viernes, 6 de junio de 2014

Decisión de mantener preso a Leopoldo López refirma régimen dictatorial en Venezuela

Tomado de La Voz de América 
"Juicio a Leopoldo López es dictatorial"
La defensa del líder opositor venezolano estima que podría fijarse fecha de juicio oral para agosto o septiembre de este año. Podría enfrentar una pena de hasta 13 años de prisión por expresar sus ideas políticas.
Por Aymara Lorenzo Ferrigni
A menos de seis horas de haberse conocido la decisión del tribunal que llevará a juicio a Leopoldo López, la Voz de América conversó con su abogado Juan Carlos Gutiérrez sobre esta decisión.

¿Cómo recibe la decisión del tribunal?

La decisión que ordena enviar a juicio a Leopoldo López por los cuatro delitos y la privación de libertad, (echa) por tierra o desacata un cúmulo de decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que establece conceptos básicos de derecho penal como la figura del determinador o el autor intelectual que exigen la relación directa entre el hecho determinado y el autor material. En este caso se trata de delitos de palabra, de delitos de expresión. Cuando en el caso de Hugo Chávez se le denunció como determinador, se especificaba que nunca había hecho un llamado expreso a un a persona a cometer un delito. En los términos como lo hizo López, nunca -- y así fue reconocido por la Fiscalía en la propia acusación-- nunca hizo un llamado a que alguna persona cometiera un delito específico.  Esa misma sentencia del TSJ que sirvió par absolver a Chávez, dice que no existe la figura del determinador ni el instigador cuando la misma se produzca hacia un grupo determinado de personas.

¿Esta decisión del tribunal sería un elemento más para reiterar que no estamos en una  democracia plena?

Indiscutiblemente, lo tengo que reconocer. Es una decisión que pudiera perfectamente catalogar de antidemocrática.

¿Es una dictadura entonces?

Pues si no es una democracia,  pudiéramos catalogarlo de una decisión dictatorial porque se está sentenciando, restringiendo la libertad de expresión, la libertad de hacer  política, de confrontar ideas y pensamientos Lo más grave, no es que hayan dejado privado de libertad a Leopoldo, porque él es un bregador, y desde el primero momento cuando se presentó sabíamos lo duro que iba a ser este juicio, y a pesar de lo duro, decidimos enfrentarlo. Lo que sí consideramos criminal y salvaje es que los jóvenes que estaban ayer con él, de 18,19 y 20 años, los hayan dejado privados de libertad. Eso es absolutamente censurable desde todo punto de vista, especialmente moral. Y eso fue lo que vimos ayer en la decisión de la juez


¿Hay fecha para el juicio?

El expediente debe ser enviado la próxima semana a un tribunal de juicio, pero en todo caso viene un proceso de apelaciones que vamos a intentar. Voy a apelar el miércoles de la semana que viene, pero tenemos también el Tribunal Supremo de Justicia y algunos recurso de amparo que vamos a presentar. Estimamos que pudiera fijarse un juicio oral entre los meses de agosto y septiembre de este año. 

¿Cómo se entiende que uno de los elementos que sustentan la acusación de la Fiscalía, esta misma institución sea la víctima?

Ese es precisamente nuestro primer punto de nulidad y de denuncia ante la jueza ayer. No solamente la fiscalía se autocertifica como víctima, sino también le da tal condición de víctima a la policía científica, al CICPC, y precisamente es esa fiscalía víctima con sus propios funcionarios, la que practicó diligencias de investigación. Es decir, la prueba fluyó del seno de la víctima y la otra parte probatoria del expediente se le encargó al CICPC quien también tenía el carácter de víctima. Esa sumatoria de actuaciones irregulares se enfrenta cuando las pruebas que presentó la defensa fueron negadas por la fiscalía. Hay un problema muy grave de conflictos de intereses, de faltas a la ética.

¿Cree que la jueza Adriana López actuó de esa manera para no verse reflejada en el espejo de la jueza Afiuni?

Estoy convencido  de que la jueza Adriana López debió haber estado sometida a graves presiones e injerencias por factores de poder político.

¿Qué fue lo último que le dijo Leopoldo tras la decisión de la juez?

