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martes, 29 de mayo de 2018

Hoy 29 de mayo se celebra el Día Internacional de Personal de Paz de las Naciones Unidas

Por Compartiendo mi Opinión
El 11 de diciembre de 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 57/129 decide designar el 29 de mayo Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas. 

Desde sus inicios en 1948, las operaciones de paz de las Naciones Unidas han sido una de las principales herramientas utilizadas por la comunidad internacional para gestionar las crisis complejas que amenazan la paz y la seguridad internacionales. 

El Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas, que se conmemora cada año el 29 de mayo y es la ocasión para rendir homenaje a los 111.000 cascos azules que sirven en 15 misiones en algunos de los lugares más inestables y peligrosos del mundo. 

Este día es también el momento de llorar aquellos que han caído dando su vida por la paz. A lo largo de la historia de las operaciones de paz, han muerto cerca de 3.100 cascos azules, incluyendo 111 hombres y mujeres en 2012. 

Los Cascos azules de la ONU: 70 años de servicio y sacrificio

En el 2018 se celebra el 70 aniversario de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, un mecanismo único y dinámico diseñado para ayudar a los países desgarrados por conflictos a crear las condiciones para una paz duradera. La primera misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas se estableció el 29 de mayo de 1948, cuando el Consejo de Seguridad autorizó el despliegue de algunos observadores militares en el Oriente Medio con el fin de formar el Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua (ONUVT), para supervisar el Acuerdo de Armisticio entre Israel y sus vecinos árabes.

Durante siete décadas, más de un millón de hombres y mujeres han prestado servicio en nombre de la bandera de las Naciones Unidas en 71 operaciones de mantenimiento de la paz y han tenido una repercusión directa en las vidas de centenares de personas al proteger a los más vulnerables y salvar innumerables vidas. Nuestro personal de paz se sacrifica enormemente, a menudo para servir bajo condiciones de peligro y alto riesgo para ellos mismos. Las familias del personal de mantenimiento de la paz y sus gobiernos comparten este sacrificio.

La conmemoración de este día nos da la oportunidad de reconocer el sacrificio de todos los hombres y mujeres que han perdido su vida realizando operaciones de mantenimiento de la paz y a la vez reconocer su valiosa contribución a la labor de la Organización.

Desde Sierra Leona hasta Camboya, pasando por Timor-Leste, Namibia, El Salvador, llegando a cualquier país afectado por la guerra, el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas ha contribuido a la transición de una situación bélica a una pacífica en numerosos países. La Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) ha completado su mandato con éxito en marzo de este año, convirtiéndose en la operación de mantenimiento de la paz número 57 que lo consigue. El cierre de UNMIL también puso final a más de dos décadas de operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU en la cuenca del Río Mano en África Occidental.

A día de hoy, el mantenimiento de la paz de la ONU cuenta con más de 100 000 miembros de su personal militar, policial y civil desplegados en 14 operaciones de mantenimiento de la paz llevadas a cabo en cuatro continentes. Actualmente, las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU reciben contribuciones del personal militar y policial y el equipo necesario para mantener nuestras operaciones de 124 Estados Miembros. Las operaciones de mantenimiento de la paz son fruto de una alianza mundial y esta cifra refleja el alto grado de confianza mundial en el valor de las funciones insignia de las Naciones Unidas. Asimismo, estas operaciones de mantenimiento de la paz han demostrado ser una sólida inversión en los temas de paz, seguridad y prosperidad mundiales. A pesar de la envergadura y del alcance de sus operaciones, la cifra ligeramente inferior a 7000 millones de dólares al año del presupuesto anual destinado al mantenimiento de la paz no supone ni un uno por ciento del gasto militar global.

El mantenimiento de la paz de la ONU es un mecanismo flexible y en evolución que reúne instrumentos políticos, técnicos y de seguridad puestos a su disposición para ayudar a los países a llevar a cabo la difícil transición del conflicto a la paz. En marzo de este año, el Secretario General puso en marcha una nueva iniciativa, denominada «Action for Peacekeeping» (Acción por el Mantenimiento de la Paz), cuyo cometido era la mejora del desempeño y la garantía de que las operaciones de mantenimiento de la paz fueran las adecuadas ante unos campos de operaciones cada vez más complejos y peligrosos. La iniciativa realiza un llamamiento a los Estados Miembros, al Consejo de Seguridad y a los países que aportan contingentes y fuerzas de policía para que reorienten las operaciones de mantenimiento de la paz basándose en expectativas realistas, ofreciendo un mayor apoyo en soluciones políticas y haciendo que las misiones de mantenimiento de la paz sean más sólidas y seguras mediante el despliegue de fuerzas bien equipadas y capacitadas, con la inclusión de más mujeres en sus operaciones.

Aunque el Día Internacional del Personal de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas es el 29 de mayo, la Sede de la ONU de Nueva York lo celebrará este año el 1 de junio. El Secretario General presidirá una ceremonia de colocación de una ofrenda floral en honor a todos los miembros del personal de mantenimiento de la paz que han perdido la vida sirviendo a las Naciones Unidas. Además, se otorgará la Medalla Dag Hammarskjöld a título póstumo al personal de mantenimiento de la paz que perdió la vida en 2017 mientras prestaba servicio en defensa de la paz.

