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jueves, 23 de enero de 2014

Cuba y demás países bolivarianos los menos libres del continente señala Freedom House

Tomado de La Voz de América
Mujeres de Blanco son reprimidas brutalmente en La Habana, Cuba durante una concentración pacífica
Libertad en el mundo declinó en 2013
Un reporte de la Freedom House dice que la mitad de la población mundial vive en áreas solo parcialmente libres o sin libertad alguna. Cuba es la menos libre del Hemisferio, mientras Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador son parcialmente libres.

El grupo pro democracia, Freedom House, dice que el nivel de libertad alrededor del mundo declinó el año pasado, con más de la mitad de la población mundial viviendo en áreas que solo son parcialmente libres o sin libertad alguna.

El grupo con base en Washington publicó este jueves su reporte anual en el que califica a 195 países y 14 territorios basados en sus derechos políticos y libertades civiles.

En América Latina, el grupo dijo que Cuba sigue siendo un país sin libertad, y fue calificado con nota de 6,5 en una escala en la que 1 es libre y 7 es ausencia completa de libertad.

Freedom House mantuvo a Venezuela entre los 10 países parcialmente libres del hemisferio occidental, pero la ubicó junto a Ecuador en el grupo de naciones en el orbe que gobiernan a través de lo que define como autoritarismo moderno, debido a que celebran elecciones pero controlan indebidamente a las instituciones para neutralizar a la oposición.

Venezuela es calificada como parcialmente libre, obteniendo una calificación de 5.0, al igual que Nicaragua, que obtiene 4,5 y Bolivia, y Ecuador que sin embargo obtienen 3,0.

Sobre Nicaragua el informe halaga el impacto positivo que para las libertades cívicas y políticas representan las consultas sobre reformas constitucionales, las mejoras graduales a los derechos de la mujer y los progresos en el combate del tráfico humano.

Pero en general, en el hemisferio occidental (incluyendo a Estados Unidos y a Canadá), Freedom House considera que el 71% de la población vive en libertad.

El grupo de países libres incluyó además a Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador y Perú.

En otras áreas del mundo, la guerra civil en Siria y la represión en Saudi Arabia pone a ambos países entre los 10 países menos libres del mundo y en Medio Oriente, el reporte dice que 83 por ciento de la gente vive en países calificados como “no libres”.

Este fue el octavo año consecutivo en que declina el nivel de libertad general en el mundo.


miércoles, 27 de noviembre de 2013

Casi todos los Centroamericanos en tránsito hacia EEUU son víctimas de delincuencia en México, 75% no logran pasar

Tomados de El Diario NY
Javier Urbano, director del Programa de Atención a la Migración de la Universidad Iberoamericana muestra el Mapa Interactivo de la Movilidad Migratoria diseñado por la institución.
Urgen a centroamericanos no ir a México

Solo el 25% logra llegar a los Estados Unidos vía México, no sin antes ser víctimas de discriminación, y en muchos casos, robos, secuestros, extorsión, torturas y asesinato

Por:  Gardenia Mendoza Aguilar


MÉXICO.-  “Si no es absolutamente necesario, no te vayas de casa”. Así de claro advierte el doctor Javier Urbano, director del Programa de Asuntos Migratorio (Promi) de la Universidad Iberoamericana, a los inmigrantes indocumentados que piensan llegar a Estados Unidos vía México.

“Tenemos que decir con toda crudeza: los riesgos son muy altos, vas a sufrir”.

A Urbano se le hace un nudo en la garganta. Durante casi dos décadas de estudiar el fenómeno, nunca había visto un escenario tan  antiinmigrante. Hay discriminación, miles de desaparecidos en el camino, empujados por el tren, mutilados, torturas… ¡Sólo el 25% logra llegar a EEUU!

Hasta ahora nadie lo ha dicho, pero este hombre, que encabeza cinco grupos de estudiantes voluntarios de la universidad privada más comprometida en la protección de inmigrantes, cree que es el momento, por responsabilidad moral, de decir a las personas sin papeles:  “no vengas a México, tu vida vale más que cualquier viaje”.

