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domingo, 28 de diciembre de 2014

Soberbia empresarial lleva al fracaso a grandes empresas EEUU en China

Tomado de BBC Mundo

Walmart comenzó su operación en China a fines de los 90 con fuegos artificiales.

 

Por qué Walmart fracasó en China

Mientras no cambien el modelo de negocios y entiendan lo que pasa en China, tendrán problemas. John Ross, economista 'senior' del Instituto Chongyang de la Universidad Renmin
El gigante de los supermercados Walmart es número uno en el máximo mercado del planeta, Estados Unidos, y tiene sucursales en 26 países con más de 800.000 empleados y 6.000 tiendas, pero su operación está afrontando dificultades en China.

Tras 18 años en el país, la empresa reconoció este año que China era uno de los mercados con peor desempeño.
El despido de unos 250 empleados y unos 30 ejecutivos para reestructurar la dirección no parecen haber arreglado las cosas.
Una investigación publicada en diciembre por la agencia de noticias económicas Bloomberg reveló lo que describe como cuestionables prácticas contables en que la compañía habría incurrido en años recientes para cumplir con las metas de venta.


Según John Ross, economista senior del Instituto Chongyang de la Universidad Renmin de Pekín, el problema de Walmart es el de muchos minoristas occidentales que operan en el país.
"Están usando el mismo modelo de su país de origen sin darse cuenta que tienen que adaptarlo. Asumen que China es un país con una gigantesca clase media que pronto va a ser igual que en sus países y no se dan cuenta de las características propias del mercado chino", señaló a BBC Mundo.

Dos ejemplos

En 2011 dos exitosas firmas estadounidenses – Home Depot and Best Buy – cerraron sus operaciones en China a seis años de abrir sus puertas con un fracaso que sorprendió a muchos analistas occidentales.
Home Depot es la compañía más importante de Estados Unidos para el mejoramiento del hogar, bricolaje y materiales de construcción.

Walmart explicó su apuesta por China con la palabra que abría y cerraba cualquier discusión económica de los 90: "globalización".

Con el boom inmobiliario chino de este siglo y las características del mercado local – la mayoría de las propiedades en China se venden absolutamente vacías, es decir, sin enchufes, cables, ventanas, puertas, etc – parecía una aventura comercial con un éxito asegurado.
Por su parte, Best Buy, especializado en productos electrónicos, había apostado a la nueva franja de consumidores medios-altos chinos, pero seis años más tarde solo dominaba un 1% del mercado.

"Es que la estructura de costos en China es totalmente diferente a la occidental. El DIY, es decir, Do It Yourself, hacer uno mismo ciertas cosas básicas de un hogar, no sirve porque todo se puede hacer por muy poco dinero con trabajadores locales. Otro rasgo son los grandes locales en las afueras con grandes playas de estacionamiento. Esto en China no sirve porque mucha gente no tiene coche o no puede llegar al lugar", indicó a BBC Mundo Ross.

Relaciones peligrosas

En el caso específico de Walmart su operación en China comenzó a fines de los 90 con fuegos artificiales.
En una década caracterizada por la euforia pos-muro de Berlín el mensaje de la empresa era optimista y visionario.
La cadena explicaba su apuesta por China, el gran mercado del futuro, con la palabra que abría y cerraba cualquier discusión económica de la época: "globalización".

Walmart no es la única compañía estadounidense que ha tenido problemas para penetrar en el mercado chino.
Este 2014 ha quedado claro que la distancia entre retórica y realidad es gigantesca.
A principios de año, en un país cada vez más obsesionado por la calidad alimentaria, la empresa tuvo un bochornoso escándalo en el que uno de los productos que vendía, la carne de burro Five Spice, mostró rastros de carne de zorro.
En el trimestre que finalizó en octubre reportó una caída de las ventas del 0,8% que atribuyó a las medidas de austeridad del gobierno y la "deflación".

