México revierte estatización de política energética

Tomado de The Wall Street Journal

Legisladores mexicanos celebran después de que la Cámara de Diputados aprobara la reforma energética el jueves.

México aprueba histórica liberalización energética

Por DAVID LUHNOW, JUAN MONTES  y LAURENCE ILIFF

CIUDAD DE MÉXICO—En medio puñetazos y gritos de "traición", el Congreso mexicano votó a favor de terminar con el monopolio estatal que durante 75 años ha mantenido Petróleos Mexicanos (Pemex).

El histórico proyecto de ley abriría la puerta para que los gigantes extranjeros regresen a uno de los mayores mercados de energía del mundo por primera vez desde 1938.

El proyecto de ley fue aprobado por la cámara baja con 354 votos a favor y 134 en contra poco antes de la medianoche del miércoles, un día después de ser aprobado por el Senado.

Quienes lo impulsan afirman que atraerá decenas de miles de millones de dólares en inversión extranjera, ayudará a elevar el débil crecimiento económico del país, y se sumará a un auge energético en América Latina que podría reducir los costos de los fabricantes en toda la región.

El voto, sin embargo, estuvo lleno de drama. Los opositores al proyecto, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), intentaron impedir el debate al bloquear las entradas al recinto principal de la cámara baja.

Legisladores del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el conservador Partido Acción Nacional (PAN), reunidos en una sala de conferencias adyacente, decidieron saltarse el envío del proyecto de ley al comité y siguieron adelante con una votación rápida e inesperada, que duró sólo 40 minutos.

Legisladores enojados del PRD se pelearon con miembros del PRI y el PAN y los llamaron traidores. Uno cantó el himno nacional para honrar "el cuerpo sin vida de Pemex". Otro comparó al presidente Enrique Peña Nieto con el presidente del siglo XIX Antonio López de Santa Ana, quien vendió partes de México a Estados Unidos y cedió Texas luego de ser capturado en batalla.

El toque final llegó en las primeras horas del jueves, cuando el legislador izquierdista Antonio García Conejo se quitó la ropa: "Así como se estaba despojando a la nación".

El proyecto de ley, que cambia varios artículos de la Constitución de México, ahora debe ser ratificado por una mayoría de los cuerpos legislativos de los estados mexicanos, pero se considera una formalidad. Se prevé que el presidente Peña Nieto firme la promulgación de la ley a comienzos de febrero.

Si todo sale según los planes, México pasará de tener un mercado de petróleo y gas actualmente dirigido por un solo actor, Pemex, a un mercado donde las empresas privadas podrán buscar y producir petróleo y gas natural por su cuenta, bajo contrato con el estado mexicano. Las empresas extranjeras incluso podrán abrir estaciones de servicio, algo prohibido desde hace tiempo.

Los cambios van más allá de lo que muchos analistas habían previsto hace sólo meses. Abre la puerta a que se firmen contratos que se consideran competitivos globalmente, incluidas licencias que permiten que empresas extranjeras tomen control del petróleo al salir del pozo, luego de pagar regalías e impuestos. El estado mexicano conserva la propiedad del petróleo bajo tierra.

Las primeras ofertas para exploración podrían estar listas para fines del año próximo, indican analistas.

"No pensé que (el gobierno) llegaría tan lejos", sostuvo George Baker, un consultor del sector energético de Houston con más de tres décadas de experiencia en el país latinoamericano. "México es la tierra de la simulación, donde las reformas realmente no mueven el tablero. Esto mueve el tablero".

Los mercados financieros en México estuvieron cerrados el jueves por el feriado de la Virgen de Guadalupe. Pero según los inversionistas, es poco probable que se produzca un auge a corto plazo en el mercado bursátil mexicano debido a que el entusiasmo sobre la campaña para revitalizar México ya había desatado un alza.

