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jueves, 23 de enero de 2014

Privatización de cárceles en El Salvador: Solución del problema delincuencial o negocio millonario?

Tomado de La Página

 Título original del artículo:
ARENA: mano dura con manos cutas
 POR JOAQUÍN VILLALOBOS

El candidato de ARENA y sus estrategas han lanzado una campaña sobre el tema de seguridad en la que están proponiendo, sin decirlo abiertamente, que van a eliminar a los pandilleros. Es una oferta electoral que intenta conectar emocionalmente con el rechazo de la gente a las maras. Consideran que ARENA tiene credibilidad para sugerir un exterminio porque en la memoria de la gente estarían los escuadrones de la muerte que asesinaron a decenas de miles de opositores. El mensaje televisivo de ARENA está estimulando los antivalores y las emociones más primitivas de los ciudadanos, bajo el supuesto de que esas emociones son dominantes en los electores. Es una posición de extrema derecha que sugiere un populismo punitivo de alcances criminales. 

Lo central es saber si realmente el exterminio de pandilleros tiene simpatía popular. Lo que ARENA está sugiriendo está en realidad dirigido a un país que existió en el pasado y que ahora es bastante menos primitivo de lo que se piensa. La tercera parte de nuestra población vive en la mayor democracia del mundo y conoce mucho sobre la vida democrática y los derechos humanos. Esta población está conectada culturalmente con todos los salvadoreños, lo cual ha provocado que ahora se celebre en el país desde el día de acción de gracias hasta la noche de brujas. Las maras mismas son una fusión cultural negativa salvadoreña-estadounidense.

Por otro lado, la guerra terminó hace veintidós años, los militares son obedientes del poder civil, ya no somos un país rural y agrícola, sino un país urbano con una economía de servicios, llevamos seis presidentes y 10 parlamentos electos, existe un balance institucional entre los tres poderes del Estado. El militarismo y el autoritarismo provocaron la guerra y respondieron a un país más primitivo que el actual. No somos ni Ruanda ni Honduras. En El Salvador ya no se puede ocultar nada, no es posible ni siquiera sugerir un extermino. Que algunos salvadoreños del diente al labio piensen que se debería eliminar a los pandilleros no implica que apoyarían una matanza. Cuando el actual candidato de ARENA estaba de Alcalde, lanzó unos bulldozers contra los puestos de los vendedores ambulantes del centro capitalino. Hizo esto basado en el descontento general por el desorden, sin embargo, el rechazo de la opinión pública a la medida fue contundente. La mayoría quiere orden, pero no a costa de un baño de sangre. 

ARENA quiere engañar a la gente y ganar votos asumiendo la seguridad como bandera. Pero la verdad es que a ARENA y a sus oligarcas nunca les ha importado la seguridad de la gente. Ellos no creen en el Estado, sino en el mercado, jamás invertirán en ni en policías, ni en políticas sociales preventivas. Fueron ellos quienes recortaron o desmantelaron muchas instituciones del Estado, mantuvieron a la policía en la pobreza y abandonaron a los militares. No puede haber mano dura con un Estado de manos cutas. ARENA lo que haría es convertir la seguridad en otro gran negocio, privatizaría las prisiones y multiplicaría las empresas de seguridad. Su política sería en realidad de “sálvense los que puedan pagar seguridad privada”. 

Más policías es más seguridad

La gente no está demandando venganza, lo que la gente pide es más policías permanentes en sus comunidades para evitar que ocurran delitos. Esto implica fortalecer exponencialmente el poder coercitivo del Estado con miles de policías en el terreno para disuadir a los delincuentes, evitar delitos, recuperar territorios y reactivar la economía de las comunidades. Sólo UNIDAD ha ofrecido multiplicar la fuerza policial y quienes rechazan esta propuesta dicen que no hay dinero para pagarla. Cuando se trataba de combatir a la guerrilla, el Ejército y la Policía tenían más de 60,000 efectivos a los que se sumaban decenas de miles de paramilitares. ¿Por qué antes hubo dinero para pagar una fuerza tan grande y ahora dicen que no se puede? La diferencia es que la guerrilla amenazaba a los oligarcas y las maras amenazan a los pobres y las clases medias. 

La seguridad es la primera responsabilidad del Estado y el primer derecho de los ciudadanos. La seguridad no es gasto es inversión, hay una relación directa entre la inversión en seguridad y el crecimiento económico con resultados inmediatos. A más seguridad más crecimiento económico y a mayor crecimiento más recaudación fiscal. Esto quiere decir que si se puede multiplicar la fuerza policial.