Urbano suelta la petición mientras abre en su computadora el primer Mapa Interactivo de la Movilidad Migratoria que se entregará pronto a los 62 albergues del país para que lo muestren a los viajeros que cruzan las casi 5,000 millas de sur a norte y alertar sobre los riesgos.

Si de todos modos deciden partir de sus países porque no tienen con qué darle de comer a sus hijos, entonces podrán saber a los riesgos que se enfrentan.

El documento con formato electrónico se abre e la pantalla. Ahí se puede ver un mapa de la república salpicado de puntos rojos que indican las regiones más sórdidas.

Son ciudades como Tecate y Tijuana, donde son extorsionados. En los Choapas, Agua Dulce, Medias Aguas, Jesús Carranza y Loma Bonita (Veracruz), son asesinados. En Salto del Agua, Pichualco, Estación Juárez, Playas de Catazaja (Chiapas), robados y violados. En Reynosa, Río Bravo, Ciudad Victoria y Nuevo Laredo, secuestrados.

La lista se repite en tipo de delitos en todo el país.



“A mi compañera la mataron porque no tenía quien la ayudara (a pagar el rescate) y no pudo darles ningún teléfono”, describe un testimonio.

Entre las secciones del mapa se incluye una lista con las direcciones y teléfonos de los albergues de caridad y de las comisiones estatales de los derechos humanos.

También hay consejos prácticos sobre cómo abordar el tren, cuándo y cómo hacer llamadas telefónicas, sobre la importancia de cuidar los zapatos, de no viajar descalzos, sin compañía y hasta de cuidar el lugar donde se sienta.


“Queremos que racionalicen e inhiban su movilidad”, insiste Urbano. “Con que logremos que un 1% no emigre nos sentiremos contentos”.

domingo, 27 de octubre de 2013

CENTROS DE DETENCION PARA INMIGRANTES INDOCUMENTADOS: DRAMA INHUMANO A NIVEL MUNDIAL

Tomado de ESglobal  
 PURGATORIOS PARA INOCENTES



Los centros de detención y deportación son el destino generalizado de los inmigrantes ilegales, pero hay otras soluciones.


