Tomado de RFI
Foto que circula en internet donde supuestamente el entonces Obispo Jorge Mario Bergoglio (de espalda) da la comunión al General Jorge Videla. Hay que señalar que para esa fecha Bergoglio tenía 39 años de edad y la persona que aparece de espalda en la foto, ya es una persona de avanzada edad, por lo que la veracidad de la imagen es seriamente cuestionable y descartada casi de tajo.
¿Son fundadas las denuncias contra
Bergoglio?
Según las
informaciones disponibles y lo actuado por la Justicia, el papa Francisco,
superior de los jesuitas durante la dictadura Argentina, no colaboró con el
régimen militar ni tuvo responsabilidad, como se le acusa desde algunos
movimientos de derechos humanos de Buenos Aires, en el secuestro de dos
religiosos.
Por Juan Buchet, Corresponsal en Buenos Aires
¿Quién es Bergoglio? El 13 de marzo, apenas fue
conocido el nombre del nuevo papa, muchos se hicieron esta pregunta. Es cierto
que Jorge Mario Bergoglio, hoy papa Francisco, no figuraba entre los favoritos
para suceder a Benedicto XVI. Su elección fue una sorpresa, pese a que en el
2005 hubiera obtenido 40 votos frente a Joseph Ratzinger. Desde Buenos Aires,
donde nació Bergoglio en 1936, los periodistas retrataron a un hombre sencillo.
Un sacerdote “de la calle”, como dijo un cura rockero, y es verdad que al hasta
entonces arzobispo de la capital argentina se lo podía ver en la calle, en el
subte o en un ómnibus. Un hombre dedicado a la gente común, y más especialmente
a los pobres, como atestiguaron los curas “villeros” alentados por él a
trabajar en barrios carenciados y villas de emergencia, como se conoce en la
Argentina a los asentamientos informales.
Poco después, sin embargo, surgió otra imagen,
vía las redes sociales, inundadas de mensajes en los que se denunciaba la
“complicidad” del nuevo papa con la dictadura en el poder en el país entre 1976
y 1983. Algunos incluían fotos en las que se veía a un prelado en compañía de
los exmiembros de la junta militar Jorge Rafael Videla y Emilio Massera. En
realidad, eran montajes o fotos de otro sacerdote, Carlos Berón de Astrada,
mucho mayor que Bergoglio, quien tenía 39 años cuando tuvo lugar el golpe de
marzo de 1976. Horas después, las acusaciones fueron retomadas por personas
vinculadas a los derechos humanos en la Argentina, como la presidenta de Abuelas
de Plaza de Mayo Estela de Carlotto y, sobre todo, el periodista y presidente
del Cels (Centro de Estudios Legales y Sociales) Horacio Verbitsky. Luego,
otras personalidades salieron en defensa de Bergoglio. Entre ellas, el premio
Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la exintegrante de la Conadep (Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas, cuyo informe, “Nunca más”, fue la
base del histórico juicio a las juntas militares de 1985) Graciela Fernández
Meijide y la exjueza Alicia Oliveira.
Cabe señalar que el mundo de los derechos
humanos en la Argentina está dividido entre agrupaciones afines al Gobierno y
otras que son independientes y a veces críticas del oficialismo. En líneas
generales, aquellos que acusan al papa forman parte del primer grupo y los que
lo defienden, del segundo. Hay que destacar también que, para el ala izquierda
del kirchnerismo, el exarzobispo de Buenos Aires se habría comportado a veces
como un opositor al Gobierno y es más bien desde ese sector que provienen las
denuncias.
Esta contextualización no debe impedir,
obviamente, que sean analizadas las acusaciones contra Bergoglio,
independientemente de la desmentida oficial del Vaticano de este 15 de marzo.
Hay un reproche relativo a su actitud durante la dictadura: complicidad, dicen
algunos, pasividad, según otros. Y una denuncia precisa, relacionada con el
caso de dos jesuitas que fueron secuestrados y detenidos seis meses en la Esma
(Escuela de Mécanica de la Armada), el más importante centro de detención
clandestino de aquella época: el entonces superior de la orden en la Argentina
habría entregado o al menos desprotegido a los religiosos.
