Tomado de El País
Colombia alcanza con las
FARC un acuerdo de participación política
Se trata
de un paso decisivo en las conversaciones de paz de La Habana
Por Elizabeth Ryes L.
Los negociadores del Gobierno colombiano y la guerrilla de
las FARC han dado un gran paso al llegar a un
acuerdo en el espinoso punto de la participación en política del grupo
subversivo una vez deje las armas. Lo importante de este acuerdo, que es el
segundo punto de una agenda de seis, es que las partes ponen sobre la mesa un
eventual escenario de postconflicto, en el que el Estado colombiano garantizará
que la guerrilla y la oposición puedan ejercer libremente la política. Un
avance trascendental para un país que lleva 50 años de conflicto armado
interno.
Después de acelerar el ritmo, que incluyó ampliar el actual
ciclo de negociación, presionados por mostrar resultados y con una oposición
respirándole en la nuca al Gobierno, ayer se presentó en La Habana un
comunicado conjunto en el que revelaron algunos de los acuerdos convenidos. La
participación se centra en las garantías políticas que tendrá la oposición y en
especial el movimiento político que nazca tras la firma del fin del conflicto,
así como el acceso a los medios de comunicación.
Las partes fueron cautas al recordar una de las máximas del
proceso de negociación: “Nada está acordado hasta que todo esté acordado”.
Ambas partes son cautas y repiten un lema:
"Nada está acordado hasta que todo esté acordado"
El jefe negociador del Gobierno colombiano, Humberto de la
Calle, explicó que con este avance se logra “convenir un mecanismo legítimo con
participación de las organizaciones políticas nacionales, para que en ese
espacio se le dé vida al estatuto para la oposición”, un tema pendiente desde
hace años. Para hacerlo realidad se convocará a portavoces de partidos y
movimientos políticos para integrar una comisión que a su vez facilite la
participación de movimientos sociales y académicos.
Después de las primeras elecciones en un escenario de paz se
creará una misión de expertos que revisará el régimen electoral. Tras la firma
del acuerdo final se formarán circunscripciones (regiones) electorales
transitorias en “zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono”
de las que se elegirán escaños para la Cámara baja y que contarían con un
acompañamiento para garantizar la libertad de los electores. Acordaron además
el fortalecimiento en la transparencia de procesos electorales en zonas que
tradicionalmente son vulnerables al fraude, así como un sistema integral de
seguridad para ejercer la política.
Lo que queda claro tras la aprobación de este punto en la
agenda de negociación es que, si se llegara a firmar un acuerdo de paz, el
primer escenario político al que aspira la guerrilla es a sentarse en la Cámara
de Representantes.
Las
FARC han pedido garantías de que no se repita algo como la aniquilación del
partido Unión Patriótica
“Lo que hemos convenido, en su desarrollo, profundiza y robustece
nuestra democracia… promueve el pluralismo y la inclusión política, la
participación y la transparencia en los procesos electorales”, dice el
comunicado. Según los negociadores, con la participación ciudadana se busca
“empoderar a los ciudadanos”. “El acuerdo recoge un conjunto de garantías para
canalizar las demandas ciudadanas que incluyen la movilización, la protesta y
la convivencia pacífica en un contexto de democracia ampliada”.
Llama la atención que las partes ya estén discutiendo sobre
cómo será el postconflicto, en especial en zonas afectadas por la
confrontación. Para eso acordaron crear consejos territoriales que promuevan la
reconciliación y la convivencia de los desmovilizados o de los partidarios de
las FARC. “Promover una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no
estigmatización, lo que implica un lenguaje y comportamiento de respeto por las
ideas, tanto de los opositores políticos como de las organizaciones sociales y
de derechos humanos”, señalaron en el comunicado.
