Crece la esperanza para que niños migrantes viajen con dignidad y seguridad

Tomado de El Diario La Prensa de Nueva York

Madre salvadoreña con TPS migrará legalmente a su hijo

A 4 meses de haber iniciado el programa CAM (Central American Minors), sólo 329 individuos han solicitado el beneficio para sus hijos menores

Ese TPS no sólo le dio un permiso de trabajo, sino también ahora le da la oportunidad de someter una solicitud para traer a su hijo.

El trámite No puede ser a través de cualquier abogado u organización comunitaria.

Por Yurina Melara

Teresa inició en febrero el proceso con el Departamento de Estado para emigrar legalmente a su hijo Francisco, quien está en El Salvador. Desde entonces, ella sueña a casi a diario con verlo y abrazarlo.

“Yo no quería dejar a mi hijo. Lo dejé de 4 años. Estaba tan pequeño y lo dejé por la gran necesidad. No teníamos nada. Mi madre me dijo que mejor me fuera a trabajar y que ella me lo cuidaba”, dijo Teresa.

Ella logró obtener el Estado de Protección Temporal (TPS) en el 2001 y lo ha mantenido. Ese TPS no sólo le dio un permiso de trabajo, sino también ahora le da la oportunidad de someter una solicitud para traer a su hijo.

El pasado 1 de diciembre inició el programa de tramitación para la condición de refugiado o entrada condicional para menores de 21 años de El Salvador, Guatemala y Honduras, el cual tiene como objetivo que los padres que tienen alguna estado legal en Estados Unidos puedan emigrar a sus hijos menores de edad, sin exponerlos a que viajen ilegalmente.

“Yo me lo quería traer antes. Uno de madre no se siente completo sin sus hijos... Pero mi madre me dijo que no me lo daba para que lo trajera con coyote porque es demasiado peligroso y ella tenía razón. Yo ahora le agradezco a mi madre que no me haya permitido traerlo por tierra”, dijo Teresa.

Recientemente su hijo Francisco fue llamado para la entrevista con la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) y está a la espera de que se realice la prueba del ADN que exige la solicitud. Se estima que el proceso completo tome alrededor de nueve meses.

“Ya esperé tantos años, me puedo esperar unos meses más para poder tener a mi hijo conmigo y que pueda venir por avión, legalmente y no como tuve que venir yo”, dijo la madre.

Para solicitar este beneficio migratorio, los interesados deben acudir a una de las oficinas de servicios para refugiados que trabajan directamente con el Departamento de Estado.

No puede ser a través de cualquier abogado u organización comunitaria.

¿Programa en peligro?

A cuatro meses de haber iniciado el programa CAM  (Central American Minors) sólo 329 individuos han solicitado el beneficio para sus hijos menores, según las últimas estadísticas del Departamento de Estado.

De ese total, 247 son familias de El Salvador, 70 de Honduras y 12 de Guatemala.

Martin Zogg, director ejecutivo de International Rescue Committee, una de las agencias de reasentamiento en Los Angeles autorizadas por el Departamento de Estado, explicó que sólo hay 4,000 visas y que el teléfono debería de estar sonando constantemente.

Esta agencia de reasentamiento sólo ha procesado 4 solicitudes y otras 5 familias han expresado su interés.

“No estamos teniendo el tipo de respuesta que deberíamos. Aquí estamos cuatro meses después y estamos preocupados. El Departamento de Estado estará reconsiderando este programa para el próximo año”, dijo Zogg.

Zogg agregó que el proceso es gratis y las agencias de reasentamiento no cobran por sus servicios.

“En general creo que algunas familias tienen miedo y otras no saben del programa. Yo creo que es un programa muy bueno que puede beneficiar a muchas familias si cumplen con los requisitos”, dijo Kate Gulino, coordinadora del programa para la agencia International Rescue Committee. “Yo insto a las familias con hijos menores de 21 años que no están casados a que no esperen”.