Seguimos adelante, todavía tenemos mucha batalla qué hacer, nos vemos el viernes y el viernes vamos a trabajar muy duro en preparar toda la estrategia legal que vamos a continuar.



lunes, 2 de junio de 2014

Abdica el Rey de España

Tomado de El País 


El Rey abdica

El Rey tomó la decisión el pasado enero, el día de su cumpleaños


Rajoy: "Quiero transmitir que este proceso se desarrollará en un contexto de estabilidad"


Por Natalia Junquera
El rey Juan Carlos ha expresado en un mensaje dirigido a los españoles las razones de su abdicación, anunciada esta mañana, y ha agradecido el apoyo de la población durante sus años de reinado. El monarca ha destacado la "transformación de España" y lo "mucho y bueno conseguido entre todos" desde que la Transición. "He querido ser Rey de todos los españoles", ha dicho en su mensaje televisado, en el que ha destacado también que "una nueva generación reclama con justa causa el papel protagonista", encarnada en su hijo Felipe. 
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado la decisión del Rey de abdicar del trono. El Monarca, aquejado por un largo proceso de debilitamiento de su salud, estudiaba desde hacía tiempo la posibilidad de ceder el trono al Príncipe Felipe.
"Su majestad el Rey don Juan Carlos acaba de comunicarme su decisión de abdicar", ha comunicado Rajoy. "Espero que en un plazo muy breve, las Cortes españolas puedan proceder al nombramiento como Rey del que hoy es el Príncipe de Asturias", ha añadido el presidente.
Don Juan Carlos tomó la decisión el día de su 76 cumpleaños, el pasado 5 de enero. Se lo comunicó a Rajoy el 31 de marzo y al secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, tres días después. El Rey consultó el paso que iba a dar, primero, con el Príncipe y después con el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno. Además, encargó un informe político, jurídico y práctico sobre la abdicación. Se creó entonces un reducido equipo de La Zarzuela y con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría por parte del Gobierno, para decidir cómo se hacía el anuncio.
Rajoy ha elogiado la labor de don Juan Carlos como "un defensor infatigable de nuestros intereses" y ha transmitido que el proceso de abdicación se desarrollará "en un contexto de estabilidad institucional y como prueba de la madurez de nuestra democracia".
El presidente ha afirmado que el Rey Juan Carlos deja "una impagable deuda de gratitud" a todos los españoles. El presidente ha subrayado que el Rey ha sido "el mejor portavoz y la mejor imagen" del Reino de España en el exterior, un "defensor infatigable" de los intereses de España.
El propio don Juan Carlos ha escrito una carta al presidente que señala: "A los efectos constitucionales procedentes, adjunto el escrito que leo, firmo y entrego al señor presidente del Gobierno en este acto, mediante el cual le comunico mi decisión de abdicar de la corona de España".
Rajoy ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para tramitar la abdicación de don Juan Carlos. El presidente del Gobierno ha asegurado hoy que la preparación, el carácter y la amplia experiencia en asuntos públicos del príncipe Felipe constituyen una "sólida garantía de que su desempeño como jefe de Estado estará a la altura de las expectativas".
El Rey renuncia al trono tras 39 años de reinado. No quiso hacerlo cuando las sucesivas operaciones y pasos por el taller, como le gusta llamar al quirófano para quitarle importancia, avivaron el debate sobre su abdicación. El Rey, de 76 años, ha tomado la decisión de dar el relevo a su hijo, de 46, ahora, tras 39 años de reinado, cuando La Zarzuela y el propio Monarca habían recuperado la normalidad institucional tras meses de intervenciones quirúrgicas y convalecencias y con una leve remontada en las encuestas. La decisión, como aclaró el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, es de don Juan Carlos y nada más que de don Juan Carlos.
Es "una decisión muy meditada", afirman fuentes de La Zarzuela, que la desvinculan de la coyuntura política y de los problemas de salud de Don Juan Carlos, que ha aumentado su agenda institucional y los viajes estos últimos meses para aumentar la popularidad de la institución y dejar a la Corona lo mejor posible. Don Juan Carlos ha cancelado un acto que tenía hoy en Cataluña, mientras que el Príncipe ha llegado esta mañana de El Salvador. La Reina se va mañana a Nueva York.
Línea de sucesión de la Corona española. Foto tomada de El País


