Casi 18,000 indocumentados fueron deportados durante el 2008 de los Estados de Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) firmó memorándums de entendimiento (Memorandum of Agreement ), MOA, con 11 agencias o departamentos de policía, a la vez que modificó el programa que utiliza para detener a inmigrantes ilegales, dando mayores herramientas de ley a las autoridades de seguridad pública para la persecución de criminales indocumentados. En la misma modificación se considera la preocupación de diferentes organizaciones para evitar que hayan arrestos por ofensas menores como pretexto para su deportación, lo que ha sido criticado por varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
Esta modificación les da “a las agencias que hacen cumplir la ley las herramientas para identificar y expulsar a peligrosos criminales extranjeros”, señaló la Secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano.
Asimismo, el nuevo programa pretende calmar las “inquietudes de que se arreste a personas por ofensas menores como pretexto para iniciar procedimientos de deportación”, indicó el comunicado.
Diversas ONG’s pro inmigrantes y para la defensa de los derechos civiles, han denunciado que el programa da pie para que la autoridades actúen de manera discriminatoria, deteniendo a sospechosos de acuerdo al perfil racial.
De ahora en adelante, las personas deben ir a juicio por todos los cargos que llevaron a su detención, un disuasivo para los agentes que hagan detenciones ante sospechas de ofensas menores, estimó en un comunicado el departamento de Seguridad Interna, encargado del programa 287(g).
“El programa 287(g) es un componente esencial de la estrategia integral del departamento para hacer cumplir las leyes de inmigración”, dijo John Morton, secretario adjunto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
El gobierno del presidente Obama se ha desmarcado en materia migratoria del de su antecesor Bush.
Obama, además de impulsar una reforma migratoria integral que incluye la regularización de los indocumentados en Estados Unidos -unos 14 millones, gran parte de ellos hispanos-, ha llevado al mínimo las redadas en lugares de trabajo mientras pone el peso sobre las empresas que emplean a ilegales.
Los MOA se enfocarán ahora en retirar del país a los “criminales ilegales” que representen una “amenaza a la comunidad” y unificará las políticas que se utilizarán para hacer cumplir las leyes de inmigración.
“Los nuevos acuerdos apoyan los esfuerzos de las agencias locales de proteger a la colectividad y les da una herramienta para identificar y deportar a criminales ilegales violentos”, afirmó hoy en un comunicado Janet Napolitano, secretaria de DHS.
Asimismo, Napolitano enfatizó que la medida asegurará que todas las agencias que participan del 287g utilicen los “mismos estándares” en la implementación del programa.
Desde un principio, el objetivo del 287g fue deportar indocumentados “criminales” y convictos por tráfico de drogas, humano, pandillas, ofensas sexuales, lavado de dinero, entre otros delitos.
Sin embargo, ha sido utilizado por algunas agencias locales del orden público para expulsar a inmigrantes por cometer delitos menores.
El comunicado de prensa de ICE agrega que las agencias están “obligadas” a continuar con el proceso legal que originó la detención de la persona aunque al respecto, Chandler se limitó a reiterar que la prioridad de ICE serán los “criminales violentos”.
“Son buenas y malas noticias”, afirmó Marty Rosenbluth, abogado del Sourthern Coalition for Social Justice en Carolina del Norte.
Según Rosenbluth, quien ha estudiado la manera cómo se han manejado los 8 acuerdos de 287g en ese estado, el segundo después de Virginia (9) con más programas de identificación de indocumentados, “todavía hay muchas dudas por responder”.
“Es positivo porque se aclara el objetivo del programa y asegura a ICE el control, pero deja la gran interrogante sobre los detenidos por infracciones menores”, apuntó.
Un informe de la Escuela de Leyes de la Universidad de Carolina del Norte y el capítulo local de la Unión de Libertades Civiles (ACLU), dado a conocer en febrero pasado, reveló que el programa había creado en ese estado un clima de “perfil racial”.
Desde abril de 2006, cuando comenzó a funcionar el 287g en la cárcel del condado Mecklenburg, donde está Charlotte, la ciudad más grande de Carolina del Norte, de 11.162 procesado, 6.914 han sido puestos en proceso de deportación.
Se desconoce cuántos de éstos ya han sido salido del país, pero un gran porcentaje llegó a la cárcel acusado de cometer infracciones menores de tránsito.
En otro penal del estado, del condado Wake, en Raleigh, la capital, a sólo un año de implementarse el 287g, 2.958 extranjeros fueron objeto de investigación de su estado migratorio, de los cuales 2.099 resultaron no tener papales migratorios.
Tampoco se sabe cuántos de éstos han salido del país por el 287g, ya que ICE no proporcionó esa cifras, pero casi la mitad fueron arrestados por infracciones de tránsito.
Según estadísticas de ICE, en la zona que comprende Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur, 17.996 personas fueron deportadas en 2008, sin especificar si fueron por cargos criminales o infracciones menores, y en lo que va del 2009, 13.366.
El reporte de ACLU enfatiza que uno de los problemas más graves generado por la medida es la “resistencia” de los inmigrantes a contactar a la policía cuando son víctimas o testigos de crímenes por riesgo a ser “detenidos y deportados”.
Otro estudio de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GA) del Congreso, reveló que el 287g se “había alejado de su objetivo original” y que en vez de deportar criminales, ha sido utilizado para sacar del país a trabajadores indocumentados.
Por Luis Montes Brito
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