Tomado de The Wall Street Journal
POR JUSTIN SCHECK Y JOHN R. EMSHWILLER
Como informante encubierto, Jaime Martínez ayudó a agentes federales a desmantelar la filial de San Francisco de la Mara Salvatrucha, o MS-13, una pandilla violenta que opera en Estados Unidos y Centroamérica.
Pero a la vez que proveía información a las autoridades federales entre 2005 y 2008, Martínez también era el líder de la pandilla. Ordenaba a subordinados a matar y robar, en tanto él robaba autos y lideró un asalto a una casa durante el cual una persona fue apuñalada, entre otros delitos.
Las reglas federales de EE.UU. permiten que los informantes cometan ciertos actos delictivos no violentos —como la venta de drogas— para mantener su papel, siempre y cuando obtengan autorización previa de los agentes. En su testimonio el mes pasado, Martínez detalló un patrón de conducta violenta que violaba esas normas.
"Honestamente no prestaba mucha atención" a esas reglas, dijo Martínez en su testimonio de mayo como testigo gubernamental durante el juicio de varios miembros de MS-13 en un tribunal federal de San Francisco.
La pesquisa de MS-13 es una de las mayores investigaciones penales del gobierno federal y eje de su altamente publicitada campaña contra pandillas callejeras, que el secretario de Justicia de EE.UU., Eric Holder, ha llamado uno de los "retos más abrumadores e intratables" del país. El Departamento de Justicia ha entablado demandas y conseguido condenas de decenas de presuntos integrantes de MS-13.
Pero las supuestas fechorías de Martínez y otros informantes de MS-13 podrían perjudicar significativamente esa labor al enlodar los casos contra los pandilleros, de acuerdo con una revisión de la demanda nacional contra MS-13. Por lo pronto, las actividades cuestionables de informantes de MS-13 parecen haber sido un factor en la absolución de un presunto pandillero como también en la decisión del Departamento de Justicia de abandonar la
La forma en que el gobierno ha manejado a los informantes de MS-13 plantea interrogantes mayores sobre cuán eficaz es el control por las autoridades de delincuentes colaboradores, que expertos legales dicen que con frecuencia son vitales para las grandes investigaciones.
"Es difícil penetrar un grupo del crimen organizado sin un informante", dice Michael Rich, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Elon, de Carolina del Norte, quien estudia a los informantes.
Los informantes —que frecuentemente son también criminales— no son un grupo fácil de manejar. Es como jugar "a la pelota con granadas de mano", dice Stephen Trott, juez federal y ex fiscal.
Una revisión llevada a cabo por parte del Inspector General del Departamento de Justicia en 2005 a 120 informantes de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), el estudio más reciente disponible, reveló que más del 85% de los casos contenía violaciones de pautas del organismo, que iban de errores burocráticos hasta actos ilegales no autorizados. En el manejo de informantes, hay un "adiestramiento inadecuado a todo nivel", se dijo en el informe.
El FBI dijo que tras el informe que procurará mejorar sus sistemas de control de informantes.
En los casos de MS-13, los agentes federales a veces desconocían la conducta cuestionable de los informantes, según expedientes judiciales. En otras instancias, los agentes parecen haberla aprobado, en una ocasión incluso ofreciendo dinero a un pandillero para la compra de armas en El Salvador, una posible violación de la ley federal de EE.UU.
Además de Martínez, otros dos informantes federales de MS-13, Jorge Pineda y Roberto Acosta, que también eran pandilleros de alto rango, han sido implicados en delitos violentos a la vez que proveían información a las autoridades federales.
Funcionarios del Departamento de Justicia se negaron a responder a preguntas sobre Martínez, Pineda y Acosta. Un abogado de Martínez se negó a hacer comentarios. Pineda no pudo ser localizado.
MS-13 fue formada por inmigrantes salvadoreños en Los Ángeles durante la década de 1980 para protegerse de otras pandillas, según las autoridades. Para comienzos de la década de 2000, la pandilla se había propagado y se había convertido en una preocupación importante de las fuerzas del orden.
Las autoridades calculan que hay entre 8.000 y 10.000 miembros de MS-13 en unos 30 estados, y miles más en Centroamérica.
Uno de los primeros informantes en ser reclutados fue Pineda, un salvadoreño que se mudó a Los Ángeles y se convirtió en miembro de MS-13 y en vendedor de drogas, apodado "Dopey". Pineda dijo que ofreció sus servicios al FBI en 2000 en un intento por adoptar una "vida cristiana", según su testimonio en un juicio en 2008 de otros presuntos miembros de MS-13.
Pineda testificó que ayudó a agentes a rastrear la actividad de pandillas e identificar líderes de alto rango de MS-13, conocidos como "shot callers" y "big homies", en EE.UU. y otros países.
Las reglas del Departamento de Justicia para informantes permiten ciertas infracciones no violentas para mantener la pantalla. Pero estas normas prohíben que los informantes cometan delitos violentos. Los castigos pueden incluir la anulación del acuerdo de reducción de penas, procesamiento penal y deportación.
En su testimonio de 2008, Pineda dijo que tras aceptar ser informante en 2001, apuñaló a un hombre fuera de un club nocturno de Los Ángeles ese año y recibió un condena de unos tres años.
El FBI siguió usándolo en presión, testificó, dándole un teléfono móvil y organizando la grabación en secreto de conferencias telefónicas con líderes de las pandillas. En un periodo de varios años, dijo, recibió US$127.000 por parte del gobierno.