El Príncipe es el miembro de la familia real, con la Reina, mejor valorado en las encuestas. Don Felipe, que reinará como Felipe VI, es "el mejor preparado de los Príncipes de Asturias que ha habido", según declaró el propio Rey en una entrevista en TVE en enero del año pasado. "Podemos tener confianza, seguridad y sobre todo, sabemos que tenemos ahí a alguien preparado", añadió, en una entrevista en la que también dijo cómo quería ser recordado: "Como el rey que ha unido a todos los españoles y que con ellos ha conseguido recuperar la democracia y la monarquía".
La abdicación llega, no obstante, en un periodo muy delicado para la institución, con el caso Nóos, protagonizado por su yerno. Iñaki Urdangarin, el asunto que más daño ha hecho a la Corona, y en pleno desafío soberanista catalán. La institución, antes la mejor valorada por los españoles, recibió el pasado mayo el tercer suspenso de su historia, con un 3,72 sobre 10 de nota en confianza. Muy lejos de los notables altos que obtenía en los noventa, cuando era la institución mejor valorada por los españoles.
Las reacciones al anuncio de la abdicación del Rey no han tardado en llegar. La página web de la Casa del Rey se ha colapsado temporalmente.
Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE, ha subrayado la relevancia del anuncio al subrayar que "la decisión de su Majestad el Rey de renunciar a la jefatura del Estado" es uno de los hechos políticos más importantes "desde la recuperación de la democracia". "Culmina, con esta decisión, un reinado que ha constituido un compromiso inquebrantable con la democracia y con los derechos y libertades de los españoles", ha añadido.
Para el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, es el momento de un referéndum para que "el pueblo decida si quiere monarquía o República", o lo que a su juicio es "monarquía o democracia". “Es la hora del pueblo, de que el pueblo decida y hable", ha asegurado el dirigente en una rueda de prensa en Madrid. En su opinión, "es inconcebible en siglo XXI seguir hablando del derecho de sangre", algo que es "incomprensible" para los ciudadanos.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha reclamado un referéndum sobre la monarquía: “Esta abdicación acelera la descomposición del régimen político de 1978”, ha señalado Iglesias a EL PAÍS desde Bruselas. “Si el Gobierno cree que Felipe de Borbón cuenta con la confianza de la ciudadanía, debe someterlo a las urnas”, según el primer elegido de Podemos al parlamento europeo. Iglesias ha lanzado también un mensaje al PSOE. Le pide que “no se preste a un acuerdo de casta” con el PP y no dé su respaldo al Gobierno de Mariano Rajoy para elaborar la Ley Orgánica que permita la proclamación de un nuevo soberano.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha agradecido al Rey el trabajo que ha realizado por la paz, la libertad y la prosperidad "de todos los españoles" y ha añadido que, con su renuncia, "en absoluto" entrará la Monarquía en un período de inestabilidad.
Por su parte, el lehendakari Iñigo Urkullu acaba de asegurar que la decisión del Rey "abre una posibilidad de resolver la cuestión vasca que" de momento no ha hecho el ciclo de la Constitución de 1978, informa Pedro Gorospe.
Josep Antoni Duran Lleida ha agradecido al Rey su labor al frente de la jefatura del Estado y también ha destacado que su sucesor tendrá que lidiar con la consulta catalana, informa Maiol Roger. "Al Rey Felipe lo conozco personalmente, es una persona muy capaz y preparada. Espero y deseo que sea consciente de cuál es la voluntad de este pueblo", ha dicho Duran.
La abdicación del Rey encabeza las portadas digitales de varios diarios internacionales, como el GuardianNew York TimesLa Reppublica oBild. El diario francés Le Monde califica al monarca como "hecho a sí mismo" y "transparente pero no muy claro".

Lecturas recomendadas:

·       El tiempo del Príncipe
  

domingo, 1 de junio de 2014

LA CORRUPCIÓN UN MAL ENDÉMICO, 6 PASOS PARA COMBATIRLA

Tomado de esglobal


CÓMO COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN 6 PASOS

Por Augusto Lópes-Claros

Propuestas para eliminar una de las lacras económicas, políticas y sociales que afectan, en distinta medida, al mundo globalizado.
 Después de examinar varios aspectos en los que la corrupción daña el tejido social e institucional de un país, vamos a prestar atención a las opciones de reformas de que disponen los gobiernos para reducir la corrupción y mitigar sus efectos. Rose-Ackerman (1998) recomienda que la base de esas reformas sea una estrategia doble, dirigida a aumentar las ventajas de ser honrado y los costes de ser corrupto, una mezcla sensata de castigo y recompensa. Se trata de un tema muy amplio pero vamos a estudiar seis estrategias complementarias.
Remunerar bien a los funcionarios públicos
El hecho de que los funcionarios tengan un sueldo suficiente o estén muy mal pagados influirá sin duda en la motivación y los incentivos. Si los salarios del sector público son demasiado bajos, los funcionarios pueden sufrir presiones para completar sus ingresos de formas "extraoficiales". Van Rijckeghem y Weder (2001) hicieron un trabajo empírico que reveló que, en una muestra de países menos desarrollados, había una relación inversa entre el nivel de los salarios del sector público y la presencia de corrupción.
Dotar al gasto oficial de transparencia y apertura
Subsidios, exenciones fiscales, adquisición pública de bienes y servicios, créditos blandos, fondos extrapresupuestarios controlados por los políticos: todos estos son distintas maneras que tienen los gobiernos de administrar los recursos públicos. Los gobiernos recaudan impuestos, acuden a los mercados de capitales para obtener dinero, reciben ayuda exterior y elaboran mecanismos para asignar esos recursos a diversas necesidades. Algunos países lo hacen de manera relativamente transparente y se esfuerzan para garantizar que el objetivo sea el interés público. Cuanto más abierto y transparente es el proceso, menos posibilidades hay de actividades ilícitas y abusos. Collier (2007) ofrece pruebas convincentes de las consecuencias negativas que tienen los sistemas ineficaces de control presupuestario. Asimismo destacan los países cuyos ciudadanos pueden vigilar las actividades del Gobierno y debatir las virtudes de diversas políticas públicas. En este sentido, la libertad de prensa y los niveles educativos también contribuyen a crear el contexto de las reformas. Que el país en cuestión cuente con una sociedad civil activa y una cultura de participación puede ser un ingrediente fundamental de las estrategias para reducir la corrupción.
Nueva Zelanda, que ocupa de forma habitual los mejores puestos en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, es un país pionero en la creación de procesos presupuestarios transparentes desde que aprobó en 1994 la Ley de Responsabilidad Fiscal, que proporciona un marco legal para la gestión transparente de los recursos públicos.
Eliminar la burocracia
La clara correlación entre la presencia de corrupción y el grado de burocracia, reflejada, por ejemplo, en los indicadores de Doing Business, indica que es deseable eliminar todas las normas innecesarias, sin dejar de proteger las funciones reguladoras esenciales del Estado. No solo las normas que imperan en numerosos países -para crear una nueva empresa, registrar una propiedad, realizar una transacción comercial internacional y otros muchos certificados y permisos- son a veces insoportables sino que, con frecuencia, los gobiernos no se han detenido a pensar si el propósito para el que se implantaron tiene algo que ver con las necesidades actuales. Rose-Ackerman (1998) aconseja: "una estrategia más obvia, eliminar las leyes y los programas que engendran corrupción".
Eliminar los subsidios regresivos que causan distorsiones y sustituirlos por transferencias selectivas de dinero
Los subsidios son otro ejemplo de cómo una política oficial puede distorsionar los incentivos y crear oportunidades para la corrupción. Según un estudio del FMI (2013), los subsidios al consumo de productos energéticos ascienden a alrededor de 1,9 billones de dólares anuales, el equivalente al 2,5% del PIB mundial y el 8% de los ingresos de los gobiernos. Estos subsidios se distribuyen de manera muy regresiva: en el caso de la gasolina, más del 60% de los beneficios totales van a parar al 20% más rico de las familias. Su eliminación podría reducir considerablemente las emisiones de CO2 y tener otras consecuencias positivas. Los subsidios, muchas veces, generan contrabando, escasez y la aparición del Mercado negro. Dejando aparte los costes de oportunidad (¿cuántas escuelas podrían construirse con el dinero de un año de subsidios energéticos?) y las repercusiones ambientales que tienen unos precios artificialmente bajos, los subsidios, además, pueden situar al Gobierno en el corazón de la corrupción. Es mucho mejor reemplazar esos subsidios caros y regresivos por unas transferencias selectivas de dinero.