La empresa responde

Los problemas de Walmart no se limitan a la caída de ventas.
Según la investigación de Bloomberg, el funcionamiento interno de la empresa enfrenta irregularidades.

"Estas prácticas que incluyen ventas al por mayor y operaciones fantasma hicieron que la situación de la empresa pareciera más fuerte de lo que era incluso cuando las ventas disminuían y el inventorio de productos no vendidos aumentaba", señala Bloomberg.
Según le indicó a BBC Mundo la portavoz de asuntos internacionales de Walmart, Marilee McInnis, la compañía toma seriamente este tipo de denuncias.
"Cuando nos enteramos de algún problema, incluyendo alegaciones sobre integridad financiera, actuamos rápidamente para investigar y remediar el asunto. En 2011 Walmart China reconoció discrepancias en el precio de los inventarios y luego de una nueva investigación se tomaron una serie de medidas preventivas, cambios en el liderazgo y acciones disciplinarias", indicó a BBC mundo.
De acuerdo a Bloomberg, la compañía está siendo investigada por el Departamento de Justicia estadounidense y la Securities and Exchange Commission (SEC), órgano regulador del mercado financiero de ese país, por posibles violaciones de la ley contra prácticas corruptas en el extranjero.
En cuanto al futuro en China las señales son contradictorias.
A principios de diciembre, la compañía señaló que eliminará unos 30 tiendas de las alrededor de 400 que tiene en el país, pero que al mismo tiempo se crearán unos 6.000 nuevos puestos con la apertura de 31 tiendas y centros de distribución.


jueves, 6 de noviembre de 2014

Bajar impuestos a empresas es la prioridad de Republicanos en el Congreso

Tomado de The Wall Street Journal
 Nueva composición  de Cámara de Representantes en EEUU a partir de Enero 2015

Las empresas celebran el triunfo republicano en EE.UU.

Por John. D. McKinnon, Kristina Peterson y William Mauldin

Los grupos empresariales confían en que algunos proyectos de ley que a su parecer impulsarán el crecimiento económico avancen en el nuevo Congreso de control Republicano.


“La reforma tributaria, la reforma tributaria, la reforma tributaria”, respondió John Engler, presidente de Business Roundtable cuando se le preguntó sobre las prioridades de su grupo, que incluye a presidentes ejecutivos de las principales compañías de EE.UU.