Requisitos

Los padres de familia deben tener uno de los siguientes estados migratorios

·      Estatus de Residente Permanente,

·      Estatus de Protección Temporal

·      Con Permiso de Permanencia Temporal T

·      Con Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), o

·      Acción Diferida (No DACA)

·      Salida Forzosa Diferida,  o

·      Suspensión de Remoción.

Los niños:

·      Ser hijo de un padre elegible  según la Ley de Inmigración y Nacionalidad (hijo biológico, adoptivo o adoptado legalmente)

·      Ser soltero

·      Ser menor de 21 años de edad

·      Nacional de El Salvador, Guatemala u Honduras

·      Residir en su país de nacionalidad.

Costo:

No hay costo por el trámite ni por la solicitud. El único costo está asociado con la prueba de ADN y sería reembolsado al final del proceso si la solicitud es aprobada.

Agencias

International Rescue Committee

625 North Maryland Avenue, Glendale, CA 91206

| Rescue.org

Para citas llamar a Kate al 818-937-2868

International Institute Of Los Angeles

3800 La Crescenta Ave., Suite #204

Glendale, CA 91214

(818) 244-2550

Para un listado completo de las agencias de refugiados en todo el país visite la página https://www.wrapsnet.org 

The dark side of the border humanitarian crisis

Taken from The Huffington Post

Guatemala, Honduras and El Salvador Governments Must Reassess Their Priorities

By Luis Montes

For well over a month, Americans have read headlines capturing the humanitarian crisis of approximately 52,000 Guatemalan, Honduran and Salvadoran unaccompanied minors being detained at the U.S.-Mexico border. Yet, judging by the actions of the government officials in countries where these refugees originated -- Central America's Northern Triangle -- one would think there are real issues to be addressed.

Just last month, Honduras' President Juan Orlando Hernandez flew out to Brazil to root on his soccer team and missed a key meeting with U.S. Vice President Joe Biden. The meeting was convened by Vice President Biden with his Central American counterparts to announce an aid package and review joint efforts to address the crisis. Honduras happens to be the country with the highest number of detained children at the border.

A couple of weeks after Hernandez' trip, the Vice President of El Salvador, Oscar Ortiz, and a couple other cabinet members reportedly visited Brazil coinciding with the final match of the 2014 World Cup. This week, the president of the Salvadoran national Congress, Sigfrido Reyes, announced a trip to Gaza to "express solidarity with the people of Palestine." A day before Reyes' announcement 14 families in the suburban town of Mejicanos were forced by gangs to leave their apartments. El Salvador is the Central American country with the third highest number of unaccompanied minors at the border.

The presidents' first reaction to the crisis was to have the first ladies hold bilateral meetings to deal with the surge of unaccompanied minors. A nice thought, but generally speaking, first ladies in Latin America -- like much of the world -- play a mostly ceremonial role. To delegate this critical issue to the this caucus of first ladies is to demonstrate that lack of seriousness with which these leaders have approached the crisis and its underlying causes.

There is a profound lack of political will to change the conditions that brought about the crisis in El Salvador, Guatemala and Honduras. Joaquin Villalobos, a Salvadoran former guerrilla commander who now works as an international conflict mediator, wrote a scathing column in El País detailing how the aloofness of the elites in Central America's Northern Triangle contrasts with the structural inequality and subsequent exodus: "The rich of Guatemala, Honduras and El Salvador have become totally insensitive to the reality around them. They hired their own private security, pay starvation wages, do not invest in their countries and are reluctant to pay taxes [...] There are 125,000 private security guards in Guatemala while there are only 22,000 police officers."

The presidents of Honduras, El Salvador and Guatemala in their comments about the crisis have yet to make a statement about the need to reform their economic and legal systems. On the contrary, when President Obama announced the $3.7 billion supplemental package to address the situation in the U.S., the Honduran president didn't hesitate to ask that at least $2 billion of the package should be destined to help his country and neighbors to deal with the migration.