La aprobación de la ley representa una enorme victoria para Peña Nieto, un ex gobernador estatal que asumió la presidencia hace un año. El mandatario promedió recargar la economía mexicana, que viene creciendo a paso lento y que durante la última década quedó rezagada detrás de otros mercados emergentes como China e India.

México, en especial las aguas profundas del Golfo de México, representa la mayor zona petrolera no explorada fuera del Círculo Ártico, según la Agencia de Información de Energía de EE.UU. El gobierno mexicano afirma que las iniciativas podrían aumentar la producción de petróleo a 4 millones de barriles diarios para 2025, frente a los actuales 2,5 millones de barriles.

La producción petrolera de México está en descenso desde hace una década, ya que Pemex carece tanto del efectivo como de la experiencia para explotar reservas en aguas profundas. El país latinoamericano importa casi la mitad de su gasolina e importa gas natural de Texas, a pesar de tener reservas propias de tamaño considerable. Eso aumenta los costos energéticos para empresas en México y el sur de EE.UU.

Economistas afirman que la iniciativa tendrá repercusiones en el mercado global de energía, al profundizar la revolución energética en América del Norte y eventualmente ayudar a convertir la región en un exportador energético.

Es difícil exagerar lo que podría significar el cambio para México, que en 1938 se convirtió en el primer productor petrolero importante en nacionalizar su industria, una medida seguida en las décadas siguientes por países de América Latina y Medio Oriente.

La medida también implica riesgos. Una ola de inversión podría generar un aumento en el valor del peso mexicano y socavar el impulso que las exportaciones reciban de un gas más barato. Otro riesgo: un aumento de la corrupción, que ya es extendida en México y que tan a menudo plaga los países petroleros, en especial los menos desarrollados.

Por su parte, el PRD prometió intentar realizar un referéndum sobre el proyecto de ley en 2015, junto con las elecciones de mitad de mandato. La Corte Suprema decidirá si la iniciativa puede proceder.

El próximo paso es que el gobierno proponga las leyes para implementar los cambios, que darán a las petroleras un panorama más claro sobre las nuevas reglas de juego. También deberá realizar muchos cambios legales en Pemex y las agencias reguladoras del país.

Fuertes debates en México en discusión sobre Reforma Energética

Agencias Noticiosas

Senadora de Movimiento Ciudadano Layda Sansores

DEBATE EN EL SENADO

Senadora mexicana sobre reforma energética: que "privaticen a su madre"

La senadora de Movimiento Ciudadano Layda Sansores ha espetado este domingo a los partidos que apoyan la reforma energética que "privaticen a su madre", según ha informado el diario mexicano 'El Universal'.

"Ustedes que quieren privatizar y están con este ánimo de los tiempos nuevos, pues vayan, privaticen los sueños, privaticen la ley, privaticen la justicia", ha dicho.

   "Pero si quieren realmente que haya una privatización a fondo, vayan y privaticen a la puta madre que les pario", ha agregado. "Eso sería mucho mejor que lo hicieran, porque al menos esa es suya, y esta patria no les pertenece", ha remachado, parafraseando a un célebre escritor.

Ante los gritos contra su persona tras su frase, Sansores ha dicho: "No vengan aquí a persignarse", antes de manifestado que "insultos, patadas, puñadas, es lo que le están dando a México".

   Las comisiones del Senado de México han comenzado este domingo a debatir la reforma energética impulsada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, que ha generado una gran polémica porque abre la puerta a la entrada de capital privado en la explotación de los hidrocarburos.

Las comisiones en cargadas de analizar el proyecto de ley son la de Energía, que aporta 14 senadores; la de Puntos Constitucionales, con 13; y la de Estudios Legislativos, con cuatro, según ha informado el diario mexicano 'Milenio'.

   Los debates, en los que intervendrán los 28 legisladores, se celebrarán, por acuerdo de la Junta de Coordinación de Comisiones, en el pleno del Senado para que, aunque no todos sus miembros tienen voto al menos tengan voz.

