención con estrategias bien pensadas y consistentes, que
marquen un rumbo claro y bien definido.
