Tomado de esglobal
EVITAR
LA IMPLOSIÓN DE VENEZUELA
Por International Crisi Group
Si no se rompe el círculo
de violencia, el país podría sufrir un derrumbe político y económico.
Las confrontaciones
políticas en Venezuela se han tornado violentas en los últimos días con el
homicidio de seis manifestantes, lesiones causadas a muchos más y continuas
restricciones a las libertades civiles. Esto amenaza con erosionar aún más la
estabilidad y los derechos humanos en una nación de por sí polarizada, que
enfrenta además una aguda crisis económica y en donde la tasa de
homicidios es una de las más altas del planeta.
El Ejecutivo y la oposición
deben encontrar una forma de impulsar rápidamente un mínimo diálogo político.
En última instancia, este diálogo –sobre la dirección económica que se le dará
al país, sobre cómo controlar el crimen de la mejor manera y sobre cómo
apaciguar la recalentada política venezolana– necesitará producir un
resultado que todos puedan aceptar pacíficamente. En el corto plazo, sin haber
empezado siquiera estas conversaciones, existe un claro y actual riesgo de
incremento en la espiral de la violencia política y una debacle económica. La
comunidad internacional, particularmente los países latinoamericanos, deben
utilizar su influencia para llamar a un diálogo inmediato, pero también dejar
en claro a todas las partes – particularmente al Gobierno– que
más violaciones a los derechos humanos y la erosión de los valores democráticos
acarrearán un gran costo.
Después de un comienzo
tambaleante en 2013 (incluyendo alegatos de fraude en la elección presidencial
y la pugna de la oposición por convertir las elecciones locales de diciembre en
un plebiscito sobre su mandato), Nicolás Maduro parecía haber alcanzado una
mayor estabilidad política. Ahora el futuro de su Gobierno se ha puesto
nuevamente en duda. El descontento generalizado por la situación económica del
país, la ausencia de productos básicos de consumo, la alta inflación y el
crimen violento han alimentado las protestas en pueblos y ciudades a lo largo y
ancho del país, inicialmente lideradas por estudiantes y una parte de la
coalición de oposición Mesa de Unidad Democrática (MUD), bajo el liderazgo de
Leopoldo López (cabeza del partido Vanguardia Popular) y la parlamentaria
independiente María Corina Machado. El líder de la MUD y ex candidato
presidencial, Henrique Capriles, ha formulado un llamado a la contención y la
moderación y también ha exigido un diálogo político inmediato y el fin de las
acciones de organizaciones paramilitares y de la violencia contra los
manifestantes.
El Gobierno ha respondido
con violencia excesiva, atacando a los manifestantes no sólo con equipos
antimotines como gases lacrimógenos y cañones de agua, sino también con
garrotes, balas de plástico y munición real. Aparentemente los miembros de la
policía de seguridad (SEBIN) y grupos paramilitares en motocicletas han sido
grabados en video disparándole a los manifestantes. Grupos de derechos humanos
afirman que docenas de personas han sido arrestadas, golpeadas y torturadas.
Los medios de comunicación
estatales aseguran que se avecina un “golpe de Estado fascista”, financiado y
promovido por Estados Unidos. La mayoría de las estaciones de radio y
televisión privadas han resuelto no cubrir en directo las manifestaciones bajo
la amenaza de ser multadas o cerradas; el canal colombiano de televisión por
cable (NTN24) fue suspendido y periodistas en las calles han sido golpeados y
detenidos, con su equipo y material de trabajo confiscado. Las dificultades de
acceso a Internet son atribuidas por algunos a sabotaje del Ejecutivo.
El 12 de febrero,
estudiantes que exigían la liberación de compañeros detenidos marcharon frente
a la sede principal de la Fiscalía General. Aquellos que permanecieron después
de la manifestación realizaron actos vandálicos contra el edificio y se
enfrentaron con partidarios armados del Gobierno en una lucha que produjo tres
muertes. El Ejecutivo venezolano luego expidió una orden de captura contra
López por cargos que incluyen homicidio, conspiración y terrorismo. Luego de
permanecer en la clandestinidad por varios días, Leopoldo López reapareció el
18 de febrero en medio de miles de seguidores en Caracas, profirió un discurso
exhortando a una confrontación pacífica y se entregó a la Guardia Nacional.