Se invita por tanto a todos los Estados Miembros, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales y las personas en general a que celebren como corresponda el Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas para rendir homenaje a los más de 3700 miembros del personal de mantenimiento de la paz que han perdido la vida mientras defendían los valores de la bandera de la ONU desde 1948, incluidos los 129 que fallecieron el año 2017.

domingo, 5 de julio de 2015

Proceso de paz colombiano, cerca del final vive una etapa delicada

Tomado de Revista Semana

Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno colombiano

“Es posible que un día de estos las FARC no nos encuentren en la mesa de La Habana”

El reconocido periodista Juan Gossaín entrevistó a jefe negociador del Gobierno Humberto de la calle Lombana sobre el procesos de paz.

Ha llegado la hora de hacerle un balance sincero a las negociaciones de paz entre el Gobierno y las FARC. Desde septiembre del 2012, cuando se iniciaron las conversaciones, el país ha ido pasando de la ilusión al desencanto y de la esperanza a la frustración. Se ha vuelto tan grande esa desconfianza que en este momento, según la última encuesta, menos de la mitad de los colombianos respalda una solución negociada del conflicto. En cambio, más de la mitad prefiere una solución militar.
 
No nos engañemos: en los últimos años ha habido tantos diálogos fallidos, y tantos sueños perdidos, que la gente se ha vuelto desconfiada. La han vuelto, mejor dicho. Es por eso que le propongo al jefe negociador, Humberto de la Calle, que nos sentemos a conversar francamente. Con crudeza, si fuese necesario.
 
El país está exigiendo que le cuenten la verdad. Yo sé que con de la Calle eso es posible porque lo conozco bien desde que trabajamos juntos en la radio. Es el mismo hombre que hace veinte años renunció sin titubeos a la vice-Presidencia de la República, por razones de integridad y de honor.
 
De la Calle contesta que sí, a pesar de su carácter refractario a las entrevistas, pero me pone una condición: que yo le ceda nuestra charla a todos los periódicos que quieran publicarla, grandes o pequeños, y que se comprometan a hacerlo de manera simultánea, el mismo día, juntos, sin excluir a nadie.
 
No tuve que pensarlo mucho: acepté, también de buena gana, porque me parece que es un pequeño ejemplo de desprendimiento, de solidaridad y unión, que los periodistas podemos ofrecerle al país en estos momentos tan cruciales. Al fin y al cabo, ninguna primicia es más importante que la paz de Colombia.

“Esto se está acabando”
 
Juan Gossaín: Llevamos casi tres años en estas negociaciones, le pregunto,  ¿Cuánto más va a durar?
 
Humberto de la Calle: Poco -responde sin vacilar-. No soy capaz de darle un plazo porque esa es la pregunta del millón de dólares, pero sí me parece claro que el proceso está llegando a su fin,  por bien o por mal. Sea porque logremos un acuerdo, ya que estamos trabajando en la recta final de los temas de fondo. O por mal, si, como está ocurriendo, la paciencia de los colombianos se agota. El riesgo es real. Yo sí quiero decirles a las FARC con toda seriedad: “Esto se puede acabar. Algún día es probable que no nos encuentren en la mesa de La Habana”. Realmente lo que está ocurriendo es insoportable para los colombianos.      
    
J. G.: La cruda verdad es que los colombianos no creen en el proceso de paz. Las encuestas acaban de revelar que lo respalda menos de la mitad del país. ¿A qué atribuye usted ese sentimiento?
 
H. D. L.: Es completamente lógico. Es producto de lo que ha ocurrido en los últimos días. A partir de la muerte de los soldados en el Cauca viene una oleada de destrucción de la infraestructura nacional, con impactos terribles sobre la población civil. Una ciudad como Tumaco, de 160.000 habitantes, se queda 45  días sin acueducto. Todos los caños del suroccidente del país inundados de petróleo con un daño ecológico cuya recuperación tardará décadas. Los campesinos y pescadores del Pacífico no pueden trabajar. Lo que tenemos, en fin, es una oleada que afecta a los ciudadanos.
 
El peor momento
 
J. G.: La pregunta más elemental que se hace la gente es esta: si las negociaciones van bien, ¿por qué las FARC no dan muestras de buena voluntad?
 
H. D. L.: Las FARC están equivocadas contra toda lógica y evidencia. El problema de las FARC no es con el Ejército, ni con los derechistas, ni con los que ellos llaman “la oligarquía”. Es con la gente, porque es a la gente a quien están afectando. Es lógico que la gente haya caído al nivel más bajo del escepticismo. Por eso cunde la desesperanza. Y nosotros tenemos que tener la honestidad de decirles a los colombianos que el proceso de paz está en el peor momento desde que iniciamos las conversaciones.
 
J. G.: ¿Y usted espera que las FARC cambien de actitud?  

H. D. L.:
 Yo espero que sí, aunque haya voces internas de las FARC como la de un señor Aldecoa, quien dice que seguirán los atentados. Eso  realmente es una locura. El camino que han escogido las FARC es insostenible para ellos. Yo confío en que seamos capaces de recuperar la serenidad. Este no es momento de retórica sino de las decisiones de fondo. El caucho de las palabras ya no estira más. Nosotros seguimos buscando un acuerdo a través de la esperanza. Las FARC tienen que entender eso. ¿Usted cree que si esto fracasa va a haber otro gobierno que reemprenda conversaciones con ese grupo? A las FARC también se les agota su tiempo militar y su tiempo histórico.
 