   Se espera que el debate en las comisiones se resuelva con pocos cambios, a pesar de que el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y Los Verdes (PVEM) cuentan con 13 legisladores frente a los 15 del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido de los Trabajadores (PT).

   El borrador de la reforma energética que salga de las comisiones pasará a debatirse en el pleno del Senado, donde se espera que se apruebe sin problemas gracias al apoyo del PAN, aunque también de Los Verdes, a la bancada oficialista.

IDAS Y VENIDAS

   El pasado sábado, los principales partidos políticos mexicanos finalmente consiguieron llegar a un acuerdo para redactar el borrador de la reforma energética, después de una semana de intensas negociaciones entre PRI y PAN.

   Estaba previsto que el borrador llegara a las comisiones del Senado el pasado miércoles, pero a lo largo de estos días ha sido imposible debido a las diferencias entre las fuerzas políticas e incluso a problemas de forma en la convocatoria de las reuniones.

   Los sucesivos aplazamientos de la reunión de las comisiones senatoriales llevaron el pasado viernes a las fuerzas políticas de la cámara alta a cancelarla de forma indefinida para permitir que el diálogo continuara sin la presión del calendario.

   Según ha trascendido, en realidad las negociaciones han estado protagonizadas por el PRI y por el PAN y se han centrado en cómo articular la participación privada en los hidrocarburos mexicanos. El partido gobernante proponía la fórmula de las licencias y el opositor la de las concesiones.

   "El diferendo entre PRI y PAN en torno a la reforma energética es solamente por cómo se reparten el botín petrolero", advirtió el senador del PRD Alejandro Encinas, en declaraciones recogidas por el diario mexicano 'La Jornada'.

EL ACUERDO

   Finalmente, el acuerdo se ha resuelto con varias modalidades de contratación con las empresas públicas de hidrocarburos, entre los que el sector privado podrá optar dependiendo del tipo de actividad que vaya a llevar a cabo.

   Así, "podrán ser de servicios, de beneficios o producción compartidos, o de licencia, para llevar a cabo, por cuenta de la Nación, las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos"

   Otro de los escollos de la negociación han sido las formas de remuneración que serán "en efectivo, para los contratos de servicios; con un porcentaje sobre el beneficio, para los contratos de beneficio compartido; con un porcentaje sobre la producción, para los contratos de producción compartida; con la transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez hayan sido extraídos del subsuelo, para los contratos de licencia; o cualquier combinación de las anteriores".

   "El Estado mexicano escogerá la modalidad de contraprestación atendiendo siempre a maximizar los ingresos para lograr el mayor beneficio para el desarrollo de largo plazo", reza el borrador, difundido a través de la página web del Senado.

   En cuanto a la adjudicación, "los contratos serán otorgados a través de mecanismos que garanticen la máxima transparencia, por lo que se preverá que las bases y reglas de los procedimientos que se instauren al efecto sean debidamente difundidas y públicamente consultables".

XI JINPING DEBE DEMOSTRAR QUE ES CAPAZ DE HACER REALIDAD EL “SUEÑO CHINO”

Tomado de esglobal 

XI JINPING, EL CAZADOR DE REFORMAS BUSCA SU PRESA

¿Qué aliados va a necesitar el presidente para evitar que China se precipite a una crisis económica demoledora?

Por Gonzalo Toca

Parecía la elección de un Papa. En noviembre se celebró una reunión a puerta cerrada en Pekín entre los máximos dirigentes del Partido Comunista, mientras el mundo contenía el aliento y acariciaba la esperanza de que se anunciasen reformas históricas. Había llegado el Tercer Pleno del décimo octavo Comité Central. 

Las medidas que se anunciaron poseían un contenido social (suavización de la política de hijo único, supresión de los campos de reeducación por el trabajo, restricción de la aplicación de la pena de muerte y mejoras en la gestión de las redes sociales e Internet), jurídico (impuestos y protección medioambiental), institucional (lucha contra la corrupción, profesionalización del sistema judicial y creación de un Consejo de Seguridad Nacional) y, por supuesto, económico (reforma de las empresas públicas, liberalización de algunos sectores regulados y el cambio en el régimen de propiedad de la tierra).