Colombia estaba al borde de ser un Estado fallido, hizo inversiones enormes en seguridad, en la actualidad cuenta con casi 500,000 hombres entre policías y militares. Recuperó territorios, ha derrotado a las FARC y le está ganando la guerra a la inseguridad. El presupuesto del gobierno colombiano se multiplicó por cuatro en diez años, pero la economía se hizo cuatro veces más grande, sólo llegaban 500,000 turistas anualmente y hoy llegan más dos millones y medio. El país era una marca de violencia y ahora es destino de grandes inversiones. Hay otros ejemplos en algunos lugares de México. El tamaño de la policía debe ser proporcional a la amenaza.  

Encuestas pasadas de vivas

Las encuestas están despeinadas por el pleito entre ARENA y el FMLN, a eso se debe que sus resultados sean tan opuestos, desordenados e ilógicos. Las diferencias entre unas y otras son enormes. No es razonable que en unas encuestas ARENA esté adelante por tres puntos, en otras ARENA y FMLN estén empatados y en otras el FMLN está diez puntos adelante. No es lógico que en algunas encuestas digan que UNIDAD pueda ganarle a ARENA o al FMLN en una segunda vuelta y sólo tenga diez puntos para la primera y no hace sentido que algunas encuestas establecieran que los indecisos iban creciendo cuando la campaña se estaba intensificando. 

Las encuestas están convertidas en instrumentos de guerra sicológica para desmoralizar a los militantes de los partidos contrarios. ARENA y el FMLN necesitan presentarse como punteros y ambos necesitan devaluar a UNIDAD. Las encuestas están diciendo precisamente lo que estos dos partidos necesitan que sus militantes crean. Sólo hay dos posibilidades: o la gente le está mintiendo a los encuestadores o los encuestadores se están pasando de vivos y le están mintiendo a la gente. Lo más probable es lo segundo. 


Con las encuestas en esa situación lo único que se puede afirmar es que la existencia de tres competidores imposibilita que la elección se defina en primera vuelta; que el FMLN tiene su pase seguro a la segunda vuelta y que la elección del dos de febrero es para definir si será UNIDAD o ARENA quien competirá con el FMLN en la segunda ronda. ARENA ha tratado de mostrar débil a UNIDAD para pasar a segunda vuelta y convertirse en la única opción para los votantes de derecha. El miedo al FMLN es su único recurso para recuperar el gobierno, por ello la mejor opción para quienes quieren castigar a ARENA es votar por UNIDAD en la primera vuelta, porque de esa forma sacan a ARENA de la competencia y esto es lo que más conviene al país. 

Privatización de cárceles en EEUU provoca cárceles repletas aunque bajen índices de delincuencia

Tomado de El País

El sucio negocio de las cárceles privadas en Estados Unidos

  Contribuyentes terminan pagando los platos rotos.


Las prisiones exigen una cuota mínima de ocupación a los gobiernos, suba o baje el crimen. La búsqueda del máximo beneficio genera en EE UU casos de malos tratos y violencia