Establecer convenios internacionales
Como, en una economía globalizada, la corrupción posee una dimensión cada vez más transnacional, el marco legal internacional para el control de la corrupción es un elemento clave en las opciones de las que disponen los gobiernos. Ese marco ha sufrido grandes mejoras durante el último decenio. Además del Convenio Anticorrupción de la OCDE, en 2005 entró en vigor el de la ONU (CNUCC). Este último convenio al acabar 2013 lo habían ratificado ya la gran mayoría de sus 140 firmantes. El CNUCC es un instrumento prometedor porque crea un marco mundial que implica a países desarrollados y en vías de desarrollo; abarca una gran variedad de aspectos, como la corrupción nacional y extranjera, la extorsión, las medidas preventivas, las disposiciones contra el blanqueo de dinero, las leyes sobre los conflictos de intereses y los medios para recobrar el dinero ilícito depositado por funcionarios en bancos de paraísos fiscales. Dado que la ONU no tiene poderes para hacer respetar los acuerdos, su eficacia como herramienta contra la corrupción dependerá en gran parte de que se creen los debidos mecanismos nacionales de vigilancia para comprobar su cumplimiento por parte de los gobiernos.
Otros, como Heinemann y Heimann (2006), afirman que, en la lucha contra la corrupción, una estrategia más factible sería quizá el cumplimiento de las leyes contra la corrupción en los 40 Estados firmantes del convenio Anticorrupción de la OCDE. Los gobiernos tendrán que tomar medidas más enérgicas contra las empresas de la OCDE que sigan sobornando a funcionarios extranjeros. Los poderes ejecutivos, deseosos de proteger los intereses comerciales de sus empresas nacionales, han sentido a veces la tentación de no exigirles que cumplan las leyes anticorrupción, en un desafortunado intento de no debilitar su posición frente a los competidores de otros países. No puede ser que el fomento del comercio parezca más importante que el control de la corrupción. Los gobiernos siguen utilizando un doble rasero y consideran delito los sobornos en su propio país pero hacen la vista gorda cuando esos sobornos afectan a funcionarios extranjeros en Estados que no son de la OCDE.
Emplear tecnología inteligente
Si las distorsiones creadas por los gobiernos ofrecen muchas oportunidades para la corrupción, el contacto frecuente y directo entre funcionarios y ciudadanos también puede facilitar las transacciones ilícitas. Una forma de resolver este problema es recurrir a las tecnologías disponibles para promover una relación más distante entre los dos sectores; en este sentido, Internet es una herramienta eficaz para combatir la corrupción (Andersen et al., 2011). En algunos países, el uso de las plataformas de Internet para las relaciones de la administración con la sociedad civil y el mundo empresarial ha prosperado, sobre todo, en las áreas del pago de impuestos, las adquisiciones públicas y los trámites burocráticos.
Quizá uno de los campos más fértiles para la corrupción en el mundo es el relacionado con las adquisiciones que hace el Estado. Las compras públicas de bienes y servicios pueden tener una dimensión importante, entre el 5 y el 10% del PIB en la mayoría de los países. Como la concesión de contratos puede estar sujeta a cierto grado de discreción burocrática -y como la mayoría de los países tienen largos antecedentes históricos de sobornos, comisiones y connivencias en las ofertas públicas de adquisición- cada vez más Estados están escogiendo procedimientos que garantizan unos niveles apropiados de apertura, competencia, igualdad de oportunidades para los proveedores o claridad en las pujas.
Chile ha empleado las últimas tecnologías para crear uno de los sistemas de adquisiciones públicas más transparentes del mundo. En 2003 se creó ChileCompra, un sistema electrónico público de compras y contrataciones a través de una plataforma de Internet, que se ha granjeado en todo el mundo una gran reputación por su calidad, su transparencia y su eficacia. Está al servicio de empresas, instituciones públicas y ciudadanos y es la página web de relaciones empresariales más grande del país, con 850 organizaciones de compra involucradas. En 2012, los usuarios hicieron 2,1 millones de compras y emitieron facturas por valor de 9.100 millones de dólares. Además, ha servido de catalizador para el uso de Internet en todo el país.
En muchas de las medidas presentadas para combatir la corrupción, la filosofía central es la necesidad de eliminar la oportunidad para que haya corrupción a base de cambiar los incentivos, cerrar las lagunas legislativas y eliminar las normas mal concebidas que estimulan los comportamientos corruptos. Pero una estrategia centrada en cambiar las normas y los incentivos, con castigos suficientemente severos para quienes cometan infracciones, será mucho más eficaz si va acompañada de esfuerzos para reforzar las bases éticas y morales de la conducta humana.