Así sería el sistema de justicia 

J. G.:  ¿Por qué está estancado el tema de la justicia que se aplicaría a las FARC? 

H. D. L.: Porque ahora no es lo mismo que en las negociaciones que se hacían antes. Ahora existen el Tribunal de Roma y la Corte Interamericana, la legislación interna también ha cambiado, hay fallos de nuestra Corte Constitucional según los cuales no se pueden suspender la totalidad de las penas. Pero, además, el país exige justicia sin amnistías generales. Eso no lo vamos a hacer. Y están las víctimas, que merecen justicia. Por eso es el territorio más difícil de la negociación. Las FARC tienen que asumir las responsabilidades de sus actos. El Estado también, naturalmente.
 
J. G.: Explíqueme, en términos elementales, qué es la justicia transicional que ustedes le plantearon a las FARC.
 
H. D. L.: Lo que hemos dicho en la mesa es lo siguiente: a partir del marco jurídico para la paz, existe la posibilidad de seleccionar, en primer lugar, los hechos más graves, para que sirvan como patrón o referencia: una masacre, secuestros, violencia sexual. Una comisión independiente hace esa selección que le sería entregada a la Fiscalía para que escoja quiénes fueron los que cometieron esos delitos que tienen carácter internacional. Lo que se busca es limitar la acción penal a ese tipo de delitos y a sus máximos responsables. A ellos se les aplicaría la misma pena que dictan las leyes vigentes, pero que  podría reducirse a una pena alternativa que se pague en condiciones de dignidad, sin rejas ni piyamas rayadas. Pero hay que asumir las consecuencias judiciales de los actos, reparar a las víctimas y dar garantías de no repetición. Eso es lo que hemos llamado “justicia transicional” que ya las FARC, en un paso que les reconozco, han dicho que están dispuestos a aceptar un sistema de justicia que tenga esos componentes.     
                              
La propuesta de Uribe y la extradición 

J. G.: Sobre ese tema, el expresidente Uribe Vélez ha planteado unas “zonas rurales de concentración” para recluir guerrilleros condenados, sin que entreguen sus armas. ¿Usted considera viable esa propuesta? 

H. D. L.: Me parece sumamente constructiva. Y creo que el expresidente Uribe tiene razón. Se puede discutir si es oportuna, pero la idea que uno tiene para acabar el conflicto es que sí es necesario y realista promover esas zonas de concentración, que pueden ser para gente temporalmente armada que se someta a un proceso de dejación de armas, que es una condición esencial para que haya acuerdo y se reincorporen a la vida civil.
 
J. G.: ¿El Gobierno puede garantizarles a las FARC que no serán extraditados si un juez de Estados Unidos los pide, por ejemplo, por narcotráfico?

H. D. L.: En Colombia quien finalmente decide sobre extradiciones es el jefe del Estado. Tenemos que crear un marco, derivado de un acuerdo de paz, que les demuestre a los demás países que se trata de un acuerdo serio y respetable, legítimo, para que respeten lo acordado y no entren en controversia con el país. Que, por el contrario, haya un apoyo internacional a una paz duradera en Colombia, y que eso haga innecesarias las extradiciones. Eso es posible lograrlo porque, aunque parezca una paradoja, el proceso ha encontrado más apoyo afuera que aquí adentro. También es verdad que aquí es donde sufrimos las consecuencias.                  

J. G.: ¿Ese tema de la justicia y las penas es lo que tiene bloqueado el proceso?
 
H. D. L.: Solo en buena parte. También hay una presión de las FARC para buscar un cese bilateral del fuego. Esa es su prioridad. Nosotros hemos dicho: cese del fuego bilateral y definitivo, pero no solo del fuego sino también de las hostilidades, la extorsión el narcotráfico. Eso sí: en condiciones de seriedad y de verificación. Mi respuesta a las FARC es: si lo que están buscando con estos atentados es un cese del fuego mal hecho –como en el juego infantil llamado “estatua”, en que el otro tiene que quedarse quieto , no lo vamos a hacer. No habrá cese del fuego estatua. Entre otras cosas porque aquí hay otras fuentes de violencia, distintas a las FARC, y no podemos decirle a la fuerza pública que se esté quieta. Si quieren un cese del fuego, el Gobierno está dispuesto a anticiparlo,  para lo cual son fundamentales las zonas de concentración. Ese es el camino.
 
J. G.: ¿Pero, entonces, el Gobierno está dispuesto a aceptar un cese bilateral del fuego antes de firmar el acuerdo de paz?
 
H. D. L.: Esa pregunta nos lleva a un punto crítico y esencial. Al principio la posición del Gobierno era que el cese  del fuego solo ocurriría con el acuerdo. En ese punto hemos cambiado. Estamos dispuestos a aceptar un cese del fuego, aún antes de la firma de un acuerdo, en la medida en que sea serio, bilateral, definitivo y verificable, siempre y cuando tengamos la garantía de que ellos asumen su responsabilidad en materia judicial y verificación nacional e internacional. Que no conviertan esto en una especie de payasada. Las experiencias del pasado, en esa materia, son pésimas. 
 
J. G.: ¿No es una exageración que el presidente Santos haya ido a Europa a decir, textualmente, que “en Colombia el postconflicto prácticamente ya empezó”? ¿Postconflicto con esto que está pasando?
 
