martes, 12 de noviembre de 2013

Historia de los pecados de una comunicadora: Te suena familiar?

Tomado de El País
Iolanda Mármol
Las mentiras de una periodista en Canal 9

Una trabajadora de RTVV explica en Twitter cómo debía informar bajo las directrices del PP

Miquel Alberola

El Partido Popular puso Canal 9 a su servicio desde el verano de 1995, cuando desalojó al PSPV-PSOE del Palau de la Generalitat. Desde ese momento, la cadena televisiva se convirtió en un instrumento de propaganda de las políticas del Gobierno valenciano y, sobre todo, la mayor publicista de la figura de los sucesivos presidentes de la Generalitat: Eduardo Zaplana y, tras el breve período de José Luis Olivas, Francisco Camps.
En todos esos años los informativos solo han reflejado aquello que los comisarios políticos de turno iban priorizando al servicio de Presidencia de la Generalitat. Una de las trabajadoras de la actual Nou (antes Canal 9), Iolanda Màrmol, ubicada en la delegación de Madrid, colgó ayer en su cuenta de Twitter(@iolandamarmol) un escrito que tituló Mis mentiras en Canal 9, donde explica jugosos detalles:
“Recuerdo cuando nos exigían grabar a Eduardo Zaplana en su perfil bueno. Y la oda que me encargaron sobre él cuando dejó la presidencia de la Generalitat Valenciana para ser ministro. También recuerdo la bronca y los gritos que me dedicaron cuando en ese vídeo de retrospectiva Zaplana aparecía en una imagen con la tránsfuga que le había permitido hacerse con la alcaldía de Benidorm. Recuerdo poco después, cuando de ser el Elegido, paso a ser el innombrable. Cómo nos prohibieron que apareciera en los planos".
Y prosigue: "Cómo buscaba perífrasis absurdas cuando no podía nombrarle en mis directos en los leones, a pesar de ser el portavoz del PP en el Congreso. Cuando Camps impuso su ley en Canal 9. Cuando nos dieron la orden de dejar de llamarle Francesc para que fuese llamado Francisco, coincidiendo con la época en que se postulaba como posible sucesor de Rajoy. Cuando trataron de prohibirme que contase que Zaplana dejaba su escaño en el Congreso. Cuando me prohibieron decir que Zapatero había anunciado el cheque-bebé, como si de este modo los valencianos no fuesen a conocer la noticia. Cuando escribías 'fracaso estrepitoso' y te lo cambiaban por 'éxito discreto'. Cuando nos desplegaron para loar las maravillas de Terra Mítica en su inauguración y no podíamos decir que no había ni una sombra. Cuando me reñían porque me salía el acento catalán 'y eso molesta a los blaveros[anticatalanistas]".
"También recuerdo cómo corría el cava en las plantas de dirección de Canal 9 en Burjassot las noches electorales de mayorías del PP, mientras que los redactores comíamos bocatas de salami. Cuando se pagaban directos millonarios para que Camps saliese hablando en directo en pleno Amazonas. Y los millones de veces en las que no me dejaron poner declaraciones de la oposición. O de cualquier ciudadano que criticase al PP, o a la Generalitat. Y recuerdo también cuando nos prohibieron decir 'recortes'. Tampoco pude decir que miles de manifestantes gritaban contra el gobierno. Los manifestantes no 'colapsaban' el Paseo del Prado, la manifestación 'transcurría por'. Y no poníamos pancartas explícitas contra Rajoy, ni contra el PP. Y fueron tantas, tantas, que un día empiezas a sentir vergüenza de trabajar para ellos. Ahora se termina. Injustamente. Pero lo ganaron a pulso”, concluye. 

lunes, 11 de noviembre de 2013

Fiscal General señala a ex funcionarios de la Administración Flores involucrados en caso de CEL-ENEL

Tomado de La Página
Fiscalía: Miguel Lacayo y Guillermo Sol Bang implicados en amaño de contrato Cel-Enel

Por Israel Serrano/Julio Villarán

Los ex funcionarios areneros durante la administración del ex presidente Francisco Flores, Guillermo Sol Bang, ex presidente de Cel y Miguel Lacayo, ex ministro de Economía han sido implicados en delitos en el caso Cel-Enel de acuerdo al informe dado a conocer hoy por la Comisión Especial de la fiscalía. Junto a Sol Bang y Lacayo, la fiscalía también señala a varios otros ex funcionarios de la administración Flores.