Por Joan Faus

La tasa de crímenes se ha reducido un tercio en Colorado en los últimos 10 años, lo que ha provocado que desde 2009 este estado de Estados Unidos haya cerrado cinco de sus cárceles; pero paradójicamente las prisiones privadas están cada vez más llenas. El motivo es que disponen de una cuota mínima de ocupación acordada con el Gobierno estatal, que, con tal de garantizarla, se vio obligado hace unos meses a trasladar a 3.330 reclusos de las instalaciones públicas, que tenían camas vacías, a las privadas. El de Colorado no es, sin embargo, un caso aislado. Se repite en otras zonas del país y revela los entresijos detrás del auge de la privatización carcelaria en EE UU, así como la perversa disputa entre el interés público de rehabilitar a los presos y reducir la población carcelaria, y el objetivo inherente a toda empresa de maximizar sus beneficios.
Según un informe de In the Public Interest (ITPI), una entidad civil con sede en Washington, de 62 contratos de prisiones privadas analizados a lo largo de EE UU, un 65% disponen de algún tipo de garantía mínima de número de reclusos o penalización por camas vacías. La lógica detrás de estas exigencias es que, como cobran por cada preso (entre 40 y 60 dólares al día), los operadores privados se puedan garantizar un determinado nivel estable de ingresos para gestionar la cárcel y recuperar el coste de su construcción. La base mínima más habitual es del 90%, aunque en algunos casos puede llegar al 100%. Por ejemplo, según el documento, tres instalaciones en Arizona disponen de esta salvaguarda, aunque desde el Departamento Penitenciario de Arizona (ADC, por sus siglas en inglés) lo niegan y aseguran que ronda el 90%.
Sea como sea, el estado se ve obligado a garantizar un número mínimo de prisioneros, suban o bajen los delitos, lo que la ADC considera un requerimiento empresarial comprensible y beneficioso. “Para el contribuyente, si no hubiese una cuota y la ocupación fluctuase de forma variable, el operador privado cobraría una tasa diaria mucho más elevada para asegurarse que recupera su inversión”, apunta el portavoz Doug Nick. “Este tipo de garantías mantienen el coste relativamente estable y predecible”, añade en conversación telefónica.
En Arizona hay prisiones privadas desde hace unos veinte años
¿Pero qué pasa si la tasa de crímenes se reduce, como en Colorado, y cada vez entran menos presos a las cárceles? “Nunca hemos tenido problemas para llenar las camas, ni hemos perdido población carcelaria. De hecho, lleva décadas creciendo”, replica con total seguridad de que la situación no variará. En Arizona hay prisiones privadas desde hace dos décadas. Actualmente, de las 14 instalaciones del estado, cuatro son de propiedad y gestión empresarial; y hay otras seis privadas que solo acogen presos de los estados colindantes. Según el convenio de concesión, las autoridades de Arizona pasarán a controlar las cuatro cárceles al cabo de 20 años de su apertura, lo que la ADC también ensalza como un beneficio para el contribuyente.
En el conjunto de EE UU, en 2010 un 8% de los presos estaban en cárceles privadas, según los últimos datos disponibles. Se trata de alrededor de 128.000 reclusos sobre una población total de 1,6 millones. Actualmente, según las estimaciones de Carl Takei, abogado de la American Civil Liberties Union (ACLU), la proporción podría rondar el 12% en las instalaciones federales y un poco menos en las estatales. Además, en el caso de los centros de detención de inmigrantes, podría suponer hasta el 50%.
La privatización de las cárceles no ha cesado de crecer desde los años 80, cuando nació el primer operador, pero ha sido en la última década cuando se ha disparado con vigor. Entre 1999 y 2010, el número de reclusos en prisiones privadas aumentó un 80%, muy por encima del 18% que registró el conjunto de la población carcelaria, de acuerdo con las estadísticas oficiales. Takei tiene muy claras las causas de este fenómeno: “EE UU vive una epidemia de encarcelación masiva. Entre 1970 y 2010, la cifra de presos creció un 700% y eso ha impulsado a las compañías privadas”, esgrime. Así, no sorprenderá que, mientras desde los 90 cada vez han habido más reclusos, en paralelo se hayan extendido las prisiones privadas. Además, en los últimos años las compañías se han beneficiado del efecto de la crisis económica al ofrecer costes supuestamente más bajos que los del sector público a unos gobiernos cada vez con más necesidad de ahorrar
Sin embargo, el documento del ITPI considera “ilusorio” pensar que las cuotas mínimas de ocupación de las cárceles acaben beneficiando a los contribuyentes. La entidad asegura que, por ejemplo, en Arizona las prisiones privadas han acabado costando 33 céntimos más al día por recluso que las públicas, mientras que en Colorado el traslado de los 3.330 presos para cumplir la base mínima ha acarreado una factura de dos millones de dólares.
Un extremo que niegan desde la principal empresa del sector, Corrections Corporation of America (CCA). “Proveemos ahorro a los contribuyentes, instalaciones seguras, reducción de la reincidencia y una importante flexibilidad en los contratos con los gobiernos”, afirma un portavoz en una respuesta por correo electrónico. Subraya, además, que solo la mitad de sus contratos tienen cuotas mínimas de ocupación, que éstas no son rígidas y que se establecen para garantizar los “costes fijos” de la construcción y gestión de las cárceles.
Como es previsible el auge privatizador ha engrosado las cuentas de resultados de CCA y del otro gigante del sector, Geo Group. Por ejemplo, en el tercer trimestre de 2013 CCA registró un beneficio neto de 51,8 millones de dólares en comparación con los 42,3 millones del mismo periodo del año anterior. Ambos grupos cotizan en bolsa y su elevada rentabilidad ha atraído a grandes entidades financieras y bancos a invertir en ellas, según explica el activista Takei. En sus informes públicos, las compañías admiten que el aumento de la población carcelaria repercute positivamente en sus resultados, y que, en cambio, pueden suponer riesgos para sus negocios que se relajen los procedimientos de detención de inmigrantes y las leyes que rigen la duración de las penas.
En este sentido, según el informe de In the Public Interest, tanto CCA como Geo Group hacen intensamente lobby para tratar de que endurezcan las leyes con el objetivo último de aumentar —o como mínimo mantener— la población carcelaria. La primera destinó 17,4 millones de dólares en influenciar a políticos entre 2002 y 2012, mientras que la segunda gastó bastante menos (2,5 millones) entre 2004 y 2012, según datos del Center for Responsive Politics, una entidad civil. En paralelo, también hicieron generosas donaciones a las campañas de líderes políticos clave: entre 2003 y 2012, CCA destinó 1,9 millones, mientras que Geo Group 2,9 millones.
“Mantienen relaciones muy desarrolladas con las autoridades políticas para tratar de obtener más contratos”, apunta, por su parte, Shar Habibi, directora del departamento de investigación de ITPI. Y, en paralelo, en busca del mayor beneficio empresarial, ambas compañías intentan reducir al máximo los “costes operativos” de sus prisiones para convertir en ganancia las aportaciones que reciben de los gobiernos. Esto se traduce, critica, en tener el personal estrictamente necesario o ahorrar en mantenimiento de las instalaciones, seguridad y sueldos, lo que suele derivar en contratar a trabajadores sin la cualificación necesaria. Y todo ello puede generar un cóctel explosivo que, en algunos casos, ha desencadenado en malos tratos a los presos, un aumento de la conflictividad o incluso en fugas de reclusos.
Habibi asegura que, en general, los estados mantienen una severa supervisión de las condiciones de las prisiones privadas, pero que, cuando ésta se relaja o deja de ser regular, los operadores privados tienden a tratar de gestionar las cárceles “por debajo de los estándares” con tal de rebajar aún más sus costes. Y en algunos casos la situación se les acaba yendo de las manos, como acaba de pasar en una prisión de CCA en el estado de Idaho. A principios de enero, las autoridades anunciaron que iban a retirarle la concesión después de múltiples denuncias de violencia y negligencias de los trabajadores. CCA reconoció el año pasado que falsificó los informes que proporcionó al Gobierno sobre la jornada laboral de sus empleados al notificar que estaban trabajando en momentos en que en realidad sus puestos estaban completamente vacantes. No se trata de un episodio aislado, pues el informe del ITPI incluye ejemplos muy parecidos en otras cárceles del país. Y en casos como el de Idaho el rescate público acaba disparando el presupuesto de gestión de la prisión y son los contribuyentes los que pagan los platos rotos. Es el lado oscuro del auge de la privatización carcelaria en EE UU. 