Presidente guatemalteco otro mandatario más que no se quiere ir

Agencias Noticiosas 

Respeto a reglas democráticas por parte de gobernantes es uno de los grandes temas pendientes en países en vías de desarrollo”

 

Pérez Molina abre debate sobre ampliar mandato presidencial

 

El presidente de Guatemala ha levantado polvo con la idea de discutir quedarse dos años más en el cargo cuando la Constitución indica cuatro

GUATEMALA. La posibilidad de ampliar el mandato presidencial o que se permita la reelección en Guatemala ha levantado el debate, al plantearlo el actual jefe de Estado, Otto Pérez Molina, quien aclara que no tiene la intención de seguir un día más en el poder después del 14 de enero del 2016.
Pérez Molina ha hecho la invitación "seria" y "responsable" a los diferentes sectores, para que se analice la posibilidad de ampliar de 4 a 6 años el mandato del jefe de Estado o incluso la reelección.
Pérez Molina, sin embargo, descarta encabezar la polémica o presentar una iniciativa ante el Congreso, debido a que la oposición pensará que quiere perpetuarse en el poder, lo cual no tiene contemplado, según ha defendido esta semana.
"Es una invitación seria a la discusión la que estamos haciendo", repitió, durante esta semana, el gobernante a periodistas durante sus giras de trabajo por el interior del país.
En opinión del mandatario, los sectores organizados y del Estado son los que se deben involucrar en la discusión para ampliar el mandato o para hablar de la eventual reelección.
El periodo presidencial y de los diputados al Congreso de Guatemala se redujo de cinco a cuatro años en 1994, tras una consulta popular impulsada por el entonces jefe de Estado, Ramiro de Léon Carpio.
La iniciativa de debatir sobre la necesidad de ampliar el periodo de gobierno, ya ha provocado el rechazo de la cúpula empresarial y expresidentes, por estar prohibido en la Constitución.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) asegura en un comunicado, que la intención de la ampliación del mandato o de la eventual reelección viola la Constitución de 1985.
"El sector empresarial organizado, en observancia de lo que la Constitución Política de la República, claramente prescribe en su artículo 187, manifiesta que se debe acatar y respetar el periodo constitucional para el cual fueron electos los funcionarios públicos", señala el breve texto.
Sostiene que cualquier intento de prolongar ese período "es violatorio de la Constitución y es constitutivo de delito".
El expresidente, Vinicio Cerezo, quien estuvo cinco años en el poder entre 1986-1991, considera que fue un error haber reducido el mandato.
Cerezo fue el primer mandatario, de la nueva era democrática de este país centroamericano, luego de varios gobiernos militares que se sucedieron en el poder mediante golpes de Estado y fraudes electorales.
"Siempre es sano conversar y dialogar sobre temas de tanto interés en el país. Efectivamente, considero que fue un error reducir el mandato Presidencial", señala Cerezo, actual presidente de la Fundación Esquipulas, que se dedica a analizar temas de integración centroamericana.
El expresidente, subraya que la reelección debería ser una opción, aunque aclara que de cualquier modo el pueblo siempre decide.
"Creo que la Constitución necesita una revisión a fondo, para analizar los aspectos estructurales, más allá de los temas relacionados con la Presidencia de la República", dice.
Durante un programa radial del pasado lunes, Cerezo advirtió que abrir una discusión como la que plantea el actual mandatario guatemalteco, puede generar una crisis de tipo jurídico.
En su opinión, el planteamiento se hace en un momento "muy complicado" por las próximas elecciones de 2015, lo cual crearía una "crisis electoral".
También, dijo, "se podría crear una crisis de tipo jurídico, porque la Constitución señala que hablar de la prolongación de un periodo presidencial es delito y cualquier persona podría iniciar un procedimiento penal".
Cerezo, manifestó que un Estado democrático "no necesita prolongar los periodos presidenciales porque no es un banco", aunque consideró que se tienen que hacer reformas constitucionales pero pensando en el bien común.
"Entiendo al presidente Pérez Molina, porque tiene ciertos niveles de popularidad, pero lo que tiene que hacer es tratar de ganar las próximas elecciones con su candidato para darle continuidad a sus políticas", aseveró.
Por su parte, el expresidente Álvaro Colom (2008-2012), calificó de "inoportuno" el planteamiento, debido a la prohibición constitucional.
Colom, actual diputado al Parlamento Centroamericano, señaló que el sistema legal de Guatemala permite la continuidad porque no existe una prohibición para que el partido de gobierno participe en las elecciones.
Sin embargo, hasta ahora, ninguno ha podido romper con ese paradigma en el vecino país