For there to be real progress, there must be a real focus on the issues that matter. It's time for the governments of Guatemala, El Salvador and Honduras to assume responsibility, look introspectively, clean up and strengthen their institutions to stop the exodus. Otherwise we can expect those dreaded headlines to become permanent fixtures before our eyes.

Follow Luis E. Montes on Twitter: www.twitter.com/LuisMontes

Declaración conjunta de los Presidentes de EEUU, Guatemala, Honduras y El Salvador

Comunicado y Video 

Tomados de la Oficina de Prensa de la Casa Blanca

All the lonely children, Where do they all come from? Where do they all belong?

Taken by Mother Jones

Department of Homeland Security

Map: These Are the Places Central American Child Migrants Are Fleeing

By Ian Gordon

A recently produced infographic from the Department of Homeland Security shows that the majority of unaccompanied children coming to the United States are from some of the most violent and impoverished parts of El Salvador, Guatemala, and Honduras.

The map documents the origins of child migrants apprehended by the Border Patrol from January 1 to May 14. It was made public by Adam Isaacson  of the Washington Office on Latin America, a human rights organization, and it includes the following analysis about the surge in child migrants:

…Many Guatemalan children come from rural areas, indicating that they are probably seeking economic opportunities in the US. Salvadoran and Honduran children, on the other hand, come from extremely violent regions where they probably perceive the risk of traveling alone to the US preferable to remaining at home.

This echoes what I found in my yearlong investigation into the explosion of unaccompanied child migrants arriving to the United States. As I wrote in the July/August issue of Mother Jones:

Although some have traveled from as far away as Sri Lanka and Tanzania, the bulk are minors from Mexico and from Central America's so-called Northern Triangle—Guatemala, Honduras, and El Salvador, which together account for 74 percent of the surge. Long plagued by instability and unrest, these countries have grown especially dangerous in recent years: Honduras imploded following a military coup in 2009 and now has the world's highest murder rate. El Salvador has the second-highest, despite the 2012 gang truce between Mara Salvatrucha and Barrio 18. Guatemala, new territory for the Zetas cartel, has the fifth-highest murder rate; meanwhile, the cost of tortillas has doubled as corn prices have skyrocketed due to increased American ethanol production (Guatemala imports half of its corn) and the conversion of farmland to sugarcane and oil palm for biofuel.

Below is a more granular look at where kids are coming from, also produced by DHS. San Pedro Sula, the world's most violent city, was home to the largest number of child migrants caught by the Border Patrol (more than 2,500). Honduras' capital, Tegucigalpa, sent the second-most kids, fewer than 1,000.

Biden advierte a representantes de El Salvador, Guatemala y Honduras “Llegada de niños indocumentados “socava” reforma migratoria"

Tomado de La Prensa Gráfica 

El vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, hizo ayer una promesa a El Salvador, Guatemala y Honduras: los miles de niños migrantes centroamericanos sin acompañantes adultos que están retenidos en albergues en Estados Unidos serán tratados con todas las garantías de protección y derechos de la niñez mientras sean preparados para ser devueltos a sus países de origen.

Biden, quien visitó Guatemala ayer para tratar la emergencia de los niños migrantes centroamericanos que viajan sin acompañantes con los presidentes Salvador Sánchez Cerén, de El Salvador; Otto Pérez Molina, de Guatemala; y delegados de Honduras y México, hizo énfasis en que hasta el momento se están destinando recursos económicos en el país norteamericano para garantizar la protección de los derechos a la niñez y adolescencia de los menores de edad retenidos, pero que según la ley migratoria estadounidense los niños, en su gran mayoría, serán deportados.

El vicepresidente estadounidense anunció un desembolso a la brevedad de $160 millones para reforzar los programas de la existente Estrategia de Seguridad Centroamericana, que nació con la firma de los presidentes del Sistema de Integración Centroamericana, e incluso habló de otros $40 millones para la repatriación adecuada de los niños migrantes.

Biden explicó a los representantes centroamericanos que “se está llevando a muchos jueces migratorios y abogados” a las fronteras estadounidenses a atender cada caso y que se revisa si en cada proceso hay opción de apertura migratoria, pero dijo que lo más probable es la deportación.

