tomado de esglobal
Activistas protestan contra la compañía petrolera estadounidense Chevron en el centro de Quito, Ecuador, junio de 2014.
LA IMPUNIDAD DEL PODER CORPORATIVO,
BAJO LA LUPA DE LA ONU
Por nazaret castro
¿Saldrá adelante un tratado auspiciado por Naciones Unidas que
garantice el respeto a los derechos humanos por parte de las multinacionales?
Amenazas
de muerte, persecución judicial de sindicalistas, vínculos con grupos
paramilitares, implicación en el asesinato de 10 trabajadores, saqueo de
recursos naturales y uso irracional del agua. Son las duras acusaciones que el
sindicato Sinaltrainal, de la mano de Javier Correa, profirió en
Ginebra contra la multinacional Coca-Cola. No era la primera vez: en
2008, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) ya dictaminó en contra del
comportamiento de la transnacional estadounidense en Colombia. Seis años
después, la firma líder en refrescos no asumió ningún tipo de responsabilidad.
Tampoco lo hicieron otras corporaciones cuyos impactos fueron estudiados en el
TPP celebrado el 23 de junio en Ginebra: Chevron, Shell, Glencore o la española
Hidralia.
El
juicio popular era una de las iniciativas preparadas por la Campaña
Global para Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad (en inglés, Global Campaign to
Dismantle Corporate Power & Stop Impunity), creada en junio de 2012 con el
apoyo de más de 600 movimientos sociales y redes de 95 países. Los movimientos
sociales habían preparado una semana de movilizaciones para acompañar la
propuesta que llevaron Ecuador y Suráfrica ante el Consejo General de Naciones
Unidas: estaba en juego la elaboración de un tratado internacional que
supervise el respeto de los derechos humanos por parte de las compañías
multinacionales. Con 20 votos a favor, 14 en contra y 13 abstenciones, la
resolución salió adelante y los Estados se comprometieron a crear un grupo
intergubernamental en lo que queda de año.
No
será fácil: el tratado se encontrará con la presión de Estados Unidos y Europa,
que rechazaron la iniciativa, y con la fuerza del lobby transnacional.
Pero es “un primer paso para cambiar la distribución de fuerzas” entre las
multinacionales y los pueblos afectados por sus inversiones, recuerda el
Transnational Institute (TNI), y para “desmantelar la idea de que los gobiernos
deben defender a las empresas”, subraya en el Observatorio de Multinacionales
en América Latina (OMAL). Frente a estos argumentos, la representante de Reino
Unido afirmó que semejante tratado podría “restar valor” a los inversionistas
para ir a los países del Sur. El ministro de Exteriores español, José García-Margallo,
resumió así su postura: “Las corporaciones tienen derecho a imponer
determinadas condiciones para instalarse”. La pregunta es si éstas pueden
vulnerar los derechos humanos de los pueblos donde operan.
La campaña Stop Impunity se articula sobre la idea de que las transnacionales
disfrutan de una suerte de arquitectura legal de la impunidad: el caso de
Texaco-Chevron ilustra esa realidad. En el TPP de Ginebra, el líder comunitario
indígena Pablo Fajardo responsabilizó a la firma estadounidense de la
“contaminación sistemática de la Amazonia ecuatoriana, que ha devastado el
ecosistema, ha causado cientos de muertes por cáncer y ha afectado gravemente a
muchos pueblos indígenas”. La justicia ecuatoriana encontró a la empresa
culpable de haber arrojado, desde 1964, más de 60.000 millones de litros de
residuos tóxicos y alrededor de 650.000 barriles de crudo en plena selva
amazónica. Los pueblos indígenas Tetetes y Sansahuari se extinguieron, y otras
comunidades corren el mismo peligro tras ser forzados a desplazarse. La
contaminación acabó con las formas de vida tradicionales, basadas en la
agricultura y la ganadería. Después de veinte años de contienda legal, la
justicia ecuatoriana falló que la petrolera debía pagar 9.500 millones de
dólares (unos 7.000 millones de euros); sin embargo, la multinacional petrolera
se negó y el Estado no tuvo cómo expropiarle, pues la empresa ya se había
marchado del país. Un juez argentino sentenció que el país austral debía
expropiar a la petrolera para satisfacer la deuda con Ecuador, pero la Corte
Suprema argentina falló en contra de esa decisión, en las mismas fechas en que
Chevron llegaba a un acuerdo con YPF para la explotación de las mayores
reservas de gas del país, las de Vaca Muerta.
La
Lex Mercatoria
Como
afirmó el jurado del TPP en Ginebra, esas prácticas “no son casos aislados,
sino parte de un patrón sistemático global creado y facilitado por un régimen
político, económico y jurídico que protege a las transnacionales”: es el
llamado Derecho Comercial Global, que las voces más críticas han bautizado como
Lex Mercatoria. La ley de la mercancía globalizada. El economista Jeffrey Sachs
lo resumió así: “[Tenemos] una cultura de impunidad basada en la expectativa
bien comprobada de que los crímenes corporativos son rentables”.