jueves, 12 de diciembre de 2013

Fuertes debates en México en discusión sobre Reforma Energética

Agencias Noticiosas
Senadora de Movimiento Ciudadano Layda Sansores

DEBATE EN EL SENADO
Senadora mexicana sobre reforma energética: que "privaticen a su madre"

La senadora de Movimiento Ciudadano Layda Sansores ha espetado este domingo a los partidos que apoyan la reforma energética que "privaticen a su madre", según ha informado el diario mexicano 'El Universal'.

"Ustedes que quieren privatizar y están con este ánimo de los tiempos nuevos, pues vayan, privaticen los sueños, privaticen la ley, privaticen la justicia", ha dicho.

   "Pero si quieren realmente que haya una privatización a fondo, vayan y privaticen a la puta madre que les pario", ha agregado. "Eso sería mucho mejor que lo hicieran, porque al menos esa es suya, y esta patria no les pertenece", ha remachado, parafraseando a un célebre escritor.

Ante los gritos contra su persona tras su frase, Sansores ha dicho: "No vengan aquí a persignarse", antes de manifestado que "insultos, patadas, puñadas, es lo que le están dando a México".


   Las comisiones del Senado de México han comenzado este domingo a debatir la reforma energética impulsada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, que ha generado una gran polémica porque abre la puerta a la entrada de capital privado en la explotación de los hidrocarburos.


Las comisiones en cargadas de analizar el proyecto de ley son la de Energía, que aporta 14 senadores; la de Puntos Constitucionales, con 13; y la de Estudios Legislativos, con cuatro, según ha informado el diario mexicano 'Milenio'.