Las empresas de Estados Unidos esperan que la clara victoria que le otorgó al Partido Republicano una mayoría en el Senado en las elecciones del martes despeje el camino para que los legisladores vuelquen su atención a las prioridades que no han logrado abordar en los últimos años: impuestos a las empresas, inmigración, comercio y energía.
La división más pronunciada del gobierno estadounidense tras los comicios aumentará la frustración en torno a algunos de los temas que interesan al mundo de los negocios. Sin embargo, también podría significar que el Congreso y la Casa Blanca colaboren en temas económicos antes de las elecciones presidenciales de 2016.
“Lo que esperamos es que el próximo Congreso se concentre en políticas que impulsen la competitividad y el crecimiento”, dijo Aric Newhouse, un alto ejecutivo de la Asociación Nacional de Fabricantes.
La nueva mayoría republicana en el Senado, sumada a su control de la Cámara de Representantes, no eliminará automáticamente los escollos que han bloqueado la formulación de leyes en Washington durante años, sobre todo porque la cámara alta necesita 60 votos para someter proyectos de ley a votación. Además, el presidente Barack Obama tiene poder de veto.
De todos modos, los grupos empresariales confían en que algunos proyectos de ley que según ellos impulsarán el crecimiento económico avancen en la nueva legislatura. De hecho, algunos republicanos han expresado interés en trabajar con Obama en temas de interés mutuo, como una reforma tributaria y la política comercial.
Las elecciones de 2014 representan la primera carrera electoral reciente en la que EE.UU. no enfrenta un posible tsunami económico ligado a los acalorados debates en Washington sobre la política fiscal.
Nueva composición del Senado EEUU a partir de Enero 2015
Ahora, la aceleración del crecimiento económico y de la creación de empleos, así como la reducción del déficit fiscal, que está en su nivel más bajo desde antes de la crisis financiera de 2008, han hecho que las empresas pisen un terreno más firme y han aliviado muchas de las dudas en torno a Washington.
Eso está generando interés en temas pendientes que unen a la comunidad empresarial, como la relajación de las regulaciones y una reforma del código tributario.
“La reforma tributaria, la reforma tributaria, la reforma tributaria”, respondió John Engler, presidente de Business Roundtable cuando se le preguntó sobre las prioridades de su grupo, que incluye a presidentes ejecutivos de las principales compañías de EE.UU.
Tanto el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, como el presidente Barack Obama mencionaron el miércoles la reforma tributaria como una de las prioridades que desean abordar.
Las empresas se quejan de los altos impuestos que pagan en EE.UU., así como de su inusual alcance global puesto que la mayoría de los países gravan ganancias obtenidas solo dentro de sus fronteras.
Las pequeñas empresas también están interesadas en el tema. “Definitivamente, abogamos por una reforma tributaria exhaustiva”, dijo Matt Turkstra, gerente de asuntos legislativos de la Federación Nacional de Negocios Independientes.
En el corto plazo, los líderes empresariales esperan que el Congreso renueve un conjunto de exenciones tributarias temporales que expiraron hace poco y que los legisladores prevén debatir próximamente.
La comunidad empresarial también seguirá abogando por una reforma de las leyes de inmigración, para que se amplíe la fuerza laboral disponible de inmigrantes legales, pese a la resistencia de la Cámara de Representantes.
Las empresas están entre los defensores más influyentes de una reforma, incluido un camino a la ciudadanía para muchos inmigrantes indocumentados. No obstante, la cámara baja ha esquivado una votación sobre el tema y ha pedido que se refuerce la seguridad en la frontera con México.
Una acción ejecutiva del presidente que está prevista para este año libraría de la deportación y otorgaría permiso de empleo a numerosos inmigrantes con lazos importantes con EE.UU. Pero la medida podría agravar el rechazo de los republicanos a considerar el asunto.
“No me queda claro cuánto oxígeno habrá para algo positivo”, dijo Tamar Jacoby, presidenta de ImmigrationWorks USA, un grupo que representa a las empresas que apoyan una reforma inmigratoria.
Un área en la que los empresarios advierten avances es la política de comercio. EE.UU. está negociando acuerdos de libre comercio con países de Asia-Pacífico y la Unión Europea que son más populares entre los republicanos que los demócratas. Los segundos temen, por ejemplo, que el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica podría dejar a la industria automotriz estadounidense más vulnerable frente a la japonesa, debilitaría los estándares medioambientales y fortalecería la protección de patentes para las farmacéuticas en formas que elevarían los precios de las medicinas en los países pobres.
La Casa Blanca y los republicanos necesitarán el apoyo de un puñado de senadores demócratas para someter a voto un proyecto de ley comercial que facilitaría la aprobación de acuerdos internacionales.
Algunos de los principales grupos de lobby también confían en que el Congreso apruebe el postergado oleoducto Keystone XL, que transportaría hasta 830.000 barriles de crudo al día a través del centro del país hasta las refinerías de la costa del Golfo de México. Sin embargo, Obama podría usar su poder de veto para impedir el proyecto que se ha convertido en blanco de debates en EE.UU. sobre cambio climático, la economía y la independencia energética.


sábado, 5 de julio de 2014

Superpoderes de Multinacionales y Mega-Corporaciones en la mira de la ONU

tomado de esglobal

Activistas protestan contra la compañía petrolera estadounidense Chevron en el centro de Quito, Ecuador, junio de 2014.