Esa “arquitectura
legal” brinda protección a las inversiones de las multinacionales,
tales como los tratados de libre comercio (TLC) y los tratados bilaterales de
inversión (TBI). Éstos son vinculantes y las empresas los hacen valer a través
de instancias que velan por su cumplimiento, como el Sistema de Solución de
Diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en el que un
gobierno puede procesar a otro por poner trabas al régimen de liberalización
comercial, o el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(CIADI), del Banco Mundial, donde las empresas pueden demandar a los Estados
por incumplimientos de contrato. Apenas un ejemplo: el CIADI se apoya para su
arbitraje en los TBI y TLC, pero no en las legislaciones de los países ni mucho
menos en el derecho internacional en materia de derechos humanos. Movimientos
sociales de todo el globo denuncian que los pueblos no cuentan con instrumentos
jurídicos para defender sus intereses, y cuando esas herramientas existen, son
sistemáticamente ignoradas: es el caso del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), que sobre el papel garantiza el derecho de las
comunidades indígenas a ser consultadas sobre los proyectos que afectan
directamente sus formas de vida.
Prácticas
sistemáticas
Esa
estructura de la impunidad ha posibilitado la generalización de violaciones de
derechos humanos en ámbitos diversos: la persecución y represión de los
disidentes con ayuda de grupos militares y paramilitares, el apoyo a regímenes
dictatoriales afines, las dificultades del acceso popular a bienes básicos como
el agua o la electricidad, los desplazamientos de comunidades rurales e
indígenas y la destrucción de ecosistemas y formas de vida. Desde la creación
del TPP en 1979, estos juicios populares han intentado visibilizar el
comportamiento de las corporaciones transnacionales en los países del Sur. La convocatoria del TPP celebrada en Madrid en 2010 estudió casos como los de Telefónica
en Chile y Perú, Pescanova en Nicaragua y Unión Fenosa en Colombia y Guatemala.
Canal de Isabel II, Repsol, Endesa, Benetton, Santander y BBVA también
estuvieron en el punto de mira.
Los
testimonios recogidos por el TPP, así como numerosas investigaciones académica,
apuntan a que este tipo de casos “no son excepciones, sino que es así como
proceden las multinacionales sistemáticamente”, según Pedro Ramiro, coordinador
de la OMAL. Ramiro argumenta que, en un contexto de competencia internacional,
los directivos de las transnacionales se ven compelidos a buscar el máximo
beneficio para no ser absorbidos por otras multinacionales. Y el lucro no se
maximiza atendiendo a criterios ambientales, sociales o culturales.
Hacia
un nuevo tratado
Esta
asimetría de poder podría modificarse si sale adelante el tratado internacional
que la ONU se ha comprometido a elaborar. La idea central es reconocer que las
multinacionales que incumplan las normas internacionales sobre derechos humanos
deberán responder civil y penalmente. Las organizaciones de la Campaña Stop
Impunity recuerdan que también debe abarcar la responsabilidad respecto a
proveedores y subcontratistas. Se trata de una cuestión esencial, puesto que la
tercerización ha sido un mecanismo para evitar la rendición de cuentas. Así lo
evidenció el TPP celebrado en Ginebra, al analizar el caso de la minera
suizo-británica Glencore PLC. Las acciones denunciadas ocurrieron a través de
diferentes subsidiarias en cinco países: Congo, Zambia, Perú, Colombia y
Filipinas.
Los
movimientos sociales y los Estados que apoyan el nuevo tratado deberán
enfrentarse a la oposición de Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y los países
de la Unión Europea, que votaron en contra de la resolución. Tom Kucharz, de
Ecologistas en Acción, asegura que la votación “evidencia qué países defienden
al gran capital, la banca y las grandes multinacionales” frente al interés
general. Kucharz añade que esos gobiernos “hicieron lo posible para bloquear el
camino a instrumentos de obligado cumplimiento”.Obligatoriedad es
la palabra clave, puesto que “hasta ahora, la ONU contaba con normativas no
vinculantes para las prácticas de las transnacionales en terceros países”,
apunta Erika González, de la OMAL. Se trataba de códigos voluntaristas,
reflejados en acuerdos como el Global Compact, en la línea de la
Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Al ser no vinculantes, “en la
práctica estos códigos se traducían en impunidad y falta de instrumentos para
llevar a esas empresas ante los tribunales”, explican
Kucharz y González.
El
tratado que proponen las organizaciones sociales incluye un posicionamiento claro contra
la privatización de los bienes comunes y las patentes de recursos básicos y de
uso común, como las semillas y las plantas medicinales, y ofrece alternativas a
la lógica del gran capital, como la promoción de la agroecología y la gestión
comunitaria de los bienes públicos. Está por ver si el tratado que elabore la
ONU satisfará sus demandas. Mientras tanto, en todas las esquinas del planeta
siguen proliferando las resistencias locales contra los efectos perversos de
inversores transnacionales que sólo responden ante la ley comercial global,
pero no ante la legislación de ningún Estado.
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