   Los debates, en los que intervendrán los 28 legisladores, se celebrarán, por acuerdo de la Junta de Coordinación de Comisiones, en el pleno del Senado para que, aunque no todos sus miembros tienen voto al menos tengan voz.

   Se espera que el debate en las comisiones se resuelva con pocos cambios, a pesar de que el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y Los Verdes (PVEM) cuentan con 13 legisladores frente a los 15 del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido de los Trabajadores (PT).

   El borrador de la reforma energética que salga de las comisiones pasará a debatirse en el pleno del Senado, donde se espera que se apruebe sin problemas gracias al apoyo del PAN, aunque también de Los Verdes, a la bancada oficialista.

IDAS Y VENIDAS

   El pasado sábado, los principales partidos políticos mexicanos finalmente consiguieron llegar a un acuerdo para redactar el borrador de la reforma energética, después de una semana de intensas negociaciones entre PRI y PAN.

   Estaba previsto que el borrador llegara a las comisiones del Senado el pasado miércoles, pero a lo largo de estos días ha sido imposible debido a las diferencias entre las fuerzas políticas e incluso a problemas de forma en la convocatoria de las reuniones.

   Los sucesivos aplazamientos de la reunión de las comisiones senatoriales llevaron el pasado viernes a las fuerzas políticas de la cámara alta a cancelarla de forma indefinida para permitir que el diálogo continuara sin la presión del calendario.

   Según ha trascendido, en realidad las negociaciones han estado protagonizadas por el PRI y por el PAN y se han centrado en cómo articular la participación privada en los hidrocarburos mexicanos. El partido gobernante proponía la fórmula de las licencias y el opositor la de las concesiones.

   "El diferendo entre PRI y PAN en torno a la reforma energética es solamente por cómo se reparten el botín petrolero", advirtió el senador del PRD Alejandro Encinas, en declaraciones recogidas por el diario mexicano 'La Jornada'.

EL ACUERDO

   Finalmente, el acuerdo se ha resuelto con varias modalidades de contratación con las empresas públicas de hidrocarburos, entre los que el sector privado podrá optar dependiendo del tipo de actividad que vaya a llevar a cabo.

   Así, "podrán ser de servicios, de beneficios o producción compartidos, o de licencia, para llevar a cabo, por cuenta de la Nación, las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos"

   Otro de los escollos de la negociación han sido las formas de remuneración que serán "en efectivo, para los contratos de servicios; con un porcentaje sobre el beneficio, para los contratos de beneficio compartido; con un porcentaje sobre la producción, para los contratos de producción compartida; con la transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez hayan sido extraídos del subsuelo, para los contratos de licencia; o cualquier combinación de las anteriores".

   "El Estado mexicano escogerá la modalidad de contraprestación atendiendo siempre a maximizar los ingresos para lograr el mayor beneficio para el desarrollo de largo plazo", reza el borrador, difundido a través de la página web del Senado.

   En cuanto a la adjudicación, "los contratos serán otorgados a través de mecanismos que garanticen la máxima transparencia, por lo que se preverá que las bases y reglas de los procedimientos que se instauren al efecto sean debidamente difundidas y públicamente consultables".

sábado, 9 de noviembre de 2013

MILLONARIO NEGOCIO DE PRIVATIZACIÓN DE CARCELES SE INTERNACIONALIZA

Tomado de esglobal
(Foreign Policy en Español)

BARROTES DE ORO

El negocio millonario de los centros de detención privados continúa internacionalizándose.
Al calor de las privatizaciones generales que se están acometiendo en varios países, y ante la ausencia de soluciones humanas y efectivas a la presión migratoria, no es descartable que el modelo traspase nuevas fronteras. Si los presos reportan beneficios, todo país puede ser un suculento mercado.