H. D. L.: Eso quiere decir varias cosas. Primero, que hay zonas de verdadera paz en Colombia. Segundo, y aunque haya gente que no lo cree, todas las cifras de seguridad han mejorado en Colombia. La reducción del homicidio este año es histórica: 443 muertes menos que el año pasado. O sea que estamos en una tasa del 26 % por cada 100.000 habitantes, lo cual no es una maravilla, ni este es el paraíso, pero el descenso es dramático. Hay 470 municipios donde no se han presentado homicidios este año. En este momento tenemos la tasa de secuestros más baja de los últimos catorce años, ya que de 3.706 secuestros hemos llegado a 88. No es que yo diga que tenemos que aplaudir, pero la situación es muy distinta. Es a eso a lo que se estaba refiriendo el presidente.   
                               
J. G.: Hablemos de la Comisión de la Verdad. El procurador Ordóñez ha dicho que fue hecha “a la medida de las FARC” y que, en consecuencia, no será una comisión que trabaje con la verdad de las víctimas sino de los victimarios.

H. D. L.: 
Si queremos dar el paso a una paz duradera, la verdad es un ingrediente necesario, como la justicia y la reparación. Es con todas las realidades, las macabras acciones de las FARC, pero también las de otros agentes, incluso del Estado, hay que reconocerlo. En el mundo de hoy no es posible hacer una paz sin la verdad. Porque el centro de esto, y el ancla, son las víctimas. En 1991 intentamos hacerlo sin que aparecieran las víctimas, y ahora estamos pagando ese error. La gente humilde me agarra del brazo, angustiada, y me dice: “Doctor, ¿qué pasó con mi hijo o con mi padre?”. Y me dicen que, más que reparaciones económicas, lo que quieren es saber la verdad.
 
El Papa y la verdad

J. G.: ¿Y cómo se escogerían esos comisionados?

H. D. L.: Primero se crea un grupo de seleccionadores, de los cuales seis serán convenidos por las partes. (Eso es lo que irrita a algunos). Y luego tres seleccionadores más, escogidos por instituciones o personas de reputación internacional, como el Papa o las Naciones Unidas. Estamos hablando de gente de ese tamaño. Entre todos ellos, escogerán a nueve comisionados integérrimos, independientes y honestos que juzguen todas las verdades. Lo que no funciona, precisamente, es que haya verdad oficial. A eso nos oponemos. Comprendo que, mientras en el exterior aplauden ese proyecto, aquí haya personas que creen que eso es una trampa y que no va a funcionar. 

J. G.:
 A propósito de víctimas y reparaciones: se han entablado hasta ahora más de 22.000 demandas por despojo de tierras. ¿Usted cree que sí habrá una auténtica restitución?

H. D. L.: Creo que sí. Ya se habla de 22.000 hectáreas que están a punto de ser recuperadas en los Llanos Orientales. Parece una paradoja, pero, hablando con el director del Incoder, me decía que a veces lo que impide la reparación es el propio conflicto. Hay zonas donde no pueden entrar ni los jueces ni nadie. Si hay un final del conflicto, lo primero que se acelera  es la estabilización del campo. Tenemos que restablecer las zonas rurales. El jovencito que mata a alguien en la ciudad, para robarse un celular, puede ser el hijo de un desplazado. Por eso el eslabón de la cadena de violencia comienza allá pero termina afectando a todos los colombianos. 
 
“El estado ya ganó la guerra estratégica”

J. G.: Militarmente hablando, ¿en qué situación están las FARC?

H. D. L.: El predominio militar del Estado es indiscutible. En estas encuestas recientes veo que el respaldo a la opción militar vuelve a subir. Eso debería preocupar a las FARC porque no había ocurrido así en los últimos quince años. Pero eso es desconocer que la guerra estratégica ya terminó y que el Estado la ganó. Lo que queda es una resaca táctica que puede durar mucho tiempo y ser muy dolorosa. Ponerle una bomba al oleoducto es muy simple. Eso afecta a los civiles, pero no tiene ningún efecto militar.
 
J. G.: Y, entonces, ¿por qué las FARC siguen en esas?

H. D. L.: Porque, a pesar de esa realidad, las FARC llegan a la mesa casi con la obligación de decir “no hemos sido derrotados”. Las FARC están luchando ahora con su propia identidad como grupo, con su futuro, con la historia,  “cómo nos van a ver dentro de 100 años”. Perdieron la guerra, pero  insisten en su condición de rebeldes porque dicen que no pueden echar por la borda 50 años de lucha. 
 
Las FARC como partido político

J. G.: ¿Cómo serían las FARC sin armas?

H. D. L.: 
Ahí sí, desarmados, que sigan dándole manivela a su ideología. A nosotros no nos asusta eso. Que entren, con garantías, a hacer política en medio del respeto de los colombianos y de ellos hacia los colombianos. 

J. G.: ¿Unas curules para las FARC en el Congreso, sin necesidad de que participen en elecciones? 

H. D. L.: 
Yo sé que los ciudadanos piensan eso. Yo tengo que ser totalmente honesto y decirles, así me lluevan tomates, que en una primera etapa, netamente transitoria, el Estado y el país tienen que abrir la mente a la participación de las FARC como partido político desarmado. Tienen que abrirse dignamente las puertas políticas para las FARC. Más allá de si hay curules o no -porque eso habrá que discutirlo-, creo que los colombianos tenemos que prepararnos para obrar con generosidad en ese momento. Las FARC han sido el elemento más conservador de la vida política colombiana. Cincuenta años de violencia disolvieron prácticamente el movimiento sindical y el estudiantil.  