Por Pablo Diez
Una de las flaquezas que se le pueden achacar a este mundo es no haber encontrado una forma de mitigar las causas que alimentan la inmigración ilegal. Otra es tratar a estas personas como a delincuentes y encerrarlas en centros de internamiento hasta que son deportadas. No es un hecho aislado, sino la práctica común de los grandes países receptores. Personas que huyen de la pobreza o de la tortura, solicitantes de asilo o víctimas del tráfico de seres humanos, son sistemáticamente encerrados en centros en los que cumplen penas indefinidas y pueden ser víctimas de abusos o sufrir condiciones indignas. 
La historia se repite, con matices, en el destino final o intermedio de todas las grandes rutas de la inmigración ilegal. Estados Unidos llega a albergar hasta a 429.000 inmigrantes en 250 centros de internamiento, a pesar de que en la inmensa mayoría de los casos no tendría que ser necesario detenerlos como paso previo a la deportación. Aunque organizaciones como Amnistía Internacional insisten en que encerrarlos de forma sistemática vulnera el derecho internacional, el aumento de las detenciones ha llevado a que el 67% de los inmigrantes ilegales en EE UU se encuentren internos en prisiones convencionales y el resto en centros gestionados por las autoridades de inmigración y por operadores privados. Además, las condiciones de los centros son deficientes: los inmigrantes son mezclados con los reclusos comunes, el acceso a servicios médicos o de asistencia psicológica es inadecuado y, en algunas ocasiones, son sometidos a confinamiento solitario. Frente a esta situación, la futura puesta en marcha de la reforma migratoria contiene elementos prometedores, como potenciar las alternativas a la detención de los inmigrantes mediante instrumentos como los dispositivos de seguimiento.
El debate en torno a estos centros es especialmente intenso en Australia. En la actualidad, hay allí más de 10.000 inmigrantes ilegales detenidos, sin que exista un tiempo máximo de cautividad permitido. El centro de detención de inmigrantes más conocido del país, situado en Christmas Island, en pleno Océano Índico, saltó al primer plano de la actualidad en junio después de que una avalancha de demandantes de asilo desbordara las capacidades del recinto. Operado por una empresa británica, cuenta con un largo historial de incidentes como automutilaciones y huelgas de hambre (en total, se registran al año unos 2.400 incidentes, sobre un total de cerca de 4.200 detenidos).
Australia ha confiado la detención de algunos inmigrantes que se dirigen a sus costas a otros países, como Indonesia o Papúa Nueva Guinea. Ante el crescendo migratorio experimentado a lo largo de este último año, sobre todo por la llegada masiva de solicitantes de asilo de países como Irak, Afganistán o Sri Lanka, el Gobierno del laborista Kevin Rudd, recientemente derrotado, cerró un acuerdo para internar a los demandantes de asilo que se dirigen a Australia en el centro de detención de Manus Island (Papúa Nueva Guinea), que ha sido escenario de violaciones de los derechos humanos. Es cierto que son muchas las vidas perdidas en el mar por intentar alcanzar las costas australianas y que, además, es un negocio del que se lucran los traficantes de seres humanos, pero enviar a los indocumentados a un país mísero en el que afrontan consecuencias inciertas es un método de disuasión éticamente cuestionable.
El Mediterráneo también se lleva cada año la vida de muchos inmigrantes. El último caso que ha creado estupor es la muerte de cientos de personas frente a la isla italiana de Lampedusa. En otras travesías menos trágicas y difundidas, el destino que les espera a los emigrados sin papeles que arriban a Italia es ser encerrados en centros de identificación y expulsión. Pero las críticas a los países receptores o de tránsito del Mediterráneo se han centrado en especial en Grecia, que en los últimos tres años ha sido condenada varias veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por las malas condiciones en las que se encuentran los inmigrantes detenidos y por su baja tasa de aceptación de solicitudes de asilo. El malestar de los reclusos en Grecia explotó en agosto, cuando en el centro de detención de Amygdaleza los internos se rebelaron después de que a 1.200 de ellos se les informara de que su detención podría durar hasta 18 meses. 
España, otro de los grandes puntos de entrada migratoria, cuenta con ocho centros de internamiento de extranjeros (el año pasado se cerró uno en Málaga por sus pésimas condiciones). Según la organización Pueblos Unidos, éstos no reúnen las condiciones adecuadas, producen un fuerte impacto psicológico sobre los internos y albergan a una inmensa mayoría de personas sin antecedentes penales; en algunos casos, la negligencia y la falta de servicios médicos adecuados han llevado a la muerte de internos. Ante todos estos problemas, los países del sur de Europa alegan la imposibilidad de hacer frente a tanta presión migratoria, escudándose en la privación de recursos a los que les somete la austeridad presupuestaria y apelando a la solidaridad de la Unión Europea con la máxima de que la inmigración es un “problema europeo”.
Por el momento, la petición de ayuda de los países de la Europa meridional no se manifiesta en un esfuerzo comunitario por mejorar los centros, sino más bien en reforzar la vigilancia. Tras la tragedia de Lampedusa, la Comisión Europea propuso desplegar un equipo de patrullas de rescate e interceptación de embarcaciones con inmigrantes ilegales. También se contempla una intensificación de la cooperación con Marruecos y otros destinos de tránsito clave para frenar a los inmigrantes africanos en su trampolín a Europa. Se trata de medidas que deberían ser complementarias y, en ningún caso, pueden ser un sustituto a la dignificación de los centros de detención o al imprescindible cambio normativo que impida que tantos inocentes se encuentren recluidos en ellos.
No todos los inmigrantes africanos se dirigen hacia el Norte, sino que un número importante de ellos avanza, en dirección contraria, hacia el gran polo de la inmigración continental: Suráfrica. Allí llegan miles de emigrados de los vecinos Zimbawe y Mozambique, pero también de Nigeria, República Democrática del Congo, Sudán o Etiopía. La ruta es distinta, pero el destino inmediato tiene similitudes con el que les esperaría en Europa: centros de detención y deportación como Lindela, en las afueras de Johannesburgo, donde llega a haber hasta 54 internos en habitaciones diseñadas para 18 y donde la corrupción permite que los que disponen de cien dólares puedan comprar su libertad sobornando a policías y agentes de inmigración.
El debate sobre las condiciones de detención de los inmigrantes pendientes de deportación a veces ensombrece un hecho clave: encerrarlos sólo es admisible cuando no hay otra forma de asegurar que cumplirán con las órdenes de expulsión, o cuando supongan una amenaza real para la comunidad. En los demás casos, opciones menos restrictivas que el encarcelamiento tradicional, como los dispositivos de seguimiento, deberían ser la norma. Pero aun cuando el uso de alternativas a la detención podría ahorrar sufrimientos adicionales a los inmigrantes, el problema es más profundo. A la larga, sólo una normativa más abierta a aceptar a estas personas en los territorios en los que recalan puede poner freno a su criminalización y a la privación inmerecida de su libertad.  