El Fiscal General, Luis Martínez, aseguró esta mañana que espera un fallo condenatorio contra los ex funcionarios involucrados en el caso del contrato Cel-Enel. Martínez dijo confiar en una “sentencia sólida y razonada”  que sirva como ejemplo del avance de la justicia en la vida institucional democrática del país.

El fiscal general dio estas declaraciones este lunes por la mañana durante la entrega de los resultados de la Comisión Especial de la Fiscalía en torno al caso Cel-Enel.  Martínez ha dicho que se hará un reclamo por $1,000 millones como parte de la responsabilidad civil que se pedirán sean devueltos al Estado. 

"Esta investigación fiscal es un precedente histórico en el Ministerio Público”, detalló. 

Además reiteró que está comprometido con poner fin a la “impunidad y corrupción”, por lo que hizo un llamado a los salvadoreños a procurar por un mejor país en “libertad, justicia y seguridad”.


El funcionario reiteró que se debe dejar atrás en “conformismo de las instituciones” a la corrupción y tener un compromiso claro en su combate. “Los empresarios visionarios y políticos serios aplaudirán este camino”, enfatizó.

Asimismo aseguró que se “acabaron los privilegios” en el ejercicio de la impunidad y confirmó que con la recepción de los insumos de la investigación realizada por la Comisión Especial se inicia el requerimiento fiscal en este caso.

“Una afirmación  rotunda del principio democrático de gobernantes y gobernados, sin ningún excepción ante la ley”, enfatizó Martínez.

“La investigación no ha crucificado a nadie, guillotinado y no es una vendetta de la coyuntura política”, por lo que esperamos que los involucrados reciben las sanciones correspondientes. Sin intereses mezquinos, reiteró el funcionario.

Martínez insistió que las investigaciones se han realizado de “manera clara y directa” y con el razonamiento de todos los sectores involucrados, por lo que ahora se ha sacado a la luz “actos inescrupulosos” que han causado muchos daños al Estado.

“Éste trabajo realizado es una oportunidad única para disminuir la deuda histórica en torno a la justicia”, finalizó.

Irregularidades en el contrato Cel-Enel

Saúl Morales, coordinador de la comisión especial de la Asamblea Legislativa  en representación de la Fiscalía que investigó el caso Cel-Enel, confirmó este lunes, que uno de los hallazgos encontraros reflejan que el ex ministro de economía, Miguel Lacayo, autorizó ilegalmente  la búsqueda de un socio estratégico para incrementar la producción geotérmica en el país, sobrepasando las facultades que le dada la ley.

Morales en la entrega del documento al Fiscal General de la República, Luís Martínez, detalló el Órgano Legislativo es el único ente Estatal para autorizar dichos procedimientos y no un funcionario de segundo nivel como el entonces ministro de economía.

Además confirmó que Lacayo era quien dirigía el gabinete económico del ex presidente Francisco Flores, por lo que es responsable directo del contrato Cel-Enel.

El representante de la Fiscalía dijo esperar que la investigación no tenga “obstrucciones” y reiteró que el trabajo de los diputados ser realizó a base de documentación probada y no por rumores en torno al caso.

Asimismo destacó que el informe final de la comisión contó con los votos de todos los partidos políticos y no hubo ningún voto razonado al respecto

Morales explicó que la investigación se realizó desde el inicio de la problemática y han dejado una “hoja de ruta” para que la Fiscalía pueda terminar el proceso y enjuiciar a los responsables.

El fiscal reiteró que en el caso Cel-Enel algunos funcionarios sobrepasaron sus funciones e incluso se manipularon algunas leyes para permitir la privatización encubierta de activos del estado por lo que no descartó que se haya cometido un “fraude de ley”. 

