Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos se negó hoy a retirar la suspensión de importantes segmentos de la Ley de inmigración de Arizona y dijo que el gobierno federal probablemente podrá probar que es inconstitucional.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó una solicitud de la gobernadora Jan Brewer, quien le había pedido que levantara una suspensión impuesta por una jueza federal en Phoenix el día antes de que la polémica ley entrara en vigencia, el 29 de julio del 2010.
Partes de la ley bloqueadas mientras el caso se abre camino a través de los tribunales incluyen una disposición que obliga a la policía a preguntar el estatus migratorio de las personas si existe una sospecha razonable de que están ilegalmente en el país.
Otras disposiciones puestas en suspenso requerían que todos los inmigrantes obtuvieran y llevaran consigo documentos de registro migratorio; convertían en delito que un indocumentado busque trabajo o tenga un empleo; y permitían a la policía detener a presuntos inmigrantes ilegales sin orden judicial.
El gobierno de México reconoció la decisión de la corte de reafirmar la suspensión y señaló que en todo momento buscará acudir a las instancias necesarias para responder ante violaciones a los derechos de los mexicanos.
México presentó ante la corte de apelaciones un escrito como "Amigo de la Corte" con el fin de apoyar las impugnaciones contra la ley, al cual se sumaron los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay y Perú, refirió la cancillería en un comunicado.
La aprobación de la ley el año pasado reavivó un debate sobre la inmigración que se ha cocido a fuego lento en Arizona y Estados Unidos desde hace años.
Los opositores de la ley protestaron en las calles cuando estaba a punto de tener efecto y convocaron un boicot contra ese estado. Los defensores de la legislación la calificaron como un esfuerzo pendiente desde hace mucho tiempo en un estado que se ve desbordado por la inmigración ilegal y la falta de acción federal en torno al tema.
El Departamento de Justicia presentó una demanda para bloquear la implementación de la ley, que dice es violatoria de la Constitución porque los asuntos migratorios son de jurisdicción federal.
La jueza Susan Bolton emitió una orden para impedir que cuatro partes clave de la ley entraran en vigor a la espera de un juicio. El fallo del lunes por un panel de tres jueces mantiene la validez de esa orden judicial.
La corte de apelaciones dijo que el gobierno probablemente logrará triunfar con su argumento que sostiene que el Congreso ha dado al gobierno federal la autoridad única para hacer cumplir las leyes de inmigración, y que la ley de Arizona viola la cláusula de supremacía de la Constitución.
Los abogados de Brewer dijeron que el gobierno federal no ha hecho cumplir efectivamente las leyes de inmigración y que la ley estatal apoyará a las autoridades federales.
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