Manifestaciones en su apoyo se sucedieron en todo el país.
Aunque el caos en las
calles haya sustraído la atención de la crisis económica, ambos fenómenos se
exacerban mutuamente. El presidente Maduro ha sido incapaz, o no ha tenido la
voluntad, de poner fin a los grupos armados, y no parece haber una
investigación en curso para identificar o procesar a los responsables de
excesos. El Gobierno, o las facciones dentro de éste, puede que hayan resuelto
promover un escenario violento, presuntamente bajo la creencia de que esto
favorecería su causa, ya fuese porque dividiría a la oposición, amedrentaría a
los manifestantes en las calles, desviaría la atención de la mala gestión
económica, proporcionaría una excusa para implementar medidas autoritarias o
todas estas razones. También es posible que extremistas en la oposición estén
buscando la violencia bajo la creencia de que ésta podría acelerar la caída del
Gobierno; estas acciones serían inaceptables.
No existe una solución
fácil. Venezuela carece de instituciones confiables y mecanismos esenciales
para canalizar la disidencia y facilitar un acuerdo político. Las nuevas
elecciones (parlamentarias) se llevarán a cabo a finales de 2015. Pero para
comenzar a desenredar la confrontación, López, y otros que la oposición
considera presos políticos, deben ser prontamente liberados a menos de que los
cargos en su contra sean creíblemente sustanciados; las personas armadas que
integran a los colectivos a favor del Gobierno deben ser
desarmadas y desmovilizadas y el derecho a manifestarse pacíficamente debe ser
garantizado. La oposición debe dejar en claro que rechaza cualquier recurso a
acciones inconstitucionales dentro de su llamado para que Nicolás Maduro
renuncie y que está dispuesta a dialogar para así reducir las probabilidades de
más violencia y para asegurar reformas políticas. Las restricciones a la prensa
deben ser levantadas y los ataques contra los periodistas deben cesar.
Un diálogo genuino es
entonces necesario para construir consensos sobre las medidas necesarias para
paliar la crisis económica y, en el largo plazo, el crimen violento. Hasta
ahora, la oferta del Gobierno para conversar ha sido limitada principalmente a
asuntos administrativos, pero si éste da señales claras de que está
comprometido con negociaciones genuinas, la oposición deberá participar.
Crisis Group advirtió en
marzo de 2013 que Venezuela no podría soportar confrontaciones políticas
extralegales sin correr un serio riesgo de violencia. Se cruza esta línea
cuando el Gobierno muestra pocas señales de autorregulación y la oposición se
encuentra en peligro de radicalizarse. Si la violencia se desata, y las partes
rechazan utilizar medios pacíficos, Venezuela se derrumbará política y
económicamente, situación de la cual se recuperará lenta y dolorosamente, sin
importar quien esté al mando. Es en el interés de todos, pero particularmente
del Gobierno, contener la violencia, buscar el diálogo y ofrecer alguna
distribución del poder.
La comunidad internacional
se ha limitado a realizar débiles llamadas al diálogo y a una solución no
violenta. El presidente Maduro rechazó suaves reproches de Colombia y Chile,
tildándolos de interferencia en asuntos internos. Es hora, sin embargo, de que
América Latina exija no solamente que las dos partes actúen responsablemente
pero que el Ejecutivo respete los derechos humanos, pues éste se encuentra
obligado a hacerlo por sus compromisos legales internacionales. Las potencias
como Brasil deben ser más activas en insistir en una solución política. Las
organizaciones regionales, UNASUR, MERCOSUR y CELAC – las cuales profesan
apoyo a los principios democráticos– necesitan hacer más audible su
oposición a las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado y a
cualquier acto de violencia por parte de los manifestantes.
El futuro de Venezuela está
sobre la mesa, pero su implosión política y económica podría también afectar a
una región que ha disfrutado un largo periodo de crecimiento económico,
estabilidad y democracia arduamente conseguido. Aceptar reclamaciones de
soberanía no puede convertirse en una excusa para la falta de acción, cuando
estos logros tan importantes están en juego.