Estado salvadoreño afectado con $1,000 Millones por corrupción en caso CEL-ENEL señala FGR

Tomado de Diario1

Estado reclamará más de mil millones dólares en caso CEL-ENEL
EN DESARROLLO | La Fiscalía General de la República presentó esta mañana los resultados de la investigación realizada por el caso CEL ENEL.

El Fiscal General de la República, Luis Martínez, dijo este lunes durante la entrega de los resultados de la investigación que realizó una comisión especial en torno al caso CEL-ENEL, que el Estado reclamará más de mil millones de dólares.
El dinero perdido es parte de la responsabilidad civil que se pedirá sea devuelto, según detalló Martínez.
“Este trabajo realizado por la FGR es una oportunidad para empezar a enderezar la deuda histórica que el Estado tiene hacia la sociedad”, dijo Martínez, para quien también sienta un “precedente histórico” en el país.
“Nadie está por encima de la ley. Esta investigación no es una vendetta de una determinada coyuntura política. Solo esperamos que reciban la sanción ante los tribunales de justicia…”, dijo Martínez.
Tras Luis Martínez, el abogado Saúl Morales, miembro de la comisión especial CEL Enel, continuó con la explicación de los hallazgos encontrados en investigación.
Morales, al tomar la palabra, explicó a detalle el proceso de concesión sin autorización de la Asamblea Legislativa, que en privatizaciones anteriores siempre había emitido una ley para cada caso. Aunque reconoció que, según la ley, la CEL sí tenía atribuciones en algunos aspectos de esta concesión. 

domingo, 10 de noviembre de 2013

Prensa europea destaca enorme inversión Centroamericana en armas de guerra en un entorno de galopante pobreza

Tomado de El País
Aviones A 37
Centroamérica gasta en la competición por la supremacía aérea
Persisten el recelo y la desconfianza entre las Fuerzas Armadas del istmo por las compras bélicas de sus vecinos

