Por Luis Montes Brito
Como contrapunto para aquellos que argumentan infelizmente que el voto en el exterior queda en rojo en una relación costo beneficio, basta recordar que los casi $ 4 mil millones que se envían en remesas familiares generan más de $ 500 millones solo en pago de IVA, por lo que los $ 21 millones que son los costos estimados de dicho proyecto está pagados con un amplio margen.
El 13 de Enero de 2001 El
Salvador vivió su más fuerte terremoto en los últimos 25 años, un
sismo de magnitud 7.7 grados en la escala de Richter con una duración de 45
segundos. Un mes más tarde el 13 de Febrero sufrió un segundo terremoto cuya
magnitud fue levemente inferior al anterior pero que fue suficiente para destruir las debilitadas
estructuras que habían sobrevivido.
Como consecuencia de ambos
terremotos fallecieron 1,259 personas, miles más resultaron heridos, decenas de
miles de hogares resultaron dañados. Las pérdidas económicas se estimaron en
$1,603.8 millones.
El gobierno de El Salvador (GOES)
solicitó entonces un Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en
inglés) para más de 300,000 salvadoreños
que residían indocumentadamente en Estados Unidos, petición que debido a la
magnitud del desastre natural y a las excelentes relaciones bilaterales que
existían, fue otorgada de inmediato por el entonces presidente EEUU George W.
Bush. Hoy 12 años después, aún se benefician de dicha medida más de 220,000
salvadoreños, que serán elegibles en primera fila en el caso de una reforma
migratoria, quienes envían miles de
dólares a la economía salvadoreña.
A cambio de su gran aporte a
la economía de su país, estos salvadoreños reciben falsas promesas así como pocos
y cada vez más deficientes servicios del GOES quien les viola flagrantemente los
derechos más elementales como es el voto en el exterior.
Al estado salvadoreño le resulta
más fácil solicitar a otros gobiernos beneficios y mejor trato para sus nacionales
que brindarlos como es su obligación. A finales de 2011 solicitó un nuevo TPS debido
a las secuelas de la super tormenta ocurrida en octubre de ese año, la misma fue
denegada por su par EEUU, entre otros motivos debido al furibundo discurso
antiestadounidense que mantenían todavía en esa época funcionarios
efemelenistas, como el vicepresidente Salvador Sánchez Cerén, así como por la testarudez
del FMLN de mantener como ministro de Seguridad y Justicia a Manuel Melgar,
acusado de participar en la masacre de la Zona Rosa donde fueron asesinados a
mansalva ciudadanos EEUU, civiles y militares, así como ciudadanos
salvadoreños. Esta negación de un nuevo TPS evidencia un verdadero cambio o
deterioro de las relaciones entre ambos países de la cual los salvadoreños en
el exterior pagan el precio.
Por su parte y dentro de las
obligaciones que competen al GOES, este mantiene cerrados desde hace 18 meses los
centros de emisión del Documento de Identidad Nacional (duicentros) prometiendo repetitivamente una “próxima” reapertura. El restablecimiento
de dicho servicio es anunciado como un
éxito, cuando en realidad ha sido una
irresponsabilidad muy grande dejar indocumentados aquí y allá a sus ciudadanos.
El pasado fin de semana,
coincidentemente, se cumplió 77 años de la primera vez que la mujer salvadoreña
ejerciera su derecho al voto. Dicho honor, producto de una larga lucha, recayó en: Emma Aguilar, Nelly Hernández,
Irene Chicas, Amanda Rodríguez, Paula Alvarenga, Juana Araujo, Dominga López y
Elvira Vidal, aunque por decisión autoritaria del presidente de la junta
electoral de entonces, sus papeletas les fueron tomadas en forma honoraria,
pero sin que contaran para el escrutinio final, en franca violación al Artículo
180 de la Constitución vigente de 1886.
La lucha sostenida por varias
décadas por la mujer salvadoreña sin duda sirve de inspiración a los
salvadoreños en el exterior a quienes hoy en pleno siglo XXI les es violado un
derecho elemental, simplemente porque los partidos mayoritarios ARENA y FMLN no
saben a ciencia cierta a quien beneficiará dicho caudal de votos.
Por su parte el presidente
Funes ha prometido en repetidas ocasiones cumplir la constitución en favor de
los 3 millones que viven en el exterior, aunque la práctica ha demostrado que
es incapaz, por diversos factores que incluyen la falta de voluntad, de cumplir
con dicho compromiso.
Como contrapunto para
aquellos que argumentan infelizmente que
el voto en el exterior queda en rojo en una relación costo beneficio, basta
recordar que los casi $ 4 mil millones que se envían en remesas familiares generan
más de $ 500 millones solo en pago de IVA, por lo que los $ 21 millones que son
los costos estimados de dicho proyecto está pagados con un amplio margen.