Todos esos desafíos son enormes, pero el único ámbito que le puede permitir a China evitar una crisis económica demoledora es la reestructuración del sector público. Y aquí es donde el presidente Xi Jinping va necesitar a todos los aliados que pueda reunir, porque representa alrededor de un tercio del PIB del gigante asiático y los principales ejecutivos de las grandes multinacionales no sólo tienen, como mínimo, rango de viceministros, sino que cuentan con el apoyo de unos mentores que se sientan en los principales órganos de decisión del Partido Comunista. Para complicarlo más, liberalizar los segmentos en los que operan algunas de estas empresas en régimen de oligopolio podría significar un coste político inmenso. ¿Se imaginan la ansiedad que puede despertar que la compañía estadounidense de telecomunicaciones AT&T gane un concurso público en China después de lo que sabemos por las revelaciones de Edward Snowden?

Ante semejantes dificultades y la pobre capacidad de los políticos en todo el mundo para cumplir sus promesas, muchos analistas han recibido con escepticismo el programa del presidente. Por este motivo sería útil que se encuentren balizas que permitan saber si sus palabras van en serio. Los indicadores más precisos son, primero, que se atreva a ajustar la capacidad productiva de las empresas públicas a la demanda y, segundo, que acepte la realidad de que sus mayores bancos necesitan ser rescatados cuanto antes.

La última gran reforma de las empresas públicas, que se produjo a finales de los 90, arrojó resultados impresionantes en esos dos indicadores. Así, al ajustar la capacidad productiva a la demanda, el paro escaló hasta los 30 millones de personas, porque esas compañías habían conservado durante años unas estructuras (plantillas, maquinaria, terrenos, etc.) que les permitían producir mucho más de lo que nadie estaba dispuesto a comprarles. ¿Por qué lo habían hecho? Porque Pekín las veía no sólo como empresas, sino también como garantes de una paz social que exigía que todos los ciudadanos tuviesen un empleo y también acceso a los servicios sociales básicos pero gratuitos que éstas les proporcionaban.

Ocurrió algo parecido con el segundo indicador. El reconocimiento de que el 20% de los créditos de las entidades financieras no se cobraría llevó al rescate de los cuatro mayores bancos del gigante asiático mediante la venta de esos créditos a cuatro gestoras de activos semejantes a la SAREB española, que recibirían el nombre de Great Wall, Orient, Huarong y Cinda. El Estado había utilizado los préstamos para hacer posibles muchas inversiones que o no eran rentables, o simplemente nunca habían sido necesarias porque respondían a los caprichos de los políticos.  

Xi Jinping está dando pasos en una línea parecida a la de entonces. El 16 de septiembre, la prensa oficial publicó una lista de 58 empresas con nombres y apellidos, que procedían de 13 sectores distintos y que debían recortar sus capacidades productivas en 2013. Según la agencia Xinhua, se trata ya del tercer grupo de corporaciones que reciben la orden de realizar un aterrizaje de emergencia. 

Por otra parte, el líder supremo del gigante asiático también ha empezado a preparar la recapitalización y posible rescate de su sistema financiero, y lo está haciendo, fundamentalmente, en tres movimientos. El primero consiste en reforzar la solvencia de sus gestoras de activos tóxicos para que puedan volver a comprárselos a los bancos igual que a finales de los 90. ¿Cómo? Básicamente, haciendo que el Ministerio de Finanzas ponga directamente el dinero (como ya ha ocurrido con Cinda), o sacándolas a Bolsa para captar no sólo inversión doméstica, sino también internacional (Cinda aspira a atraer 2.500 millones de dólares (cerca de 1.900 millones de euros) y Huarong 2.000 millones de dólares en los próximos meses).