Por José Meléndez

La supremacía aérea militar es un foco de permanente desconfianza y recelo entre las fuerzas armadas de Centroamérica. Pese a los escenarios de creciente marginación social, los aparatos castrenses regionales siguen gastando en una constante carrera armamentista que en el siglo XX fue estimulada por la represión anticomunista y ahora es impulsada por el combate al crimen organizado.
Guatemala está a la espera de seis aviones Súper Tucano, de reconocimiento y combate, que compró a Brasil en 133 millones de dólares y en una operación que terminó de formalizar en abril pasado tras varios años de negociaciones. El Salvador pagó 8,5 millones de dólares a Chile por 10 aviones A-37 Dragonfly, fabricados en Estados Unidos y que el ejército chileno estaba en proceso de desechar porque fueron construidos hace más de 50 años. Honduras recibirá una donación de Estados Unidos de seis helicópteros que serán entregados en febrero de 2014, para la lucha contra el narcotráfico.
Valorados en 40 millones de dólares, seis helicópteros Súper Huey fueron donados el 7 de octubre anterior por Estados Unidos a Guatemala para el combate al narcotráfico. Rusia, que en los últimos años ha reactivado con intensidad su presencia castrense en América Latina y el Caribe, suministró dos helicópteros MI-171 a Nicaragua en 2009. En forma paralela, Moscú ha entregado una ayuda militar por más de 26,5 millones de dólares al Ejército de Nicaragua desde 2009.
Honduras anunció en junio de 2011 que, para combatir al narcotráfico en áreas profundas del mar Caribe y en sitios remotos de su territorio, pretendía adquirir helicópteros Bell 212 y aviones Caravan 208, de manufactura estadounidense, así como aeronaves brasileñas Súper Tucano. Todo era parte de un extenso pedido castrense que incluía radares, guardacostas y lanchas rápidas, entre otros equipos, pero que por dificultades financieras fue cancelado. Una fuente militar hondureña dijo a EL PAÍS que “de ese asunto no se ha hablado más”, ya que está congelado.
El Salvador suspendió o paralizó en febrero de 2011 una compra de 10 aviones Súper Tucano a Brasil, por aproximadamente 110 millones de dólares y con financiamiento foráneo. El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, declaró que aunque tampoco desistía de la idea, la operación se posponía porque “hay problemas más apremiantes” en salud, educación y vivienda que renovar la flotilla aérea militar.
“Para tristeza de nuestros pueblos, cada día más los gobiernos de estos países pobres invierten hoy en armas de guerra, en lugar de invertir en educar, en alimentar, y en crear fuentes de empleo”, dijo la costarricense Lina Barrantes, directora de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, una organización no estatal de San José.
“Centroamérica vivió en la década de 1980 una cruel guerra que nos dejó miles de muertos. Cuando alcanzamos los acuerdos de paz (en 1987), la apertura de espacios democráticos desgraciadamente no vino acompañada de un aumento en las oportunidades para nuestros pueblos. Centroamérica sigue siendo hoy una de las regiones más desiguales, pobres y violentas del mundo”, advirtió Barrantes, en una entrevista con este periódico. “En 25 años no hemos conseguido erradicar las causas que nos llevaron a esa guerra, que fueron justamente la pobreza y la desigualdad”, puntualizó.
“Lamentamos profundamente” el anuncio hecho por El Salvador el pasado 31 de octubre de que comprará los aeroplanos a Chile, que es la más reciente compra militar millonaria en el istmo, ya que se “hace una enorme inversión para nuestras economías en aviones militares”, comentó Barrantes.
En este panorama, Honduras protestó por la compra salvadoreña. En “estos movimientos armamentistas está la posibilidad de querer crear un escenario bélico e hipotético” en el Golfo de Fonseca, reclamó la canciller hondureña, Mireya Agüero, el pasado jueves, al ligar la adquisición de las aeronaves con un litigio entre Tegucigalpa y San Salvador por la posesión de una isla en esa zona sobre el litoral Pacífico que comparten Honduras, El Salvador y Nicaragua.
El caso, añadió, “lo hemos analizado como una abierta amenaza para la implementación” de una sentencia de 1992 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, acerca de la delimitación en Fonseca.
Sin embargo, la práctica es vieja en una zona en la que aunque Honduras ha ostentado la supremacía aérea regional, ha habido una permanente competencia por el predominio en los aires. Pese a que los ejércitos de Honduras, El Salvador y Guatemala se replegaron a sus cuarteles tras el proceso de pacificación regional—entre 1987 y 1996—y luego de mantener un intenso protagonismo político en el siglo XX, en los últimos años han retornado a las calles, en un proceso de remilitarización de las sociedades centroamericanas con el alegato de combatir al crimen organizado.
Si los militares guatemaltecos salen de compras para abastecer sus despensas bélicas y modernizar sus capacidades de ataque y defensa, sus vecinos salvadoreños y hondureños reaccionan con recelo y desconfianza. Y si son los hondureños, sus vecinos nicaragüenses, guatemaltecos y salvadoreños responden con inquietud. Igual sucede si son los salvadoreños o los nicaragüenses.
El control aéreo militar de Centroamérica siempre ha estado en disputa, como parte del equilibrio de las fuerzas armadas frente a la potencia de tropas de infantería y de fuego antiaéreo de cada país. En el decenio de 1980, en medio de las guerras en el istmo entre guerrillas izquierdistas respaldadas por Cuba y la entonces Unión Soviética y ejércitos apoyados por Estados Unidos, como reflejo de la pugna comunismo versus comunismo, Moscú entregó 60 helicópteros MI-8, MI-17, MI-24 y MI-25 a Managua, pero bajo la amenaza de Washington de que se abstuviera de enviar aviones de combate.
La Fuerza Aérea hondureña se convirtió en la segunda mitad del siglo XX, y con apoyo de la Casa Blanca, en símbolo del poder castrense de Honduras y obtuvo la supremacía aérea como factor clave del equilibrio militar regional. Los hondureños recibió seis aviones Embraer T-27 Tucanos, de Brasil, y 12 aviones supersónicos F-5, de Estados Unidos, entre otros.
En una región en la que la tasa de homicidios ha llegado en algunas etapas a 44 por cada 100 mil habitantes, para convertirse en la más alta del mundo (11 veces superior que el promedio internacional), el gasto en seguridad de Centroamérica alcanzó 4.000 millones de dólares en 2010. Costa Rica abolió su ejército en 1948 y Panamá en 1992 y disponen de policías civiles para su seguridad interna, pero también destinan millonarios recursos en su seguridad pese a las carencias sociales.
Por su cercanía geográfica con las bases de producción de cocaína en Colombia y con los enormes centros de consumo de estupefacientes en Estados Unidos, Centroamérica se convirtió en los últimos 20 años en el principal pasillo del narcotráfico para transportar drogas por sus vulnerables fronteras terrestres, marítimas y aéreas hacia México, en ruta al mercado estadounidense.

El Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, acantonado en Florida, calcula que entre el 80% y el 90% de la cocaína que ingresa a esa nación se transporta por mar, empleando rutas costeras, terrestres y aéreas de Centroamérica y en un corredor entre México y Colombia por los dos litorales.

Latinos ven un cambio positivo de la Policía de Suffolk después de la muerte de Marcelo Lucero

Agencias Noticiosas
Comunidad de todas las etnias conmemoran juntas la muerte de Marcelo Lucero en Patchogue, Nueva York

Desde que Steve Bellone, nuevo jefe del condado salió electo en 2011 e inició su puesto en enero del 2012, cada promoción de policías debe tener al menos un 10% de miembros que hablen español, dijo Luis Montes, jefe adjunto de Bellone

Muerte de Lucero ayudó a cambiar a la policía

Por CLAUDIA TORRENS

PATCHOGUE, Nueva York, EEUU (AP) — Cecilia Bonilla, dueña de un restaurant ubicado en la estación de trenes de Patchogue, recuerda vívidamente a Marcelo Lucero, a quien le vendía todos los días un café por la mañana hasta que fue asesinado a metros de su negocio en noviembre del 2008. Y se sorprende al pensar lo mucho que han cambiado las cosas en esta localidad de Long Island, en las afueras de Nueva York, donde reinaba un feo ambiente de intolerancia racial cuando Lucero fue apuñalado, según muchos inmigrantes hispanos.

Cinco años atrás abundaban las agresiones físicas a la comunidad inmigrante, que no eran denunciadas por sus víctimas porque no confiaban en la policía. El asesinato de Lucero alteró esa dinámica.
"Aquí impactó mucho su muerte", dice Bonilla, una salvadoreña de 48 años, mientras fríe plátanos y pollo. "Pero ahora la gente reporta a la policía, sean documentados o indocumentados. Cambió mucho la situación. Todavía se oye que se golpea a gente, pero ya no es tanto como antes. Antes era peor".

Si de algo sirvió la muerte de Lucero fue para generar un ambiente de mayor tolerancia en la zona, para que las autoridades se esforzaran por acercarse a los hispanos y para que ellos no temieran tanto acercarse a la policía, dijeron inmigrantes y activistas locales.

"Hay más confianza, ya no hay tanto miedo", dice Fabián Tacuri, un pintor ecuatoriano de 42 años nacido en Gualaceo, el mismo pequeño cantón en las montañas del sur de Ecuador de donde era oriundo Lucero y del que provienen muchos ecuatorianos que viven o trabajan en Patchogue, un pueblo a unos 95 kilómetros (60 millas) al este de la ciudad de Nueva York. "Si se comete un delito, se llama a la policía al 911. Yo lo haría ya, y sé que otros también. Antes había más desconfianza".

Lucero murió a manos de siete jóvenes de aproximadamente 17 años que se dedicaban a agredir a hispanos como pasatiempo y que se toparon con él en la estación de tren del poblado. Le llamaron mexicano de forma despectiva ("beaner" en inglés) y lo apuñalaron. Los siete fueron condenados por un crimen motivado por intolerancia racial y cumplen diversas sentencias en la actualidad.

Jeffrey Conroy, quien tenía 17 años en 2008, fue acusado de matarlo de una puñalada y cumple una condena de 25 años. Otros tres acusados, Christopher Overton, Anthony Hartford y José Pacheco, terminan sus sentencias a finales de 2014 y otros tres saldrán de prisión en 2015.