“Pero en realidad la gran mayoría de los niños, ni por las leyes internacionales, ni por las leyes estadounidenses, no pueden tener visas especiales ni asilo bajo ninguna figura legal. No existe”, dijo.

Explicó que en los casos que los jueces estudian, si se determina que los niños tienen al menos a uno de sus padres en sus países de origen, Estados Unidos procederá a devolverlos, a pesar de que tengan al otro de sus padres en el país norteamericano.

Exigencias

El funcionario escuchó las exigencias de “corresponsabilidad” de cada uno de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, que pidieron entre otras cosas que Estados Unidos les otorgue a los miles de niños que están retenidos en las fronteras un asilo o les extiendan visas especiales.

El presidente Sánchez Cerén señaló que una de las principales causas de la migración infantil, más allá de la inseguridad y la falta de oportunidades económicas –que no las dejó de mencionar–, es la búsqueda de la reunificación de las familias cuando los padres se encuentran en Estados Unidos.

Sánchez Cerén fue secundado por Pérez Molina y por Jorge Ramón Hernández, secretario de Estado de Honduras, e incluso los centroamericanos añadieron ante Biden que la migración de personas adultas a Estados Unidos para buscar mejores oportunidades ha generado en los países la fractura de las familias y que en muchos casos la migración infantil se da con ese fin de reunificación familiar.

Biden respondió que si bien se comprendían “las causas” de la migración y del deseo de la reunificación familiar, por parte de Estados Unidos la corresponsabilidad de ese país la traducen en la ayuda que ya otorgan a la región para el combate a la corrupción y la inseguridad generada por el crimen organizado y el narcotráfico, así como el respaldo para el crecimiento económico, para lograr el bienestar social y erradicar la necesidad de emigrar.

“Reconocemos que la solución pasa por resolver los problemas de raíz como la pobreza, la inseguridad, el Estado de Derecho.

Por ello, reiteró el apoyo a Centroamérica en el combate a la inseguridad y el desarrollo económico, pero también fue firme en decir que las leyes migratorias de Estados Unidos son claras y deben respetarse.

“No hay boleto gratuito”, aseveró Biden en advertencia a que la mayoría de niños que están retenidos en fronteras estadounidenses serán devueltos, así como se refirió a que las personas que piensan entregar a los niños “a coyotes, narcotraficantes y otros criminales” bajo “el engaño” de que al llegar de forma ilegal a Estados Unidos este país los acogerá para darles asilo o cualquier otra figura jurídica que no existe en la ley estadounidense, “están equivocadas”.

Efectos en la reforma

Biden llamó la atención a los representantes de los Gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras al decir que la llegada de niños migrantes a las fronteras estadounidenses, sin documentos y sin acompañantes adultos, “socava” las posibilidades de que la reforma migratoria que busca la administración del presidente Barack Obama sea aprobada en el congreso estadounidense.

El funcionario aseguró que el congreso de su país está atento a lo que pasa en las fronteras y pidió a los gobernantes que hagan “comprender” a sus ciudadanos que la reforma migratoria está en grave peligro si los niños indocumentados sin acompañantes siguen llegando a Estados Unidos, en lo que calificó como una confusión de parte de los centroamericanos sobre el tema de reforma migratoria.

Presidente guatemalteco otro mandatario más que no se quiere ir

Agencias Noticiosas 

Respeto a reglas democráticas por parte de gobernantes es uno de los grandes temas pendientes en “países en vías de desarrollo”

 

Pérez Molina abre debate sobre ampliar mandato presidencial

 

El presidente de Guatemala ha levantado polvo con la idea de discutir quedarse dos años más en el cargo cuando la Constitución indica cuatro

GUATEMALA. La posibilidad de ampliar el mandato presidencial o que se permita la reelección en Guatemala ha levantado el debate, al plantearlo el actual jefe de Estado, Otto Pérez Molina, quien aclara que no tiene la intención de seguir un día más en el poder después del 14 de enero del 2016.

