POR AMY GUTRHIE
Los gobiernos estatales mexicanos están solicitando mayores préstamos y recurriendo a vencimientos de pagos más cortos, lo que genera temores de que una crisis de liquidez podría estar cerca para algunos gobiernos locales.
La carga de deuda real de los gobiernos locales, de sólo un 2,3% de un producto interno bruto del país que supera los US$1 billones, no es la fuente de preocupación. Lo que preocupa es que los estados están comprometiendo grandes cantidades de sus ingresos futuros sin expandir su capacidad para recaudar fondos.
Reticentes a elevar los impuestos locales, los estados dependen de las transferencias del gobierno federal para cubrir cerca del 90% de sus presupuestos.
Los estados de México deben recibir la aprobación del Congreso para emitir deuda a largo plazo respaldada por ingresos federales. Pero dado que son entidades federales independientes y completas que cuentan con sus propias constituciones, los estados pueden recurrir a tanta deuda no garantizada como quieran.
Y, cada vez más, los bancos del sector privado están dispuestos a extenderles préstamos a corto plazo con vencimientos de menos de un año que no están respaldados por promesas de ingresos futuros.
Carlos Garza, titular de la unidad de coordinación con entidades federativas de la Secretaría de Hacienda de México, dijo que no van a poner una camisa de fuerza a los estados. Al mismo tiempo, observó la tendencia de deuda a corto plazo con alarma, y advirtió a los bancos privados que el gobierno federal no saldría al rescate si los gobiernos locales incumplen con sus obligaciones de deuda no garantizada.
El funcionario enfatizó que definitivamente no existe una garantía implícita del gobierno federal para los créditos bancarios a corto plazo de los estados.
Guillermo Babatz, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores del país, señaló que la entidad que preside está trabajando en la elaboración de normas para los préstamos bancarios a gobiernos locales que deberían entrar en vigencia en 2012, que permitirían a los bancos evaluar mejor el riesgo de prestar dinero a estados y municipios.
Las cifras de la secretaría muestran que los estados y municipalidades debían 315.000 millones de pesos (US$26.250 millones) al final de marzo, 112.000 millones de pesos más que en 2008. La mayor parte de esa deuda está garantizada por fondos que los gobiernos locales recibirán del gobierno federal.
Las obligaciones totales de deuda de los gobiernos estatales y municipales representan un 50% de sus ingresos esperados para 2011, un aumento frente al 41% observado antes de la crisis financiera de 2008, según datos de la Secretaría de Hacienda.
Moody's tiene una calificación especulativa para la mayoría de los 24 estados mexicanos que evalúa, lo que implica que los estados tienen un importante riesgo crediticio subyacente. Las calificaciones consideran la disposición de los estados a pagar sus deudas, y la transparencia en sus gastos.