La imputación de complicidad no se asienta en
ninguna evidencia. Al contrario, numerosos testimonios, confirmando lo dicho
por Bergoglio a los periodistas Sergio Rubin y Francesca Ambrogetti en el libro
“El Jesuita”, describen a un hombre que escondió a perseguidos en el colegio
Máximo de la Compañía de Jesús, y los ayudó a salir del país. “Para él, era muy
riesgoso”, afirma hoy la exjueza, que también tuvo que esconderse, Alicia
Oliveira. Fue especialmente riesgoso lo que hizo con un joven que tenía algún
parecido con él, al que le facilitó la salida a Brasil con su propio documento
de identidad y vestido de sacerdote. “Además, agrega el exarzobispo en el
libro, hice lo que pude con la edad que tenía y las pocas relaciones con las
que contaba, para abogar por personas secuestradas.” Es en ese marco que
Bergoglio reconoce haberse acercado dos veces a Videla y otras tantas a
Massera. En aquel momento, para muchos, era lo más osado que se podía hacer. Y
no era exento de peligro, ya que quienes intercedían por presuntos
“subversivos” podían ser considerados sospechosos.
Por otra parte, se puede difícilmente
reprocharle al entonces superior local de los jesuitas no haber denunciado
públicamente los crímenes de la dictadura: salvo alguno que haya podido ponerse
a salvo de inmediato, quienes lo hicieron ya no están para contarlo, siendo uno
de los casos más emblemáticos el del periodista Rodolfo Walsh, asesinado en
marzo de 1977, un día después de haber fechado una “Carta abierta” a la Junta
Militar. Tampoco tiene sentido asociar a Bergoglio a la actitud ambigua y a
veces complaciente con la dictadura de parte de la jerarquía eclesiástica, ya
que por su cargo y sus 40 años, no formaba parte de la misma.
Queda la denuncia relativa al secuestro, en mayo
de 1976, de Orlando Yorio y Francisco Jalics, dos jesuitas que se desempeñaban
en una villa de emergencia de Buenos Aires. Bergoglio es acusado de haberles
pedido que abandonaran el asentamiento y, ante la negativa de los sacerdotes,
de haberlos expulsado de la orden, antes de informar a los militares de que ya
no contaban con el apoyo de la Iglesia, posibilitando así que los secuestraran.
La denuncia data de varios años, pero nunca se
ha aportado prueba alguna de que el provincial de la Compañía de Jesús se haya
comportado así. Sí es cierto que el fundador del Cels Emilio Mignone, hoy
fallecido, responsabilizó a Bergoglio por haber desprotegido a las víctimas del
operativo, que incluyó también a jóvenes catequistas, entre ellas la hija de
Mignone, que continúan desaparecidos. También Yorio culpó a su superior, no así
Jalics. Después de su liberación, ambos dejaron la Argentina. Yorio volvió al
retorno de la democracia, mantuvo sus acusaciones y murió en su país. En cuanto
a Jalics, se radicó en Alemania, pero viaja a la Argentina y ofició misas con
Bergoglio. Este 15 de marzo, desde Europa, declaró: “Me reconcilié con todo lo
ocurrido y doy los hechos por cerrado”.
Según Bergoglio, los sacerdotes estaban
pergeñando una nueva congregación, para la cual habían elaborado reglas, cuyo
borrador aún conserva, solicitando en consecuencia el padre Arrupe, entonces
superior general de los jesuitas, que eligieran entre su proyecto y la
Compañía. Siempre de acuerdo a Bergoglio, Yorio y Jalics pidieron la salida de
la orden. En marzo de 1976, a días del golpe, que era un secreto a voces en la
Argentina, les sugirió que dejaran la villa y se instalaran en la casa provincial.
“Nunca creí que estuvieran involucrados en ‘actividades subversivas’, como
sostenían sus perseguidores. Pero quedaban expuestos a la paranoia de caza de
brujas”, declaró a Rubin y Abrogetti, agregando lo siguiente: “Fueron
liberados, porque no pudieron acusarlos de nada, y porque nos movimos como
locos. Cuando dije que estuve dos veces con Videla y dos con Massera fue por el
secuestro de ellos.”