Por Pablo Diez

Desde los primeros atisbos de privatización de las prisiones, en la Inglaterra del siglo XVI, hasta la consolidación del fenómeno en los Estados Unidos de los 80, media un largo hiato. Pero el negocio se ha afianzado firmemente y con la clara intención de quedarse. Dejar los centros de detención en manos privadas ha sido la hipotética solución que las autoridades estaounidenses han encontrado para aliviar el exceso de ocupación carcelaria, para internar en centros de detención a los emigrantes que tratan de rebasar el Río Grande o para reducir la carga fiscal que supone para las agencias públicas mantener a la mayor población reclusa del mundo.
Así, mediante la encarcelación privada, las autoridades han querido encontrar de un plumazo un remedio a cuatro desafíos que condensan algunas de las sensibilidades más genuinas del país: el ingente tamaño de la población reclusa, la presión migratoria (la mitad de los inmigrantes detenidos en el país están en centros privados), los desencuentros fiscales y el mantenimiento del ideal de la libre empresa. ¿La panacea? Para las compañías del sector, indudablemente sí; grandes operadoras privadas de cárceles como Corrections Corporation of America y GEO Group cosechan conjuntamente ingresos de alrededor de 3.000 millones de dólares anuales (unos 2.200 millones de euros). Ese dinero no viene sólo del fértil negocio en Estados Unidos, sino también de la internacionalización de sus servicios.
La lista de críticas a la privatización carcelaria es larga y grave. La búsqueda del lucro lleva a reducir al máximo los costes, a un peor mantenimiento y a plantillas insuficientes y mal pagadas, lo que afecta a la calidad de los centros de detención. A su vez, no está claro que la actividad de estas empresas suponga un verdadero ahorro para las autoridades que contratan sus servicios; incluso se han conocido casos de centros privados que rechazan a internos cuyo mantenimiento les va a salir especialmente caro. A su vez, las operadoras privadas obtienen mayores beneficios cuanto más grande sea la población reclusa, lo que les ha llevado a influir en la legislación estadounidense para que un mayor número de delitos sean castigados con la cárcel.
Ninguno de estos reparos ha detenido la expansión internacional del modelo. Las supuestas ventajas de privatizar las prisiones han convencido a muchos países de la necesidad de poner algunos centros en manos de empresas. Las principales beneficiarias son las compañías estadounidenses que exportan sus servicios a países como Australia, el Reino Unido, Nueva Zelanda o Suráfrica, los otros grandes mercados del sector. Así, hasta el 14% de los ingresos de GEO Group provinieron el año pasado de sus negocios en estos cuatro países, donde cuenta con un total de 7.000 camas a través de sus subsidiarias y de joint ventures con empresas locales.
Australia posee la mayor proporción de reclusos en centros privados (19%), seguida de Escocia (17%), Inglaterra y Gales (13%), Nueva Zelanda (11%), Estados Unidos (8%) y Suráfrica (3%), según un reciente informe. Sin embargo, el modelo no sólo se ha exportado a esos países, sino que está presente, aunque en menor medida, en todos los continentes. Alemania dio luz verde a una prisión privada en 2004, aunque al frente de la misma hay funcionarios. Chile fue el primer país latinoamericano en autorizar, en 2003, prisiones totalmente gestionadas por empresas. Japón cuenta también con un centro de detención privado para delincuentes que no hayan cometido delitos previos.
Más allá de esta expansión geográfica, la pujanza del sector se concentra en países del entorno anglosajón. En ningún lugar ha tenido el modelo mayor éxito que en Australia, donde el número de reclusos en centros privados ha crecido un 95% en los últimos quince años (frente a un crecimiento del 50% de prisioneros en centros públicos). Gran parte del auge del sector radica en los centros privados de detención de inmigrantes, que han sido criticados repetidamente por que se han dado casos de muertes de reclusos, así como rebeliones por parte de los internos. Sin embargo, las reticencias no han impedido a la operadora británica Serco embolsarse hasta 1.500 millones de dólares americanos en contratos gubernamentales, siendo así una de las grandes beneficiarias de la preocupación del Gobierno australiano por el constante flujo de solicitantes de asilo que llegan al territorio nacional.
Junto a las críticas, el modelo privado es también objeto de alabanzas. Expertos australianos consideran que los centros privados tienen un tipo de gestión más transparente y responsable que los públicos, ya que son económicamente penalizados cuando cometen errores. A su vez, los defensores del modelo privado dan por hecho que éste supone una importante reducción del gasto público, ya que la gran competitividad entre las operadoras lleva a ajustar drásticamente los costes y porque además los centros privados no están dominados por los sindicatos. En su opinión, el único problema es que los proveedores principales del servicio son empresas extranjeras y los beneficios que consiguen no se quedan en el país.
En el Reino Unido existe un vivo debate a favor y en contra de este modelo. Entre las tres prisiones peor valoradas del país, dos son privadas, según el propio Gobierno británico, cuyos portavoces han asegurado que esto se debe a la escasa andadura de ambos centros, que requieren más tiempo para funcionar mejor. Pero hay más: el año pasado se le retiró el contrato a una empresa que gestionaba un centro en Inglaterra, debido al elevado consumo de drogas entre sus internos; la prisión de Addiewell, en Escocia, fue considerada la más violenta del país en 2011; y diversos documentos gubernamentales desvelaron hace cuatro años que las cárceles privadas inglesas y galesas registraban casi el doble de quejas por parte de los internos que las públicas.
Por el contrario, un reciente informe del think tank Reform concluye que las prisiones privadas británicas funcionan mejor que las públicas y que, tras el paso por ellas, se dan menos casos de reincidencia delictiva (otras organizaciones han cuestionado la fiabilidad de ese informe y han señalado que dicho think tank recibe fondos de las grandes empresas del sector). Más allá de este debate, el auge de este negocio en el Reino Unido se centra sobre todo en la detención de inmigrantes, ya que más del 70% de los que se encuentran privados de su libertad pasan sus días en centros privados. Al igual que en Australia, la gestión privada de estos centros de internamiento ha sido fuertemente criticada.
La resistencia a dejar la gestión de los centros de detención en manos de empresas es muy común, pero ello no ha impedido la expansión internacional del negocio. El proceso de consolidación de las finanzas públicas en todos estos países facilita la implantación de centros privados y da alas a quienes defienden que es una forma de aunar, por menos dinero que en los públicos, la eficiencia empresarial con la garantía normativa estatal. Al calor de las privatizaciones generales que se están acometiendo en varios países, y ante la ausencia de soluciones humanas y efectivas a la presión migratoria, no es descartable que el modelo traspase nuevas fronteras. Si los presos reportan beneficios, todo país puede ser un suculento mercado. 

