Foto de El Diario de HoyPor Edmee Velásquez
Los sindicatos y comisiones del Servicio Civil denunciaron que el Ejecutivo busca reducir la planilla de empleados públicos so pretexto de cumplir compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero lo que en el fondo buscaría es la politización del aparato estatal, argumentan.
Según el presidente de la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (Agepym), William Huezo, el viejo temor sobre más despidos ha resurgido con la "urgencia" de la Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado de presentar una propuesta para una Ley de profesionalización del Servicio Civil, tras enterarse de las reformas que los sindicatos han pedido a la Asamblea Legislativa a la actual Ley del Servicio Civil.
Huezo explicó que esto le permitiría al Gobierno seguir con los despidos de más empleados públicos, amparándose en el cumplimiento de supuestos requisitos adquiridos por préstamos con el FMI, pero lo que realmente buscan es llenar esas plazas con personal afín al partido y al gobierno en turno.
Afirmó que esta situación es producto de exigencias hechas a través del Acuerdo Stand-by de 36 meses, firmado en marzo de 2010, cuando el Fondo Monetario aprobó un préstamo de 790 millones de dólares, que están disponibles en caso que el país lo necesite para mitigar los efectos adversos de la crisis financiera mundial.
Para constatar si en efecto existe ese proyecto de recortar el aparato estatal se llamó al celular del secretario de Asuntos Estratégicos, Franzi Hasbún, pero no contestó. También se llamó a la jefa de comunicaciones, Noelia Merino, pero tampoco respondió su teléfono móvil.
Según Mario Garza, jefe de misión del FMI para El Salvador, para 2011 el gobierno se ha comprometido con ese organismo a mantener un crecimiento del PIB en términos reales de 2.5 por ciento y reducir el déficit fiscal de 4.7 % en 2010 al 3.5 por ciento del PIB este año, a través de mejoras en la administración tributaria y la disciplina del gasto, aumentando simultáneamente la proporción de inversiones prioritarias y proyectos sociales en el gasto público.
El gobierno también se comprometió a elevar la carga tributaria del 14 por ciento del PIB en que se colocó el año pasado al 17 por ciento al concluir 2011, por medio de una mayor recaudación tributaria y la mejor administración del gasto público corriente, incluyendo la masa salarial del sector público.
Además, se ha comprometido con el FMI, mediante el Acuerdo Stand-by, a invertir el 1 % del PIB ($200 millones) en transferencias condicionales de efectivo en 2010-2011, como Redes Solidarias y la creación de empleo provisional y el lanzamiento de un programa de inversión pública centrado en salud, educación e infraestructura, y mantener los subsidios al suministro de agua y electricidad para proteger a la población más vulnerable.
Pero Huezo dice que los principales compromisos de El Salvador con el FMI son la elaboración de una política fiscal, elevar cuatro puntos porcentuales al Impuesto de Valor Agregado (IVA), la reducción del Estado y combate a la corrupción.
Añadió que con estas cuatro condiciones el FMI busca asegurarse de que se le va a pagar la deuda. Sostiene que para reducir el número de plazas en el sector público, la actual Ley del Servicio Civil no es de mucha utilidad para el Ejecutivo, pues la ve como un obstáculo "para sus intenciones".
"Es que por un lado quieren vaciar el aparato estatal nuevamente, para volverlo a llenar con su propia gente, y crear su propia estructura política... aquí desaparecen todas las normas protectoras al derecho laboral, administradores del servicio público de trabajadores y se corre el riesgo que ya no se creen empleos y mentira que van a pagar la deuda, es mentira. Si este país ya no tiene capacidad ni de producción de un dólar fresco, no tenemos producción en el país", manifestó.
Respecto a los compromisos a los que hace referencia Huezo, el representante del FMI para El Salvador, Mario Garza, las negó rotundamente (ver nota aparte).
La diputada de ARENA y miembro de la comisión de Trabajo y Previsión Social, Margarita Escobar, comparte esta inquietud pues cree que la petición del gobierno sobre la nueva ley para la profesionalización del empleado público pueda tener un trasfondo que facilite los despidos (aparte).
La ley del Servicio Civil
El punto de partida que toman los sindicatos para creer que el gobierno busca alternativas para depurar el aparato estatal surge a raíz de la licitación hecha por la Presidencia de la República, publicada el 26 de abril pasado, del servicio de "consultoría nacional para la elaboración de anteproyecto de Ley de Carrera Administrativa y su reglamento".
Huezo sostiene que luego que los sindicatos presentaran propuestas para reformar la actual Ley del Servicio Civil, el gobierno se está apresurando para salir al paso con esta nueva legislación y que muestra de ello es que licitan que se presenten una serie de anteproyectos y que el mejor de ellos sería presentado ante la comisión de Trabajo y Previsión Social de la Asamblea Legislativa.
En el sitio de internet de la Asamblea Legislativa, el pasado 20 de julio, se consigna que representantes de la Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado expusieron las razones por las que proponen la formulación de un nuevo marco legal que regule el servicio civil.
Huezo asevera que no han apresurado el proceso puesto que los aproximadamente 150 mil empleados públicos les significa un potencial mercado electoral.