LA IMPUNIDAD DEL PODER CORPORATIVO, BAJO LA LUPA DE LA ONU

Por nazaret castro

¿Saldrá adelante un tratado auspiciado por Naciones Unidas que garantice el respeto a los derechos humanos por parte de las multinacionales?
Amenazas de muerte, persecución judicial de sindicalistas, vínculos con grupos paramilitares, implicación en el asesinato de 10 trabajadores, saqueo de recursos naturales y uso irracional del agua. Son las duras acusaciones que el sindicato Sinaltrainal, de la mano de Javier Correa, profirió en Ginebra contra la multinacional Coca-Cola. No era la primera vez: en 2008, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) ya dictaminó en contra del comportamiento de la transnacional estadounidense en Colombia. Seis años después, la firma líder en refrescos no asumió ningún tipo de responsabilidad. Tampoco lo hicieron otras corporaciones cuyos impactos fueron estudiados en el TPP celebrado el 23 de junio en Ginebra: Chevron, Shell, Glencore o la española Hidralia.
El juicio popular era una de las iniciativas preparadas por la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad (en inglés, Global Campaign to Dismantle Corporate Power & Stop Impunity), creada en junio de 2012 con el apoyo de más de 600 movimientos sociales y redes de 95 países. Los movimientos sociales habían preparado una semana de movilizaciones para acompañar la propuesta que llevaron Ecuador y Suráfrica ante el Consejo General de Naciones Unidas: estaba en juego la elaboración de un tratado internacional que supervise el respeto de los derechos humanos por parte de las compañías multinacionales. Con 20 votos a favor, 14 en contra y 13 abstenciones, la resolución salió adelante y los Estados se comprometieron a crear un grupo intergubernamental en lo que queda de año.
No será fácil: el tratado se encontrará con la presión de Estados Unidos y Europa, que rechazaron la iniciativa, y con la fuerza del lobby transnacional. Pero es “un primer paso para cambiar la distribución de fuerzas” entre las multinacionales y los pueblos afectados por sus inversiones, recuerda el Transnational Institute (TNI), y para “desmantelar la idea de que los gobiernos deben defender a las empresas”, subraya en el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL). Frente a estos argumentos, la representante de Reino Unido afirmó que semejante tratado podría “restar valor” a los inversionistas para ir a los países del Sur. El ministro de Exteriores español, José García-Margallo, resumió así su postura: “Las corporaciones tienen derecho a imponer determinadas condiciones para instalarse”. La pregunta es si éstas pueden vulnerar los derechos humanos de los pueblos donde operan.
La campaña Stop Impunity se articula sobre la idea de que las transnacionales disfrutan de una suerte de arquitectura legal de la impunidad: el caso de Texaco-Chevron ilustra esa realidad. En el TPP de Ginebra, el líder comunitario indígena Pablo Fajardo responsabilizó a la firma estadounidense de la “contaminación sistemática de la Amazonia ecuatoriana, que ha devastado el ecosistema, ha causado cientos de muertes por cáncer y ha afectado gravemente a muchos pueblos indígenas”. La justicia ecuatoriana encontró a la empresa culpable de haber arrojado, desde 1964, más de 60.000 millones de litros de residuos tóxicos y alrededor de 650.000 barriles de crudo en plena selva amazónica. Los pueblos indígenas Tetetes y Sansahuari se extinguieron, y otras comunidades corren el mismo peligro tras ser forzados a desplazarse. La contaminación acabó con las formas de vida tradicionales, basadas en la agricultura y la ganadería. Después de veinte años de contienda legal, la justicia ecuatoriana falló que la petrolera debía pagar 9.500 millones de dólares (unos 7.000 millones de euros); sin embargo, la multinacional petrolera se negó y el Estado no tuvo cómo expropiarle, pues la empresa ya se había marchado del país. Un juez argentino sentenció que el país austral debía expropiar a la petrolera para satisfacer la deuda con Ecuador, pero la Corte Suprema argentina falló en contra de esa decisión, en las mismas fechas en que Chevron llegaba a un acuerdo con YPF para la explotación de las mayores reservas de gas del país, las de Vaca Muerta.
La Lex Mercatoria
Como afirmó el jurado del TPP en Ginebra, esas prácticas “no son casos aislados, sino parte de un patrón sistemático global creado y facilitado por un régimen político, económico y jurídico que protege a las transnacionales”: es el llamado Derecho Comercial Global, que las voces más críticas han bautizado como Lex Mercatoria. La ley de la mercancía globalizada. El economista Jeffrey Sachs lo resumió así: “[Tenemos] una cultura de impunidad basada en la expectativa bien comprobada de que los crímenes corporativos son rentables”.