lunes, 21 de octubre de 2013

A propósito de la propuesta de privatización de las cárceles de El Salvador anunciada por Quijano

Artículo tomado de El País
Introducción por Luis Montes Brito

¿Quiénes serían los beneficiados con este millonario negocio?

Introducción de compartiendo mi opinión:

¿Recuperemos El Salvador?

A continuación un artículo publicado por el prestigioso periódico español El País, basado en la traducción del inglés al español  de uno publicado por The New York Times, bajo la responsabilidad del premio nóbel de economía del 2008, Doctor Paul Krugman.

Aunque el caso planteado en el artículo es sobre el modelo de privatización en el sistema carcelario estadounidense, se deduce que este tendrá gran influencia, si ganara ARENA, en la anunciada privatización de cárceles en El Salvador revelada en el plan de gobierno del candidato tricolor, Norman Quijano, y publicada por el diario digital ElFaro.net en su artículo  Arena se casa con los subsidios y propone privatizar las cárceles.  La cual de llevarse a cabo, se daría con  menos transparencia que en el caso estadounidense, como han sido las demás privatizaciones de la cosa pública salvadoreña, un negocio que casualmente termina, con muy pequeñas variantes, favoreciendo a los pequeños grupos de siempre.

Ya casi todo está privatizado en El Salvador , todavía quedan algunos negocios lucrativos como las cárceles, la salud y el agua. Estarán contempladas dentro de las ideas de gobierno de Norman Quijano? Será esto a lo que se refiere ARENA con el eslogan Recuperemos El Salvador? Por responsabilidad y transparencia es necesario que Quijano amplíe los detalles  sobre sus intenciones privatizadoras.

Tomado de El País 
24 de Junio de 2012


La derecha estadounidense incluye las prisiones en su campaña en favor de las privatizaciones