El caso de Yorio y Jalics fue juzgado hace dos
años, en el marco de la llamada causa Esma, que terminó con la condena de
numerosos exmilitares, entre ellos Alfredo Astiz, por la muerte de las monjas
francesas Léonie Duquet y Alice Domon, y algunos civiles. En esa ocasión, a
pedido de querellantes que lo acusaban, Bergoglio declaró durante cuatro horas
y convenció al tribunal de que no tenía nada que ver con el secuestro. Germán
Castelli, uno de los jueces que dictó la sentencia, es tajante: “Es totalmente
falso decir que Jorge Bergoglio entregó a esos sacerdotes. Escuchamos esa
versión, vimos las evidencias y entendimos que su actuación no tuvo
implicancias jurídicas en estos casos. Si no, lo hubiésemos denunciado.”
La Justicia refuerza la credibilidad del relato
de Bergoglio. Es altamente creíble que haya buscado proteger a los dos curas al
sugerirles que dejaran el asentamiento y que haya obrado luego por su
liberación. En aquel momento, aquellos que realizaban tareas pastorales o
sociales en barrios populares, tuvieran o no relaciones con supuestos
guerrilleros, eran considerados “subversivos” por los militares. Muchos pagaron
con su vida el compromiso con los pobres que reivindica hoy el papa Francisco.
Es entendible, también, que Yorio o Mignone hayan podido pensar que Bergoglio
había desprotegido a los sacerdotes al pedirles, cumpliendo órdenes, que
eligieran entre la Compañía de Jesús y la congregación que querían formar. Pero
ello no autoriza a seguir acusándolo de haberlos entregado.
Quien mantiene dicha acusación es el periodista
Horacio Verbistky, que investigó el rol de la Iglesia durante la dictadura,
publicó libros y artículos sobre el tema y está al origen de las denuncias.
Verbitsky fundamenta ahora la presunta responsabilidad de Bergoglio en otro
episodio, posterior al secuestro. En 1979, Jalics, entonces residente en
Alemania, necesita renovar su pasaporte vencido. Legalmente, debe volver al
país para ello, pero teme ser detenido. Le escribe a Bergoglio, pidiéndole que
solicite un permiso especial para poder realizar el trámite en el consulado de
Bonn. El todavía superior de los jesuitas accede y redacta una carta en ese
sentido, sin decir, obviamente, que Jalics teme volver, sino que aduce que el
viaje es muy costoso. Entrega la carta a un funcionario de la Secretaría de
Culto, quién le pregunta por qué el sacerdote se había ido del país. “A él y su
compañero los acusaron de guerrilleros y no tenían nada que ver”, declaró haber
respondido Bergoglio. La petición fue denegada.
¿Qué es lo que permite a Verbitsky sostener su
denuncia? Una nota del funcionario en cuestión, de apellido Orcoyen, en la que
se puede leer lo siguiente: “Padre Francisco Jalics/Detenido en la Escuela de
mecánica de la Armada 24/5/76 XI/76 (6 meses)/acusado con el Padre
Yorio/Sospechado contactos guerrilleros”. En Nota Bene, el funcionario agrega:
“Datos suministrados al señor Orcoyen por el Padre Bergoglio firmante de la
nota con especial recomendación de que no se hiciera lugar a lo que solicita”.
La lectura lineal de esta última frase sugeriría que Bergoglio recomienda que
las autoridades no accedan al pedido realizado por carta. Contradictorio, sino
incomprensible. Lo que autoriza a pensar que es el firmante de la nota,
Orcoyen, quien recomienda no dar lugar a la solicitud pero redactó mal el N.B.
De este modo, el episodio se vuelve coherente y conforta los dichos del actual
papa en el libro antes citado, en los que remarca que lo único que encontró su
acusador fue un “papelito” de un funcionario de la dictadura, a la vez que
señala que Verbitsky soslaya la carta en la que “ponía la cara por Jalics y
hacía la petición.” Una vez más, la posición de Bergoglio parece sólida y la
acusación, endeble.
El mismo Verbitsky, en lo que se aparenta a una
suerte de retirada más o menos honrosa, dice ahora: "No hay pruebas
terribles contra él, pero los jesuitas con los que hablé me contaron que hubo
una operación de limpieza en la compañía contra los que se oponían a los
militares y querían denunciar las violaciones a los derechos humanos." Una
declaración en línea con el giro que parece dar el oficialismo argentino
previamente a la audiencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con
el papa este 18 de marzo.
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