Esos consejos territoriales acompañarían a las autoridades
locales en la implementación del acuerdo para el fin del conflicto. Además,
contemplan que se establezca un plan de apoyo para promover observatorios de
transparencia. “Estamos buscando la reconciliación. Que la política esté libre
de la intimidación y la violencia. Nunca más política y armas juntas. Pero
también queremos la ampliación de nuestra democracia para alcanzar la paz
estable y duradera”, dijo De La Calle.
Un calendario de negociación plagado de difíciles
desafíos
E. REYES
El acuerdo sobre las condiciones de participación en política de
los guerrilleros de las FARC una vez desmovilizados es el segundo punto de una
agenda de seis que componen la hoja de ruta de la negociación con el Gobierno de
Colombia. Las conversaciones han tardado un año en llegar hasta aquí, con
presiones para acelerarlas lo más posible por parte de un Gobierno que prometió
una negociación rápida y que se ve cada vez más cerca de las elecciones de
2014. Lo que viene ahora en la agenda de negociación no es nada fácil: un
acuerdo para frenar el narcotráfico; el reconocimiento y reparación de las
víctimas; y la forma en que se articulará la desmovilización de la guerrilla
para dejar las armas y reintegrarse a la vida civil.
Colombia y
Perú son los mayores productores de drogas del mundo y las FARC han sido
acusadas reiteradamente de estar involucradas en este negocio ilegal para
financiar su guerra. En este punto de la agenda —cuya discusión se iniciará el
próximo 18 de noviembre— los negociadores deben hablar sobre cómo implementar
programas de sustitución de cultivos y recuperación ambiental de zonas
afectadas, así como planes de prevención del consumo y salud pública, según el
documento Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, que sirve de hoja
de ruta.
Quedaría
pendiente entonces cómo resarcir a las víctimas de la violencia y un relato de
la verdad sobre los crímenes que se han cometido en 50 años de conflicto
armado, tanto por parte del Estado colombiano como por la guerrilla. A finales
de julio, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, reconoció su parte ante
el Tribunal Constitucional: “En algunos casos por omisión, en otros casos por
acción directa de algunos agentes del Estado”, dijo. Las FARC, por su lado, han
venido haciéndolo poco a poco, moderando su posición inicial de no reconocer
sus crímenes.
El otro
punto de la agenda de negociación, y quizás el que más polémica ha provocado en
Colombia, es cómo la guerrilla se desmovilizará y dejará las armas para hacer
el tránsito a la política. Las FARC han dicho que no están dispuestas a pagar
un día de cárcel por sus crímenes, mientras que la oposición colombiana,
encabezada por el expresidente Álvaro Uribe, ha insistido en que la única forma
en la que aceptarían una paz sería viendo a los jefes de esa agrupación
subversiva en la cárcel. Según cifras del Ministerio de Defensa de Colombia, en
caso de una desmovilización, serían cerca de 8.000 hombres en armas, más otros
tantos civiles que forman parte de las llamadas milicias urbanas de esa
agrupación.
El punto
final de discusión es el mecanismo con el que se refrendarán los eventuales
acuerdos que se firmen en Cuba. Por una parte, el Congreso de Colombia ya
aprobó una modificación de la actual legislación que permitiría realizar un
referéndum sobre un eventual acuerdo el mismo día de las elecciones, lo que
garantizaría una mayor participación. Sin embargo, la guerrilla ha insistido en
que para ellos el mejor mecanismo es la convocatoria de una asamblea nacional constituyente.
Esta posibilidad ha sido rotundamente rechazada por el Gobierno.
El
principal temor que se cierne sobre la negociación es que el próximo año hay en
Colombia las elecciones presidenciales y parlamentarias, y ya varios
candidatos, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe, en campaña al Senado, y
su protegido para la presidencia, Óscar Iván Zuluaga, han pedido públicamente
que se termine el proceso de paz de La Habana.
El próximo
18 de noviembre se cumple un año del inicio de las negociaciones, fecha que
coincide con la decisión de Santos de lanzarse a un segundo período, y en el
que la paz será un tema crucial de la campaña electoral.