"Después de la muerte (de Lucero), un grupo de gente alzó la voz y protestaron, y pidieron justicia", dice el pintor Tacuri, que lleva 21 años en el país. "Ese es el cambio que se ha venido dando, y ahí fue cuando aumentó la confianza entre la comunidad y la confianza con la policía".

Tras el homicidio, el Departamento de Justicia inició una investigación sobre la policía del condado de Suffolk pues la comunidad había denunciado prácticas policiales discriminatorias. Decían que las autoridades no investigaban crímenes motivados por la intolerancia racial cuyas víctimas fueran hispanas y que los latinos no denunciaban delitos de los que eran víctimas o no cooperaban en caso de ser testigos por miedo a ser arrestados por encontrarse en el país sin autorización legal.

Varios hispanos habían reportado ataques por los mismos adolescentes que mataron a Lucero. Presuntamente les habían tirado botellas de vidrio, les dispararon con escopetas de aire comprimido y fueron acosados. En 2000, dos jornaleros mexicanos sufrieron serias lesiones al ser apaleados en el pueblo vecino de Farmingville. Allí, la casa de una familia mexicana fue incendiada en 2003. Ambos incidentes fueron descritos por las autoridades como delitos perpetrados contra la comunidad inmigrante.

Resultados preliminares de la investigación gubernamental fueron publicados en una carta en 2011, que recomendó a la policía no dejarse llevar por el aspecto físico o el idioma para catalogar a personas como "nacidas en el extranjero" y que establecieran un mejor sistema de registro de quejas por parte del público.

"La tendencia a no prestar atención a ataques que son considerados como 'tonterías de adolescentes' ignora la severidad de la conducta criminal de algunos menores, tal y como se vio en el asesinato de Marcelo Lucero, cuyos atacantes acudían a la escuela superior", señaló la misiva del gobierno.

El Departamento de Justicia también pidió aclarar a los policías la diferencia entre delitos juveniles y delitos de intolerancia racial.

Dos semanas después de la muerte de Lucero, el gobierno municipal inició una serie de reuniones bilingües públicas en la biblioteca del pueblo, a las que acudieron policías y migrantes. Se habló de temas que preocupaban a la comunidad hispana y de cómo se podía mejorar su relación con las autoridades.

Gilda Ramos, una peruana que trabaja en la biblioteca de Patchogue, dijo que con el tiempo empezó a ver más volantes y panfletos de la policía en español por las calles.

Uno de ellos, puesto en el centro del pueblo, dice: "el departamento de policía del condado de Suffolk no pregunta a las víctimas de crímenes, a testigos o a personas pidiendo asistencia, sobre su estado de inmigración". También pide a la comunidad llamar a las autoridades si se es víctima de robos.

"Eso no se veía antes", dijo Ramos. Bonilla, la dueña del restaurante 'La Confianza', explicó que a veces la policía entra a su establecimiento y pregunta si pueden colocar carteles en la puerta, donde se pide a los hispanos que reporten los crímenes de los que son víctimas o de los que han sido testigos.

Los policías del departamento que hablan español empezaron a patrullar más las calles tras el homicidio. Desde que Steve Bellone, nuevo jefe del condado salió electo en 2011 e inició su puesto en enero del 2012, cada promoción de policías debe tener al menos un 10% de miembros que hablen español, dijo Luis Montes, jefe adjunto de Bellone.

Patricio Murillo, ecuatoriano que vive en el pueblo cercano de East Meadow y trabaja en Patchogue, dice que hace años la policía le multó por una infracción de tráfico con una multa exagerada, y asegura que los policías le trataron con poco respeto por ser hispano. Pero dice también que no dudaría en llamar a las autoridades si fuera víctima o testigo de un crimen. "Hay más respeto, tal vez por temor a las leyes", señaló.

Portavoces de la policía de Suffolk dijeron a The Associated Press que se han mejorado los servicios a la comunidad y que eso ha resultado en una reducción del crimen y en "una mejora de la relación de trabajo con las comunidades a las que servimos".