El segundo movimiento pasa por que los bancos desvelen gradualmente la deuda incobrable en vez de seguir ocultándola mediante refinanciaciones eternas de proyectos ruinosos. En esa misma línea, las mayores entidades chinas dieron por perdidos durante el primer semestre tres veces más créditos que durante el mismo período del año anterior. Y lo hicieron al ritmo que marcó el Ministerio de Finanzas, que es quien tiene que autorizar que se clasifique como incobrable cualquier crédito corporativo superior a 600.000 euros.

El tercer movimiento, después de rearmar la potencia de fuego de las gestoras y de conocer las dimensiones de la presa, tiene que ser indudablemente enviar una señal al mercado que convenza a los inversores de que el Estado chino está listo para defender la estabilidad de sus bancos. Justamente, el pasado 24 de noviembre el Financial Times publicó que una de las gestoras, Cinda, espera adquirir 16.000 millones de euros en créditos fallidos aunque para eso tenga que aumentar su cartera en un 50%. 

La palabra de Xi Jinping, también como la de cualquier dirigente, no basta para convencer a los escépticos de que la esperanza del mundo en sus reformas revolucionarias estaba justificada, pero los pasos que ha empezado a dar hacia el ajuste de la producción a la demanda y la recapitalización de los bancos deberían hacer dudar a los que cuestionan su poder y subestiman su capacidad de compromiso.    

Deuda Soberana, Transparencia y Carga Tributaria. 3 temas impostergables para El Salvador

Por Luis Montes Brito
Para Gurú Político, México
Diario El Mundo, El Salvador

Los bonos de El Salvador son calificados a nivel basura y el nivel de Deuda Soberana, mayor al 52%, solo es comparable con la de Portugal.

La realidad socioeconómica de El Salvador obliga a los diferentes sectores del país a una urgente discusión amplia y visionaria sobre Deuda Soberana, Transparencia y Carga Tributaria. Pedir patriotismo en un acuerdo sobre esta temática sería pecar de ingenuo, pedir visión de país es sensatez.

Los 3 anteriores temas están contemplados dentro de un pacto fiscal, cuya discusión ya no es posible demorar. El deterioro de la calificación del riesgo país dado a conocer la semana anterior por Moody’s enciende las luces de alarma. Los bonos de El Salvador son calificados a nivel basura y el nivel de Deuda Soberana, mayor al 52%, solo es comparable con el de Portugal.

Ya en octubre pasado, Fitch Rating, otra de las 3 compañías calificadoras de riesgo señalaba el desmejoramiento en la calificación país, incitando a su vez al gobierno a no incrementar el nivel de endeudamiento público.

De estos tres temas impostergables la responsabilidad de los primeros dos: Deuda Soberana y Transparencia, corresponden mayoritariamente al gobierno.

En lo referente a Deuda Soberana el gobierno debe amarrarse el cincho, evitar caer en medidas populistas (no confundir con aquellas que son de supervivencia para los más desprotegidos) y sobre todo eliminar el despilfarro y combatir verdaderamente la corrupción en todos los niveles en todas las instituciones estatales, iniciando por los fondos discrecionales o partida secreta.

A la propuesta de reforma fiscal, presentada recientemente por el ejecutivo a la Asamblea Legislativa, le hizo falta incluir un capítulo de endurecimiento de penas en contra de funcionarios corruptos, que falten a la ética en el manejo de la cosa pública y no limitarse a castigar a los evasores como contempla el proyecto.

Transparencia: es imprescindible fomentar la transparencia en el manejo de fondos públicos, en la contratación de personal, de servicios y otros. Es importante garantizar mayor acceso a la información pública penalizando incluso a los funcionarios que la interfieran.