Pérez Molina ha hecho la invitación "seria" y "responsable" a los diferentes sectores, para que se analice la posibilidad de ampliar de 4 a 6 años el mandato del jefe de Estado o incluso la reelección.

Pérez Molina, sin embargo, descarta encabezar la polémica o presentar una iniciativa ante el Congreso, debido a que la oposición pensará que quiere perpetuarse en el poder, lo cual no tiene contemplado, según ha defendido esta semana.

"Es una invitación seria a la discusión la que estamos haciendo", repitió, durante esta semana, el gobernante a periodistas durante sus giras de trabajo por el interior del país.

En opinión del mandatario, los sectores organizados y del Estado son los que se deben involucrar en la discusión para ampliar el mandato o para hablar de la eventual reelección.

El periodo presidencial y de los diputados al Congreso de Guatemala se redujo de cinco a cuatro años en 1994, tras una consulta popular impulsada por el entonces jefe de Estado, Ramiro de Léon Carpio.

La iniciativa de debatir sobre la necesidad de ampliar el periodo de gobierno, ya ha provocado el rechazo de la cúpula empresarial y expresidentes, por estar prohibido en la Constitución.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) asegura en un comunicado, que la intención de la ampliación del mandato o de la eventual reelección viola la Constitución de 1985.

"El sector empresarial organizado, en observancia de lo que la Constitución Política de la República, claramente prescribe en su artículo 187, manifiesta que se debe acatar y respetar el periodo constitucional para el cual fueron electos los funcionarios públicos", señala el breve texto.

Sostiene que cualquier intento de prolongar ese período "es violatorio de la Constitución y es constitutivo de delito".

El expresidente, Vinicio Cerezo, quien estuvo cinco años en el poder entre 1986-1991, considera que fue un error haber reducido el mandato.

Cerezo fue el primer mandatario, de la nueva era democrática de este país centroamericano, luego de varios gobiernos militares que se sucedieron en el poder mediante golpes de Estado y fraudes electorales.

"Siempre es sano conversar y dialogar sobre temas de tanto interés en el país. Efectivamente, considero que fue un error reducir el mandato Presidencial", señala Cerezo, actual presidente de la Fundación Esquipulas, que se dedica a analizar temas de integración centroamericana.

El expresidente, subraya que la reelección debería ser una opción, aunque aclara que de cualquier modo el pueblo siempre decide.

"Creo que la Constitución necesita una revisión a fondo, para analizar los aspectos estructurales, más allá de los temas relacionados con la Presidencia de la República", dice.

Durante un programa radial del pasado lunes, Cerezo advirtió que abrir una discusión como la que plantea el actual mandatario guatemalteco, puede generar una crisis de tipo jurídico.

En su opinión, el planteamiento se hace en un momento "muy complicado" por las próximas elecciones de 2015, lo cual crearía una "crisis electoral".

También, dijo, "se podría crear una crisis de tipo jurídico, porque la Constitución señala que hablar de la prolongación de un periodo presidencial es delito y cualquier persona podría iniciar un procedimiento penal".

Cerezo, manifestó que un Estado democrático "no necesita prolongar los periodos presidenciales porque no es un banco", aunque consideró que se tienen que hacer reformas constitucionales pero pensando en el bien común.

"Entiendo al presidente Pérez Molina, porque tiene ciertos niveles de popularidad, pero lo que tiene que hacer es tratar de ganar las próximas elecciones con su candidato para darle continuidad a sus políticas", aseveró.

Por su parte, el expresidente Álvaro Colom (2008-2012), calificó de "inoportuno" el planteamiento, debido a la prohibición constitucional.

Colom, actual diputado al Parlamento Centroamericano, señaló que el sistema legal de Guatemala permite la continuidad porque no existe una prohibición para que el partido de gobierno participe en las elecciones.

Sin embargo, hasta ahora, ninguno ha podido romper con ese paradigma en el vecino país