Esa “arquitectura legal” brinda protección a las inversiones de las multinacionales, tales como los tratados de libre comercio (TLC) y los tratados bilaterales de inversión (TBI). Éstos son vinculantes y las empresas los hacen valer a través de instancias que velan por su cumplimiento, como el Sistema de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en el que un gobierno puede procesar a otro por poner trabas al régimen de liberalización comercial, o el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, donde las empresas pueden demandar a los Estados por incumplimientos de contrato. Apenas un ejemplo: el CIADI se apoya para su arbitraje en los TBI y TLC, pero no en las legislaciones de los países ni mucho menos en el derecho internacional en materia de derechos humanos. Movimientos sociales de todo el globo denuncian que los pueblos no cuentan con instrumentos jurídicos para defender sus intereses, y cuando esas herramientas existen, son sistemáticamente ignoradas: es el caso del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que sobre el papel garantiza el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas sobre los proyectos que afectan directamente sus formas de vida.
Prácticas sistemáticas
Esa estructura de la impunidad ha posibilitado la generalización de violaciones de derechos humanos en ámbitos diversos: la persecución y represión de los disidentes con ayuda de grupos militares y paramilitares, el apoyo a regímenes dictatoriales afines, las dificultades del acceso popular a bienes básicos como el agua o la electricidad, los desplazamientos de comunidades rurales e indígenas y la destrucción de ecosistemas y formas de vida. Desde la creación del TPP en 1979, estos juicios populares han intentado visibilizar el comportamiento de las corporaciones transnacionales en los países del Sur. La convocatoria del TPP celebrada en Madrid en 2010 estudió casos como los de Telefónica en Chile y Perú, Pescanova en Nicaragua y Unión Fenosa en Colombia y Guatemala. Canal de Isabel II, Repsol, Endesa, Benetton, Santander y BBVA también estuvieron en el punto de mira.
Los testimonios recogidos por el TPP, así como numerosas investigaciones académica, apuntan a que este tipo de casos “no son excepciones, sino que es así como proceden las multinacionales sistemáticamente”, según Pedro Ramiro, coordinador de la OMAL. Ramiro argumenta que, en un contexto de competencia internacional, los directivos de las transnacionales se ven compelidos a buscar el máximo beneficio para no ser absorbidos por otras multinacionales. Y el lucro no se maximiza atendiendo a criterios ambientales, sociales o culturales.
Hacia un nuevo tratado
Esta asimetría de poder podría modificarse si sale adelante el tratado internacional que la ONU se ha comprometido a elaborar. La idea central es reconocer que las multinacionales que incumplan las normas internacionales sobre derechos humanos deberán responder civil y penalmente. Las organizaciones de la Campaña Stop Impunity recuerdan que también debe abarcar la responsabilidad respecto a proveedores y subcontratistas. Se trata de una cuestión esencial, puesto que la tercerización ha sido un mecanismo para evitar la rendición de cuentas. Así lo evidenció el TPP celebrado en Ginebra, al analizar el caso de la minera suizo-británica Glencore PLC. Las acciones denunciadas ocurrieron a través de diferentes subsidiarias en cinco países: Congo, Zambia, Perú, Colombia y Filipinas.
Los movimientos sociales y los Estados que apoyan el nuevo tratado deberán enfrentarse a la oposición de Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y los países de la Unión Europea, que votaron en contra de la resolución. Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción, asegura que la votación “evidencia qué países defienden al gran capital, la banca y las grandes multinacionales” frente al interés general. Kucharz añade que esos gobiernos “hicieron lo posible para bloquear el camino a instrumentos de obligado cumplimiento”.Obligatoriedad es la palabra clave, puesto que “hasta ahora, la ONU contaba con normativas no vinculantes para las prácticas de las transnacionales en terceros países”, apunta Erika González, de la OMAL. Se trataba de códigos voluntaristas, reflejados en acuerdos como el Global Compact, en la línea de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Al ser no vinculantes, “en la práctica estos códigos se traducían en impunidad y falta de instrumentos para llevar a esas empresas ante los tribunales”, explican Kucharz y González.
El tratado que proponen las organizaciones sociales incluye un posicionamiento claro contra la privatización de los bienes comunes y las patentes de recursos básicos y de uso común, como las semillas y las plantas medicinales, y ofrece alternativas a la lógica del gran capital, como la promoción de la agroecología y la gestión comunitaria de los bienes públicos. Está por ver si el tratado que elabore la ONU satisfará sus demandas. Mientras tanto, en todas las esquinas del planeta siguen proliferando las resistencias locales contra los efectos perversos de inversores transnacionales que sólo responden ante la ley comercial global, pero no ante la legislación de ningún Estado. 