viernes, 12 de julio de 2013

Human Rights Watch pide a la ONU pronunciarse sobre violencia política en Venezuela

Agencias Noticiosas  

Director Ejecutivo de HRW, José Miguel Vivanco


HRW pide a la ONU pronunciarse sobre violencia postelectoral en Venezuela



 La organización Human Rights Watch (HRW) solicitó a la ONU que se pronuncie sobre las denuncias por hechos de violencia en Venezuela que dejaron 11 muertos tras las elecciones presidenciales de abril y exija al gobierno investigarlas, según una carta publicada este jueves.

“A la luz de las graves denuncias sobre abusos documentadas por organizaciones locales de derechos humanos, le instamos respetuosamente a que exija al gobierno de Venezuela que investigue de manera oportuna, exhaustiva e imparcial todos estos incidentes y juzgue a los responsables en los casos en que se hayan cometido abusos”, señaló el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, en la misiva.
El documento de la organización de derechos humanos está dirigido a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Naventhem Pillay, y los relatores de la organización sobre libertad de reunión, libertad de expresión, torturas, detención arbitraria, independencia de magistrados y abogados, y la situación de los defensores de derechos humanos.
Una serie de protestas se desataron en los días posteriores a la elección presidencial del 14 de abril en rechazo al resultado, que dio como ganador al actual mandatario Nicolás Maduro sobre el opositor Henrique Capriles por una diferencia de 1,49% de los votos.
La oposición ha impugnado los comicios y demanda su anulación total o parcial.
La fiscalía venezolana anunció la imputación de ocho personas por estos hechos, que dejaron 11 muertos, según cifras oficiales.
Y en junio, el canciller venezolano, Elías Jaua, expuso los hechos ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, donde se reunió con Pillay.
Pero HRW denunció que el informe venezolano presentado “atribuye la responsabilidad por estos incidentes a Capriles” y omite las denuncias de organizaciones venezolanas defensoras de derechos humanos.
“Nos preocupa profundamente que las autoridades venezolanas estén utilizando investigaciones penales como una herramienta política para acusar a opositores, sin la debida justificación, de haber participado en delitos, y que a la vez no investiguen adecuadamente denuncias creíbles que se han formulado sobre graves violaciones de derechos humanos”, cuestionó la organización.
Entre las denuncias, algunas señalan que las autoridades policiales se excedieron en el uso de la fuerza para dispersar a los seguidores de Capriles, y que éstos habrían sufrido detenciones arbitrarias, tortura y amenazas de violencia sexual.
Según la información recabada por las ONG locales, “las autoridades no han investigado adecuadamente los casos documentados en los informes”, expresó HRW. 

sábado, 15 de junio de 2013

Régimen venezolano da libertad condicional a presa personal de Chávez

Tomado de BBC Mundo 
Afiuni: libertad condicional para “la presa personal de Chávez”
Si bien el gobierno de Venezuela insiste en que en su sistema democrático no caben los presos políticos, eso no es lo que piensa la jueza María Lourdes Afiuni, que se considera "la prisionera personal de Hugo Chávez".

Por Abraham Zamorano

Este viernes se conoció que las autoridades ordenaron su excarcelación, pero Afiuni continuará siendo juzgada en libertad condicional, tras casi tres años y medio de reclusión. Tendrá que presentarse ante un juez cada 15 días ni podrá salir del país. Además, tampoco hablar con la prensa ni, lo que es nuevo, hacer uso de las redes sociales: en Twitter tienen 250.000 seguidores.

