Tomado
de The Wall Street Journal
Maduro viaja a Panamá con un regalo para Obama: 10 millones de firmas
Por Kejal Vyas
CARACAS— En la Cumbre de las Américas de 2009, el fallecido líder
de Venezuela, Hugo Chávez, le entregó ceremoniosamente al presidente
estadounidense Barack Obama un ejemplar de Las venas abiertas de
América Latina, un clásico de los años 70 sobre las luchas de la región
contra el imperialismo.
En la cumbre de este año, que comienza el viernes en Panamá, el
asediado sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, le dará al líder estadounidense su
propio regalo: una petición con 10 millones de firmas condenando una medida de
la administración de Obama que identificó a Venezuela como una amenaza para la
seguridad de Estados Unidos.
La dura designación de EE.UU. es parte de una lista de
sanciones que Washington presentó el mes pasado contra siete funcionarios
venezolanos acusados de cometer abusos contra los derechos de manifestantes
antigubernamentales. Las sanciones llevaron a Maduro, cuyo gobierno lucha con
una recesión económica y bajos índices de aprobación, a lanzar una frenética
campaña para conseguir apoyo interno contra lo que él llama imperialismo
norteamericano.
“Maduro se está aprovechando de la orden de Obama”,
dijo Luis Vicente León, director de Datanálisis, una encuestadora de Caracas.
“Es una campaña extrema que distrae de los problemas internos del país.
[Maduro] Lo único que quiere es a su gente en la calle haciendo proselitismo y
campaña”.
En un discurso reciente, Maduro les dijo a sus partidarios que
quería “dar la cara en Panamá con la fuerza de 10 millones de venezolanos y
decirle al imperio de Estados Unidos y su presidente: ¡Derogue el imperialista
y agresivo decreto contra Venezuela!”.
Hasta el martes por la noche, el gobierno dijo que había recogido
9 millones de firmas, lo que representa casi un tercio de la población de
Venezuela.
Pero la campaña de Maduro preocupa a grupos de derechos
humanos que dicen que los funcionarios están coaccionando a los venezolanos a
firmar. Uno de esos grupos, Provea, con sede en Caracas, dijo que ha recibido
numerosas quejas de empleados públicos que fueron amenazados con perder sus
puestos de trabajo si se negaran a firmar.
Aún así, algunos venezolanos se han opuesto
abiertamente a la campaña.
“No señor, yo no voy a poner mi nombre ahí”, dijo
Mercedes Víctor, un ama de casa de Petare, un barrio pobre del este de Caracas.
La mujer describió la forma en que el supermercado
estatal cerca de su casa recogía firmas de clientes que iban a comprar leche
subsidiada, una mercancía sumamente requerida en un país con una grave escasez
de productos de primera necesidad. La implicación para los clientes, dijo, era
que aquellos que no firmaran no podrían comprar.
Víctor dijo que se negó a comprar allí, pero descubrió
que la situación era similar en otras partes de Caracas. “Ahora ya miento y les
digo que ya firmé”, señaló.
Allegados a Maduro, sin embargo, niegan que estén
presionando a nadie. Pero también han dicho públicamente que los venezolanos
tienen la obligación constitucional de hacer frente a lo que el gobierno
considera una intervención extranjera.
La televisión estatal ha promovido la campaña, con
anuncios que contienen una entusiasta interpretación de la canción de protesta
“Yankee Go Home”. El gobierno también ha facilitado la firma del petitorio
colocando mesas en plazas públicas, escuelas y oficinas del gobierno en todo el
país.
“Es una para todos los venezolanos para defender la
patria”, dijo el lunes a periodistas el ministro del Interior, Gustavo
González, después de firmar la petición en una plaza del centro de Caracas.
El almirante Franklin Montplasier, un comandante de la
División Este de las fuerzas armadas venezolanas, se jactó en la televisión
estatal de haber obtenido 900.000 firmas de personal del ejército.
“Una vez que nosotros recibimos las instrucciones del
comando estratégico operacional”, dijo, “procedimos a todos los cuarteles,
todas las unidades militares, con mucha conciencia y patriotismo, a esta
recolección de firmas”.
Asesores del gobierno de Obama dicen que la
caracterización de Venezuela como una amenaza fue un requisito para aplicar las
sanciones. También señalaron que las sanciones no son contra el país si no
contra siete funcionarios, que tienen prohibido viajar a EE.UU. y cuyos activos
podrían ser congelados.
“EE.UU no cree que Venezuela represente una amenaza
contra nuestra seguridad nacional”, dijo el martes a periodistas el asesor de
la Casa Blanca Ben Rhodes, quien aclaró que el fraseo de las órdenes ejecutivas
debe ajustarse a un marco prestablecido.
La explicación de la administración de Obama no ha
impedido que Maduro diga que las sanciones son parte de un complot imperialista
para desestabilizar s su gobierno. Una encuesta reciente de Datanálisis reveló
que tres de cada cuatro venezolanos rechazaron la acusación de EE.UU. contra
Venezuela.
Pero la misma encuesta reveló que Maduro sólo obtuvo
beneficios marginales de su campaña. Su índice de aprobación llega a 25%, sólo
tres puntos por encima del mínimo record que alcanzó en enero. Tres cuartas
partes de los venezolanos también dicen que el país va en la dirección
equivocada bajo la gestión de Maduro, afirmó el sondeo.