Hace dos años fueron más específicos y dijeron a la AP que tomaron nuevas medidas para lidiar contra crímenes motivados por la intolerancia racial: los policías toman un curso anual de ocho horas sobre este tipo de delitos y tienen acceso a intérpretes de español a través de teléfonos móviles. El departamento cuenta desde hace años con una unidad para lidiar con crímenes derivados de la intolerancia racial.

Esta semana, los voceros explicaron que han mantenido conversaciones "muy productivas" con el Departamento de Justicia sobre el tratamiento de hispanos y manejo de crímenes de odio. Señalaron que hablarán sobre las medidas específicas que han implementado en los últimos años cuando se difunda un informe con las conclusiones definitivas de la investigación del gobierno.

"El departamento cree que se puede llegar a una resolución en este asunto en un futuro cercano", dijeron los voceros.

Dena Iverson, portavoz del Departamento de Justicia, dijo que la investigación "prosigue", de la que no hay policías suspendidos o sancionados.

En agosto tres jueces federales rechazaron admitir una demanda de la familia Lucero contra la policía y el condado de Suffolk, a los que acusaba de indiferencia y de falta de voluntad a la hora de proteger a los inmigrantes. Otra demanda interpuesta por la familia en contra de los padres de los acusados sigue en las cortes, según informó la oficina del abogado de la familia Lucero.

Algunos activistas dicen que la mejora en las relaciones de la comunidad se debe, en parte, a la elección de un nuevo jefe del condado. En el 2011 Steven Levy, quien se declaró enemigo de la inmigración ilegal, fue reemplazado por Bellone, que organizó nuevas reuniones públicas entre policía y la comunidad y promovió una ley que garantiza los servicios de traducción e interpretación en las instituciones del condado.

"Los grupos comunitarios han trabajado con la administración para tener una mejor comunicación con la policía", dijo Daniel Altschuler, coordinador de la Mesa Cívica de Long Island, una coalición de grupos que ayuda a inmigrantes. "Eso no hubiera pasado durante la época de Levy. Creo que todavía no vivimos en un paraíso, todavía hay mucho que mejorar, pero estamos en buen camino, trabajando con la nueva administración".

Levy dijo a la AP que muchas de las nuevas medidas para mejorar la relación entre la policía y la comunidad hispana se impusieron a finales de su mandato y después prosiguieron con la nueva administración. Levy nombró al primer comandante hispano de precinto en Patchogue y además a una agente de policía ecuatoriana que actuaba como enlace entre la comunidad y la policía, dijo. Levy también organizó reuniones en el precinto entre representantes de la policía e inmigrantes hispanos, señaló.

Los crímenes por intolerancia racial como el de Lucero cobraron un gran interés mediático porque ocurrieron durante una época en la que existía un fuerte debate en la zona sobre los efectos de la inmigración ilegal, explicó.

"Lamentablemente hay gente que intenta relacionar los crímenes contra hispanos, contra inmigrantes indocumentados, con gente que simplemente dice que deberíamos reforzar las fronteras. Y eso es simplemente ridículo, peligroso y erróneo", indicó.

Levy también describió el informe del Departamento de Justicia como "teatro político" ya que todos los que provocaron la muerte de Lucero están en la cárcel y las recomendaciones del gobierno fueron implementadas antes de que la misiva gubernamental fuera difundida.

La muerte de Lucero se convirtió en un símbolo de la intolerancia racial y movilizó a los inmigrantes que eran víctimas de ella. Dio lugar incluso a la creación de una organización que se dedica a ayudar a ecuatorianos, la Fundación Lucero América.

"Si no se está recordando lo que pasó, la gente se olvida y, lamentablemente, regresa a veces a la misma manera de tratar a nuestra gente", dijo Joselo Lucero, hermano de Marcelo.

"Este crimen, lamentablemente, forma parte de la historia de este pueblito", dijo Ramos, la peruana que trabaja en la biblioteca de Patchogue. "Pero creo que han cambiado las cosas. Se respira más tranquilidad y las personas se pueden acercar a la policía. Antes la veían de forma muy distante". 

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