Afiuni es la jueza que en 2009 exasperó a Hugo Chávez liberando a Eligio Cedeño, un banquero acusado de varios delitos que llevaba tres años pendiente de juicio. Ante eso, el difunto mandatario pidió dureza contra ella, la pena máxima de 30 años e incluso cambiar la ley si hacía falta porque "es mucho más grave un juez que libere a un bandido, que el bandido mismo".

Desde entonces, Afiuni ha vivido un proceso que es presentado como paradigma por quienes cuestionan la existencia de un poder judicial independiente en el país.
Su caso llegó a ser objeto de unas críticas a la que incluso se sumó el intelectual izquierdista estadounidense Noam Chomsky.


Para el chavismo, sin embargo, la resonancia internacional que tiene no es más que un elemento más de la campaña de descrédito contra la revolución bolivariana. Aseguran que se trata de un proceso que lleva adelante ante jueces independientes y con todas las garantías.

El delito


Los problemas de Afiuni empezaron cuando en diciembre de 2009 aplicó la recomendación del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas que había cuestionado la situación del banquero Eligio Cedeño.

Resolvió otorgar libertad condicional a Cedeño, que llevaba cerca de tres años detenido sin que comenzara su juicio. La ley venezolana establece un tope de dos años.

Aunque le prohibió abandonar el país, el banquero, que se consideraba "preso político", huyó a Estados Unidos, donde recibió asilo.

La fiscalía estimó que había habido irregularidades en la liberación y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebín) la arrestó.

Chávez expresó su indignación. "Habrá que meterle pena máxima a esta jueza y a los que hagan eso, ¡30 años de prisión!, pido yo a nombre de la dignidad del país", dijo en televisión.

En prisión se encontró con mujeres a las que ella misma había sentenciado. Encerrada en una celda de 3 por 2,5 metros, denuncia que fue atacada con armas blancas y agredida sexualmente.

Entonces abrió su cuenta en Twitter, que supera los 250.000 seguidores y es el único medio por el que se podía expresar públicamente hasta este viernes, cuando entre las medidas cautelares, se le prohíbe hacerlo, según le confirmó su abogado a BBC Mundo.

No tardó en recibir muestras de solidaridad en Venezuela e internacionalmente. Incluso Chomsky se unió a la campaña por su liberación con una carta a Chávez, por quien nunca había ocultado sus simpatías.

Tras un año y dos meses en el presidio del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), fue decretado el arresto domiciliario. Así su casa se convirtió en su prisión por los siguientes dos años y cuatro meses.

 

"Torturas"


Eso, hasta este viernes, una semana después de que la fiscal general del Estado, Luis Ortega, anunciara en su cuenta personal de Twitter su solicitud de libertad condicional para Afiuni.

Tuvo que pasar una semana para que se consumara la medida. El abogado de la jueza, Jose Amalio Graterol, califica de "tortura" la dilación.

"Esta espera también es un trato cruel, inhumano y degradante, y constituye una tortura psicológica", le dijo el letrado a BBC Mundo.

Según su abogado, sin embargo, esta no es la primera vez que padece torturas. Ya en el INOF sufrió heridas de arma blanca y quemaduras de cigarrillos después de haber llegado con un certificado de buen estado de salud.

"Además, tuvo el valor de denunciar que había sido violada", comentó Graterol.

Problemas de salud


Otra queja recurrente de su entorno es la actitud de las autoridades ante sus constantes problemas de salud. Afiuni ha tenido problemas para ser atendida por un médico por depender de la autorización de la jueza que ve su caso.

"Tiene problemas renales, cistitis y problemas urinarios. En una axila tiene un quiste y en un seno también. No ha podido operarse", le relató a BBC Mundo su hermano, Nelson Afiuni.

"La fiscalía se ha preocupado, pero la que autoriza que es la juez y no le da la gana a veces", se quejó.

El hermano de la jueza contó que el mayor problema se da cuando enferma en fin de semana, pues les resulta imposible encontrar a la autoridad encargada de autorizar su traslado a un centro médico.