A lo largo de los últimos años, The New York Times ha publicado varios informes aterradores sobre el sistema de casas de reinserción de Nueva Jersey, que están dirigidas de forma privada y que complementan el sistema normal de prisiones. La serie es un modelo de informes de investigación que todo el mundo debería leer, pero que también debería observarse en un contexto. Los horrores que describe forman parte de una pauta más amplia en la que las funciones básicas de gobierno se están privatizando y deteriorando.
Antes que nada, respecto a esas casas de reinserción: en 2010, Chris Christie, el gobernador del Estado —que mantiene unos vínculos personales estrechos con Community Education Centers, el mayor operador de estas instalaciones, y que antes trabajó como miembro de un grupo de presión para el grupo— describía las operaciones de la empresa como “una representación de lo mejor del espíritu humano”. Pero los informes de The Times describen, en cambio, algo más parecido a un infierno en la tierra: un sistema mal dirigido, sin personal suficiente y con unos trabajadores desmoralizados, del que los individuos más peligrosos escapan con frecuencia para causar estragos, mientras que los delincuentes relativamente poco peligrosos se enfrentan al terror y a los abusos por parte de otros internos.
Es una historia terrible, pero, como dije, tienen que verla en un contexto más amplio, en el de una campaña en todo el país de la derecha estadounidense para privatizar las funciones de gobierno, que incluye el funcionamiento de las cárceles. ¿Qué hay detrás de esta campaña?
Podríamos sentirnos tentados a decir que refleja la fe de los conservadores en la magia del mercado, en la superioridad de la competencia del libre mercado sobre la planificación del Gobierno. Y sin duda alguna, es la forma en la que a los políticos de derechas les gusta enfocar el asunto.
La privatización puede funcionar como una forma sigilosa de endeudamiento público
Pero si lo pensamos, aunque solo sea un minuto, nos damos cuenta de que lo único que las empresas que forman el complejo industrial penitenciario —como Community Education o el gigante de las cárceles privadasCorrections Corporation of America— no están haciendo desde luego es competir en un libre mercado. En lugar de eso, viven de los contratos públicos. No existe ningún mercado libre aquí, y no existe, por tanto, ninguna razón para esperar alguna mejora mágica en la eficiencia.
Y, como era de esperar, a pesar de las numerosas promesas de que la privatización de las cárceles daría lugar a un enorme ahorro de costes, ese ahorro —como concluía un exhaustivo estudio de la Oficina de Asesoría Jurídica, que forma parte del Departamento de Justicia— “sencillamente no se ha materializado”. Si los operadores de prisiones privados logran ahorrar dinero, es mediante “reducciones de personal, prestaciones y otros costes relacionados con el trabajo”.
Así que, veamos: las cárceles privatizadas ahorran dinero empleando a menos guardias y a menos trabajadores, y pagándoles mal. Y luego tenemos historias terribles sobre la forma en que se dirigen estas cárceles. ¡Qué sorpresa! Entonces, ¿qué hay detrás de la campaña para privatizar las cárceles, y casi todo lo demás?
Una respuesta es que la privatización puede funcionar como una forma sigilosa de endeudamiento público, en la que los Gobiernos evitan registrar gastos por adelantado (o incluso recaudan dinero vendiendo las instalaciones existentes) mientras aumentan los costes a largo plazo de forma que los contribuyentes no pueden ver. Oímos hablar mucho de las deudas ocultas en que los Estados han incurrido en forma de pensiones de jubilación; pero no oímos hablar mucho de las deudas ocultas que se están acumulando actualmente en forma de contratos a largo plazo con empresas privadas contratadas para dirigir las cárceles, los colegios y más establecimientos. Otra respuesta es que la privatización es una manera de deshacerse de los empleados públicos, que tienen la costumbre de sindicarse y que tienden a votar a los demócratas en cualquier caso.
Pero la respuesta principal, sin duda alguna, es seguir el dinero. Da igual lo que la privatización supone o no para los presupuestos estatales; piensen, en cambio, en lo que supone para los fondos de las campañas y las finanzas personales de los políticos y sus amigos. A medida que se privatizan cada vez más funciones públicas, los Estados se convierten en paraísos en los que hay que pagar para poder participar, en los que tanto las contribuciones políticas como los contratos para los amigos y los familiares se convierten en un quid pro quo para conseguir negocios públicos. ¿Las empresas se están apoderando de los políticos, o son los políticos los que se están apoderando de las empresas? ¿Tiene alguna importancia?
Ahora alguien señalará seguramente que el Gobierno no privatizado también tiene sus problemas de influencia excesiva, que los sindicatos de guardias de prisiones y de maestros también tienen influencia política, y que esta influencia distorsiona a veces la política pública. Me parece bien, pero esa influencia tiende a ser relativamente transparente. Todo el mundo conoce esas pensiones públicas posiblemente excesivas; fue necesaria una investigación de The Timesdurante varios meses para sacar a la luz el informe del infierno de las casas de reinserción de Nueva Jersey.
Por tanto, la cuestión es que no deben suponer que lo que The Timesdescubrió sobre la privatización de las cárceles en Nueva Jersey es un caso aislado de mala conducta. Por el contrario, casi con toda seguridad es un destello de una realidad paulatina y generalizada, de un nexo corrupto entre la privatización y la influencia que está debilitando al Gobierno en gran parte de EE UU.
Paul Krugman es profesor de Economía en Princeton y premio Nobel de 2008.
© New York Times Service 2012.
Traducción de News Clips.