lunes, 26 de enero de 2015

Nueva tregua. Maras le doblan la mano a gobierno salvadoreño y nuevamente lo obligan a negociar

Tomado de El País
Ex guerrillero Raul Mijango. Crédito de la foto Jessica Orellana
El mediador entre maras confirma un nuevo pacto en El Salvador
El exguerrillero Mijango, muñidor de la tregua de 2012, afirma que las pandillas han vuelto a acordar un intento de refrenar los asesinatos
Por Juan José Dalton

En medio de un conflicto desatado entre pandillas, policías, soldados y presuntos grupos de limpieza social,El Salvador vuelve a ver una posibilidad de luz en el diálogo o tregua que los líderes de las principales pandillas habría pactado a espaldas del gobierno, según ratifica en entrevista con El PAÍS el exguerrillero Raúl Mijango, quien en la tregua de 2012 fungió como mediador entre las bandas delictivas, pero que en este proceso dice mantener cierta distancia.
Mijango, cuestionado públicamente por tirios y troyanos por su participación en lo que llamó proceso de pacificación, confía en que el nuevo acuerdo entre pandillas hará disminuir los homicidios, y en que encauce una solución a largo plazo del problema de las maras en esta nación centroamericana, hoy por hoy una de las más violentas del mundo por su alta tasa de homicidios, que sobrepasa los 60 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo a análisis de agencias de Naciones Unidas. La tregua de 2012 bajó los homicidios de 15 a 5 diarios; el abandono posterior del acuerdo durante 2014 alzó la proporción a entre 10 y 12 diarios, con tendencia al crecimiento.
Pregunta. ¿Qué significa este nuevo pacto entre pandillas?
Respuesta. Es un nuevo gesto que reafirma la voluntad de las pandillas de detener la violencia, pero sobre todo es un mensaje que deja clara cuatro cosas: que el problema sí tiene solución; que para que haya solución tiene que tomarse en cuenta al generador; que sin él no hay solución; y cuarto, el diálogo es lo que le puede dar soluciones expeditas y de corto plazo a este problema.
P. ¿Cuál será le diferencia entre esta tregua y la anterior?
R. Ésta se da en un escenario con menos posibilidades, con menos condiciones y con menor intención política de darle solución por la vía del diálogo. Yo, como humano y como salvadoreño, quisiera que durara, pero mi convicción como analista y como conocedor de la materia es que no va a durar, porque para que dure se requiere de condiciones que no existen.
P. ¿Por ejemplo?
Yo, como humano y como salvadoreño, quisiera que durara, pero mi convicción como analista y como conocedor de la materia es que no va a durar
R. Ante todo, voluntad política. Crear una serie de condiciones que le permitan a los pandilleros tener un cambio de vida…
P. ¿Qué dicen los pandilleros acerca de este nuevo diálogo?
R. Es un gesto unilateral de buena voluntad, para demostrar que esto tiene solución, para demostrar que seguimos con la buena voluntad de contribuir a la solución de este problema, que queremos que quede claro que sin nosotros esto no se resuelve y que para resolver esto se requiere de condiciones que en la actualidad no se tiene y que, por eso, no podemos garantizar que esto se vuelva una cosa muy estable, pero el esfuerzo lo vamos a hacer. Eso dicen.
P. Y si los líderes son conscientes del problema, ¿por qué las bases se siguen matando?
R. Las bases son soldados. Soldados a quienes los dirige un mando intermedio a nivel operativo y arriba hay otros. Estas son unas estructuras que se han ido complejizando con el tiempo y entre más se han ido enfrentando a problemas más han ido aprendiendo.
P. ¿Tiene alguna participación el gobierno en este proceso?
R. ¡En absoluto!
P. ¿Quiénes y dónde firmaron el acuerdo?
R. Yo creo que eso es algo irrelevante. Lo importante es cómo y cuáles son los resultados que dará este proceso y eso lo podemos ver desde ya con la evidente disminución de los homicidios.
P. ¿Pero por qué no se puede saber quiénes fueron?
R. Bueno, fueron los que tiene el poder de hacerlo: los líderes.
P. ¿Qué facilidades considera que debe dar el gobierno?
R. Pues las pandillas ya están comprometidas a poner de su parte: a entablar un diálogo entre ellas y con los que ostentan el poder, y eso ya lo han demostrado con este nuevo gesto, que no es el primero, ni el segundo, es uno de tantos. En cuanto al gobierno, no puedo decir qué es lo que deben hacer porque no me han preguntado, pero sí deben de demostrar también que tienen la buena voluntad y crear las condiciones, principalmente de empleo, para que estos muchachos puedan tener un cambio de vida y salir de esas hostilidades.


sábado, 21 de junio de 2014

COLOMBIA: REELECCIÓN AUTORIZA A SANTOS A SEGUIR NEGOCIANDO LA PAZ

Tomado de esglobal 

COLOMBIA, LUZ VERDE A LA PAZ

El país latinoamericano se perfila cada vez más como un Estado pluralista, moderno y democrático.