"Una vez se intoxicó. Hasta la fiscalía fue a ver qué pasaba y tuvo que esperar a que el lunes llegara la autorización de la juez, pero bajo presión, bajo denuncia", agregó.

 

Sin declarar a los medios


A solicitud de la fiscalía, la jueza tendrá que presentarse cada quince días ante las autoridades, no podrá salir de Venezuela y tampoco podrá hablar con los medios de comunicación. La novedad es que tampoco podrá hacer uso de su cuenta en la red social Twitter.

La presentación ante las autoridades es una fórmula habitual para minimizar el riesgo de fuga. Para el veto a las declaraciones a los medios o las redes sociales es para lo que no encuentra justificación su abogado.

"Apelamos y nunca nos han dado la razón ante algo a criterio nuestro inconstitucional que violenta la libertad de expresión", le dijo Graterol a BBC Mundo.

En cualquier caso, al poder salir de su domicilio, pudo hacer realidad su deseo de visitar varios templos religiosos para cumplir con sus promesas, mientras continúa su juicio cuya sentencia espera para septiembre.

BBC Mundo visitó a Afiuni en 2011


El apartamento en Caracas donde vive con sus padres y su única hija, de 19 años, es su prisión.

Por turnos, dieciséis militares cuidan que no se escape: dos militares vigilan el portón de acceso al edificio, dos se apostan en otro ingreso y otros cuatro pasan todo el día sentados frente a la puerta de su apartamento.

Ellos llevan registro de quién ingresa a la casa de la jueza, que no puede tener más de cinco visitas al día.

Allí recibe a BBC Mundo. Pero Afiuni, por decisión de juez de la causa, no puede dar declaraciones a los medios de comunicación.

Su hermano, Nelson, hace de vocero: "No puede hablar ni del clima con los medios".

Ella se sienta en el sillón, fuma, hace catarsis en Twitter, sonríe, frunce el ceño.

Durante el día aprovecha para hacer un curso de ingles a través de internet, arma rompecabezas, lee y por las tardes coloca sus piernas sobre la ventana enrejada para recibir un poco de sol.

Los materiales de su defensa y documentos judiciales no están en su casa porque los guardias pueden allanarla en cualquier momento.

No habla por teléfono porque los teléfonos, dicen sus familiares, están "pinchados", así que se comunica mayormente con el servicio de mensajería de su teléfono.

Detrás suyo, mirando hacia el exterior, una bandera venezolana con la inscripción "Afiuni" enseña que en el cuarto piso de ese edificio vive la jueza.

Una vez al mes sale a la calle. Cuando la trasladan a tribunales para ser juzgada, ella se niega a ingresar a sala porque considera que no va a tener un juicio justo, dice su hermano.
Juan Paullier - 9 de diciembre de 2011

Qué dijo Chávez

Chávez, tras la detención en 2009
·       "Viene una juez bandida, una bandida (…) todo estaba montado. Yo exijo dureza contra esa jueza, incluso le dije a la presidenta del Tribunal Supremo, a la Asamblea Nacional, habrá que hacer una ley porque es mucho más grave un juez que libere a un bandido, que el bandido mismo".
·       "Entonces habrá que meterle pena maxima a esta jueza y a los que hagan eso, ¡30 años de prisión!, pido yo a nombre de la dignidad del país".
·       "A la juez esa deberían meterle 30 años de cárcel, Simón Bolívar hizo un decreto: aquel que tome un centavo del Tesoro público será pasado por las armas, es decir, fusilado y el juez que no lo hiciera será también pasado por las armas”
·       "Es más grave tener jueces que liberan delincuentes (…) “no, eso es lo último que podemos tener nosotros, porque el juez es el encargado de imponer la sentencia, si vamos a tener jueces delincuentes, sálvese quien pueda”

Chávez, a la BBC en 2010
·       "Ha actuado un poder absolutamente autónomo, un Poder Judicial que condenó a una exmagistrada".
·       "Aquí hay una lucha a muerte contra la corrupción (…) y nunca antes funcionaron como hoy los poderes venezolanos en plena autonomía".