Recientemente Transparencia Internacional dio a conocer su informe donde El Salvador ha retrocedido a una calificación de 3.4, en otras palabras la corrupción ha avanzado en los años recientes. Estamos a niveles similares o más bajos que los países afectados por las rebeliones de la “Primavera Árabe” donde las prácticas de soborno, nepotismo, padrinazgo y un pésimo sistema de administración de justicia también estaban a la orden del día desatando con ello la convulsión social.

Finalmente en cuanto a la Carga Tributaria, de 14.1% en relación al PIB, ya no es posible seguir manteniéndola debajo del promedio de Latinoamérica, dicho sea de paso una de las regiones con menor carga fiscal a nivel mundial. No podemos ni debemos seguir buscando ayuda internacional en aquellos países cuyos ciudadanos tributan un promedio de un 30% como es el caso de Estados Unidos y Europa, mientras nuestros ciudadanos no aportan lo que deben. Si bien es cierto la filantropía es necesaria, pero lo es aún más la responsabilidad social. La primera es voluntaria la segunda es un deber.

No se trata de imposiciones o pedir patriotismo, filantropía o cualquier otro tipo de filosofía que quede al libre albedrío de los ciudadanos, se requiere de un verdadero Pacto Fiscal porque el problema no es solo la baja recaudación sino también el uso deficiente de los fondos por parte de los gobernantes.

La brecha social en nuestro país no puede seguir ensanchándose, los problemas sociales como el de seguridad, salud y educación así como el económico solo pueden atenderse con gobiernos fuertes moral y fiscalmente. Tratar de solventarlos con más policías, soldados o guardias de seguridad privados solo es una ilusión óptica para el ciudadano común y un engaño de parte de los gobernantes.

Debe tenerse presente a la hora de un pacto fiscal que la patria es permanente y sus gobiernos pasajeros. La solución todavía está en manos de los actores nacionales, aunque corremos el riesgo de caer en una situación similar a la de los países árabes y algunos países del sur de Europa donde las severas medidas de solución han sido impuestas desde el exterior a través de la comunidad internacional y los organismos financieros.

La decisión es nuestra: lo hacemos hoy a nuestro estilo o esperamos a que nos lo impongan. Dios salve a El Salvador.

Declaran constitucional reforma sistema de pensiones en Francia

Agencias Noticiosas

La polémica reforma de las pensiones diseñada por el Gobierno de Sarkozy prácticamente paralizó el país con numerosas huelgas y paros en los últimos meses, sin embargo acaba de ser validada por el Consejo Constitucional de Francia. Sólo queda que Sarkozy firme la reforma para que entre en vigor.

El Consejo Constitucional francés ha dado su visto bueno a la reforma de las pensiones formulada por el Gobierno de Nicolas Sarkozy y que ya han validado tanto la Asamblea Nacional como el Senado, si bien ha retocado varios artículos introducidos por la Cámara Alta.

El 'comité de sabios' ha censurado los trece artículos que reformaban la medicina del trabajo, estimando que se trataba de una cuestión que "no tenía una relación con el proyecto de ley inicial", según ha explicado en un comunicado, precisando que por ello los ha declarado "contrarios a la Constitución".

Sin embargo, el Consejo Constitucional ha rechazado todos los recursos formulados por los parlamentarios socialistas que habían denunciado principalmente que la reforma de las pensiones suponía un "atentado contra los principios de igualdad".
Este organismo ha llegado a la conclusión de que fijar la edad mínima de jubilación en los 62 años no infringe "el principio de igualdad ni la exigencia constitucional relativa a una política de solidaridad nacional en favor de los trabajadores jubilados".

Asimismo, considera que "aplazar de 65 a 67 años el límite de edad para que una persona tenga derecho a una pensión completa no es contrario al principio de igualdad entre mujeres y hombres (sino que) esta regla les es común", informan los medios galos.

Así las cosas, la polémica reforma de las pensiones, que prácticamente paralizó el país con numerosas huelgas y paros en los últimos meses y en particular a principios de octubre, sólo necesita la firma de Sarkozy para entrar en vigor.