martes, 5 de noviembre de 2013

Obama reitera su compromiso con una Reforma Migratoria en reunión con CEO’s de grandes transnacionales

Tomado de La Voz de América
Barack Obama junto al vicepresidente Joe Biden se reúnen en la Casa Blanca con un grupo de empresarios para promover los beneficios de la reforma de inmigración.
Obama: “No hay razón para no aprobar la reforma”
El presidente Barack Obama se reúne con empresarios en la Casa Blanca e insiste en los beneficios económicos que traería una reforma del sistema de inmigración.

El presidente Barack Obama sigue intentando hacer arrancar la reforma inmigratoria.

Este martes, durante una reunión con importantes empresarios como los CEOs de McDonalds, de los hoteles Marriott, de la agencia de seguros State Farm, Motorola, y otros más, el presidente reiteró los beneficios económicos para sus negocios y para al país de aprobarse una reforma de inmigración.

Sentados alrededor de una mesa en uno de los salones de la Casa Blanca Obama, volvió a ejercer presión sobre los republicanos que están al control de la Cámara de Representantes para que aprueben una ley antes de fin de año.

“Estoy completamente comprometido en conseguir una reforma inmigratoria rápidamente.

“Al salir de las sombras miles de indocumentados los negocios tendrían más clientes. No existe razón para que no se apruebe antes de fin de año. Este es el momento de lograrlo”, dijo a los empresarios el presidente Obama.

Barack Obama estuvo acompañado por el vicepresidente Joe Biden y aprovechó para resaltar algunos estimados independientes sobre el impacto económico de la reforma de inmigración.

Obama mencionó que la economía crecería en $ 1,4 billones de dólares, lo que ayudaría a aliviar al déficit, mejorarían las exportaciones y los ingresos de los negocios en general.


Al mismo tiempo el presidente de Estados Unidos repasó los componentes de la ley de reforma inmigratoria aprobada en el Senado que incluye el camino a la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados que cumplan los requisitos como el pago de impuestos, de una multa, aprendan inglés y esperen al final de la lista.

También expresó que una reforma de inmigración permitirá a los empleadores la contratación legal de empleados y un programa de visas de trabajo.

Obama mencionó también que la reforma inmigratoria cuenta con el apoyo bipartidista, a pesar que hay algunos legisladores republicanos que se resisten en el Capitolio y que se estima que sí existen los votos necesarios para que sea aprobada en la Cámara de Representantes.