Por Guillermo Pérez Flores

Colombia ha autorizado a Juan Manuel Santos para seguir en el Gobierno y continuar con las negociaciones de paz, pero ello no significa que le haya extendido un cheque en blanco. Las urnas han dicho también que su margen de maniobra es limitado, y así lo reconoció él mismo en el discurso de victoria, en el cual afirmó que corregiría todo lo que tuviera que corregir y ajustaría todo lo que tuviera que ajustar. Un giño, sin duda, a la ex candidata Martha Lucía Ramírez y al ex presidente Andrés Pastrana (1998-02), e inclusive al mismo candidato Oscar Iván Zuluaga, quien a diferencia de su mentor, el ex presidente Álvaro Uribe (2002-10), aceptó la derrota sin intentar, como éste, deslegitimar el triunfo con acusaciones fraude y corrupción.
Esta campaña electoral se enmarcó en dos plebiscitos paralelos. Uno en torno a la paz, esbozado por el presidente Santos en el dilema de escoger entre el fin de la guerra y la guerra sin fin. Y otro sobre el regreso del uribismo al poder. Decidir si Colombia se matriculaba en una era post Uribe, que tiene una honda significación política e incluso cultural. Al ex presidente, tirios y troyanos le reconocen que durante sus ocho años de “Seguridad Democrática” logró alterar la correlación militar de fuerzas en favor del Estado. Pero ese reconocimiento no supone aprobación de sus métodos ni mucho menos de su mentalidad política tribal, que induce a estar de acuerdo solo con quienes piensan igual, en una estrecha visión de que quien no está con él está contra él.
Fue precisamente ese marco lo que permitió gestar -tras la primera vuelta- una amplia coalición política y social en favor de la paz, con participación de sectores socialdemócratas, de liberales conservadores (Antanas Mockus), de progresistas (Gustavo Petro), de izquierda y oposición (Clara López, Aida Avella y Piedad Córdoba), de líderes de la Alianza Verde (Antonio Navarro y Claudia López) y de las principales centrales sindicales y de víctimas del conflicto (Íngrid Betancourt). Coalición que recibió la bendición de empresarios importantes como Luis Carlos Sarmiento (dueño de una tercera parte de la banca) o Nicanor Restrepo, ex presidente de uno de los conglomerados económicos más grandes. Esta amplia y diversa alianza le dio un nuevo aire a Santos, que con la Unidad Nacional (coalición de gobierno) fue incapaz de transmitir durante la primera vuelta el mensaje gubernamental y de movilizar un electorado apático y escéptico frente a la paz.
Santos ha cosechado casi cinco millones de votos más que en la primera vuelta, 900.000 más que Zuluaga, los suficientes para proseguir las conversaciones de paz con las FARC (que ahora se amplían a la segunda guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional, ELN) y frenar el regreso al poder del uribismo. El pleito político, sin embargo, no ha concluido. Santos tiene grandes desafíos. El primero, y quizás el más trascendente, llegar al cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, antes de que termine este año. La paciencia del país tiene límites. Bajo la égida de Álvaro Uribe hablar de paz era políticamente incorrecto, con este resultado se invierte la ecuación, no obstante, el país  demanda resultados concretos y no se conforma con declaraciones o ceses unilateral de fuego de una o dos semanas, como los decretados por las FARC durante las elecciones.  Otro desafío es mantener y ampliar la coalición de apoyo a la paz –que es frágil y podría tornarse volátil–, pues los acuerdos a los que llegue con las guerrillas tendrán que ser refrendados popularmente.
Hasta el pasado 15 de junio las conversaciones de paz tenían más respaldo externo que interno. El gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU, la OEA, UNASUR, la Alianza del Pacífico y todo el vecindario las apoyan. Esto ha mejorado, pero falta un respaldo interno más sólido. Santos creyó que la campaña electoral sería fácil, jugó a adormecerla y se equivocó. Ese error le ha obligado a hacer de la necesidad virtud y salir a conseguir el apoyo de más sectores a las negociaciones. Ahora tendrá que transformar la paz en política de Estado, y compartir la bandera de la paz con muchas otras manos, para hacerle saber a las guerrillas que están negociando no con un Ejecutivo sino con todo un país y acelerar las negociaciones. 
Con el resultado electoral del pasado domingo, Colombia comienza a diseñarse un perfil más pluralista, moderno y democrático del que tenía. El ejercicio de diálogo político interno que acaba de hacer Santos es positivo, y contribuirá, inclusive, a reforzar su política exterior, de respeto y no injerencia en asuntos internos de otros países (léase Venezuela y Ecuador). En concordancia con el mandato político recibido, y con ese nuevo perfil, Colombia podría pasar de ser país problema (como se proyectó hace unos años) a país solución. Ayudar, por ejemplo, a normalizar las relaciones entre Washington y La Habana, darle un enfoque más integrador a UNASUR o solucionar, mediante la diplomacia, la divergencia que aún mantiene con Nicaragua tras el fallo del Tribunal de Justicia de La Haya, o mediar, si se lo piden las partes, en la crisis venezolana.
No cabe duda de que estas elecciones le han permitido a la democracia colombiana un salto de calidad que oxigena a Santos. Ya nadie podrá acusarle de haber traicionado el mandato de las urnas, como sucedió tras abrir las negociaciones con las FARC. Seguramente también, tendrá que hacer un gobierno menos ideológico, acentuar en lo social y modular sus políticas neoliberales, algo que ofreció hacer Zuluaga, quien prometió no celebrar más tratados de libre comercio durante cuatro años. Con razón o sin ella, los agricultores adjudican su quiebra a las políticas de apertura y al libre comercio. Santos se ha comprometido con los trabajadores a devolverles a las horas extras nocturnas y dominicales que la primera administración de Uribe les quitó.
Adicionalmente, el reelegido presidente colombiano tendrá que resolver un problema que no es de poca monta: de dónde saldrán los recursos para financiar la paz y el postconflicto. Se necesitará una nueva reforma tributaria. ¿Quién va a pagar la factura? Ampliar la base tributaria sería excesivamente impopular, pero aumentar los impuestos a los más ricos y a las grandes empresas podría desestimular la inversión privada y extranjera, y desatar una fuga de capitales. En cualquier caso, la política es el arte de hacer posible lo imposible, y Juan Manuel Santos, con su segunda elección a la que se presenta en su vida, ha demostrado que es, ante todo, un buen político. 