Mientras estaba a sueldo del gobierno Pineda preguntó a miembros de la pandilla MS-13 de San Francisco, durante una llamada telefónica en 2004, sobre sus planes de represalia por el asesinato de su líder por un rival. Él preguntó si "vamos a hacer una masacre", agregando que "ahora es el momento", según un informe del FBI al que tuvo acceso The Wall Street Journal.
La pandilla de San Francisco, conocida como la camarilla de la Calle 20, "se volvió más sanguinaria a partir de 2004 y 2005", con la llegada de pandilleros de MS-13 de Los Ángeles y otras partes, según un expediente judicial del caso de San Francisco.
Uno de los recién llegados era Roberto Acosta, un hondureño que a comienzos de 2005 se convirtió en informante del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) otro organismo federal que investiga a MS-13.
Acosta grabó conversaciones con líderes de pandillas de San Francisco y dio tatuajes de MS-13 a pandilleros más jóvenes, que los fiscales luego usaron como prueba de su pertenencia a la pandilla, según documentos y testimonios presentados ante los tribunales.
Mientras era informante, Acosta vendió crack y alentó a pandilleros a extorsionar y golpear a otros narcotraficantes, según transcripciones grabadas y testimonios de Martínez, quien dijo haber sido testigo de algunos de los actos.
ICE deportó a Acosta a Honduras en 2006 por interrumpir los contactos con su supervisor, según personas informadas sobre el asunto.
Para entonces, los agentes federales habían recurrido a Martínez, un salvadoreño que había llegado a San Francisco en su adolescencia y se había convertido en el líder de la pandilla MS-13 de la ciudad. Martínez fue arrestado por un cargo vinculado con armas de fuego alrededor de 2005, testificó, y aceptó actuar como informante del ICE "para salvar mi propio pellejo".
En 2006, mientras era informante, Martínez y otros tres pandilleros, entre ellos uno apodado "Psycho", robó una tienda de comestibles en San Francisco. En el testimonio, Martínez dijo que tenía a la víctima contra la pared mientras Psycho le quitó al hombre las llaves de la casa. Los ladrones fueron a la casa, donde Martínez dijo que vio a otros robar a un hombre que vivía allí. Nadie fue arrestado, dijo.
Martínez persuadió a agentes del ICE a que le dieran US$200 en marzo de 2007 para enviárselos a un miembro de MS-13 en El Salvador para comprar armas, testificó. ICE le dio una cantidad similar de dinero para enviar a El Salvador más adelante, testificó Martínez. Parte del dinero fue destinado a la compra de un teléfono móvil, dijo el gobierno.
En octubre, Martínez fue arrestado con un auto robado. Testificó que llamó a un agente del ICE para quejarse de que estaba detenido y sujeto a una posible deportación.
El ICE revisó el estatus de informante de Martínez, le recordó que no tenía permiso para cometer delitos y luego lo excarceló, testificó el agente en un juicio federal en San Francisco el año pasado. El ICE siguió usándolo como informante, aun cuando en 2008 pasó más de seis meses en una cárcel de condado por el robo del auto.
En un comunicado, el ICE dijo que toma "medidas significativas" para supervisar a informantes, incluso el adiestramiento de sus agentes y la auditoría de expedientes del caso.
Varios días después de su arresto en octubre de 2007, Martínez testificó que estaba viajando en San Francisco en una furgoneta robada cuando vieron una fiesta en la que había integrantes de una pandilla rival. Martínez dijo que él y un pariente fueron a buscar un arma de fuego y otros dos pandilleros, y volvieron a la fiesta.
"Oí que hicieron los disparos. Cuando volvieron, salí manejando", dijo Martínez. No hubo arrestos.
El 25 de octubre de 2007, agentes del ICE firmaron un nuevo acuerdo con Martínez, aparentemente en desconocimiento del incidente del tiroteo.
El acuerdo le proveyó un salario de US$2.000, reemplazando un acuerdo previo que le pagaba US$300 a US$600 por información. En total, Martínez ha recibido más US$100.000 del gobierno, según una persona informada del asunto.
Un jurado de San Francisco acusó a 31 presuntos miembros de MS-13 en octubre de 2008. Aproximadamente la mitad de los acusados se han declarado culpables.
El único acusado de San Francisco en recibir un veredicto del jurado investigador fue absuelto de los cargos de robo de automóvil y conspiración el año pasado después de que Martínez, el testigo clave del gobierno, declaró que ayudó a orquestar los robos de autos mientras era informante.
Entretanto, alrededor de 2008, Acosta reingresó ilegalmente a EE.UU., según expedientes y testimonios judiciales, y funcionarios federales le permitieron reanudar su trabajo de informante, gastando más de US$175.000 para la mudanza de él y 10 miembros de su familia.
En febrero, mientras los fiscales se aprestaban a juzgar a siete presuntos miembros de MS-13 de San Francisco por cargos de conspiración, Acosta, potencial testigo estrella, presuntamente hizo una admisión impactante en una reunión privada con fiscales, según expedientes judiciales. Mientras estaba en Honduras, había matado al menos a ocho personas, entre ellas algunas en un autobús público, según dichos expedientes y personas informadas sobre el asunto.
El gobierno acusó a Acosta por mentir sobre sus actividades hondureñas al reincorporarse al programa de informantes. Una abogada de Acosta, Elena Condes, se negó a comentar si su cliente ha admitido matar personas. Pero dijo que Acosta disputa la acusación de los fiscales de que mintió acerca de su pasado criminal, y dijo que planea presentarse a juicio el próximo mes sobre el cargo de haber hecho falsas acusaciones a investigadores.
El paradero de Pineda es desconocido. No se sabe de cargos penales contra él.