sábado, 4 de enero de 2014

Negociadores de las FARC son reclamados internacionalmente por narcotraficantes

Tomado de RFI


Un tribunal de EEUU pide la extradición de dos negociadores de las FARC

Un tribunal de Virgina, en el este de Estados Unidos, solicitó a Colombia la extradición de dos miembros de las FARC que forman parte del equipo que negocia la paz en La Habana con el gobierno colombiano.
Según un documento de la Fiscalía de Colombia, citado este domingo por el diario colombiano El Tiempo, los delegados de las FARC fueron solicitados por un tribunal de Norfolk (Virginia) a Colombia a mediados de noviembre. Los dos guerrilleros, Omar Retrepo y Adán Jiménez, operaban en el Frente 36 de las FARC, en el departamento de Antioquia (norte de Colombia) y son requeridos por Estados Unidos acusados de tráfico de armas y narcotráfico.

El gobierno colombiano, quien negocia desde hace más de un año un acuerdo de paz con la guerrilla en La Habana, emitió un decreto en 2012 que suspende las órdenes de captura de miembros de las FARC que integren la mesa de negociaciones. Si bien esta norma no suspende las acciones penales en curso, si bloquea las ordenes de captura pasadas o nuevas, con el objetivo de garantizar a los negociadores su seguridad.

El tercer punto de la agenda de negociaciones entre el gobierno y la guerrilla versa sobre las drogas ilícitas, un tema en el que las FARC proponen “descriminalizar” el cultivo de coca y el fin al “intervencionismo imperialista”, en referencia a la asociación entre Colombia y Estados Unidos en la lucha antidroga.

La negociación, que busca poner fin a cinco décadas de conflicto armado, tiene pendiente el tema del abandono de las armas y la reparación a las víctimas, pero tras arduas conversaciones comenzadas hace un año ya ha logrado pactar planes para el desarrollo agrario y la participación política de la guerrilla. 

miércoles, 6 de noviembre de 2013

Avance en acuerdos de paz colombianos Farc tendrán participación política

Tomado de El País 

Colombia alcanza con las FARC un acuerdo de participación política

 

Se trata de un paso decisivo en las conversaciones de paz de La Habana

Por Elizabeth Ryes L.

Los negociadores del Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC han dado un gran paso al llegar a un acuerdo en el espinoso punto de la participación en política del grupo subversivo una vez deje las armas. Lo importante de este acuerdo, que es el segundo punto de una agenda de seis, es que las partes ponen sobre la mesa un eventual escenario de postconflicto, en el que el Estado colombiano garantizará que la guerrilla y la oposición puedan ejercer libremente la política. Un avance trascendental para un país que lleva 50 años de conflicto armado interno.
Después de acelerar el ritmo, que incluyó ampliar el actual ciclo de negociación, presionados por mostrar resultados y con una oposición respirándole en la nuca al Gobierno, ayer se presentó en La Habana un comunicado conjunto en el que revelaron algunos de los acuerdos convenidos. La participación se centra en las garantías políticas que tendrá la oposición y en especial el movimiento político que nazca tras la firma del fin del conflicto, así como el acceso a los medios de comunicación.
Estos anuncios ayudarán a mejorar el optimismo de los colombianos sobre un proceso que ha venido perdiendo apoyo y se ha convertido en el principal tema de campaña de la oposición, con el expresidente Álvaro Uribe a la cabeza. Sin embargo, falta mucho por recorrer y definir cómo se harán realidad estos acuerdos, que se están concretando en momentos previos a las elecciones presidenciales de 2014, y cuando se espera que Santos anuncie si se lanza o no a la reelección.
Las partes fueron cautas al recordar una de las máximas del proceso de negociación: “Nada está acordado hasta que todo esté acordado”.
Ambas partes son cautas y repiten un lema: "Nada está acordado hasta que todo esté acordado"
El jefe negociador del Gobierno colombiano, Humberto de la Calle, explicó que con este avance se logra “convenir un mecanismo legítimo con participación de las organizaciones políticas nacionales, para que en ese espacio se le dé vida al estatuto para la oposición”, un tema pendiente desde hace años. Para hacerlo realidad se convocará a portavoces de partidos y movimientos políticos para integrar una comisión que a su vez facilite la participación de movimientos sociales y académicos.
Después de las primeras elecciones en un escenario de paz se creará una misión de expertos que revisará el régimen electoral. Tras la firma del acuerdo final se formarán circunscripciones (regiones) electorales transitorias en “zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono” de las que se elegirán escaños para la Cámara baja y que contarían con un acompañamiento para garantizar la libertad de los electores. Acordaron además el fortalecimiento en la transparencia de procesos electorales en zonas que tradicionalmente son vulnerables al fraude, así como un sistema integral de seguridad para ejercer la política.
Lo que queda claro tras la aprobación de este punto en la agenda de negociación es que, si se llegara a firmar un acuerdo de paz, el primer escenario político al que aspira la guerrilla es a sentarse en la Cámara de Representantes.
Este punto también toma especial relevancia porque busca ofrecer seguridad a los desmovilizados que se integren en política. En los años ochenta, tras los acuerdos de paz ente las FARC y el entonces presidente, Belisario Betancur, surgió el movimiento político Unión Patriótica. El partido fue sometido a un exterminio con el asesinato de más de 3.000 de sus militantes.
Las FARC han pedido garantías de que no se repita algo como la aniquilación del partido Unión Patriótica
“Lo que hemos convenido, en su desarrollo, profundiza y robustece nuestra democracia… promueve el pluralismo y la inclusión política, la participación y la transparencia en los procesos electorales”, dice el comunicado. Según los negociadores, con la participación ciudadana se busca “empoderar a los ciudadanos”. “El acuerdo recoge un conjunto de garantías para canalizar las demandas ciudadanas que incluyen la movilización, la protesta y la convivencia pacífica en un contexto de democracia ampliada”.
Llama la atención que las partes ya estén discutiendo sobre cómo será el postconflicto, en especial en zonas afectadas por la confrontación. Para eso acordaron crear consejos territoriales que promuevan la reconciliación y la convivencia de los desmovilizados o de los partidarios de las FARC. “Promover una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización, lo que implica un lenguaje y comportamiento de respeto por las ideas, tanto de los opositores políticos como de las organizaciones sociales y de derechos humanos”, señalaron en el comunicado.
Esos consejos territoriales acompañarían a las autoridades locales en la implementación del acuerdo para el fin del conflicto. Además, contemplan que se establezca un plan de apoyo para promover observatorios de transparencia. “Estamos buscando la reconciliación. Que la política esté libre de la intimidación y la violencia. Nunca más política y armas juntas. Pero también queremos la ampliación de nuestra democracia para alcanzar la paz estable y duradera”, dijo De La Calle.

Un calendario de negociación plagado de difíciles desafíos

E. REYES

El acuerdo sobre las condiciones de participación en política de los guerrilleros de las FARC una vez desmovilizados es el segundo punto de una agenda de seis que componen la hoja de ruta de la negociación con el Gobierno de Colombia. Las conversaciones han tardado un año en llegar hasta aquí, con presiones para acelerarlas lo más posible por parte de un Gobierno que prometió una negociación rápida y que se ve cada vez más cerca de las elecciones de 2014. Lo que viene ahora en la agenda de negociación no es nada fácil: un acuerdo para frenar el narcotráfico; el reconocimiento y reparación de las víctimas; y la forma en que se articulará la desmovilización de la guerrilla para dejar las armas y reintegrarse a la vida civil.

Colombia y Perú son los mayores productores de drogas del mundo y las FARC han sido acusadas reiteradamente de estar involucradas en este negocio ilegal para financiar su guerra. En este punto de la agenda —cuya discusión se iniciará el próximo 18 de noviembre— los negociadores deben hablar sobre cómo implementar programas de sustitución de cultivos y recuperación ambiental de zonas afectadas, así como planes de prevención del consumo y salud pública, según el documento Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, que sirve de hoja de ruta.

Quedaría pendiente entonces cómo resarcir a las víctimas de la violencia y un relato de la verdad sobre los crímenes que se han cometido en 50 años de conflicto armado, tanto por parte del Estado colombiano como por la guerrilla. A finales de julio, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, reconoció su parte ante el Tribunal Constitucional: “En algunos casos por omisión, en otros casos por acción directa de algunos agentes del Estado”, dijo. Las FARC, por su lado, han venido haciéndolo poco a poco, moderando su posición inicial de no reconocer sus crímenes.

El otro punto de la agenda de negociación, y quizás el que más polémica ha provocado en Colombia, es cómo la guerrilla se desmovilizará y dejará las armas para hacer el tránsito a la política. Las FARC han dicho que no están dispuestas a pagar un día de cárcel por sus crímenes, mientras que la oposición colombiana, encabezada por el expresidente Álvaro Uribe, ha insistido en que la única forma en la que aceptarían una paz sería viendo a los jefes de esa agrupación subversiva en la cárcel. Según cifras del Ministerio de Defensa de Colombia, en caso de una desmovilización, serían cerca de 8.000 hombres en armas, más otros tantos civiles que forman parte de las llamadas milicias urbanas de esa agrupación.

El punto final de discusión es el mecanismo con el que se refrendarán los eventuales acuerdos que se firmen en Cuba. Por una parte, el Congreso de Colombia ya aprobó una modificación de la actual legislación que permitiría realizar un referéndum sobre un eventual acuerdo el mismo día de las elecciones, lo que garantizaría una mayor participación. Sin embargo, la guerrilla ha insistido en que para ellos el mejor mecanismo es la convocatoria de una asamblea nacional constituyente. Esta posibilidad ha sido rotundamente rechazada por el Gobierno.

El principal temor que se cierne sobre la negociación es que el próximo año hay en Colombia las elecciones presidenciales y parlamentarias, y ya varios candidatos, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe, en campaña al Senado, y su protegido para la presidencia, Óscar Iván Zuluaga, han pedido públicamente que se termine el proceso de paz de La Habana.

El próximo 18 de noviembre se cumple un año del inicio de las negociaciones, fecha que coincide con la decisión de Santos de lanzarse a un segundo período, y en el que la paz será un tema crucial de la campaña electoral.